Caso D’Alessio: tres resoluciones claves del juez Ramos Padilla

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El juez Ramos Padilla avanza en la investigación de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y al armado de expedientes. Este viernes dictó el procesamiento de dos hombres presentados como custodios del presunto agente de la DEA, Marcelo D’Alessio. Además, decidió el sobreseimiento definitivo del prefecto Marcos Antonio Luffi y aceptó la competencia para investigar la causa conocida como Gas Natural Licuado. Por su parte, el juez porteño Hernán Horacio Pagés desestimó también este viernes la demanda por daños y perjuicios que había iniciado Magnetto en 2011 contra Osvaldo y Lidia Papaleo por la causa Papel Prensa. Macri, Pichetto y el fascismo de mercado.

El viernes 21, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla realizó tres resoluciones claves sobre la causa que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y el armado de expedientes judiciales, integrada entre otros y otras, por el falso abogado y presunto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio.

En una de ellas, el juez Ramos Padilla dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Eduardo Ariel Menchi y Mariano Rubén Díaz. Según la resolución, entre otras presuntas funciones, estos dos hombres eran presentados como custodios de la DEA o la Embajada de los Estados Unidos y habrían sido los encargados de llevar al ex gerente de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat hasta el despacho del fiscal en rebeldía Carlos Stornelli y a sendas entrevistas pactadas por D’Alessio con varios periodistas –entre ellos Daniel Santoro del diario Clarín–, como parte de un repetido “protocolo de seguridad”, que solía explicar D’Alessio ante sus víctimas de coacción y chantaje. Menchi y Díaz también habrían oficiado de supuestos custodios para retirar el pago del dinero en dólares que la banda le exigió al empresario exiliado en Estados Unidos, Pedro Etchebest, que es el denunciante y principal querellante en la causa.

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En otra de las resoluciones, Ramos Padilla decidió el sobreseimiento definitivo del prefecto Marcos Antonio Luffi a quien desvinculó de la asociación ilícita y, en particular, señaló que no había pruebas que permitieran acreditar su participación en las actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegal de esa organización paraestatal con lazos dentro de la AFI y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno de los funcionarios mencionados por el juez Alejo Ramos Padilla en su resolución es Pablo Pinamonti, jefe operativo de la AFI, ex integrante de Asuntos Internos de la Policía Metropolitana y numerario activo del presidente de Boca y lobbista judicial, Daniel Angelici. Los comisarios detenidos, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk respondían a Pinamonti en “La Casa” de 25 de Mayo 11. Y por encima de ellos hay dos responsables directos: el íntimo amigo presidencial, Gustavo Arribas, alias “Señor 5”, y Silvia Majdalani, “la Señora 8”, atribulada por los negocios fluctuantes vía Uruguay de Nicolás Caputo, presunto corresponsable del apagón monumental del fin de semana pasado, junto al empresario favorecido Marcelo Mindlin.

Silvia Majdalani, “la Señora 8” y Gustavo Arribas, alias “Señor 5”

Estos dos sujetos junto al presidente ganaron miles de millones de pesos y aparecen en el listado de blanqueadores en serie con 44 millones y casi 27 millones de dólares respectivamente, tal como denunció en su momento el periodista Horacio Verbitsky el 27 de agosto de 2017 en el diario Página/12.

Pese a la inusitada gravedad de estos acontecimientos, ni Caputo ni Mindlin padecen el acoso judicial de Bonadío. No es el caso, lamentablemente, de Gonzalo Brusa Dovat, quien no sólo fue citado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por la coacción que padeció a manos de D’Alessio en el despacho de Stornelli, sino que sumó una citación telefónica del juez inquisitorial Bonadío. Lo peor es que Brusa Dovat fue una víctima de una operación de inteligencia en contra de capitales de Venezuela de la cual habría tenido conocimiento el espía Pinamonti y el detenido policía Bogoliuk, a quien D’Alessio señaló como su jefe en la AFI. ¿Quién sería el fiscal en las dos citaciones a Brusa Dovat en Comodoro Py? El rebelde Stornelli, que ordenó espiar con D’Alessio al ex consorte de su pareja. “Esto sí que es Argentina”, diría Luca Prodan.

