#Correogate: las tramoyas ocultas de Macri

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La auditoría sobre el #CorreoGate que hizo la Procuración del Tesoro es clave en el escándalo por el intento de parte de Mauricio Macri de condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. El documento, al que accedió en exclusiva Nuestras Voces, confirma y deja expuestas las maniobras de la familia Macri para demorar el pago de su deuda, la complicidad judicial para lograrlo y el rol del Estado en el letargo de esta causa. Un segundo documento, firmado por el ex procurador Carlos Balbín, al que también accedió este medio, se apoya en esa auditoría y señala asimismo puntos incómodos para el Gobierno. Por la ley de quiebras, el período para acordar por una deuda es de 4 meses y el Correo de los Macri lleva 16 años en esa situación. Aquí, todos los cómplices.

El contenido de esta auditoría lleva el sello de “Reservado”. Fue ordenada por el ahora ex procurador del Tesoro Carlos Balbín el 13 de febrero de 2017, apenas 5 días después de que Nuestras Voces destapara este escándalo. El trabajo quedó a cargo de Guillermo García, un abogado sin filiación partidaria que acumula más de 30 años en la Procuración del Tesoro y no tiene vínculo político ni con Balbín ni con el macrismo.

García revisó las 25.000 fojas que acumuló el expediente por la deuda de los Macri con el Estado a lo largo de 16 años. Hizo un meticuloso raconto cronológico de las idas y vueltas en la causa y delineó una serie de conclusiones divididas en seis ejes: 1) la duración del proceso concursal; 2) la degradación del crédito (la deuda) del Estado Nacional; 3) el incremento de los eventuales créditos pretendidos por la concursada (es decir, los reclamos de los Macri al Estado); 4) la importancia de la dilación procesal y su imputabilidad (o sea, quienes fueron responsables de que este pleito durara tantos años y sus culpas); 5) los representantes judiciales del Estado Nacional y la defensa de los intereses públicos y; 6) el acuerdo cuestionado, es decir, aquel que aceptó el Gobierno por el cuál la fiscal Gabriela Boquin denunció que le condonaban a la familia presidencial 70.163 millones de pesos.

Es a todas luces llamativo el tiempo que ha insumido este concurso, el que, paradójicamente, se encuentra todavía en el denominado ‘período de exclusividad’”, señala de entrada el auditor García. El período de exclusividad es el momento en el cuál el deudor, en esta caso Correo Argentino, hace su propuesta de pago a los acreedores, entre ellos el Estado, que resuelven si aceptan o no. Esa etapa, según el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras (que en lo que va de esta causa tuvo varias modificaciones), dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. “Pues bien –resume el auditor– el proceso que nos ocupa lleva ya 16 años de trámite y aún no ha superado la etapa de la ‘exclusividad’”.

Macri se autoperdonó 70 mil millones

Para entender el contenido de la auditoría es importante la cronología. En diciembre de 2003, el primer juez de la causa -Eduardo Favier Dubois- decretó al quiebra indirecta de Correo Argentino, y que era inaplicable el salvataje que establece la ley de Concursos y Quiebras en su artículo 48. Los Macri apelaron y, en 2004, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial les dio la razón y revocó el fallo. Primer favor judicial a los Macri. El segundo, según la auditoría, vino de la mano de la jueza Marta Cirulli, que tomó las riendas de este expediente tras el apartamiento del juez Favier Dubois por amistad manifiesta con el abogado de los Macri. Para el auditor García la jueza Cirulli reabrió el período de exclusividad y así dilató la causa. “Varias de las consideraciones vertidas por la magistrada para adoptar esta decisión transitaban por un camino más acorde con lo valorativo personal que con el procedimiento reglado”, sentenció García.

A su vez, la auditoría afirma: “Cabe consignar que no se observa en las actuaciones que los representantes estatales hayan formulado cuestionamientos a esta suerte de regresión procesal”, en alusión a los distintos momentos en que los abogados del Estado, puntualmente del Ministerio de Planificación, actuaron explícita o tácitamente en favor de los intereses de los Macri. Este punto también fue señalado por la fiscal Boquin.

