Corte de manga a Macri

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Dos decisiones tomadas por la mayoría no oficialista de la Corte Suprema de Justicia sellan una ruptura con los deseos del presidente Mauricio Macri. En un mismo día la Corte rechazó el cálculo del nivel inicial de las jubilaciones establecido por el Gobierno y licuó el poder de su presidente, Carlos Rosenkrantz, quitándole la potestad de contratar personal, luego de que llevara a la Corte a varios funcionarios macristas. Enviaron un mensaje directo a la Casa Rosada al decidir “mantener el Fondo Anticíclico” para “preservar la independencia del Poder Judicial de la Nación”. Y en el fallo jubilatorio aseguraron que  en “tiempos de crisis económica (…) deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados”.

Foto: NA (Archivo)

La última reunión de acuerdo del año de la Corte Suprema de Justicia que se realizó este martes reflejó el espeso clima interno y el desgaste de Carlos Rosenkrantz que hace menos de tres meses asumió la presidencia del cuerpo, elegido por sus pares y festejado desde el gobierno de Mauricio Macri. En un doble movimiento, la nueva mayoría que conforman los ministros supremos Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti expuso la soledad en la que quedó inmerso el ex abogado del Grupo Clarín: por un lado, en una sentencia de fuerte impacto político y  social, falló a favor de los jubilados y en contra del Gobierno en la determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro (la votación terminó 4 a 1). Acto seguido, mediante la acordada 44/2018, le recortó el poder que le quedaba en el Tribunal como nunca antes se hizo con un presidente cortesano. En ambos casos, Rosenkrantz quedó aislado con su disidencia y el Gobierno vio como se le escurrió una vez más cualquier influencia y previsibilidad en el máximo tribunal.

El presidente que no es

La nueva mayoría definió este martes, en una decisión drástica, quitarle al presidente de la Corte el manejo económico y administrativo del tribunal. Lo vació de poder y redujo el puesto a un mero cargo protocolar. Ahora los lineamientos de superintendencia los tomará un mínimo de tres supremos. No será necesaria la voluntad del mandamás del tribunal, tal como pretendía Rosenkrantz, que ante la evidente derrota no se oponía a la “horizontalidad” en la toma de decisiones, pero pretendía que el titular del cuerpo tuviera un voto calificado en esas circunstancias.

“Se modificó el manejo de la Corte. En los años ’60, el tribunal se manejaba por mayorías. Se iba al pleno para tomar decisiones. En el ‘61 se delegó en el presidente lo referido a la superintendencia: contratos, temas administrativos, todo el manejo puertas adentro del Poder Judicial. Volvemos al sistema anterior”, explicaron a Nuestras Voces desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales (y así se expresa en el punto 3 de la Acordada 44).

“El presidente cumplirá funciones de embajador, será el representante hacia afuera. Además, estaba siendo el representante del Ejecutivo adentro”, añadieron, en clara alusión a la intromisión del Gobierno en el Tribunal Superior vía la figura de Rosenkrantz.

A partir de ahora, por ejemplo, las contrataciones del Tribunal Superior deberán tener el aval de tres supremos: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación designará y aceptará las renuncias de sus funcionarios y empleados por mayoría de tres (3) de sus miembros. De la misma manera será decidido el otorgamiento y la renovación de los contratos de personal de este Tribunal y de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación», dispusieron los magistrados.

El ex abogado de Clarín sintió el golpe y manifestó su disidencia: denunció que la maniobra es ilegal. “Que si bien es indispensable introducir cambios en el sistema de contratación actual a los efectos de realizar los objetivos de eficiencia, transparencia y mayor intervención de todos los ministros (…) cualquier modificación al sistema imperante debe llevarse cabo con estricto apego la legalidad pues el apego la leyes la primera responsabilidad de este Tribunal”, escribió a la hora de diferenciarse de sus pares. Y añadió: “(…) No son legalmente admisibles reglas de funcionamiento en las que uno o más Ministros adopten, sin el concurso de la voluntad del Presidente”.

