El caso Solano y los vínculos con el embajador de Macri en EE.UU.

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Daniel Solano, trabajador rural golondrina, desapareció en 2011 en Río Negro luego de protestar por sus derechos laborales y los de sus compañeros. El 20 de febrero comenzó el juicio para esclarecer su caso. La investigación desnuda un entramado de explotación y trata laboral que involucra a la multinacional ExpoFrut y a la empresa tercerizadora AgroCosecha. Macri, que ya premió a Luis Miguel Etchevehere con el cargo de ministro de Agroindustria y a Ramón Puerta como embajador en España –ambos vinculados a la explotación laboral rural–, designó en la embajada de Estados Unidos a Fernando Oris de Roa, vicepresidente de ExpoFrut. Toda una línea de conducta. Los detalles del caso. El rol de la Uatre.

Fernando Oris de Roa junto Donald Trump.

Daniel Francisco Solano era un joven de 27 años, perteneciente a la Comunidad Guaraní de Cherenta en Salta. Era un trabajador rural golondrina que desde 2010 viajaba a Río Negro para desempeñarse como cosechero de la multinacional ExpoFrut, contratado por una intermediaria de nombre AgroCosecha Argentina SRL. El 4 de noviembre de 2011, Solano osó reclamar ante sus patrones por la mala liquidación de su salario, con la promesa implícita de que podría organizar una medida de fuerza con el resto de sus compañeros de Gamela. El reclamo fue en las oficinas de AgroCosecha ante la presencia de algunos policías locales que hacían las veces de “custodia”. Al día siguiente, Daniel Solano fue desaparecido.

La investigación del caso, impulsada desde el primer momento por la familia de Daniel, oriunda de Tartagal (Salta), expuso un complejo entramado de explotación y trata de personas con fines laborales que contó con la complicidad del poder judicial y policial de Río Negro. La causa principal dio lugar a veinticinco causas conexas, entre asociación ilícita y trata de personas con fines laborales. La estructura de este esquema de explotación comienza (o termina) en la multinacional ExpoFrut, beneficiaria directa de los malos tratos hacia los trabajadores.

El presidente Mauricio Macri, suele premiar este tipo de conductas delictivas (trata laboral) con altos cargos en el Poder Ejecutivo, como es el caso del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere –investigado por la reducción a la servidumbre de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo– y el actual embajador en España, Ramón Puerta –investigado por la trata de personas a 40 tareferos en Misiones–, ambos denunciados en el libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (Acercándonos Ediciones, 2016) publicado por este periodista.

El esquema de captación de trabajadores detrás de la multinacional ExpoFrut se repite en los distintos casos de explotación laboral: una tercerizada capta a los peones golondrinas en el norte del país (Salta o Santiago del Estero), los trasladan, en este caso al valle de Río Negro, con promesas de un buen trabajo, alojamiento, o el pago de la comida, que terminan en promesas sobre el bidet. Por ejemplo, los trabajadores de ExpoFrut recibían como parte de pago bouchers que sólo podían canjearse en un comercio que tenía un arreglo con AgroCosecha, un esquema de explotación heredado de La Forestal y reeditado por Puerta y ExpoFrut.

Puerta fue nombrado embajador en España, mientras que el actual embajador en los Estados Unidos es Fernando Oris de Roa, ex vicepresidente de ExpoFrut, la empresa detrás del esquema de explotación denunciado tras la desaparición de Daniel Solano. Oris de Roa también fue directivo de otra multinacional, la exportadora San Miguel, investigada por la Justicia Federal de Tucumán por beneficiarse económicamente a partir de un esquema de explotación de trabajadores. Todo tiene que ver con todo.

Lo que se destaca no es una responsabilidad penal del actual embajador en Estados Unidos detrás de la desaparición de Solano –no está imputado ni mucho menos– sino la matriz de explotación avalada por la Alianza Cambiemos que “premia” con altos cargos a empresarios que integran estructuras de explotación laboral rural.

El embajador farmer

El juicio

“Daniel Solano y cientos de obreros norteños, captados por la empresa AgroCosecha SRL y traídos a Lamarque para ser tercerizados a la empresa ExpoFrut, fueron víctimas del accionar de una asociación delictiva que se apropiaba de gran parte de sus haberes laborales a través de una maniobra fraudulenta perfectamente ejecutada. El móvil del crimen lo constituía el hecho de impedir que haya un paro laboral y reclamos en disconformidad a lo percibido como sueldo del mes de octubre del año 2011 y, sobre todo, evitar que haya reclamos de restitución de los haberes apropiados”, sostuvo el abogado Sergio Heredia en su texto de elevación a juicio.

El juzgamiento por la desaparición y muerte de Daniel Solano comenzó el pasado 20 de febrero. Hasta el momento declararon 40 testigos de un total de 360 que fueron notificados. No todos los que habían sido convocados a dar su testimonio acudieron a la audiencia, lo que marca la pauta del miedo y las presiones que existen alrededor de este caso que desnuda un entramado de complicidades que se siente no solo en Río Negro sino también en Tartagal, donde viven muchos de los ex compañeros de trabajo de Daniel.

En las últimas audiencias, transcurridas entre el 19 y 22 de marzo, declaró una testigo en calidad de “protegida” por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a partir de la cual la querella logró probar un hecho por demás relevante: se identificó al policía que estaba en AgroCosecha al momento en que Daniel concurrió a cobrar su sueldo que a su vez estuvo en el boliche donde fue secuestrado, junto a los otros siete policías que forman parte de este juicio.

