El despido secreto de Biscay

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El acta parlamentaria que usó Mauricio Macri para remover a Pedro Biscay como director del Banco Central es secreta y el Gobierno no quiere que se conozca su contenido. Nuestras Voces accedió al pedido para que ni siquiera Biscay pueda ver el dictamen que determinó su remoción. El único argumento que el Gobierno dio a conocer fue que las declaraciones públicas de Biscay como director del Banco Central ponían en riesgo al sistema financiero. El ex funcionario alertó que las decisiones del Gobierno ejecutadas por Sturzenegger y su equipo atentaban contra el empleo y el desarrollo económico con equidad social, finalidad del organismo.

Pedro Biscay fue removido de su cargo como director del Banco Central el 27 de julio pasado vía el decreto 571 firmado por el presidente Mauricio Macri. La movida fue rápida. El día anterior una comisión parlamentaria aconsejó que correspondía su remoción y en menos de 24 horas ya estaba redactado y firmado el decreto para expulsar del directorio del Banco Central a la única voz no oficialista. Voz y voto en absoluta soledad.

El dictamen secreto de la comisión parlamentaria era un paso legal indispensable para removerlo. Sin embargo, su contenido permanece oculto. El único que accedió a él es el propio Macri, que lo cita en los considerandos del decreto para remover a Biscay. Pero las razones que llevaron a ese dictamen, si es que las hubo, permanecen veladas.

No se lo muestren a nadie

El dictamen secreto que sentenció la salida de Biscay del Banco Central fue firmado el 26 de julio, mientras todas las cámaras apuntaban a la maratónica sesión en Diputados en la que se trataba la separación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Con un antecedente fallido siete días antes, el oficialismo aprovechó la distracción y avanzó en su cruzada contra Biscay.

Según el decreto que determinó la remoción de Biscay, la Comisión resolvió por mayoría. “Ha concluido expresando que las actitudes del mencionado Director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del BANCO CENTRAL y los objetivos constitucionales del mismo, lo que configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”, afirmó Macri en su decreto. El dictamen y la versión taquigráfica de esa reunión son, sin embargo, secretos.

Esta comisión era integrada por: el presidente de la Cámara de Senadores, en este caso Federico Pinedo; los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la Cámara de Senadores, Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Aguilar, respectivamente; y los diputados al frente de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo. En términos partidarios, el Gobierno contó con tres miembros (Pinedo, Laspina y Amadeo) frente a Aguilar y Abal Medina. El dictamen tuvo esa mayoría, tres a dos.

El 19 de julio, mucho antes de que la comisión emitiera su dictamen, Biscay recusó a Pinedo ya que el senador es el denunciante en la causa Dólar Futuro, por la que el ahora ex director del Banco Central fue procesado y va camino a juicio oral. Un juicio donde serán acusados los únicos que no tuvieron ningún beneficio por el dólar futuro. La recusación no prosperó, pese a que legalmente nadie puede fallar sobre otra persona a la que a su vez denunció, ya que no será imparcial. El mismo día los abogados de Biscay presentaron una nota al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunciando que Biscay no tuvo derecho a defensa y ellos no pudieron ejercer su rol de abogados.

Biscay solicitó una medida cautelar antes de su remoción, cuando ya el Gobierno y sus operadores mediáticos difundieron la versión de que sería apartado del cargo. Cuando la operación se concretó, insistió con las acciones judiciales y pidió acceder al dictamen parlamentario que aún permanece secreto. El pedido es sencillo: saber cuales fueron las supuestas pruebas en las que se basaron los senadores y diputados macristas para recomendar su remoción. Hasta ahora, el único argumento que esgrimió el Gobierno es que las declaraciones públicas de Biscay como director del Banco Central ponían en riesgo al sistema financiero.

El secreto de ese dictamen es cuidado con celo. El 14 de agosto la jueza subrogante Macarena Marra Giménez, a cargo de resolver la cautelar que interpuso Biscay, decidió que le trasladaran al ex director del Banco Central toda la documentación del expediente. Los abogados de la Cámara de Senadores Juan Carlos Salerni y Graciela Mazalán entendieron que incluía el sobre cerrado con el dictamen de la comisión parlamentaria y presentaron un escrito para impedirlo. El 22 de agosto la jueza Marra Giménez les dio la razón, adujo que era una confusión producto de cuestiones de “estilo” y rectificó su decisión, permitiéndole a Biscay acceder a toda la documentación menos la reservada. Todo menos el dictamen de la comisión parlamentaria.

