#CorreoGate: todos juegan para Macri y dilatan la causa

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El Estado pidió la “suspensión de plazos” por 120 días hábiles, todas las partes aceptaron y la empresa de los Macri se ganó otros 5 meses sin pagar un centavo de su deuda, en tanto el Presidente Macri “enfrió” el tema para quitarlo de la agenda electoral, incumpliendo su promesa de solucionar el conflicto sin autobeneficiarse. La causa ya lleva 15 años y una vez más se puso en evidencia que las dos partes “juegan” en tándem para beneficio del mismo apellido: Macri. Mientras tanto la empresa sigue remarcando en sus escritos la aceptación del estado del perdón de 70 mil millones de deuda. La promesa de Macri de “resolver” y no “dilatar” se incumplió.

Fotos: Joaquín Salguero

La estrategia de “dilatar la causa” por la deuda de la empresa Correo Argentino al Estado beneficia a los Macri de ambos lados del mostrador y cada vez se afirma más. Los Macri siguen dilatando el pago de su deuda con el Estado, mientras el presidente Mauricio Macri elimina la cuestión de la agenda electoral.

El 16 de marzo pasado, el Estado pidió la suspensión de los plazos en esta causa por 120 días hábiles . La excusa fue que se estaban por publicar los decretos para regular el accionar de los funcionarios en causas como esta. Es decir, los decretos donde Macri reguló a Macri en los propios conflictos de interés donde Macri está involucrado.

Macri regula a Macri

Ante ese pedido de suspensión, las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini dijeron que tenían que opinar todas las partes. Ahora llegaron las aceptaciones a esta nueva demora de parte de Correo Argentino (o sea, la familia Macri) y de las tres sindicaturas que intervienen en el expediente. Todos de acuerdo para beneficiar a los Macri empresarios y al Macri presidente. Resta ahora la palabra de la fiscal Gabriela Boquín, a quien le toca opinar última.

El pedido de suspensión de la audiencia del pasado 16 de marzo, donde tenía que comenzar a resolverse la cuestión tras el escándalo por la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial, fue un paso de comedia. El Estado, al que le deben, en lugar de insistir en que le paguen pidió suspenderla y aplazar todo. Lo hizo con una nota que presentó horas antes de que empezara la reunión.

Correo Argentino, representado por su presidente Jaime Cibilis Robirosa y patrocinado por el abogado Jaime Kleidermacher, respondió el 23 de marzo. Una vez más, la familia Macri coincidió con la estrategia del presidente Macri. “En primer lugar, y sin reconocer hechos ni derechos, comprendemos la necesidad del Estado Nacional en solicitar la prórroga de 120 días”, plantean desde la empresa deudora. La razón de esta actitud comprensiva empresarial es la misma que arguye el Gobierno: los nuevos decretos 201 y 202 que lejos de mejorar los sistemas de control de conflictos de intereses de los funcionarios sólo operan como un parche a medida de la ocasión. En su escrito, Correo Argentino revela lo que sucederá con la vigencia de estos decretos: un largo e intrincado camino burocrático que va a demorar la resolución de esta causa. El argumento formal es que ese camino va a mejorar los controles: lo cierto es que las regulaciones contra los conflictos de interés ya estaban vigentes y, tal como afirmó la fiscal Boquín, fueron ignoradas para intentar condonarle la deuda a la familia presidencial.

Pero esta comprensión no es lo único que dicen desde Correo Argentino. Desde la empresa de la familia Macri sostienen que “no debe descuidarse que el Estado Nacional ha prestado conformidad expresa [a] la última propuesta de Acuerdo, tal como se dejó constancia en el acta labrada en la Audiencia celebrada el 28-6-2017 (sic)” (La [a] falta en el original). La fecha que mencionan aún no llegó, aunque obviamente se refiere al año 2016. Pero más allá de los descuidos de redacción, lo que pretenden es que siga vigente la aceptación de la propuesta que implicaba una quita real del 98,82% de la deuda, estimada en 70.163 millones de pesos por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Desconocen así el escrito del propio gobierno retirando la aceptación de esta propuesta por expresa orden del presidente Macri (lo que, de paso, fue una nueva intervención teñida de conflicto de interés en la causa). “Por ello -afirman desde Correo Argentino-, afrontaremos este período de suspensión, pero sin dejar de lado todo lo actuado hasta aquí que resulta inobjetable desde el punto de vista legal”. Y cierran con un planteo recurrente: que la cuestión tiene que tener una solución que integre lo que le deben al Estado con lo que el Estado supuestamente les debe a ellos, algo que la Corte Suprema ya denegó en 2009.

Las sindicaturas

En el concurso de acreedores de Correo Argentino intervienen tres sindicaturas: la general, la verificante y la controlante. Esto, en la jerga judicial, es una creación pretoriana de los jueces cuando se trata de un concurso grande. Es el caso.

Las tres sindicaturas que intervienen en esta causa fueron designadas en el 2001. En los últimos tiempos, también juegan sistemáticamente a favor de los intereses del clan Macri. Por ejemplo, ninguna objetó el propuesta que la fiscal Boquín rechazó por “abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”. Con el pedido de suspender los plazos y dilatar aún más la resolución de esta causa las tres se alinearon.