“La declaración de este testigo fue clave porque pudimos probar que el policía Tomás Vega estuvo en el lugar y en el mismo momento de la desaparición de Daniel. A su vez, este cabo era uno de los que hacía adicionales para AgroCosecha. Lo paradójico de todo es que el mismo policía, una vez desaparecido Daniel, formó parte de una comisión investigadora en una clara señal de encubrimiento”, sostuvo a Nuestras Voces el abogado querellante Leandro Aparicio.

El esquema de explotación se complementaba de la siguiente manera: a la hora de cobrar, los peones iban a una oficina de AgroCosecha –que luego de la desaparición de Daniel Solano cambió de razón social a Trabajo Argentino SA para seguir entregándole peones a la multinacional ExpoFrut en las mismas condiciones de explotación–, en el lugar había policías de la zona contratados por la intermediaria que no ahorraban en amedrentamientos si había algún trabajador que mostrara inconformidad, el sueldo que se les pagaba era menos al convenido y en el lugar también se hacían presentes los “bolicheros” para cobrarse, en el momento, las “deudas” por alimentos.

Daniel Solano fue testigo de todo eso y estaba dispuesto a llevar adelante una medida de fuerza junto a sus compañeros pero fue desaparecido.

“Los propietarios de AgroCosecha Argentina SRL (Adrián y Gustavo Lapenta y Pablo Mercado) se guardaban en sus bolsillos la plata que fue ganada legítimamente por los trabajadores con el sudor de su frente, utilizando para ello la complicidad de miembros de las fuerzas policiales provinciales para amedrentar, golpear, y producir temor en los propios trabajadores. A lo que se le debe sumar que esta asociación ilícita también realiza la conducta delictiva de trata de personas con fines laborales, tal como lo determinara correctamente el fiscal Bodrato. Tampoco tiene duda esta querella que esta asociación ilícita también tiene entre sus integrantes a personal de la empresa contratante, es decir, Univeg Fruit Argentina SA (ExpoFrut)”, sostuvo el abogado Heredia en su texto de elevación a juicio.

Los policías acusados son Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como presuntos coautores del delito de desaparición forzada de personas. También están acusados Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello como presuntos partícipes primarios y Héctor César Martínez como presunto partícipe secundario en el mismo delito. El cabo Vega fue reconocido durante el juicio y también se pedirá su imputación.

Los oficiales Berthe, Cuello, Quindel, Martínez, Barrera, Albarran y Bender estuvieron tres años detenidos en el marco de esta causa, procesados por el delito de lesa humanidad de desaparición forzada de persona, luego liberados y reincorporados a la policía de Río Negro.

Mientras se desarrolla el juicio, que comenzó el 20 de febrero por el cual ya pasaron 40 testigos claves, el cuerpo de Daniel es buscado en un jagüel de una Estancia ubicada en Choele Choel.

Causa judicial y escándalo por medio millón

Garantes de la impunidad

A esta altura cabe preguntarse cuál fue el rol de la Uatre, el gremio de los peones rurales conducido hasta el día de su muerte por Gerónimo “Momo” Venegas, junto al Renatre, también gestionado por Venegas. Si bien los peones que eran captados por AgroCosecha exhibían su libreta de trabajador rural, eso no quita que se realizarán las correspondientes fiscalizaciones. El esquema montado por Venegas, uno de los sindicalista predilecto de Macri –quizás por la empatía que sentía el Momo con las patronales explotadoras– implicaba la tercerización de la fiscalización a una empresa llamada Gregard SA, que en la práctica era la no fiscalización.

La querella denunció la participación del delegado gremial de la Uatre en la localidad de Chimpay, Miguel Herrera, en todo el entramado de captación de trabajadores y “descuentos” aplicados en sus recibos de sueldo. La hija del delegado de la Uatre, Gabriela Herrera, trabajó en AgroCosecha como personal administrativo bajo las órdenes de María Cecilia Constanzo, también asesora legal de las Delegaciones de Trabajo de Lamarque y Chimpay.

“La causa por trata laboral está totalmente frenada. En la zona la Uatre no tiene obra social ni nada para los peones que trabajan para ExpoFrut”, agregó el abogado Aparicio.

La desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano fue el 5 de noviembre de 2011. Desde mediados de 2010, tenía estado parlamentario en el Congreso la ley que creaba un nuevo estatuto del peón rural y un nuevo Registro de Trabajadores y Empleadores Rurales que le quitaba la potestad de fiscalización al Momo Venegas. Una de las claves de esa ley tenía que ver con el control hacia las empresas intermediarias, como el caso de Agrocosecha, a la vez que se dejaba explicitada la “responsabilidad solidaria” de las grandes empresas que utilizaban esquemas de tercerización en sus campos, como el caso de ExpoFrut (si la intermediaria cometía un delito, la empresa que la contrataba es penalmente responsable).

No fue hasta diciembre de 2011 que el Congreso pudo tratar la norma y convertirla en ley. Durante el año y medio previo, el llamado Grupo A –compuesto por el peronismo no kirchnerista y los diputados del PRO y el radicalismo que hoy forman la Alianza Cambiemos– cajoneó la iniciativa. Con la vigencia del Renatea a partir del 2012, el Estado nacional retomó su capacidad de fiscalización en los campos e inició un proceso de trabajo conjunto con la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Explotación laboral (Protex) para denunciar casos de trata en el sector rural. Pero con la llegada de Mauricio Macri todo volvió a foja cero. El trabajo realizado desde el Renatea fue desmontado y se le devolvió a la Uatre el manejo del registro. La impunidad fue consagrada.

Puerta fue designado Embajador en España, Etchevehere llegó al Ministerio de Agroindustria y el vicepresidente de ExpoFrut y gerente de exportadora San Miguel, ambas compañías vinculadas a la trata laboral en el sector rural, recayó en la embajada argentina en los Estados Unidos. Toda una línea de conducta por parte de Mauricio Macri.

@spremici

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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