#CorreoGate: los Macri no quieren peritajes

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En la causa por el vaciamiento del Correo Argentino la jueza y los síndicos investigados por el #Correogate siguen actuando de manera que beneficia al presidente Macri y a su familia. La red de presión de los Macri y las complicidades judiciales llevan a que se archiven expedientes vinculados al escándalo y luego de 15 años siga impaga la deuda de la empresa presidencial con el Estado.

La familia Macri obstaculiza la investigación por el vaciamiento de Correo Argentino. Con la habitual complicidad judicial, logró demorar los peritajes contables pedidos por la fiscal Gabriela Boquin para investigar las maniobras de desvío de fondos hacia Socma y Sideco, las naves nodrizas del holding Macri. La jueza Marta Cirulli, imputada en la causa penal donde se investiga el CorreoGate, descartó que el peritaje lo haga un contador por sorteo y resolvió que quede en manos de las sindicaturas que, al igual que ella, están imputadas penalmente. Como complemento, se archivaron muchos expedientes vinculados al escándalo del Correo.

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Inoportuno e imputados

El pasado 7 de agosto, tal como informó Nuestras Voces, la fiscal Gabriela Boquin solicitó un peritaje contable de Correo Argentino, Sideco y Socma, todas las empresas de la familia Macri. Fue en el marco de la causa donde aún está pendiente la definición sobre el pago de la deuda que los Macri acarrean con el Estado desde hace más de 15 años en la cuál la fiscal Boquin advirtió las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. El objetivo de estos peritajes es la búsqueda de pruebas de ese vaciamiento que tuvo dos ejes: por un lado, pagos injustificables -y con el aval de la jueza Cirulli- de Correo Argentino a Sideco por distintos rubros con fondos que debían guardarse para el pago de sus deudas; por el otro, la compra a Socma de acciones de una empresa uruguaya para un proyecto automotriz. La fiscal Boquin pidió que los peritajes los hiciera “un perito contador sorteado de oficio por el juzgado” y designó como consultor técnico a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones (DAFI), el área de la Procuración General de la Nación que ya intervino en este expediente cuando determinó que el acuerdo que aceptó el Gobierno el 28 de junio de 2016 implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri.

A dónde fue la plata del Correo

La familia Macri, representada por el abogado Jaime Kleidermacher, se opuso a los peritajes solicitados por la fiscal Boquin. En un escrito presentado el 23 de agosto, los Macri piden el rechazo del peritaje contable “que -sostienen en el documento- de por sí resulta a todas luces inaceptable”. El abogado de los Macri insiste en plantear que la fiscal Boquin no tiene porqué meterse en estos temas. Rechazan el peritaje, escriben, “no sólo porque resulta INOPORTUNO (en mayúscula en el original) el dictamen emitido por la Sra. Fiscal de Cámara, ya que nadie le solicitó expidiera opinión adicional” sino porque, para los Macri, Boquin se extralimita en sus funciones y no tiene competencia ni legitimación. INOPORTUNO, en mayúsculas, es la clave de su rechazo: el pedido cae en medio de la campaña electoral, algo que pretenden evitar a toda costa el Presidente y su familia. INOPORTUNO, porque todo indica que desnudaría las maniobras de vaciamiento.

#CorreoGate: Macri no paga e incumple el autocontrol

Solicito que se rechace el pedido de pericias”, escribió el abogado de los Macri. “Las pericias son pedidas sobre los libros de SOCMA, que no es parte en estos actuados”, argumenta, sin mencionar que, por un lado, SOCMA es controlante de Correo Argentino a través de SIDECO y, por el otro, que las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, tanto a través de retiro de fondos como el negocio automotriz en Uruguay, tuvieron como destinatario a SOCMA. De hecho, la fiscal Boquin solicitó incluso que Sideco y Socma devuelvan el dinero a Correo Argentino, pero la jueza Cirulli hace la vista gorda.

Los Macri, en su presentación ante la jueza Cirulli, también rechazan que, en el caso que se ordenen estas pericias, las haga un perito designado por Boquin. Sin embargo, eso no fue lo que solicitó la fiscal. La fiscal Boquin pidió que el peritaje lo realice “un perito contador sorteado de oficio por el juzgado” y que cuente con la consultoría de la DAFI.

La jueza Cirulli aceptó que se realicen los peritajes pero no por un perito sorteado junto a la DAFI, sino por las tres sindicaturas que ya intervienen en el expediente. Tanto Cirulli como las sindicaturas están imputadas en la causa penal iniciada tras el escándalo del CorreoGate. Cirulli rechazó dar un paso al costado y ahora quiere que las sindicaturas hagan lo mismo.

Los Macri vaciaron Correo Argentino

Consecuentemente -determinó la jueza Cirulli el mismo día en que los Macri presentaron su queja- corresponde encomendar a las tres sindicaturas intervinientes la presentación de un informe conjunto, dentro del plazo de 20 días, que atienda los tópicos propuestos en el dictamen del Ministerio Público, sobre la base de los libros y documentación perteneciente a la concursada”. Es decir, la jueza imputada ordena el peritaje de Correo Argentino por las mismas sindicaturas imputadas. Para un imputado no hay nada mejor que otro imputado.