La sindicatura general la ejerce Raúl Miguel Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados. Lo patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Rivera integró el fuero comercial donde tramita esta causa. Según su currículum, fue fue juez de primera instancia entre 1978 y 1982 y camarista de 1982 a 1985. Se presenta como especialista en derecho de la insolvencia, y esgrime que fue electo como uno de los cinco mejores abogados del país por la Revista Apertura en varias oportunidades. Es el socio 4489 del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuna de lo que Horacio Verbitsky definió como el “establishment jurídico que postró al país”. Louge tiene la misma especialidad que Rivera (derecho de insolvencia) y es el socio 4500 del CACBA. Ostenta en su curriculum que asesoró y patrocinó a la sindicatura concursal de Correo Argentino, entre muchas otras empresas. Trabajó también para IECSA, la empresa que hasta hace poco era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. El estudio Rivera también en intervino en una causa central del Grupo Clarín, vinculada a las deudas de Cablevisión.

En su presentación a las juezas, la sindicatura general deja clara su postura desde el principio: “Adelantamos que luego de evaluar el contexto completo de este procedimiento concursal, la sindicatura opinará favorablemente acerca del pedido de suspensión de plazos por 120 días solicitada por el Estado Nacional”. Por un lado, fundamentan esta posición diciendo que ningún acreedor se presentó a la audiencia del 16 de marzo para oponerse a la suspensión de los plazos. Lo que no dicen es que los acreedores no fueron invitados a la audiencia y que el pedido de suspensión se hizo horas antes de que empezara, por lo que era imposible que se opusieran a algo que no sabían. La sindicatura general dice además que no hay acreedores que se opongan a la propuesta de los Macri. Los papeles del Banco Nación, que reveló Nuestras Voces, muestran lo contrario. También acompaña las muletillas preferidas de los Macri: que el Estado es acreedor pero también deudor de Correo Argentino, y que con los nuevos decretos la cuestión será más transparente.

Las muletillas preferidas de los Macri: el Estado es acreedor pero también deudor de Correo Argentino; con los nuevos decretos la cuestión será más transparente.

La sindicatura verificante, que, valga la redundancia, debe verificar los créditos, la ejerce Francisco Rovira, del Estudio Cupito y Asociados. Lo patrocinan Salvador Bergel y Norma Garciandia, del Estudio Edgardo J. Brodersen & Asociados, conjuntamente con Mario Boruchowicz. El 22 de marzo presentaron un escueto escrito de menos de una página donde consta: “esta sindicatura no tiene objeciones que efectuar” al pedido del gobierno de Macri de suspender todo por 120 días hábiles.

La sindicatura controlante que, de nuevo la redundancia, debe controlar el proceso, la ejercen José Obes, Juan Alberto Krimerman, Atilio Rubén Mossi y Javier Marcelo Espiñeira. Su respuesta está plagada de contradicciones y parece escrita a medida de la empresa, ya que rescata supuestas mejoras en las propuestas mientras critica el accionar del Estado tanto en la gestión Macri como durante los gobiernos anteriores para terminar aceptando la estrategia de dilatar la causa.

Al igual que la empresa, estos síndicos recuerdan que el Estado aceptó una propuesta “que en reiteradas oportunidades fue mejorada”, obviando el rechazo de la fiscal Boquín que demuestra lo contrario. En su respuesta al pedido del Gobierno macrista de suspender la audiencia del 16 de marzo y los plazos, dicen que lo primero ya es abstracto, ya que la reunión no se celebró gracias a esta maniobra. Sobre la suspensión, advierten que “no puede soslayarse que el pedido de suspensión de los plazos fue presentado por un acreedor que habiendo presentado su conformidad a la propuesta de acuerdo preventivo presentada por la concursada luego pretende que a misma sea dejada sin efecto y esgrime como argumento de sustento a su pretensión un proyecto de un decreto que al momento de la presentación no existía como norma vigente”. Más aún, los síndicos afirman: “Una vez más nos encontramos frente a la atipicidad como regla de este proceso. Pareciera que se pretende legislar hacia atrás, más allá de que el mencionado decreto no modifica la ley de fondo aplicable”. Una crítica directa a los decretos donde Macri pretende controlar a Macri.

Los síndicos controlantes critican el plazo de 120 días y la intervención que se le quiere dar a la Auditoría General de la Nacióm (AGN) en ese tiempo. “Nada se especifica sobre la labor que el órgano de control va a desarrollar en el marco de este concurso preventivo, ello sin contar con que su participación no está contemplada en la ley concursal”. Por otro lado afirman, al igual que el Gobierno y la familia Macri, que la demora de este juicio es culpa de la administración kirchnerista. Sin ponerlo en esos términos, aseguran que el juicio “ya fue suficientemente demorado por la actuación de los que han intervenido representando al acreedor que integra la categoría A”, o sea, le hecha la culpa a los abogados del Estado durante los últimos años.

Como conclusión, los síndicos dicen que “surge como necesario que las partes encuentren el camino para llegar a su conclusión del modo más beneficioso para todos” y por eso no se oponen a dilatar aún más esta causa que lleva más de 15 años.

Con todo esto en mano, ahora es el turno de la fiscal Boquin, que no tiene un plazo formal pero sentará su posición en los próximos días.

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@arilijalad

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