En la última resolución, el juez Ramos Padilla aceptó la causa que le envió Sebastián Ramos, para que investigue la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero contra Marcelo D´Alessio, Stornelli, Bonadío y el periodista Daniel Santoro.

Se trata de las maniobras que habría llevado adelante Marcelo D´Alessio para introducir información obtenida mediante espionaje ilegal en la causa conocida como “GNL” o “Gas Natural Licuado”, lo que habría ocurrido a partir de un plan ideado e iniciado con anterioridad y cuya prueba está en los documentos encontrados en la mansión de D’Alessio del country Saint Thomas de Esteban Echeverría.

En esa causa, D’Alessio se presentó como “testigo” en dos oportunidades en el mes de noviembre de 2018. Siempre ante la Fiscalía de Carlos Stornelli, para aportar presuntas “pruebas” espontáneamente, que dijo haber recibido de forma anónima. Muchas de esas denuncias fueron realizadas desde su propia computadora personal, tal como lo sostuvo el juez Ramos Padilla en más de 7 mil fojas de investigación fáctica. De hecho, el juez indagó a D’Alessio sobre su actuación en esa causa. Esto se produjo luego de que la Cámara Federal porteña decretó la nulidad de lo actuado por el perito ingeniero David Cohen, que imputó por supuesto fraude al ex ministro Julio De Vido y a Roberto Baratta. Cohen tenía como objetivo principal de su acusación a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa pesquisa fue un rotundo fracaso, pero tuvo una narrativa cotidiana en los medios oficialista. Basada en dos “declaraciones espontáneas” del supuesto agente de Estados Unidos y tercerizado de la AFI, Marcelo D’Alessio y su aporte al libro “El Mecanismo”, de Daniel Santoro.

Causa de Gas Licuado Ramos Padilla by nuestrasvocesok on Scribd

La instrucción del expediente GNL fue la excusa nodal del juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para sostener la competencia en el expediente de las fotos de un cuaderno del ex chofer memorioso Oscar Centeno. Otro delirio.

Con estas novedades que se precipitan como las tormentas del otoño desde el Juzgado Federal de Dolores, las diputadas cívicas libertadoras, pero del ‘55, Elisa Carrió, Paula Oliveto (alias “Pau” para D’Alessio) y Mariana Zuvic están inquietas. Aquí la notificación del juez Alejo Ramos Padilla a Carrió que es presentada como una imputada en la causa que investiga una banda paraestatal dedicada al espionaje, el contraespionaje, la persecución de opositores con causas de diseño en el fuero federal porteño, la coacción de empresarios y testigos, y el lavado de 100 millones de euros en una docena de países.

Ver el facsímil de Ramos Padilla a Carrió

 

Magnetto y Fariña 

El juez porteño Hernán Horacio Pagés desestimó el viernes la demanda por daños y perjuicios que había iniciado el CEO de Clarín, Héctor Horacio Magnetto en 2011 contra Osvaldo y Lidia Papaleo por la causa Papel Prensa.

En una resolución de 26 páginas, Pagés ponderó la  jurisprudencia actualizada en materia de libertad de expresión y garantías individuales sobre la libertad de expresión de las personas frente al poder de las grandes empresas, destacó el rol del Estado como articulador de la protección de esas mismas garantías y, si bien recordó el fallo firme del juez federal, Julián Ercolini, que luego ratificó la Corte Suprema de Justicia con media carilla y mandó a archivar la demanda por la presunta apropiación de Papel Prensa por parte los tres diarios, La Razón, La Nación y Clarín; el juez Pagés remarcó que “frente al caso traído a examen, me inclino más por privilegiar la garantía de la libertad de expresión, cuando está en juego el interés público y cuestiones de relevancia histórica para nuestro país”.