El auditor García apunta sobre la degradación de la deuda con el Estado por el paso del tiempo. “Es evidente que el curso del tiempo en el estado de indefinición a que se ha hecho referencia en esta auditoría, genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”. Este punto es central, ya que pone en cuestión si deben computarse intereses a la deuda de los Macri. La fiscal Boquin entendió que sí; incluso Balbín, en el memorándum que escribió basándose en esta auditoría, planteó la posibilidad de computar los intereses. El auditor García apunta en ese sentido. Son miles de millones de pesos de la familia Macri en juego.

La situación se torna más grave a poco de caer en la cuenta que, Correo Argentino SA, ha promovido acciones judiciales contra el Estado Nacional, tendientes al resarcimiento de los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado”, señala el auditor García. Se refiere a los juicios de los Macri contra el Estado, uno iniciado en el 2000 y otro en 2016, donde le reclaman cifras exorbitantes, en el último como indemnización por la quita de la concesión del Correo. Este último los Macri lo iniciaron justo cuando lograron el acuerdo con el Gobierno, y reclamaron 2.365 millones de pesos. El auditor García llama la atención sobre algo: mientras los Macri demandan lo que supuestamente les deben más intereses, no quieren pagar intereses sobre lo que le deben al Estado. La prolongación del concurso, señala entonces García, “habrá de tornar más gravosa la posición del Estado Nacional” dada esta asimetría en los reclamos. Ni hablar de las cifras.

Otro de los puntos de la auditoría refiera a las responsabilidades en la dilación de esta causa. El auditor García reitera que, tras revocarse el pedido de quiebra, tendría que haberse iniciado el salvataje (conocido como “cramdown”) de la empresa pero se reabrió el período de exclusividad que dura hasta hoy. Achaca este punto a la jueza Cirulli, que lo resolvió el 9 de abril de 2007. García, sin embargo, reparte responsabilidades: “No parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el Estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso”. Construye así una mesa de tres patas que sostuvo la demora de esta causa: los Macri-las juezas-algunos abogados (no todos) del Estado.

Por lo dicho -agregó García en las conclusiones- estas cuestiones podrían no ser directa o exclusivamente imputables a los abogados que integran el servicio jurídico público interviniente, en la medida en que ellos hayan sido procelosos del control primario de legalidad que les compete ante directivas que se les imparten. Es probable también, que, autoridades de rango superior de los distintos ministerios que han intervenido a lo largo de estos 16 años, puedan dar razón de la dilación a que se hace referencia”. Este párrafo, que cita a su vez Balbín en su memorándum, no da nombres pero pueden inferirse. Uno de ellos es el de Julio De Vido, ya que Correo Argentino quedó bajo su órbita en el Ministerio de Planificación tras la rescisión de la concesión. Otro es Oscar Aguad, Ministro de Comunicaciones actual a cargo de la maniobra (por ahora frustrada) de ponerle fin a esta disputa con los Macri como únicos beneficiarios de ambos lados del mostrador.

Puntos en común

La auditoría de García tiene, hasta aquí, bastantes coincidencias con los planteos de la fiscal Boquin en esta causa. Difiere, sin embargo, en un punto: el rol de Juan Manuel Mocoroa, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación que, en la audiencia del 28 de junio de 2016, aceptó la propuesta que, según el dictamen de la fiscal Boquin, implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri. La fiscal Boquin sostuvo que la aceptación era nula ya que Mocoroa, por un lado, tenía una designación transitoria y, por el otro, carecía de una autorización de la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para aceptar o rechazar algo tan importante. La fiscal sostuvo que debía investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri. Sobre la designación transitoria, García la justifica con que hace mucho que no se llama a concursos para cubrir esos cargos y muchos de ellos son designaciones temporales.

