Denuncian a un funcionario clave de Bullrich por el caso Maldonado

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La ministra de Seguridad Sabina Frederic denunció a Pablo Noceti -jefe de gabinete de la ex ministra Bullrich- y a dos jefes de Gendarmería por su participación en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La presentación del Gobierno Nacional rompe con la doctrina del gatillo fácil y destruye la figura penal de la flagrancia para justificar la persecución de pueblos originarios y militantes sociales. Los próximos funcionarios de Bullrich en la mira: Gonzalo Cané y Daniel Barberis.

Tres años después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el Estado Nacional intentó reparar el daño a los familiares de la víctima y denunció al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y a los ex máximos jefes de la Gendarmería, Gerardo Otero y Ernesto Robino.

En su intervención, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic precisó que se basó en un sumario de la propia fuerza que pidió en enero de acuerdo a los lineamientos que le dio el Presidente Alberto Fernández para luchar contra “los sótanos de la democracia” y su correlato con las fuerzas de seguridad federales, la inteligencia ilegal y el abuso de funcionarios estatales en hechos de violencia institucional. 

De esta forma, la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado tomó un nuevo impulso –esta vez- desde el propio Poder Ejecutivo que motoriza la demanda contra Nocetti, funcionario de peso de la ex ministra Patricia Bullrich.

Noceti, la mano ultraderecha de Bullrich

El juez federal Sebastián Casanello deberá aclarar cuál fue la responsabilidad de Noceti en la muerte de Santiago. Mientras tanto, la causa judicial sigue en un limbo tortuoso que incluye a la Casación y la Cámara de Comodoro Rivadavia que designó de forma insólita al mismo juez que cerró el expediente, Gustavo Lleral. 

La familia Maldonado denunció el hecho ante organismos internacionales y exigió una investigación independiente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no garantizó.

La decisión del Gobierno Nacional rompe de cuajo con la doctrina del gatillo fácil y la defensa de Chocobar –epopeyas del escarnio protagonizadas por el dúo Macri&Bullrich- y destruye la figura penal de la flagrancia para justificar la persecución de pueblos originarios y militantes sociales.

La denuncia

La demanda se centró en una investigación que ordenó la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con el fin de “dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje del 1 de agosto de 2017, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Maldonado”. 

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Según esas actuaciones que comenzaron hace 7 meses, se llegó a la conclusión de que hubo orden judicial de “intimar” a quienes estaban sobre la Ruta Nacional 40 para que cesaran de “impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular” y que debía hacérseles saber que “siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad”. 

«Noceti me dijo que estaba a cargo»

Algo que nunca sucedió ya que los jefes de los escuadrones de la zona se fueron de la escena del hecho y dejaron a sus subalternos a cargo. Se trata de los jefes regionales Diego Balari y Fabián Méndez, entre otros, señalados por la conducción actual de Gendarmería al igual que sus superiores jerárquicos. 

Según dijo Balari, el 31 de julio Noceti se había reunido con los jefes de fuerzas de seguridad federales y provinciales de Río Negro y Chubut y ordenó “neutralizar el accionar de lo que él mismo consideraba ‘un grupo terrorista’ como ‘Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)». 

Se refería al grupo mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen liderada por el lonko Facundo Jones Huala –actualmente preso en Chile-.  

A pesar de la negación de la gestión macrista, Santiago participó en los cortes a la altura del kilómetro 1848 de la Ruta Nacional 40 para reclamar por la libertad de Jones Huala. En ese contexto se completó la ideación del enemigo interno y Noceti diseñó la teoría de la flagrancia por fuera del régimen legal de la Gendarmería que ya tenía un protocolo desde 2011 realizado por la ex ministra Nilda Garré. Es decir que Noceti inventó un protocolo para reprimir la protesta social con el aval de su jefa Bullrich. 

Durante aquella reunión en Bariloche, Noceti habría ordenado intervenir para restaurar la circulación en las rutas  “por estar en presencia de un delito de flagrancia” y “luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial”. 

O sea: sin orden de un juez.

La ministra Frederic definió el mecanismo como “improcedente e ilegal”.

La figura penal se agrava por la condición de ex funcionario público de Noceti, que estuvo en la zona antes, durante y después del hecho. Por eso, los gendarmes le pedían “una unidad móvil”, pero Noceti insistió en que debían actuar como sea. 

“La desatención de las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, quienes le indicaban que para el despeje debía emplearse la unidad móvil especializada para esos operativos y no a personal no entrenado”, indicó la denuncia. 

Todo se desencadenó en tragedia ese 1 de agosto de 2017 luego de las 11:32 de la mañana, cuando “personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el doctor Pablo Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza llegaron para despejar el lugar”.

Esa orden ilegal de actuar bajo la figura penal de la flagrancia, “motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta”. La denuncia afirma que “se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo”.

Los responsables eran Balari y Méndez: ambos ausentes en la Pu Lof Cushamen.

“Eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”, remarcó la demanda penal. 

Una gendarme complica a Noceti

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando escapaba de los gendarmes y apareció muerto en el río Chubut el 17 de octubre: 78 días después. Su cuerpo fue hallado por buzos de la Prefectura Naval y el juez Gustavo Lleral determinó no solo el cierre de la causa, sino que Santiago murió ahogado en el mismo sitio donde fue hallado su cuerpo. Eso ayudó al escarnio de la familia Maldonado por parte de los medios dominantes que fueron cómplices de la narrativa de Noceti. 

Claro que Lleral no reconstruyó la escena total del hecho y tampoco tuvo en cuenta la brutal represión de la que fue víctima Santiago junto a los mapuches. 

Lo que vendrá

Hay dos personajes de la anterior gestión en el Ministerio de Seguridad que van a tener que responder varias preguntas. Se trata de Gonzalo Cané y Daniel Barberis. Éste último –con antecedentes penales por secuestro y condena cumplida en el penal de Villa Devoto- oficiaba de instructor del sumario interno de Gendarmería. En sus palabras la ministra Frederic se refirió a hechos de “apremios ilegales” en el marco de la construcción de la narrativa de Bullrich y Noceti. Dicho esto, Barberis debería dar explicaciones ante el juez Sebastián Casanello por los interrogatorios que grabó con vocación de falso detective. Aunque eso no sería lo peor: tal como adelanté en la nota del pasado lunes 27 de julio, un grupo de gendarmes está dispuesto a contar la verdad sobre lo que pasó con Santiago Maldonado en Chubut.

Eso traería las peores pesadillas para Noceti. No es el único: Bullrich padece del mismo mal del sueño.- 

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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