Marra Gimenez es una jueza subrogante que tiene en sus manos una cuestión central para Macri: la posibilidad de convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal con la creación de una Inspección General de Justicia porteña que relaje controles para las compañias off-shore. Este es un viejo proyecto de Macri cuando era jefe de Gobierno, frenado en su momento por la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó, cuya judicialización sigue al día de hoy. Su destino está en manos de Marra Gimenez, que es jueza subrogante y está concursando su cargo, algo que dependerá del Poder Ejecutivo. En el concurso para su cargo quedó en el puesto 11 en el orden de mérito. Este orden se puede impugnar, y en este caso resolverán los Consejeros de la Magistratura Jorge Candis y Gustavo Valdés, el primero académico y el segundo diputado de Cambiemos.

Favor con favor se paga

¿Secreto, confidencial y reservado?

En el escrito al que accedió Nuestras Voces los abogados enviados por el oficialismo plantean que “la documentación acompañada en sobre cerrado (el dictamen) es confidencial y la actuación de la Comisión Bicameral es secreta y reservada conforme lo establece la Carta Orgánica del BCRA y el Reglamento, es decir que la misma no es de acceso público ni siquiera para el actor”. Lo cierto es que el secreto es una decisión de la Comisión parlamentaria. La Carta Orgánica del Banco Central no establece en ningún momento el secreto y la reserva de esta Comisión.  

Los abogados del Senado, Salerni y Mazalán, sostienen en el expediente judicial que “el reglamento interno de la Comisión indica que la actuación de la comisión se sustanciará sin sujeción a rigorismo formal alguno y que las actuaciones tendrán el carácter de reservadas”. El propio Federico Pinedo, que presidió la Comisión, el día después de dictaminar a favor de su remoción le respondió en una nota a Biscay que la reserva estaba dispuesta por el reglamento de la misma. Pinedo no accedió a una entrevista para esta nota. Ante la consulta de Nuestras Voces de acceder al reglamento de la Comisión, desde el despacho del senador respondieron que estaba en la web del Senado, pero allí no figura. Alegaron, de nuevo, que la reserva figura en la Carta Orgánica del Banco Central. Tampoco.

Uno de los miembros oficialistas de la comisión, que solicitó no ser mencionado, reconoció a Nuestras Voces que la reserva era “durante” la sesión de la comisión y que el dictamen y la versión taquigráfica del caso Biscay deberían ser de libre acceso público. El senador Juan Manuel Abal Medina, otros de los integrantes de la comisión, pidió sin éxito los documentos.

Ninguna duda cabe con relación a la confidencialidad y reserva de la documental oportunamente adunada, la cual no sólo se funda en cuestiones reglamentarias sino además por estar en juego razones de interés público basadas en la necesidad de preservar la estabilidad financiera”, insisten en su escrito. Esto contradice la propia versión del oficialismo, que argumentó públicamente que el dictamen se basa en declaraciones mediáticas de Biscay. Si así fuera no habría nada que ocultar, ya que se trata, valga la redundancia, de opiniones expresadas en los medios que son de libre acceso para cualquiera. Esto renueva las sospechas sobre el contenido del dictamen.

Finalmente y aún a riesgo de resultar reiterativos, insistimos en que las versiones taquigráficas acompañadas en sobre cerrado son confidenciales y fueron remitidas al Juzgado al sólo efecto que V.S. pudiera consultarlas; y no para que sean de público acceso o deba cursarse una notificación con ellas”, repiten los abogados. Ni siquiera quieren que se sepa qué dijo cada uno de los miembros de la comisión que determinó la remoción de Biscay.