Sobre la autorización expresa la cuestión se complejiza. Por un lado, el auditor García adjuntó el pedido de instrucciones de Mocoroa y la respuesta de Aguad para esta cuestión. Según la auditoria, el 6 de junio de 2016 Correo Argentino hizo una oferta de pago a sus acreedores. Sin embargo, el 23 de mayo, dos semanas antes, Mocora ya le había enviado una nota al ministro Aguad donde le pidió instrucciones respecto de la propuesta que se discutiría el 28 de junio. Es decir, o Correo Argentino le acercó la propuesta al Gobierno por fuera del canal judicial o hubo más de una propuesta y no constan en el expediente. La propuesta de Correo Argentino era pagar en 19 cuotas anuales, con un interés del 6%. Aguad le contestó a Mocoroa el 24 de junio, 4 días antes de la audiencia. Le dijo que debía “tener en cuenta el tiempo transcurrido, así como el proceso inflacionario ocurrido a lo largo de los años” que atentaban contra el valor de la deuda. Para Aguad, los intereses estaban suspendidos, tal como pedían los Macri. Aguad instruyó a Mocoroa a “no conceder quita ni renuncias” a la deuda “durante tantos años postergada”. Le indicó que rechazara la oferta “por no alcanzar a satisfacer las condiciones imprescindibles para la concreción del interés público comprometido” y, a su vez, le ordenó que requiriera una nueva propuesta. Específicamente le dijo que aceptara si se reducían a 15 las cuotas y se aumentaba la tasa de interés a un 7%. Fue exactamente lo que sucedió el 28 de junio. Mocoroa rechazó la oferta y tras un cuarto intermedio le ofrecieron justo lo que indicó Aguad. Como si estuviera preacordado entre el Gobierno y la familia Macri. En síntesis, los papeles indican que: Mocoroa tenía instrucciones de Aguad para aceptar, tal como afirma el auditor García, pero no tenía era autorización para actuar en nombre del Estado, tal como sostiene Boquin.

La fiscal Boquin, en su dictamen, llamó la atención sobre el cambio de estrategia del Estado, que pasó de oponerse en general y a dejar pasar el tiempo en algunos tramos de la causa a aceptar las condiciones “abusivas” que propuso la familia Macri. El auditor García tiene una lectura diferente: “aún con las dificultades y falencias a las que se hiciera referencia, parece indicar que no ha mediado otra estrategia que el mero consentimiento a una situación de indefinición que aún hoy afecta los intereses del ESTADO NACIONAL”. Hubo, sin embargo, un cambio: con el Gobierno de Macri hubo una definición: aceptar la propuesta que, demostró la fiscal Boquin, era inaceptable. Si ninguna de las partes puso fin a esta causa durante años, en 2016 el apellido Macri quedó de ambos lados del mostrador, se alinearon sus intereses y contaron con la anuencia las juezas Maria Lila Gómez Alonso de Diaz Cordero y Batilde Ballerini para concretar ese acuerdo que pretendía finalizar este pleito con un claro ganador: la familia Macri.

Sobre el acuerdo que aceptó el Gobierno, García advierte que la auditoría “no está llamada a evaluar la conveniencia o no de un acuerdo como aquel que se arribara en autos y luego entrara en crisis”. Pese a esto, el auditor cierra: “Ello no me impide propiciar un acuerdo final entre el ESTADO NACIONAL y la concursada (Correo Argentino), que ponga término a la extensa incertidumbre que se cierne sobre los intereses fiscales y las pretensiones de Correo Argentino SA. Existen mecanismos, complejos pero también concretos, que permitirían arribar a las partes a una solución que, hoy por hoy, se torna imperiosa”.

Las otras causas

La auditoría es más extensa y evalúa todas las causas en las cuales están involucrados Correo Argentino y el Estado, siete en total. Sin embargo, la causa central para el Gobierno y para la familia Macri es la de la deuda de Correo Argentino con el Estado, iniciada el 19 de septiembre de 2001. La auditoría de esta causa lleva el número 5692, y fue registrada el 3 de abril de 2017. El expediente que analizó es el 94360/2001. El monto original, 269.205.376 pesos con 49 centavos.

