Dos gerentes de Ford condenados por secuestro y torturas

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En una sentencia histórica dos gerentes de la empresa Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilla, fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Colaboraron con un grupo de represores que se instaló en la fábrica de Pacheco, secuestró y torturó a trabajadores. También fue condenado un ex militar. La complicidad cívico-militar expuesta y la posibilidad de enjuiciar a la automotriz que se abre.

Fotos: Télam

Pasaron más de 42 años pero, finalmente, los trabajadores de la Ford Motor secuestrados y torturados durante la última dictadura cívico-militar lograron Justicia. El martes 11 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín en un fallo histórico condenó a Pedro Müller y Héctor Sibilla, dos gerentes de la multinacional, a 10 y 12 años de prisión respectivamente, por delitos de lesa humanidad. También consideró responsable de los crímenes al represor Santiago Omar Riveros, a quien dictó una pena de 15 años de cárcel.

Se trata de una sentencia emblemática en la materia: para la Justicia quedó acreditado que los grupos empresarios, en este caso la automotriz multinacional, participaron en violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Tras este hito se abre un nuevo capítulo en esta historia: “Concluyó el juicio a dos directivos de los años ‘70. Los trabajadores y los abogados ahora pretendemos que quien rinda cuentas sea la compañía, para eso estudiaremos todas las posibilidades jurídicas para hacer un juicio contra la empresa, que nunca brindó explicaciones”, afirmó a Nuestras Voces el abogado querellante Tomás Ojea Quintana.

Tras evaluar la prueba que se volcó en el debate oral y público, los jueces  Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero consideraron a Müller y Sibilla  “partícipes necesarios de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas” en 15 oportunidades; “privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes” en 9 oportunidades; e “imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político” en 24 oportunidades.

A Riveros lo consignaron “coautor” de los crímenes mencionados y le sumaron el delito “de allanamiento ilegal reiterado en cinco oportunidades”.

De acuerdo a lo dispuesto por el tribunal, los tres deberán cumplir sus penas en la cárcel. No obstante, hasta que la condena quede firme ordenaron “mantener el modo en que la misma se viene llevando a cabo respecto” a Riveros “y el estado de libertad” de Müller y Sibilla “para quienes subsistirán la prohibición de salida del país y la obligación de comparecencia mensual en los lugares en que se vienen presentando”.

Si bien las querellas habían pedido una pena de 25 años de prisión para los tres acusados, quedaron conformes con el veredicto.

Juicio Ford: secuestros y torturas que no quedarán impunes

“Esta condena es un hecho absolutamente histórico para el proceso de juzgamiento en nuestro país. No solo en términos de reparación para las victimas sino que implica mostrar la coordinación represiva entre empresarios y las fuerzas armadas que hizo posible muchos de los crímenes de lesa humanidad”, afirmó a este medio la abogada de los obreros, Elizabeth Gómez Alcorta, quien compartió la representación con Ojea Quintana. “Sentimos una profunda emoción. Es absolutamente reparador para estos trabajadores y sus familias.  Siendo ellos apenas un puñado dieron una pelea contra un gigante como es Ford y la ganaron”, añadió la letrada.

El próximo 15 de marzo, a las 18, se conocerán los fundamentos del veredicto, que es un punto de inflexión en materia de lesa humanidad. Sobre todo, teniendo en cuenta otros de juicios de estas características en que están involucradas diferentes compañías.

Los condenados

Müller era jefe de Manufactura y Sibilla jefe de Seguridad de la planta que Ford Motor tiene en General Pacheco. Ambos estaban acusados por el secuestro y la aplicación de tormentos de 24 obreros de aquella fábrica ubicada en Panamericana y la avenida Henry Ford (por la demora del proceso, 12 de ellos no llegaron a presenciar este fallo paradigmático). El primero, según se reconstruyó en la causa, era una de las autoridades de la firma. El segundo, un militar retirado que nunca perdió sus contactos, quien controlaba todo lo que entraba o salía del predio. Son los únicos dos civiles de la línea gerencial de la empresa que llegaron a esta etapa del proceso con vida. Otros responsables murieron en la impunidad como Nicolás Courard, ex presidente de la firma, y Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales, quien en un principio había sido apuntado en el proceso.

Riveros, por su parte, era quien estaba cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. A su vez, era jefe de la Zona de Defensa IV. Otros militares como Antonio Francisco Molinari, quien interrogó a la mayoría de las víctima , y quien se entrevistó en reiteradas oportunidades en Campo de Mayo con las esposas de ellos, no llegó a ser juzgado por la demora de los juicios: falleció.

A los tres acusados que llegaron al debate oral y público se les adjudicó el secuestro y las torturas de dos docenas de trabajadores, la gran mayoría con activismo sindical. Todos cumplían funciones en la planta ubicada en la localidad de General Pacheco, a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes.  Diecisiete de ellos habían sido secuestrados en su puesto de trabajo y todos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados.

