Dos funcionarios de Macri denunciados por amenazar a los Metrodelegados

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Los aprietes del ministerio de Trabajo a los Metrodelegados llegaron a la Justicia. Lucas Fernández Aparicio, secretario de Atención al Ciudadana, y Adolfo Alberto Saglio Zamudio, Director de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, fueron denunciados por delitos contra la libertad de trabajo y asociación; por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y por amenazas coactivas. Se los acusa de liderar el hostigamiento para “impedir por todos los medios el funcionamiento del sindicato de simple inscripción”.

A la izquierda, Lucas Fernández Aparicio

“Segovia, ¿cómo salimos de esto? Se vienen las cosas difíciles para ustedes. Vamos por ustedes, les vamos a intervenir el sindicato”, advirtió el funcionario en una comunicación telefónica a Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), en pos de “quebrarlo” para que amaine el conflicto sindical bajo tierra y firme un magro 15% de recomposición salarial con la empresa Metrovías, concesionaria del servicio. Según la denuncia penal que radicaron ayer los metrodelegados, quien espetó la amenaza fue Lucas Fernández Aparicio, actual secretario de Atención al Ciudadana y Servicios Federales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Aquel llamado fue el “anuncio” de una persecución contra del gremio que comenzaría a desarrollarse apenas se cortó aquel diálogo, en abril pasado, e incluyó sanciones a afiliados por parte de la compañía; una resolución que restringió los derechos de AGTSyP; y hasta 16 detenciones en el marco de la represión de una protesta que realizaron los trabajadores del subte en la línea H, el 22 de mayo pasado.

Ante este escenario, el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, denunció este martes al mentado Fernández Aparicio y a Adolfo Alberto Saglio Zamudio, Director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, por la comisión de delitos contra la libertad de trabajo y asociación; por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y por amenazas coactivas. Se los acusa de liderar el hostigamiento para “impedir por todos los medios el funcionamiento del sindicato de simple inscripción”. La presentación tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 16 a cargo de Mariano Iturralde. La fiscal del caso es Paula Asaro.

El escuadrón antihuelgas

“Decidimos ir a fondo con la denuncia penal porque en este Gobierno quienes violan la ley son premiados. Hay que dejar en evidencia la actitud de estos personajes oscuros que en vez de ayudar a mejorar las condiciones laborales se transforman en instrumentos al servicio de las patronales sin ningún tipo de escrúpulo. Recurrimos a esta denuncia para poner blanco sobre negro”, explicó Pianelli a Nuestras Voces.

El articulador

De acuerdo a los metrodelegados, Fernández Aparicio, a pesar de no tener las funciones correspondientes, actuó como “coordinador” de esta maniobra “destinada a perjudicar directamente a un sindicato legalmente constituido” y buscó “coaccionar a los trabajadores del subterráneo para que se desafilien”.

“Es clave el rol de este funcionario en lo relacionado a la coacción que se ejerce para que los trabajadores del subte abandonen la AGTSyP y para que ésta deje de existir como tal”, señalaron los denunciantes.

A su vez, aseguraron que fue quien “ha mantenido reuniones y coordinado toda la acción con empleados de Metrovías, Gobierno de la Ciudad, Gobierno Nacional, etc.” para articular la avanzada.

La concesionaria, por ejemplo, inició un proceso judicial de exclusión de tutela sindical en el fuero laboral de tres gremialistas de AGTSyP a pedido del Ejecutivo que, de avanzar, podría desembocar en despidos.

Esto se suma al operativo represivo que ejecutó la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad, el 22 de mayo, que culminó con Segovia y otros 15 sindicalistas presos en el marco de una huelga; a una inspección sorpresiva en el gremio por parte de la Dirección de Protección del Trabajo, el 30 de mayo; a una insólita resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación –firmada por Saglio Zamudio- que buscó impedir a los afiliados aportar su cuota al AGTSyP a través del sistema de débito bancario, del 31 de mayo; y a una resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales restringiendo los derechos del sindicato, que tiene un conflicto abierto con la UTA.

Según la denuncia “Aparicio se reunió con representantes del área de Relaciones Laborales de Metrovías, reuniones en las cuales les indicó los pasos que debían llevar adelante para cumplir con la finalidad de perjudicar a AGTSyP”. Tras aquel episodio, Metrovías presentó un escrito ante el Ministerio de Trabajo “en un expediente del año 2013 que se encontraba desactivado, y la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió una resolución, con fecha 29 de mayo, restringiendo nuevamente las funciones de AGTSyP y vulnerando la libertad sindical de los afiliados”.

Tarifazo al subte: “El transporte es un derecho, no una mercancía”

La AGTSyP nació en 2008 y rivaliza con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la representación de los empleados del subte. El actual conflicto, que mostró a un Gobierno pasar de la negociación tensa al choque directo, coincide con la inminente licitación de la operación del servicio de subtes.

Antecedentes

El desempeño de Fernández Aparicio no debiera sorprender. “Es un especialista en romper”, asegura un gremialista que supo tratar con él y prefiere el anonimato.

Antes de recalar en la cartera que conduce Jorge Triaca integró la Comisión Directiva de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y fue director de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte de la Nación. Según escribió el propio funcionario en Linkedin, allí llegó con el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, y tuvo en sus manos “la gestión de la relación con el sindicalismo del transporte”. Abandonó el cargo en abril de 2017.

Su paso por el ministerio que administra Guillermo Dietrich no pasó desapercibido. Fernández Aparicio “tuvo especial actuación en los conflictos del sector, en particular en los referidos a la empresa ‘Aerolíneas Argentinas’, interfiriendo en la negociación, entre otras formas interviniendo la ‘Federación Argentina de Personal Aeronáutico’ (FAPA)”, se recordó en la denuncia de los metrodelegados.

Como representante de la cartera de Transporte actuó en un conflicto de LAN y luego en la paritaria de Aerolíneas Argentinas que terminó provocando la salida de Isela Costantini, quien estaba a cargo de la gestión de la firma de bandera. “La paritaria en la que se acusó a Costantini de ser permisiva con los gremios fue llevada adelante por Aparicio”, explicaron fuentes del sector.

Desde arriba no se ve

Durante aquella negociación, según coinciden los consultados, el funcionario se abocó a romper la unidad gremial. De los seis gremios aeronáuticos sólo logró acercar al Ejecutivo a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

También es recordado por su paso “en el sector ferroviario debido a su actuación en la empresa Ferrobaires” y a la intervención de la “Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos” (APDFA)”, se agregó en la acusación.

Su paso por Ferrobaires se remonta a mayo de 2017. Fue el administrador general de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, empresa que operaba toda la red ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñó 5 meses en el cargo. En octubre pasado desembarcó en el ministerio de Trabajo. Su primer puesto fue el de subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social. En marzo daría el nuevo salto a su función actual.

Lo curioso de Fernández Aparicio es que a pesar del cambio de cartera siempre estuvo relacionado en su quehacer a los gremios del Transporte. Y con una característica que no resalta en su CV pero sí en la denuncia de los metrodelegados: “Tiene una especial expertise que pone a disposición para limitar el derecho de asociación y la libertad sindical”.

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