Perpetua para Muiña, el represor del Posadas

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Luis Muiña, el represor que saltó a la luz pública porque obtuvo el beneficio del 2×1, fue condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas durante la dictadura. En el juicio, Muiña no miró para atrás ni para los costados. No quería cruzar la mirada con la ex enfermera Gladys, pero tampoco con Zulema Chester o Alejandra Roitman, las hijas de dos de sus víctimas. 

La mirada clavada en algún punto que le evita girar la cabeza a su alrededor. La expresión impávida. El silencio. Así es Luis Muiña, el represor en cuyo repudio se congregaron el año pasado decenas de miles de personas en las principales plazas del país después de que la Corte Suprema habilitara el beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad. Muiña, un ser gris y desconocido a quien los supremos privaron para siempre de su anonimato, está nuevamente en el banquillo por dos homicidios cometidos a finales de 1976 en el Hospital Posadas, y recibió una condena a prisión perpetua.

El jueves 6 fue la última audiencia del juicio. Los defensores oficiales, encabezados por Santiago Finn, pidieron la absolución de Muiña, alegando que ya había sido juzgado por los mismos hechos durante el juicio de 2011, en el que se lo condenó a trece años de prisión por cinco casos de secuestros y tormentos. Con gesto ausente, el represor escuchó a su abogado, lo mismo que al fiscal Pablo Ouviña y al abogado querellante Pablo Llonto.

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Gladys Cuervo, una de las víctimas de Muiña, lo miraba desde el otro costado de la sala. Pensó que tenía que apurarse antes de que la policía retirara al imputado del lugar. Hacía más de 40 años que tenía esas palabras atragantadas. Dejó en el banco su cartera y el bastón en el que se apoya para caminar. También la botellita de agua a la que cada tanto le daba un trago mientras escuchaba los alegatos. Se levantó y se puso detrás de Muiña.

— No sé si te van a condenar – le dijo la enfermera jubilada –, pero, si tenés un mínimo de conciencia, espero que vivas una vida de mierda.

Quienes estaban en la audiencia dicen que fue en el único momento en que el gesto de Muiña se sacudió. Levantó la cabeza y luego bajó la mirada con vergüenza.

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Veintiún años tenía cuando el 21 de julio de 1976 se sumó como auxiliar de vigilancia en el Hospital Posadas. Junto a otros 16 hombres integraba un grupo que estaba al mando del de Ricardo Antonio Nicastro, un subcomisario retirado de la Policía Federal (PFA). En los pasillos, a Nicastro y a su grupo los llamaban con ironía los “SWAT” – en alusión a una serie norteamericana que era popular a mediados de los ’70 y que retrataba los casos con los que lidiaba un grupo policial de élite. Nada más alejado de los parapoliciales del policlínico de Haedo.

Los SWAT del Posadas llegaron de la mano del coronel médico Julio Ricardo Estéves, segundo interventor después de que Reynaldo Benito Bignone ocupara militarmente el hospital el 28 de marzo de 1976. Estéves había pedido el nombramiento de una guardia de seguridad al Ministerio de Bienestar Social para repeler un “ataque villero o montonero”.

Muiña había hecho el servicio militar en la Gendarmería. Según él declaró en 2007 después de ser detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, había estado en esa fuerza de seguridad entre 1974 y 1976, cuando supuestamente pidió la baja. Dijo que trabajaba en el área administrativa del pelotón de Construcciones y que fue un compañero, que como él había dejado la Gendarmería, quien le dijo que necesitaban gente para un trabajo de vigilancia.

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Fue designado desde el Ministerio de Bienestar Social como auxiliar de vigilancia para un hospital rural en la localidad de Belén, Catamarca, pero resultó adscripto al Posadas. Según contó Muiña, su tarea la llevaba a cabo vestido de civil y con una identificación colgada en el pecho.  “El trabajo que hacíamos era revisar los bolsos. Nos habían dicho que estaba desapareciendo material quirúrgico. Revisábamos los bolsos cuando salía el personal y recorríamos las instalaciones, los cuerpos que tiene el hospital”, declaró.

Dijo que sólo usaba armas cuando estaba de guardia. Los testimonios de trabajadores del Hospital recuerdan que los SWAT hacían ostentación de armas todo el tiempo. En el comedor, cuando compartían el almuerzo, las ubicaban sobre la mesa para amedrentarlos. En los pasillos, donde también cometían otras tropelías – como la que denunció una empleada del policlínico en agosto de 1976 ante el juzgado penal II de Morón: un abuso sexual por parte del subjefe de los SWAT, Juan Copteleza.

Por Copteleza, Muiña sentía fascinación. En eso coincidieron Cuervo, sobreviviente del Posadas, y Victorino Acosta, otro de los integrantes del grupo SWAT que declaró en 1984. Acosta también recordó que Muiña caminaba por los pasillos del Posadas siempre usando un rifle.