Pero desde la nueva mayoría hicieron oídos sordos: Lorenzetti, Maqueda y Rosatti basaron el cambio de funcionamiento en el artículo 113 de la Constitución Nacional que “expresamente dispone que ‘la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados’». Y así modificaron el Reglamento para la Justicia Nacional.

En lo que también puede leerse como una defensa del tercer poder del Estado ante el avasallamiento del Gobierno, en la misma acordada se resolvió “mantener el Fondo Anticíclico de la Corte” para “preservar la independencia del Poder Judicial de la Nación”.

La Corte dejó sin 2×1 a los genocidas pese a Rosenkrantz

La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, si bien había sumado su voto en las versiones previas de la acordada que circularon por el tribunal, finalmente, se abstuvo y no se pronunció sobre el tema. Previamente, según trascendió, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

La acordada no hizo más que reflejar la fuerte interna que surca a la Corte, que tuvo más de un cortocicuito desde que Rosenkrantz asumió la presidencia. Uno de esos chispazos se produjo por los nombramientos arbitrarios que definió el ex abogado de las grandes empresas del país. Es que al ex letrado de Clarín se le achaca nutrirse de funcionarios relacionados al Ejecutivo de Macri.

Una de las designaciones que peor cayó entre sus pares ocurrió el 12 de noviembre: se trató del ex subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, a quien ubicó en la estratégica Secretaría de Desarrollo Institucional. Tal como reveló el periodista Ari Lijalad, Lahitou tuvo una participación clave en las escandalosas negociaciones del Correo Argentino con el Estado para saldar su deuda, que beneficiaron a Macri.

Rosenkrantz también sumó en su vocalía a Mariano Braccia y a Agustín Casares. Ambas contrataciones fueron rubricadas el 12 y 13 de diciembre pasado, respectivamente. El primero es un alto funcionario de la AFIP, especializado en derecho tributario. El segundo proviene del Consejo de la Magistratura, donde cumplía funciones como secretario de Asuntos Jurídicos. Respondía al ex administrador Agustín Cinto, vinculado al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Por decisiones como estas, el mapa de vinculaciones cortesanas ya no responde a la lógica que se insinuó el día que se ungió a Rosenkrantz como titular del cuerpo, en septiembre (asumió el 1° de octubre). Desde entonces, por distintas razones (que incluyen desde un fuerte cruce vía cartas públicas con su antecesor Lorenzetti a las mentadas designaciones) se enrareció el clima en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que de por sí no era el más ameno cuando se decidió cambiar al titular del cuerpo, después de once años. Las últimas sentencias evidencian cambios y un juego de mayorías móviles, que le costaron caro al actual presidente y, por extensión, al Gobierno.

Sin ir más lejos, Rosenkrantz ya había sufrido un recorte de su poder cuando se le escurrió la administración de la agenda, una potestad histórica del presidente de la Corte. La nueva mayoría circunstancial –que algunos definen como “mayoría peronista”- impuso un cronograma de fallos “relevantes” que se implementó desde el 27 de noviembre al 18 de diciembre, uno por cada reunión de acuerdo que se realiza todos los martes. Ahora, este “triunvirato” pretende que el calendario de sentencias “claves” se despliegue durante 2019, dividido en trimestres. Con este mecanismo se busca darle mayor celeridad y transparencia a los actos cortesanos, en pos de acercar el accionar de la Justicia a la sociedad.

“Ahora tres ministros pueden poner y sacar a quien quieran sin intervención del presidente. Un organismo colegiado de cinco no puede tener tres cabezas como un barco no puede tener tres capitanes ni un avión tres comandantes porque al final se cae”, asegura un ex funcionario que transitó los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales por años. La incógnita que se abre de cara al 2019, año electoral, es cómo se dirimirán esas internas.

Rosenkrantz vs. la tríada peronista

Caso Blanco y sus alcances

El resultado del “caso Blanco”, en el que se definió el índice que se debe tomar para la actualización con que se pagan las sentencias por reajuste de movilidad previas al 2009, cuando se dispuso la ley de movilidad, no hizo más que evidenciar la interna de la Corte.