El abogado de Magnetto, Damián Fabio Cassino cobrará 425 mil pesos de honorarios por el trámite de este expediente civil, según estipuló el juez Pagés. Se trata del mismo defensor que representa al periodista Daniel Santoro ante el Juzgado Federal de Dolores. Magnetto tiene el mismo abogado que Santoro. Un mensaje cifrado. Santoro fue citado por Ramos Padilla el 25 de junio a las 11. El juez tiene la semiplena prueba de que sería parte de la asociación ilícita de Marcelo Sebastián D’Alessio y los espías de la AFI y policías, Hugo Rolando “Rolo” Barreiro, Degastaldi y Bogoliuk. Aquí las acusaciones en su contra:

Citan a indagatoria a Daniel Santoro de Clarín como parte de la banda de D’Alessio-Stornelli

El 7 de junio pasado el agente de la AFI en arrepentimiento culposo, “Rolo” Barreiro declaró durante ocho horas ante el juez Ramos Padilla en una ampliación de su primer indagatoria. Él también apunto al poderoso funcionario de la AFI, Pablo Pinamonti, como supuesto nexo entre D’Alessio y “La Casa”. Aquí Pinamonti en esta fotografía posando para el destino.

Pablo Pinamonti, izquierda.

De Barreiro también nos hemos ocupado en Nuestras Voces: 

El espía “Rolo” Barreiro pone en jaque al Gobierno, la AFI y Comodoro Py

El 18 de junio se publicó en el sistema informático del Poder Judicial, la resolución del juez Sebastián Casanello, quien procesó sin prisión preventiva –por ahora– al testigo estrella/estrellado Jorge Leonardo Fariña. El magistrado lo embargó por medio millón de pesos y consideró que estafó al Fisco. Seguramente la figura televisada de Fariña podría verse por el Juzgado Federal de Dolores, donde su antiguo testimonio abundó en la causa de “Gas Natural Licuado” y en otra fulgurante actuación del clan D’Alessio: la llamada causa por la “obra pública en Santa Cruz”, que propició la presencia forzada por imposición del Tribunal Oral de la ex presidenta de la Nación, sin ninguna prueba concreta en su contra y con pericias sin resolver. Ni hablar de las imputaciones delirantes contra el ex ministro Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, que están sujetas por los piolines de la nada.

Fascismo de mercado y el viento

El Gobierno de Mauricio Macri se ha caracterizado por una absoluta falta de apego a las garantías constitucionales. En 2017, hace tan sólo dos años, mandó a reprimir con la Gendarmería una protesta mapuche en la zona de Cushamen en la Ruta Nacional 40, provincia del Chubut y produjo la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, hallado 76 días después en las gélidas aguas del río. Mientras se velaban los restos de Santiago en el pueblo sojero de 25 de Mayo, se conoció el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en Lago Mascardi por parte de efectivos de la División Albatros de la Prefectura Naval. Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón acusó a los mapuches de “terroristas” y mandó a espiar a la familia Maldonado, diciendo que en el caso de Nahuel “tenía pólvora en sus manos”; la Cámara de General Roca resolvió que se trató de un homicidio agravado y dispuso la detención inmediata del agente Francisco Javier Pintos. La orden fue cumplida por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado a pedido de su par de Bariloche, Leónidas Moldes. Así las cosas, Pintos puede pasar unos 33 años a la sombra y todavía las sospechas persisten sobre otros cinco efectivos de la fuerza que dirige Bullrich.

En tanto, la familia Maldonado apelará ante los tribunales internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cierre de la causa que realizó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien reemplazó a Guido Otranto en su desaguisado inquisitorial, que incluyó espiar a la familia de la víctima y una escalada represiva contra el pueblo mapuche, con evidente abuso de la fuerza y métodos del pozo de la historia. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos demandó penalmente a la ministra Bullrich y a todo su gabinete. El estropicio y la vulneración de los derechos humanos –que incluyó el espionaje del Estado– mereció un durísimo informe del relator de la ONU, Joseph Canatacci, quien reveló que se produjeron 41 mil intervenciones telefónicas en escuchas judiciales solo en 2018. Este año la cifra alcanzaría 60 mil. El Estado escucha seis mil líneas por mes. En 2015, la cifra era de 2300 y no había filtraciones. El escándalo trepó tan alto que la Corte Suprema de Justicia tuvo que resolver una acordada esta semana con la intención de enmarcar la grave situación en lo que podría interpretarse como un límite tardío y forzado. Parecería que la lapidación pública por bala, causa armada o mensaje presidencial sería una metodología en sí misma.