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Durante los primeros días en el Hospital, los SWAT estaban en una oficina en el cuerpo principal del policlínico. Fueron tantas las quejas que el interventor decidió mandarlos a uno de los cuatro chalets que había: el que hasta marzo de 1976 había sido ocupado por el cirujano que los trabajadores del Posadas habían votado para dirigirlos, Julio Rodríguez Otero.

Gladys Cuervo había tenido unos encontronazos con Copteleza. No quería que estos matones se metieran con los pacientes que ella trataba. Sintió que la estaban vigilando, le dijo a su jefa y ella le sugirió ir a hablar con el responsable de Servicios Generales, Carlos Ricci. No sabía cuán cercana era su relación con los SWAT.

El 25 de noviembre de 1976, recibió un llamado. La querían ver en la dirección. La dejaron pasar al hall y golpeó la puerta. La encañonaron y se la llevaron. Fue torturada durante horas en una habitación dentro del hospital. Luego, la trasladaron al lugar que con el tiempo reconocería como el chalet. Era una construcción de dos pisos, con una escalera caracol, ubicada en uno de los extremos del Hospital, que lindaba con la villa Carlos Gardel.

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Durante el juicio, Muiña no miró para atrás ni para los costados. No quería cruzar la mirada con Gladys, pero tampoco con Zulema Chester o Alejandra Roitman, las hijas de dos de sus víctimas.

Alejandra tenía dos meses y estaba a upa de su papá el 2 de diciembre de 1976, cuando los SWAT llegaron a su casa y se lo llevaron. Roitman era médico y se especializaba en infectología. Fue torturado ferozmente por la patota. Un día, Gladys lo escuchó quejarse y pidió que la dejaran verlo mientras la llevaban al baño en el primer piso del chalet. Lo vio en un charco de orina y sangre. Había sido víctima de un empalamiento. No era una tortura, era una ejecución, dijo el fiscal Ouviña durante su alegato.

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En noviembre del año pasado, el cuerpo de Roitman apareció por casualidad mientras se realizaban obras en el hospital. Había sido enterrado a 55 metros del chalet y a 60 centímetros de profundidad en el mismo lugar en que se sepultaba a los perros que deambulaban entre el policlínico y el barrio Carlos Gardel.

Muiña había estado en la casa de Roitman el día del secuestro. Lo reconoció en 1985 su esposa, la médica Graciela Donato. Lo describió como “el más jovencito, rubio y de cara angelical”. Pudo mirarlo cuando él quiso sacarle el reloj pulsera.

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La noche del 26 de noviembre de 1976 era calurosa. Zulema Chester se despertó por el estruendo. Eran las tres y media o cuatro de la madrugada. Vio a la madre tirada en el suelo y al padre, Jacobo Chester, sentado con las manos atadas por detrás y un diario sobre la cabeza.

— ¿Vos qué hacés acá? – le dijo un hombre alto, canoso y con un defecto en el ojo.

— Yo vivo acá. El que no tiene nada que hacer acá es usted – le contestó la chica de doce años.

El intruso era Nicastro, el jefe de los SWAT. Zulema lo había visto en el Posadas. Iba seguido al hospital porque su mamá trabajaba ahí durante la semana y su papá lo hacía en la guardia durante los fines de semana. De lunes a viernes, trabajaba en las bodegas Peñaflor.

A Marta y a Zulema las dejaron atadas cuando se llevaron a Jacobo. Las habían golpeado con especial saña al encontrar libros en hebreo y darse cuenta de que eran judíos. El antisemitismo era una marca de los SWAT. Marta reconoció a Muiña como el jovencito rubio y violento que la había tirado al piso.

Cuando se desataron encontraron la casa en un estado calamitoso. Se habían llevado todos los artefactos que Marta y Jacobo habían estado juntando para cuando pudieran comprarse su propia casa. Había cinco relojes en la casa, declaró Marta en el Juicio a las Juntas. Después de la irrupción de los SWAT, no había quedado ni uno.

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— ¿Te gusta lo que me regalé para mi cumpleaños? – le preguntó el represor joven y rubio mientras le levantaba la venda a Gladys y le mostraba su muñeca.

Luis Muiña, el hijo de Jesús Muiña y María del Carmen Rey, nació el 27 de noviembre de 1954. Cumplió 22 años un día después del secuestro de Chester. Y sentía debilidad por los relojes.

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El cadáver de Jacobo Chester apareció el 2 de diciembre de 1976 en el Río de La Plata. Estaba atado de pies y manos. No tenía un solo hueso sano – según reveló la autopsia que se realizó el 3 de diciembre de 1976.

Pasó más o menos un año cuando Marta recibió un telegrama de un juzgado en el que le decían que tenía que ir a buscar un certificado de defunción. Se presentó con su cuñado. Ella le dijo al juez que se animaba a identificar a su marido por el hueso de una pierna o del brazo – como Jacobo era muy alto y delgado.