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La auditoría advirtió varias cosas. Primero, que se centró en la actuación de los abogados del Estado en el expediente. Segundo, que el trabajo tuvo que sortear diversos obstáculos, desde medidas sindicales hasta idas y vueltas el expediente hacia diversos juzgados, entre ellos, el del juez Ariel Lijo, donde radican las denuncias penales contra Macri y Aguad. Por último, informa que la auditoría se extendió hasta el dictamen de la fiscal Boquin del 30 de diciembre de 2016, aunque aclara que se analizó también la información de escritos posteriores de la fiscal que sumaron información al rechazo del acuerdo y mostraron la dinámica de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del clan Macri.

La versión Balbín

Once días después de recibir la auditoría realizada por García, el entonces procurador del Tesoro Balbín firmó un memorándum basándose en su contenido, aunque puso el énfasis en determinados ejes.

En este segundo documento, el ahora ex procurador Balbín analiza la excesiva duración de esta causa, las consecuencias de esta demora para el patrimonio estatal, detalla y critica las artimañas legales ejecutadas durante estos 15 años y con complicidad judicial por Correo Argentino y cuales fueron consentidas por el Estado, y opina sobre el dictamen de la fiscal Boquin que rechazó la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri que había aceptado el Gobierno.

Tras más de quince años, el proceso se halla en pleno trámite”, afirma Balbín al inicio del memorándum, en coincidencia con la apreciación de la auditoría. “La prolongación del concurso durante todo el período de años mencionados importó un detrimento significativo del crédito del Estado”, destacó Balbin. Sostuvo que una vez que se verificó en 2003 que la deuda era de 296.205.376 pesos esto “obligaba a todos los funcionarios intervinientes en el proceso concursal a lo largo de estos quince años a extremar sus esfuerzos a fin de evitar perjuicios al erario público”. Para Balbin, durante el kirchnerismo, además de oponerse a varias de las “presentaciones improcedentes” de Correo Argentino tendría que haber reclamado soluciones y sanciones frente a estas “conductas meramente dilatorias”.

Balbín es, además, muy crítico con la empresa de los Macri, a la cuál le atribuye “una conducta procesal cuestionable frente a los reiterados rechazados (sic) del tribunal”. Y coincide con el auditor García en su reproche a la jueza Cirulli, a quien describe retrotrayendo la causa a etapas ya concluidas y demorando la causa por 5 años.

Algo que Balbín agrega en su memorándum y no figura expresamente en la auditoría es una referencia al dictamen de Boquin donde denunció la mala fe procesal de los Macri que, mientras negociaban una condonación de su deuda demandaban al Estado. Balbin señala que los Macri hicieron esta maniobra “sin siquiera haber anoticiado al Gobierno demandado”, es decir, si avisarle a él.

Balbin también critica la reapertura del período de exclusividad e insiste en responsabilizar al Estado. Tomando como base la auditoría, Balbín reprueba “la ausencia de mención alguna (lo que hace presumir su inexistencia) acerca de reclamos o presentaciones de los abogados del Estado a fin de ordenar el cauce procesal y lograr que avance el proceso”. Es insistente con esta crítica, y destaca que “se evidencian ciertas desprolijidades en la actuación letrada del Estado”, y hace foco especialmente en que nunca se pidió la quiebra de Correo Argentino. “No surge del informe de auditoría que, durante los sendos años que lleva este proceso (…) el Estado acreedor haya reclamado nuevamente tal consecuencia (la quiebra) frente a las propuestas no aceptadas, permitiendo -con dicha omisión- que la acreencia del Estado pudiera verse mermada por la imposibilidad legal de aplicar los intereses”, sintetizó Balbín.

Estas últimas palabras, “los intereses”, son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó al presidente Macri y su familia. Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso (o sea, desde 2001), para Balbín “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y esta doctrina “podría ser invocada” en este caso.

No obstante, critica en la misma medida a las juezas que intervinieron en la causa, tanto Cirulli como las camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini, porque ellas debían impulsar la resolución de esta causa.