La trampa de las LEBACs

El Decreto Biscay

Lo poco que se sabe del contenido de ese dictamen secreto lo revela el decreto por el que Macri removió a Biscay. Allí cita: “Las declaraciones públicas hechas por un director del Banco Central, no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable. Tampoco se adecúan al deber de generar previsibilidad y confianza en las políticas del Banco Central, sino que por el contrario van en sentido inverso a dichas políticas, impactando por lo tanto negativamente en los efectos que dichas políticas buscan generar”. En criollo, Biscay no tenía que expresar sus disidencias con la política monetaria, pese a que no existe ninguna norma que lo impida. Las posturas de Biscay quedaron plasmadas en las actas del Directorio del Banco Central, pero también son secretas.

Según Macri, las opiniones públicas de Biscay ponen en riesgo “la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas (…) configurando un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”. También insistió en que el Banco Central debe expresar “las políticas que implementa a través de las decisiones de su Directorio como cuerpo, comunicándolas por medio de su Presidente”. Lo curioso es que otros directivos del Banco Central, como su vicepresidente Lucas Llach, también expresan sus opiniones públicamente y no fueron sancionados. La respuesta es sencilla: Llach opina lo mismo que el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, y que Macri.

Según Macri “existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica” por parte de Biscay. Lo notable es que todos esos elementos son secretos. El decreto fue publicado el 27 de julio con las firmas de Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Esta intención de que Biscay usara un bozal mediático va a contramano de lo que sucede en muchos Bancos Centrales del mundo y de las recomendaciones de transparencia de organismos multilaterales. En el expediente iniciado por Biscay hay un documento que muestra ejemplos de políticas de transparencia y divulgación de los Banco Centrales y el Fondo Monetario Internacional, mediciones econométricas del impacto favorable de la adopción de políticas de transparencia institucional y ejemplos de las estrategias comunicaciones de los principales bancos centrales del mundo y de casos en los que miembros de sus directorios expresan sus opiniones a la prensa. Uno de los casos es el de la Reserva Federal de Estados Unidos, corazón del sistema financiero mundial. En este caso, a diferencia del Banco Central argentino, se publican no sólo las actas de directorio sino también los votos disidentes (como los de Biscay, en este caso) e incluso los borradores para que cualquier persona pueda observar los cambios durante la discusión de un determinado tema. Si la opinión de un miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos no pone en riesgo la estabilidad financiera, ¿como podría hacerlo la de un director del Banco Central argentino? Los abogados de Biscay anexaron otros ejemplos de transparencia de los bancos centrales de Inglaterra, Japón, Colombia, Chile y Uruguay.

El caso de Biscay tiene sobrados elementos de persecución ideológica. El propio decreto 571 firmado por Macri para removerlo del cargo lo revela. En los considerandos, el decreto informa que el 4 de julio pasado Macri pidió el consejo de la Comisión del Congreso “debido a las diversas manifestaciones” de Biscay. O sea, debido a sus opiniones. La excusa fue el artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que se puede remover a un director del Banco Central “cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, con el “previo consejo” de una Comisión parlamentaria.

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En comisión

El directorio del Banco Central lo integran un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Son designados por el Presidente en acuerdo con el Senado y el cargo dura 6 años con posibilidad de renovación.

Biscay fue designado como director en comisión del Banco Central el 2 de octubre de 2014. Al día siguiente fue nombrado también Vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, cargo que estaba vacante. El estatus en comisión dura hasta la ratificación del Senado, que en el caso de Biscay quedó plasmado en el Acuerdo N°100 del 17 de diciembre de 2014. Su pliego fue aprobado por 44 votos a favor y 17 en contra, entre ellos el de la entonces senadora Gabriela Michetti. A los cinco días fue designado definitivamente como Director en el Banco Central. Su mandato duraba hasta el 2019, un poco menos de 6 años por una dinámica de rotación de sillas propia del banco.

Hasta su remoción, Biscay era uno de los dos miembros del directorio del Banco Central con designación aprobada por el Senado. El otro es su presidente, Federico Sturzenegger, que mientras comanda la política monetaria argentina guarda el 70 por ciento de su patrimonio en Estados Unidos. El vicepresidente de la entidad Lucas Llach y los directores Demián Reidel, Pablo Curat, Francisco Gismondi, Horacio Liendo (hijo), Enrique Szewach y Fabian Zampone están designados en comisión, sin acuerdo del Senado. En el caso de Szewach porque es quien ocupó el lugar de Biscay. El resto, llevan más de un año y medio con designación sin pasar por el Congreso. Aún restan nombrar dos directores para completar la conducción del banco, otro eje actual de negociaciones en el Senado.