De presos políticos y genocidas sueltos

Los trabajadores luego fueron llevados a diferentes lugares de detención como las Comisarías de Maschwitz y de Tigre (en esta última se encontraban muchos delegados sindicales de las empresas de zona norte). Permanecieron un tiempo secuestrados en calidad de detenidos-desaparecidos y posteriormente fueron blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El circuito se cerró con sus trasladados a diferentes unidades del Servicio Penitenciario Federal.

El rol de Ford

Según se pudo probar durante la investigación, los directivos de la fábrica de General Pacheco de Ford confeccionaron listas negras –que incluyeron fotos y legajos- para “marcar” a quienes debían ser secuestrados. La inmensa mayoría era activista sindical. Desde la empresa buscaban “barrer” cualquier obstáculo a los cambios de sus políticas productivas. No fue casualidad que el mismo 24 de marzo de 1976 desde la empresa se anunciara que “quedaban suspendidas las actividades gremiales”. Las capturas de los trabajadores se realizaron por áreas de la planta, en lo que evidencia una lógica operativa. Incluso, la automotriz facilitó vehículos para los “traslados” y hasta alimentó a los militares. En una muestra de cinismo llegó a enviar telegramas por “faltar sin aviso” a los obreros mientras estaban secuestrados.

Los quinchos que había en el predio funcionaron como centro clandestino de detención. Se trató de una particularidad de este caso emblemático: la mecánica de desaparición, secuestro y aplicación de torturas se ejecutó en el mismo lugar de trabajo.

“Habiendo quedado absolutamente acreditado en el juicio penal, donde las exigencias de prueba son más estrictas que en otro tipo de proceso, que Ford fue cómplice, ahora la empresa debe rendir cuentas”, señaló Ojea Quintana.

La violación de desaparecidas, delito de lesa humanidad

“Estudiaremos todas las posibilidades jurídicas para hacer un juicio contra la automotriz que nunca brindó explicaciones”, agregó el representante de los trabajadores. Ante la consulta de este medio, indicó que el reclamo “podría ser civil o laboral. Podría ser en esta jurisdicción o en los Estados Unidos, ya que la casa matriz de la firma está en Norteamérica”.

Si bien en la Argentina no hay antecedentes de un pleito similar sí existen en otros países, como en Estados Unidos, por el Apartheid.

Sentencia emblemática

“El fallo de la causa Ford implica un enorme avance en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Es la primera vez que se establece en una sentencia judicial la responsabilidad de altos directivos de una empresa multinacional en crímenes de lesa humanidad en nuestro país”, valoró Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.

Iud recordó que en 2016 estuvo la condena al empresario Marcos Levin, de la Veloz del Norte, por su complicidad con el genocidio (que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal por lo que los organismos esperan ahora que la Corte tome cartas en el asunto). “Este es el siguiente juicio en el que se consiguió determinar esa responsabilidad de directivos de una compañía. Lo que diferencia este caso del de la Veloz del Norte es que justamente se trata de una multinacional y que de acuerdo a la investigación que hicieron diversos organismos tanto de Derechos Humanos como estatales, que durante la gestión anterior se abocaron a estudiar la cuestión de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, se pudo establecer la relación entre la desaparición de los trabajadores de la empresa y un aumento de la productividad en la fábrica. Es decir, se estableció algo que siempre fue proclamado por los trabajadores y organismos de DD.HH.: que la dictadura también tenía en miras establecer un modelo económico en perjuicio de los trabajadores. Este juicio permitió avanzar sobre eso”, señaló el abogado. Y destacó que el caso haya avanzado en medio de un contexto “en el que proliferan discursos negacionistas” respecto al plan sistemático de desaparición de personas que se estableció en el país entre 1976 y 1983.

Por su parte, Ojea Quintana, afirmó: “Este juicio vino a reconfirmar lo que la Conadep ya había dicho, que uno de los principales objetivos de la dictadura eran los trabajadores de base. En este caso, las víctimas eran delegados gremiales o tenían relación con ellos”. A su vez, agregó: “De acuerdo a la prueba recolectada, se confirmó en un tribunal de la democracia con garantías judiciales que los grupos económicos participaron en delitos de lesa humanidad. Se trata de un puntal para los casos que vienen”. Sin ir más lejos, una de las firmas que está involucrada en un proceso de similares características es otra automotriz: Mercedes Benz.

“Muchas víctimas de este caso declararon que vieron en la comisaría de Tigre en la que estuvieron detenidos-desaparecidos a delegados de Terrabusi y de Astarsa que nunca más aparecieron”, añadió el letrado.

Pedro Troiani, una de las víctimas de Ford que estuvo secuestrado en la comisaría de Tigre, aseguró a este cronista que aquella dependencia “estaba llena de delegados de las empresas de zona norte. Estábamos todos abarrotados. Delegados y activistas sindicales”, precisó.

“Hubo una alianza para quitar del medio a los trabajadores, una estrategia en común entre las fuerzas militares y los grupos económicos y ese patrón quedó confirmado en este juicio, lo que fuerza a que las investigaciones en curso sobre el tema, avancen”, concluyó Ojea Quintana.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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