— Señora, esto es muy doloroso. No puede ser – le respondió el funcionario judicial–. El cadáver estuvo tres meses en una morgue y nadie lo fue a reclamar.

— Y claro, ¿por qué iba a ir a buscar a mi esposo a la morgue? Yo lo estaba buscando vivo – declaró Marta –. De mi casa se lo llevaron caminando y de buena salud.

Lo único que conservaron Marta y Zulema de Jacobo es un certificado de defunción. Su cuerpo terminó en el osario.

Durante su alegato, el abogado Llonto pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que indaguen en la responsabilidad del juzgado y de la morgue. El fiscal Ouviña, basándose en una pericia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sostuvo que la muerte de Jacobo se produjo por un único impacto y que debe investigarse en el marco de un vuelo de la muerte. “La muerte de Chester no fue producto del azar, el descuido o el exceso. Fue producto de la planificación”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

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Según su legajo, Muiña dejó de trabajar en el Hospital Posadas el 1 de abril de 1977. Treinta años después, en su indagatoria de 2007, dijo que había renunciado porque querían trasladarlo a un hospital que le quedaba lejos. Mintió.

En realidad, el fin de Muiña y del grupo SWAT quedó sellado el 12 de enero de 1977, cuando la Fuerza Aérea – a cargo de la subzona represiva – hizo un operativo armado y que incluyó hasta un helicóptero para desmontar el chalet. “Se nos habían ido de las manos”, le dijo un integrante de la Fuerza Aérea al marido de una de las dos mujeres que fueron liberadas ese día.

Los SWAT y los caseros del chalet terminaron detenidos en la Base Aérea del Palomar. Les dieron una paliza y los liberaron a los dos días. El jefe idealizado de Muiña, Copteleza, terminó sumándose como personal civil de inteligencia a la Fuerza Aérea. Gladys no lo olvida por su sadismo: la torturaba mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y hablaba de los enemigos de la patria.

Muiña volvió a su existencia gris. Cuando lo detuvieron en octubre de 2007, seguía trabajando de vigilador. Ahora en una agencia de seguridad privada. Fue en la recepción de la empresa Securite SA donde lo arrestó la PFA.

Tuvo tres hijos. A ninguno de ellos se los vio en las audiencias de este juicio ni del anterior.

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En 2011, se sentó en el banquillo junto a Bignone e Hipólito Mariani (Fuerza Aérea). Por unos días también estuvo en el juicio Argentino Ríos, un portero del Posadas que se sumó a los SWAT que cumplía un rol fundamental: conocer a los trabajadores que debían ser secuestrados. Ríos murió mientras se realizaba este juicio – al que concurría en libertad desde su casa y con su esposa Cristina.

En el juicio anterior, el fiscal Javier De Luca había pedido que se juzgara a Muiña por los homicidios de Chester y Roitman. Los jueces Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini se opusieron.

— Será muy interesante ver cómo los defensores explican a Muiña que el año que viene deberá enfrentar otro debate por los hechos que no se permitió incluir aquí – dijo De Luca en el alegato de 2011 –. Es decir que, mediante la alegada defensa de sus derechos, han impedido que se resuelva de una vez y para siempre su situación ante la ley y la sociedad.

No fue un año. Pasaron casi siete años para que llegara a juicio la causa por la que el fiscal Federico Delgado y el juez Rafecas pidieron que se lo enjuicie por los homicidios de los dos trabajadores del Posadas.

Hay quienes creen que la Corte Suprema selló la suerte de Muiña. Lo privó de su anonimato. Fue después del fallo del 2×1 que se movilizó este juicio, que arrancó el 18 de mayo, y que Muiña volvió a la cárcel después de casi un año de libertad.

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Durante su alegato, el defensor público abocado a representar a Muiña, Santiago Finn, no puso en duda que Muiña integrara el SWAT y, como tal, aportara al plan del terrorismo de Estado. Eso ya había quedado plasmado en la sentencia de 2011 y confirmado por instancias superiores. Sin embargo, insistió que el juicio se había sustanciado con la misma prueba que el anterior y que constituía un doble juzgamiento.

No piensan eso el abogado querellante Llonto ni el fiscal Ouviña. Tampoco los trabajadores y extrabajadores del Hospital que hoy a las 10 estarán en los tribunales de Comodoro Py para escuchar las últimas palabras de Muiña y el veredicto. Tampoco creen que haya sido juzgado por los homicidios de sus padres Alejandra Roitman y Zulema Chester.

“En el Posadas, el homicidio lejos de ser una práctica o una consecuencia accidental fue una regla”, dice Ouviña. “No podían salir con vida porque conocían a sus captores”, agrega.

Ésa es la tragedia del hospital que fue lugar de trabajo y de esperanza a principios de los ’70, y lugar de muerte y tortura después del golpe de 1976, y que durante los últimos meses vio volver a la Gendarmería mientras se denuncian más de 300 despidos.

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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