Balbín estampó su firma en este memorándum el viernes 21 de abril. Al día siguiente, la periodista Laura Manfredi reveló en Nuestras Voces la intención del Gobierno de desplazarlo. La cuestión del CorreoGate no fue el único motivo: Balbín había comenzado a investigar las vinculaciones de Odebrecht y tuvo dictámenes incómodos para el amigo presidencial Joe Lewis y por la posesión del predio de La Rural, entre otros temas.  Incluso había acordado su salida del gobierno para abril unos meses antes, previo a que se conocieran públicamente el CorreoGate y las derivaciones del caso Odebrecht. El escándalo por la condonación de deuda de Correo Argentino a la familia Macri, sin embargo, tuvo un peso relevante en su salida.

Cronología de una estafa

La auditoría que hoy revela Nuestras Voces recorrió todo el expediente, que suma más de 22.000 fojas y 100 cuerpos. Allí consta que el concurso preventivo de acreedores fue presentado el 19 de septiembre de 2001 por Raúl Casa, por entonces presidente de Correo Argentino. El directorio de la empresa había aprobado esa decisión el día anterior. Sus abogados eran Mario Laporta y Jorge Osvaldo Lopez. La auditoría reseña la historia de la privatización del correo en 1997, los argumentos de los Macri para dejar de pagar el canon y las demandas que le hicieron al Estado ya por el 2000. “La empresa adujo que se había visto imposibilitada de abonar los cánones reclamados, como consecuencia de los incumplimientos por el Estado de las obligaciones a su cargo pactadas en el contrato de concesión (ésto es la exclusividad en: la emisión de sellos postales, la prestación de comunicaciones fehacientes, en la prestación de servicios telegráficos; la transferencia de marcas y patentes; obligaciones relativas al régimen laboral del personal, etc.)”. O sea, los Macri se quejaban de que no era un negocio fácil y que no podían flexibilizar las condiciones de trabajo. El inicio del concurso de acreedores fue calificado, por su magnitud, de “Gran Concurso”. Pero el tiempo pasó y, según consta en la auditoría, recién el 19 de junio de 2009 el monto de la deuda (296.205.376. pesos) fue confirmado por la Sala C de la Cámara Comercial.

La auditoría detalla que recién en la foja 8.929 apareció la primera propuesta de acuerdo. Era septiembre de 2003, y los Macri proponían pagar el 40% de su deuda en 15 cuotas y sin intereses. Luego, mientras algunos acreedores aceptaban, Correo Argentino pidió 120 días de prórroga, y el Estado (representado entonces por Alberto García) se opuso argumentando que “la conducta de Correo Argentino SA constituía maniobra dilatoria”. Las constantes demoras, sin embargo, recién comenzaban. Siguiendo la auditoría, los Macri hicieron una segunda propuesta: pagar el 100% de la deuda con un bono “que cancelaría las acreencias durante el período de concesión con una tasa de interés del 1%”. O sea, recién terminaban de pagar en el 2027, dado que la concesión era de 30 años, y con un interés residual. Pidieron también un cuarto intermedio de 30 días. El Estado se opuso junto al Banco Nación y la AFIP.

En 2003, según la auditoría, “el Estado Nacional reiteró que la concursada (Correo Argentino) había prolongado con maniobras meramente dilatorias el trámite del concurso para poder mantener la explotación del servicio durante el mayor tiempo posible sin abonar ningún canon, suspendiento los intereses, y de tal forma, licuando su deuda al máximo”. Habían pasado menos de 2 años de un trámite que dura hasta la actualidad.

El Estado, consta en la auditoría, también “analizó las propuestas de pago efectuadas y sostuvo -respecto de la segunda- que era abusiva y contraria a la ley, y que entre la primera y la segunda propuestas no existía, prácticamente, diferencia económica”. En la auditoría se llama la atención sobre la actitud de otros acreedores fuera del Estado, que sospechosamente aparecían actuando juntos y aceptando las propuestas de los Macri.