Festival de escuchas: 41 mil teléfonos intervenidos en 2018

El 20 de mayo pasado se produjo una nueva masacre funesta. Fue en San Miguel del Monte. Alrededor de la una de la madrugada, durante varias cuadras, tres patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal, persiguieron a los balazos al Fiat Spazio en el que iban cinco jóvenes. La persecución terminó cuando el auto impactó contra un acoplado estacionado al costado una colectora. Aníbal de 22 años, Camila y Danilo de 13 y Gonzalo de 14 murieron en el lugar. Rocío de 13 años, es la única sobreviviente y estuvo internada más de 20 días en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela.

Todos estos gravísimos episodios de violencia institucional sistemática son relegados de la agenda de los grandes medios concentrados de la hegemonía financiera, que sostienen el relato fascista de este Gobierno del libre mercado, perseguidor de pobres y dirigentes opositores, de discurso violento y antidemocrático.

A tal punto que el señor Presidente de la República usó el Día de la Bandera –fecha en que murió en 1820 el patriota Manuel Belgrano en la pobreza– para atacar al Gremio de los Camioneros y a los dirigentes Hugo y Pablo Moyano. Ver la “cobertura” de Clarín.

Las niñas y niños que asistieron al acto en un lugar donde no sobraba nadie vieron a un Mauricio Macri visiblemente desequilibrado por las circunstancias de su horripilante política económica. En menos de cuatro años endeudó al país por un siglo en más de 180 mil millones de dólares con especuladores privados y el Fondo Monetario Internacional, obtuvo la inflación más alta en 28 años y una tasa de desempleo equiparable a la peor tendencia en 13 años. Sus cerebros del “mejor equipo de los últimos 50 años” encabezados por Nicolás Dujovne (con todos sus ahorros en el exterior) han propiciado la fuga de 12 mil millones de dólares, superando el último desembolso del FMI de 10.800 millones de dólares. Lo que pidió prestado es para arruinar la Argentina y fomentar la mayor fuga de divisas de la historia de la mano de la presentación de una fórmula electoral centrada en el devenir declinante de un presunto “capitalismo moderno”, con un senador ahora oficialista, Miguel Ángel Pichetto, que se muestra a la derecha de Atila. Machista, xenófobo, homofóbico –sus diatribas contra “los putos” en las reuniones de bloque eran un clásico de “Glostora Tango Club” en el Senado–, de sonrisa ladeada en cada foto, abrazado a Marcos Peña Braun, Rogelio Frigerio y Jaime Durán Barba, Pichetto llegó para completar el relato de un fascismo de mercado. Cada intervención suya a favor del Gobierno tuvo su correlato de operaciones de inteligencia y narrativa de la prensa canalla. Cuando su antiguo bloque ayudó a aprobar el pago de 9300 millones de dólares a los Fondos Buitres –el comienzo de la pesadilla de la deuda que este Gobierno legará para la posteridad–, la tendencia mediática oficial fue la divulgación de un video de la llamada “Rosadita”. La misma secuencia operacional se produjo cuando se trató el asunto de los jueces de la Corte designados por decreto: la noche anterior se dio a conocer el video de José López fuera de sí e inmerso en una película de David Lynch con bolsos llenos de dólares empresariales en la puerta de un convento de monjas. Ni hablar de la elucubración matemática de Pichetto que hambreó a millones de jubilados y jubiladas, que reciben haberes por debajo de la canasta básica de alimentos (30 mil pesos) y no tienen dos aumentos de jubilaciones por año por encima de la inflación como hasta diciembre de 2015.

“El problema de la Argentina es el pobrismo”, suele repetir el candidato a vicepresidente de Macri, sin que se le mueva el bisoñé. La construcción de un personaje recio “sin emociones” confronta con el repliegue de sus propios tártaros en la fortaleza. Se quedó sin bloque propio en el Senado y las fuentes legislativas deslizan que de aquí a octubre esa bancada estará cerca de las posiciones políticas de la senadora y candidata a  vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el dúo que encarnan Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda.

La línea del fascismo de mercado choca con la realidad. Incluso en el Poder Judicial, donde la Gestapo de Comodoro Py es una patrulla perdida.

En estos días, el viento se precipita como una onda electrizante que augura grandes victorias y estrepitosas derrotas. Es notable la mutación en los rostros acuciados del Presidente y su candidato a vice. Quizá suceda lo que presagió el escritor francés Víctor Hugo: “Los príncipes gobiernan todas las cosas, salvo el viento”.

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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