El Alto Tribunal, con los votos de Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Highton de Nolasco, ratificó que las remuneraciones consideradas para el cálculo deben actualizarse por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción). Al menos hasta que el Congreso aborde la problemática. La ANSeS pretendía que se utilizase el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que aplica desde 2016, y que arroja valores inferiores al ISBIC, que es al que acuden desde hace años en las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en las cámaras federales del Interior.

Concretamente, en el caso del jubilado Lucio Blanco se confirmó la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009. Se estima que, en un principio, el fallo podría alcanzar a unos 150 mil jubilados.

Asimismo, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N°56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N°1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE e interpeló al Congreso de la Nación a fin de que, en un plazo razonable, fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial.

Una perlita es la referencia de la “mayoría peronista” a los “tiempos de crisis económica” que atraviesa el país. Es entonces, remarcaron los cortesanos en un claro mensaje a la Casa Rosada, “cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas criticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos”.

Rozenkrantz volvió a dar la nota al quedar en soledad y considerar que la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo y que podía ejercerla el Poder Ejecutivo a través de la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social.

“Me parece un fallo saludable porque ratifica la doctrina que históricamente la magistratura ha tenido en defensa de la sustitutividad y proporcionalidad del haber jubilatorio y de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales”, afirmó a este medio Gabriel De Vedia, fiscal de la Seguridad Social y del fuero del Trabajo y ex titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), quien fue apartado de ese órgano por el Gobierno.

Durante las últimas semanas visitaron el Palacio de Tribunales y sus alrededores desde el ministro Garavano al titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, pasando por integrantes de la Procuración del Tesoro, lo que evidenció la preocupación de la Casa Rosada por este fallo, que a primera vista, no tendría un alcance tan grande en el mundo previsional.

Pero De Vedia ensayó una respuesta a tanto “alegato de oreja”: “El miedo es que se abra un grifo que potencie a los jueces a empezar a cuestionar el RIPTE aún en casos de Reparación Histórica”. Justamente, quienes ingresaron a la reparación –en el que se utiliza el RIPTE -quedan exentos de este cambio. Pero el fiscal observa que la Corte “parece haber dejado abierta la puerta para que se empiece a cuestionar el RIPTE aunque no sea esa la discusión de este fallo, porque demuestra que el RIPTE es regresivo”.

“La Corte no lo dice, pero entrelíneas deja entrever que el RIPTE es regresivo porque se produce un deterioro del índice de actualización en relación al que se venía aplicando. Entonces planteo: en otras causas, que no se relacionan directamente a este caso puntual, ¿van a empezar a plantear la inconstitucionalidad del RIPTE?”, se preguntó.

Antecedentes

Con el “caso Blanco”, el flamante presidente de la Corte volvió a quedar expuesto en una sentencia “sensible” para la sociedad, tal como sucedió el 4 de diciembre cuando se rectificó la aplicación de la ley del 2×1 en las causas de delitos de lesa humanidad. Entonces, el “fallo Batalla” que corrigió el “fallo Muiña” se resolvió también por 4 votos contra 1.

Un resultado similar se había dado previamente a la hora de definir si se avalaba el envío del represor Miguel Etchecolatz a cumplir la pena por crímenes de lesa humanidad a su casa.

Con esos antecedentes no faltaron suspicacias el 11 de diciembre, cuando los supremos abordaron la constitucionalidad Ley de lemas en Santa Cruz, un planteo que impulsó la UCR. Entonces había dudas sobre el voto de Rosenkrantz, de extracción radical. Finalmente, acompañó el fallo que rechazó -por unanimidad- el planteo que pedía la inconstitucionalidad de la ley que benefició en la  elección a gobernador a Alicia Kirchner en desmedro del correligionario Eduardo Costa, actual diputado de Cambiemos. Desde el entorno de Rosenkrantz hicieron trascender que nunca vaciló su posición. En el Palacio de Talcahuano no todos dicen lo mismo.

Pues bien, este martes, a Rosenkrantz pareció no importarle quedar expuesto, una vez más, en una inmensa soledad.

La incógnita ahora es cómo se reposicionarán los ministros cortesanos desde el 1º de febrero, cuando vuelvan a verse a las caras. “Arrancaremos el año con un clima interno sacudido”, reconocen desde el Alto Tribunal. No es para menos.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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