En la foja 10.257 aparece el entonces Secretario de Comunicación Guillermo Moreno para incorporar al expediente el decreto 1075 firmado por Néstor Kirchner el 19 de noviembre de 2003 y que rescindió, “por culpa del concesionario, el contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino SA”. Tras esta decisión de Kirchner, la empresa de los Macri quedó sin actividad y reducida a alrededor de 20 trabajadores. El juez Favier Dubois entendió que no se podía hacer un salvataje de la empresa (el denominada cramdown) y decretó su quiebra indirecta. Duró poco: los Macri apelaron la quiebra y el 26 de enero de 2004 ya se habían reapoderado de Correo Argentino SA. El 27 de octubre de ese año la Sala B del fuero Comercial revocó la quiebra y habilitó más demoras en esta causa. A esta altura, el expediente acumulaba más de 60 cuerpos y 14.000 fojas.

En 2005, los Macri cambiaron de abogado. Su defensa la asumió Jaime Kleidermacher. Entre las nuevas estrategias pidieron que se excluyera al Estado de las mayorías legales para la aceptación de sus propuestas y que les dejaran utilizar los fondos congelados de Correo Argentino para inversiones más rentables. Lo primero fue rechazado en primera instancia; lo segundo también, pero luego se lo habilitó la Cámara. Luego, los Macri pidieron una vez más una prórroga de 60 días del período de exclusividad, es decir, del lapso para hacer una nueva oferta. Lo lograron.

En 2007, el expediente superaba los 70 cuerpos y las 17.000 fojas. En la 17.667, según la auditoría, consta una nueva propuesta de Correo Argentino: pagarle al Estado el 100% de la deuda con lo que el Estado supuestamente les debía a ellos. El Estado no contestó y los Macri lo interpretaron como una conformidad a su propuesta. Llamaron a una audiencia y la representante del Estado, Maria Pace, dijo que “no tenía instrucciones sobre la propuesta”. Frente a esto, Correo Argentino pidió un prórroga de 90 días y el Estado aceptó. Uno de los casos en que hubo responsabilidad de ambos en la demora de esta causa. Consta en la foja 19.315.

Ya por entonces la estrategia de los Macri de pagar poco y cobrar mucho estaba en marcha. Según consta en la auditoría, el Síndico General del concurso estableció que el Estado le debía a Correo Argentino 3.348.902.864 pesos y que Correo Argentino le debía al Estado 248.772.091. “En virtud de los expuesto indicó, que el importe neto final a favor de Correo Argentino SA era igual a $3.100.130.773”, reseña la auditoría. Todo ese dinero a favor de los Macri.

El Estado cuestionó esos datos, pero a fines de 2008, sin embargo, los abogados públicos jugaron a favor de Correo Argentino. En la auditoría consta que el 5 de diciembre el Estado pidió 60 días hábiles para verificar si había efectivamente deudas con los Macri, que obviamente aceptaron. En el interín, el tema ya había llegado a la Corte Suprema, que el 17 de marzo de 2009 estableció que no podían compensarse deudas. Para finales de ese año, la Procuración del Tesoro siguió esa línea.

La cuestión siguió en 2009, ya con más de 20.000 fojas apiladas en el expediente. Los Macri se empecinaron en que el Estado les debía dinero e insistían que el Estado había aceptado tácitamente su última oferta. El 18 de marzo de 2010, la jueza Cirulli no homologó el acuerdo, por lo que le dio la razón al Estado. En la auditoría consta que, ante esa decisión de la jueza Cirulli, los Macri presentaron un escrito solicitando a la jueza que informara “si había recibido en su despacho a representantes de la Subsecretaría de Justicia de la Nación, como así también si había mantenido conversaciones telefónicas con funcionarios de dicha cartera ministerial”. Les negaron el pedido porque carecía de una “petición contenciosa concreta”.

En la foja 22.216 ya está en 2016 y opera la gestión Macri con el acuerdo que aceptó Juan Manuel Mocoroa por órdenes de Aguad. Finalmente, ya con más de 100 cuerpos, la auditoria recorre cómo, tras conocerse este acuerdo, el Gobierno decidió dar marcha atrás y solicitar una nueva audiencia, que se fijó para el 16 de marzo, pero que no se realizó porque el macrismo pidió suspender todos los plazos por 120 días.

Hasta acá la cronología del expediente. Por delante están las elecciones, y la intención de Macri de que el CorreGate no atraviese la campaña.

@arilijalad

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