Mientras a Biscay lo echaron por sus opiniones, el caso Llach, vicepresidente de la entidad, fue pasado por alto. La Carta Orgánica del Banco Central establece que no podrán integrar su directorio “los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación”. Según su declaración jurada, al momento de asumir y hasta finales de 2016 Llach tenía acciones del Banco Galicia. Pero nadie reparó en ese detalle.

Malas opiniones

Como marco para quitar a Biscay del medio, el decreto de Macri revela que el Banco Central le envió a Macri y éste a la comisión parlamentaria un informe sobre una reunión entre Sturzenegger, Biscay y el Gerente Principal de Comunicación del banco “durante 2016”, sin especificar fecha. El decreto cita parte de ese informe: “En dicha reunión se expuso sobre la necesidad de ajustarse a las pautas de comunicación para lograr cumplir con un adecuado mensaje a la población, tema central para los objetivos del BCRA. En ese sentido, se aclaró y destacó la importancia de no formular declaraciones sobre temas técnico/coyunturales que se encuentran en tratamiento por parte de los órganos internos del banco, así como otros de importancia institucional que pueden resultar un mensaje erróneo o incorrecto a la sociedad y al sector específico que conforman las entidades financieras reguladas por esta entidad. En ese mismo encuentro se le ofreció todo el soporte profesional de esta gerencia, no habiendo recurrido a tal ofrecimiento”. El mensaje es claro: “ajustarse a las pautas de comunicación”, “un adecuado mensaje”, “un mensaje erróneo o incorrecto”. En síntesis, no opinar públicamente y, menos aún, criticando aspectos de la política monetaria.

Muchas de las opiniones de Biscay se enmarcan en lo que la propia Carta Orgánica del Banco Central establece entre sus objetivos: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, dice su artículo 3. Biscay alertó públicamente que las decisiones del Gobierno ejecutadas (sin la tan mentada independencia del Banco Central) por Sturzenegger y su equipo atentaban contra, por ejemplo, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, finalidad del organismo.

Biscay escribió uno de los capítulos del libro “Plan Macri”. El título de su texto fue “Las reformas regresivas del Banco Central”. Allí desgranó el plan de desregulación financiera ejecutado por Macri y Sturzenegger y advirtió que “las consecuencias sociales de este proyecto generan exclusión e implican disciplinar salarialmente a los sectores trabajadores”. Es decir, recortan uno de los objetivos del Banco Central, que es el desarrollo económico con equidad social.

En este texto, Biscay expone el par indisoluble de política económica-política represiva. “Ninguna de las medidas que se van adoptando en el plano económico, fiscal y monetario pueden analizarse de forma escindida del creciente aumento de la criminalización de la protesta social cuyo único propósito es hacer desaparecer cualquier expresión de resistencia social. En el mediano plazo, la criminalización de la protesta dará lugar a la criminalización de la pobreza, tal como sucedió durante los años noventa. Las estadísticas de procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad demuestran que este proceso ya está en marcha. La persecución y encarcelamiento político de la dirigente Milagro Sala, cuya detención ilegal fue observada por las Naciones Unidas también dan cuenta de ello y nos obligan a reclamar su inmediata libertad en todos los ámbitos públicos e institucionales”. Biscay llegó a plantear en una reunión de directorio del Banco Central que debían pronunciarse sobre la detención irregular de Milagro Sala. Los jóvenes recién aterrizados desde Wall Street lo miraron incrédulos.

Cambiemos es en su esencia más profunda una alianza de clase entre la argentina agropecuaria, el capital financiero y las empresas multinacionales. En este proyecto el BCRA es un instrumento esencial”, resumió en su artículo, donde también destacó el rol fundamental del monopolio discursivo desde las corporaciones de medios.

@arilijalad

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