Demoliendo controles

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El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, fue denunciado por querer impedir el funcionamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (UFISES), dedicada justamente a investigar ilícitos en ese área. Lo que los medios bautizaron como “la plata de los jubilados”, abarca mucho más: fondos para jubilaciones, pensiones e inversiones que tiene ANSES en empresas y proyectos productivos. Otro caso del Gobierno de Mauricio Macri intentando eliminar controles sobre el manejo del dinero público.

La denuncia la presentó el fiscal Guillermo Marijuan, que estuvo a cargo de la UFISES hasta 2014 gracias a su estrecha relación con Sergio Massa, por entonces titular de la ANSES. Fue desplazado entonces por la procuradora Alejandra Gils Carbó debido a su reticencia coordinar su trabajo con otras procuradurías y fiscalías, algo que figuraba expresamente entre sus objetivos. En su lugar, asumieron los fiscales Gabriel De Vedia y Diego Iglesias.

En la presentación judicial, a la que accedió Nuestras Voces, Marijuán denunció a Basavilbaso “por considerarlo responsable de los delitos de impedimento o estorbo al acto funcional y abuso de autoridad”. El 2 de junio pasado, a través de la resolución 104, Basavilbaso no renovó el convenio firmado la misma fecha de 2015, que establecía la continuidad de esta colaboración entre ANSES y la UFISES, una cooperación que lleva más de 15 años.

Todo este actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, al desmantelamiento de la Unidad de investigación, al colapso, atraso y entorpecimiento de sus investigaciones en curso y, lo que es mucho peor y, fundamentalmente, a la afectación laboral del personal del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Marijuan en su denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Paloma Ochoa. “Corresponde iniciar una investigación penal con el propósito de saber las consecuencias de esta resolución dictada abusivamente (…) la conducta llevada a cabo por el titular de la ANSES tuvo la intención de que las autoridades de la UFISES dejaran de cumplir con sus funciones”, insitió Marijuan, que solicitó que se llame como testigos a los ex titulares de la Anses para que expliquen la importancia de la UFISES. Es decir, a Massa, Claudio Moroni, Amado Boudou y Diego Bossio.

Este convenio entre la Anses y el Ministerio Público Fiscal data del 16 de mayo de 2002, durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde. Por entonces, la Anses la conducía Massa y el procurador general de la Nación era Nicolás Becerra. La Ministra de Trabajo, que también participó del armado, era Graciela Camaño. El objetivo era crear una unidad fiscal especializada en delitos vinculados de la seguridad social. Por entonces, la ANSES no tenía el enorme peso político y económico que acumuló tras la reestatización del sistema jubilatorio y la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), junto con la universalización de las jubilaciones y las asignaciones por hijo y familiares. Este crecimiento hizo más necesario el trabajo de la UFISES ya que debe vigilar que esa gran masa de dinero no se destine a maniobras fraudulentas.

Tras la firma del convenio, el 23 de mayo de 2002 el procurador Becerra creó la UFISES. El acuerdo estipulaba que la ANSES aportaría los recursos materiales, edilicios y los salarios del equipo de trabajo, excepto el sueldo del fiscal a cargo, que lo solventaría la Procuración. En el acta de creación de la UFISES, Becerra fundamentó que “ha advertido un sustancial incremento de actividades ilícitas dirigidas a defraudar a la Administración Nacional de Seguridad Social”.  

Ahora, para desarticular la UFISES, Basavilbaso se amparó en el decreto 434/2016, que establece un Plan de Modernización del Estado basado en la “producción de resultados”.  El decreto establece que “es necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios, con flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines, basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión”. Eficiencia, resultados, calidad de servicios, flexibilidad, rendición de cuentas y transparencia. Lo cierto es que esta decisión de Basavilbaso desmantela de hecho el organismo que controla sus acciones, genera un vacío que permite desmanejos del FGS, pone suspenso más de 20 puestos de trabajo y en riesgo los derechos vinculados a la seguridad social de millones de personas.

#Correogate: las tramoyas ocultas de Macri

Un fiscal tábano

Desde la UFISES, el fiscal De Vedia realizó muchas denuncias que molestaron al Gobierno y que explican, de alguna forma, esta decisión de cortarle el financiamiento.