No es la única maniobra judicial para empantanar los pedidos de la fiscal Boquin. Tanto Cirulli como las juezas de segunda instancia María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini suelen retacearle información a la fiscal, incluidos informes de las sindicaturas que, por disposición de la Corte Suprema, deberían estar disponibles en el sistema de consultas online.

Las tres sindicaturas de este expediente fueron designadas en 2001. En los últimos tiempos, se alinearon a los intereses de la familia Macri. Ninguna objetó, de hecho, el propuesta que la fiscal Boquín rechazó por “abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad” y que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri. Ninguna objetó, tampoco, la suspensión por 120 días hábiles pedida por el Gobierno, es decir, por Macri.

No es casual, ya que hay antiguos vínculos entre los Macri y los síndicos. Por ejemplo, la sindicatura general la ejerce Raúl Miguel Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados. Lo patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Louge asesoró y patrocinó a la sindicatura concursal de Correo Argentino, entre muchas otras empresas. Trabajó también para IECSA, la empresa que hasta hace poco era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. Tanto Louge como Rivera fuero apoderados empresas de los Macri como Transmetro SA, que también pasó por un proceso de quiebra. La periodista Patricia Blanco reveló en Perfil que fueron también abogados de Mauricio Macri en el divorcio con Isabel Menditeguy en 2005.

Pese a estos vínculos, el 29 de agosto el abogado de los Macri apeló la decisió de la jueza Cirulli. No quieren peritajes. El mismo día, otra vez en sincronía, la jueza Cirulli les concedió la apelación. Es decir, más tiempo para no pagar ni ser controlados.

#CorreoGate: todos juegan para Macri y dilatan la causa

Legitimar o no legitimar

La estrategia judicial (y mediática) de los Macri apunta a correr a la fiscal Boquín de este expediente. El motivo es sencillo: la fiscal Boquin trabaja casi en soledad para esclarecer el CorreoGate. Las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini acomodan los movimientos judiciales al interés de la familia Macri, que sigue sin pagar un centavo de su deuda; en Comodoro Py, el juez Ariel Lijo administra los tiempos de la causa penal que toca a Mauricio Macri, Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, la jueza Cirulli, los directivos de las empresas Macri y las sindicaturas de esta causa en función de las tensiones entre la corporación judicial y el Gobierno, y no deja margen para que el fiscal Juan Pedro Zoni investigue a fondo; la oposición descartó colocar al CorreoGate en su discurso electoral; los medios oficialistas se encargan del silenciamiento informativo.

Los Macri acusan a la fiscal Boquin de tener “un objetivo mediático y político” y llevar adelante una “aventura procesal”. Insisten en que la fiscal Boquín “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes” (negrita y subrayado en el original). El eje de su planteo es que la fiscal Boquin no tiene legitimación para intervenir en la causa y menos aún para pedir los peritajes que revelen las maniobras de vaciamiento.

“Es innegable que la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, carece de legitimación procesal para solicitar la prueba pericial contable que solicita”, escribe el abogado de los Macri.

Sin embargo, las mismas juezas que operan en favor de la familia presidencial lo desmienten. En su escrito del 23 de agosto, la jueza Cirulli afirma que las camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini reconocieron implícitamente la legitimación de la fiscal Boquin. “La legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior en las providencias de fs. 1846 y de fs. 2025, donde se ordenó la devolución de la causa a esta primera instancia para la atención de los requerimientos”, sostuvo la jueza Cirulli. En criollo, dice la jueza de primera instancia que las camaristas, o sea, sus superiores, legitimaron a la fiscal Boquin cuando le ordenaron tomar en cuenta sus pedidos.

Para los Macri, en un caso de concurso preventivo de acreedores como es este caso, la fiscal sólo tiene que intervenir para homologar o no el acuerdo entre el deudor y sus acreedores. “ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD EN DONDE SE REQUIERE SU DICTAMEN DE MANERA OBLIGATORIA, AUNQUE EL MISMO NO SEA DE SEGUIMIENTO OBLIGATORIO LUEGO DE PRODUCIDO” plantea, en mayúscula en el original. La última frase es notable: para el caso, se trata del dictamen donde la fiscal Boquin rechazó el acuerdo por el que el Estado le perdonaba más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial.

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Archiven todo

El expediente donde desde hace más de 15 años se tiene que definir el pago de la deuda de los Macri con el Estado y los demás acreedores de Correo Argentino tiene muchos otros vinculados. Algunos con razón, otros, como denunció la fiscal Boquin, creados con el propósito de dificultar la tarea judicial.

En junio, Boquin alertó “acerca de la formación de innumerables incidentes que tornan dificultosa la compulsa completa de las presentes actuaciones, facilitando por otra parte confusiones y contradicciones y la existenccia de actuaciones simultáneas en diversas instancias que pueden resultar contradictorias”. Los incidentes son desprendimientos de la causa original para resolver cuestiones determinadas. En este expediente, todo indica que se multiplicaron para embarrar la resolución de la cuestión central: las deudas de la familia Macri.

El expediente originario del CorreoGate es el 094360 del 2001. Según consta en el sistema de consultas del Poder Judicial, sólo en la Cámara Comercial hay 132 expedientes vinculados a este. En las últimas semanas, se archivaron 28, todos en manos de la jueza Cirulli y el secretario Ernesto Tenuta. Es esos, 26 entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Al cierre de esta nota, al acceder por el sistema de consultas online al contenido de esos expedientes arrojaba error.

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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