Comedero de irregularidades en Plaza Houssay

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El proyecto para la creación de un polo gastronómico en el subsuelo de la Plaza Houssay, una obra de $ 76.789.664, fue adjudicado a Lamp Investments SA pese a graves irregularidades: su domicilio coincide con el de dos empresas del subsecreatrio Álvaro García Resta, a cargo de la licitación; y como reaseguro del financiamiento la empresa, creada dos meses antes de la licitación, presentó una supuesta carta de intención de préstamo del Banco Ciudad que es una impresión de word sin membrete. El proyecto también incluye la construcción de un centro cultural y una playa de estacionamiento subterránea. 

El 3 de Noviembre de 2015, ingresó a la Legislatura Porteña el proyecto de ley mediante el cual el Jefe de Gobierno, en ese momento Mauricio Macri, proponía autorizar al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a licitación pública para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Centro Cultural, Gastronómico y Playa de Estacionamiento “Plaza Dr. Bernardo A. Houssay”. El proyecto fue aprobado un mes después por 53 votos positivos y en marzo de 2016, se realizó la audiencia pública para autorizar el llamado a licitación. El funcionario a cargo de la presentación por el Gobierno porteño era Álvaro García Resta, Subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

El 20 de octubre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública por la obra. Se presentaron 4 empresas: Ciucor SA (que actualmente tiene la concesión del estacionamiento que hoy opera bajo la Plaza Houssay, y que está vencida desde mayo de 2016), Riva SA, el Estudio SMUD-IR-BULLA y Lamp Investments SA.

Ésta última fue finalmente la ganadora de la licitación, a pesar de que en su oferta se encontraron graves irregularidades que deberían haberla inhabilitado para recibir la adjudicación de la obra. El proceso licitatorio fue llevado adelante por el Ministerio de Modernización de la Ciudad, a cargo de Andy Freire, legislador electo por Cambiemos y cabeza de lista.

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La adjudicación de la concesión del diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación quedó a cargo de la empresa Lamp Investments SA, por el término de 20 años con opción de prórroga por otros 10. Pero ¿quién es Lamp Investments?

La empresa pertenece a los abogados Martín Kocourek y Mariano Martí. No sólo fue sospechosamente creada un mes antes del llamado a licitación, sino que presentó en su oferta un capital inicial de 100.000 pesos, un patrimonio ínfimo para la realización de una obra que prevé una inversión de $ 76.789.664. De hecho, obtuvo el puntaje más bajo en lo referente a “Capacidad Financiera, Solvencia Patrimonial y Antecedentes Empresariales”, a diferencia de sus competidoras.

Pero eso no es todo. La empresa además presentó un financiamiento condicionado, lo cual está terminantemente prohibido por los requisitos patrimoniales de la licitación. En criollo, esto quiere decir que la empresa manifiesta que conseguirá el dinero para hacer la obra sólo si gana la licitación. ¿Y cómo dice que la va a conseguir? Presenta una carta de intención en donde supuestamente el Banco Ciudad le otorgará un préstamo. La carta de intención es un papel escrito en Word que no tiene ni siquiera el membrete del banco.

Otro punto llamativo es el domicilio que declara Lamp Investments: Olleros 2945 es no solamente su domicilio legal, sino el domicilio en el que figuran otras dos empresas (2AG Arquitectos y FTTR S.R.L.) que pertenecen a Álvaro García Resta, justamente el funcionario a cargo de la presentación de la licitación en la audiencia pública de la obra.

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Por otra parte, la empresa en su oferta declaró que va a tercerizar en su totalidad la construcción de la obra. ¿A quién? A la empresa Bricons SAICFI, cuyo dueño, Mario Ángel Raspagliesi, figura como aportante personal del PRO para la campaña presidencial de 2015, quien donó en esa oportunidad medio millón de pesos.

Por último, cabe mencionar el valor del canon que la empresa deberá pagar al Gobierno de la Ciudad: la concesión del proyecto fue adjudicada por un canon mensual de $ 400.000 aunque el Informe Técnico elaborado por la Dirección General de Bienes preveía un canon de $ 700.000. Además, el Gobierno de la Ciudad ya invirtió en el mejoramiento de la Plaza Houssay y se hizo cargo de los gastos que implicaba la reparación el Primer Subsuelo, previo al llamado a licitación. Una muestra más de las condiciones favorables que se le presentan a la empresa adjudicataria.

En definitiva, el Gobierno de la Ciudad le entrega con todas las facilidades un gran negocio a una empresa amiga que es una cáscara vacía sin capital propio ni experiencia en el rubro, donde los jugadores reales solo entran con el negocio garantizado.

Este modelo de negocios se replica en la mayoría de las concesiones que existen en la Ciudad y se caracteriza por adjudicar con cánones bajísimos y con muy poco control estatal, lo que garantiza a las empresas amigas del gobierno porteño una gran rentabilidad con baja inversión. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad sigue operando a favor de las grandes concesionarias y en perjuicio de las arcas públicas, es decir, el dinero de todos los porteños y porteñas.

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¿Y los feriantes?

Por otra parte, el proyecto para la construcción del centro cultural gastronómico y playa de estacionamiento no hace ninguna referencia a la feria que funciona de martes a viernes en ese lugar. Los artesanos que trabajan en la feria están preocupados frente a la falta de información por parte del Gobierno de la Ciudad y la concesionaria sobre las posibles consecuencias que podría acarrear el proyecto en el desarrollo de su actividad.

En la Plaza Houssay funciona una de las ocho ferias artesanales que se encuentran reguladas por la Ordenanza N° 46.075/92. Los últimos embates de Cambiemos hacia las ferias artesanales plasmados en los Decretos N° 585/16 y N° 79/17 (el primero le quita a los feriantes su representante en el área de Cultura para discutir cómo se designan los puestos y el segundo faculta a la Dirección General de Ferias a realizar clausuras y labrar actas) han significado un claro retroceso sobre algunos consensos logrados entre feriantes y el Gobierno de la Ciudad. Frente al temor de los feriantes debido a la posibilidad de ser desalojados del emplazamiento, NE y el FpV presentaron un pedido de informes y otro de información pública.


Andrea Conde es legisladora (FpV/Nuevo Encuentro)

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