En febrero de 2017, Nuestras Voces publicó la denuncia contra el entonces Subdirector Ejecutivo del FGS, Luis María Blaquier, en la cuál se mostraba que había beneficiado al Grupo Clarín y a Arcor, empresas donde tenía intereses. En el caso de Clarín, se trataba puntualmente de la suscripción de Obligaciones Negociables (deuda emitida por la empresa) por 10 millones de dólares. Blaquier autorizó eso a pesar de que seguía siendo socio del fondo Fontinialis Partners, que controlaba GS Unidos LLC, que a su vez era accionista del Grupo Clarín. O sea, se benefició indirectamente a sí mismo. Más aún: esa deuda de Cablevisión tenía una calificación de riesgo, que fue ignorada por Blaquier, poniendo en peligro dinero de la seguridad social. Algo similar pasaba con Arcor: Blaquier había sido director de la empresa cuando se disenó su plan de financiamiento. Luego, desde el FGS, aportó 12 millones de dólares a Arcor. La investigación quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

A mediados de febrero, otra intervención del fiscal De Vedia puso en jaque al Gobierno. Se trató de un dictamen que rechazó el nuevo cálculo de las actualizaciones de las jubilaciones dispuesto por el Gobierno. La presentación ante la UFISES la hicieron Massa y Margarita Stolbizer. El Gobierno, a través de Basavilbaso, dispuso un nuevo cálculo para los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este aumento daba, para el primer semestre de 2016, un 12,65%. El Gobierno cambió la fórmula para calcular el aumento y alegó que la diferencia era mínima: “de 12,96% a 12,65%, una diferencia de $3,10 cada $1.000 de haber”. Reconocían, de hecho, que con la nueva fórmula le bajaban los ingresos a millones de personas. El fiscal De Vedia dictaminó que “la aplicación de un nuevo método de cálculo para determinar el porcentaje de aumento de las jubilaciones y pensiones, no puede, bajo ningún punto de vista, arrojar un incremento inferior al que se obtendría implementando la metodología de cómputo anterior”.

Un procurador a la medida de Macri

En octubre de 2016, De Vedia denunció a IECSA, por entonces aún en poder del primo presidencial Ángelo Calcaterra, por no pagar los aportes de sus empleados. La UFISES comprobó que, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, el primo de Macri se quedó con 8.653.861 pesos que eran descontados de los sueldos de los trabajadores pero no se realizaban los aportes. De Vedia descubrió a su vez que no había excusa para quedarse con esos aportes, ya que entre diciembre y enero de 2016 IECSA compró 9 vehículos de alta gama. Según consignó el portal Fiscales, “De Vedia señaló que este tipo de conductas generan serios perjuicios a los empleados y a su vez ponen en riesgo la sustentabilidad económica del Sistema de la Seguridad Nacional”. En su escrito, el fiscal explicó que “la falta del aporte genera un doble perjuicio, sobre el empleado que no va a contar con esos conceptos al momento de querer acceder a un beneficio jubilatorio y sobre el sistema de la seguridad social nacional que verá disminuidos sus recursos disponibles para otorgar cobertura previsional a los actuales y futuros beneficiarios”.

Otras de las denuncias contra los funcionarios macristas a cargo de la ANSES están relacionadas con su caja de herramientas más codiciada: el FGS, cuya cartera supera los 55.000 millones de dólares, con participación en empresas e inversiones productivas y financieras.

En mayo de 2017, De Vedia intervino en la causa donde se investiga la venta de acciones de Solvay Indupa SA, y dictaminó que el accionar de las autoridades de la ANSES generó un perjuicio de 1.168.502 dólares para los fondos de seguridad social. El monto surge de la diferencia en el valor de las acciones. El comprador fue Unipar Carbocloro, que ofreció pagar 3,47 pesos la acción el 27 de julio de 2016. El 5 de enero de 2017, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la operación anunciada 6 meses antes, manteniendo el precio. Sin embargo, en ese lapso las acciones pasaron a valer 3,73 pesos. La diferencia, dado el monto de las acciones, daba que la ANSES, al vender a un precio viejo, había perdido 1.168.502 dólares. Ese monto, calculó De Vedia, “equivale aproximadamente 6.813 jubilaciones mínimas”. Con un agregado: el fiscal también encontró que la empresa compradora, Unipar Carbocloro, fue vendida a Braskem, empresa controlada por Odebrecht. Estos datos se sumaron a una investigación iniciada tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, que también denunció otra operación por la cuál el FGS compró bonos en dólares de la provincia de Córdoba y por la venta de títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Toda esta investigación llevó a que el fiscal Jorge Di Lello imputara al ministro de Finanzas Luis Caputo y al titular de la Anses Basavilbaso, entre otros.

Los jubilados le prestan a los bancos

El último movimiento del fiscal De Vedia fue solicitarle a la Anses que publicara la información sobre el estado y evolución del FGS. Si bien en la web del FGS constan las actas de su Consejo y Comité Ejecutivo, se publican con un notorio retraso.

@arilijalad

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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