El cuento chino de Morales

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El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, promociona al parque solar Cauchari como la gran promesa de desarrollo de Jujuy. Pero endeudó a la provincia en más de 500 millones de dólares, hipotecando por más de una década el fondo de coparticipación federal. La mayor parte de la deuda es con un banco chino y el endeudamiento se aprobó en una bochornosa sesión en la Legislatura provincial, sin los votos necesarios para la medida.

El Parque Solar Cauchari es presentado por Gerardo Morales como la gran promesa de desarrollo de Jujuy y como el más grande de América Latina. Además de ser falso -la mayor planta de la región está en México- para realizarlo, la provincia se endeudó al menos en 551,5 millones de dólares, comprometiendo como garantía los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos. El costo por MW de capacidad instalada en la puna jujeña es más del doble de lo que pagó la empresa italiana EGPM en el Estado de Coahuilay un 83 % más alto que los otros proyectos desarrollados en Argentina. “Los anuncios son puro humo y esconden un gran negociado”, aseguran quienes estudiaron el proyecto.

Para construir la planta de energía solar, el gobierno de Morales endeudó a la provincia por 331,5 millones de dólares con el Exim Bank de China a una tasa anual del 3% a cancelar en 15 años, con 5 de gracia. Además, tomaron 210 millones de dólares a través de los promocionados bonos verdes que se deberán cancelar en septiembre de 2020 a una tasa anual del 8,65%. A través del decreto 3423-HF/2017 se suscribió un crédito con el Banco Nación por 10 millones de dólares adicionales. Según el abogado Juan Giusti, además, la provincia deberá pagar al menos 50 millones de dólares a la Nación para la construcción de la Estación Transformadora (EETT) del Altiplano para enlazar Cauchari con el Sistema Interconectado Nacional de Energía Eléctrica. No se conocen los detalles de ese acuerdo.

Uno de los ejes del debate está planteado en relación a la legitimidad del endeudamiento. A través de la Ley 5949 la legislatura autorizó a la provincia a tomar créditos por 450 millones de dólares y por medio de la Ley 6019 aprobó la emisión de bonos por 92 millones. Sin embargo, esta última normativa contó con el voto a favor de 31 diputados según aseguraron en la sesión el propio presidente del bloque de la UCR, Alberto Bernis, y Carlos Amaya en ejercicio de la presidencia de la legislatura, cuando hubieran sido necesarios 32 para la aprobación. Además, la diputada peronista Alejandra Cejas, contabilizó 29 votos a favor. El pedido de votación nominal realizado por el diputado Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular –espacio político que conduce Milagro Sala—cayó en saco roto. De todas maneras, el artículo 81 de la Constitución de la Provincia de Jujuy establece que para aprobar leyes vinculadas con créditos públicos se requieren los dos tercios de la totalidad de los miembros. La Cámara de Diputados está integrada por 48 legisladores, de modo que se necesitaban 32 votos para la sanción de dicha normativa.

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Independientemente del avance que pueda tener el reclamo por la inconstitucionalidad de la deuda, otro de los ejes de la discusión gira en torno a los beneficios que traerá a la provincia la construcción de esta planta. “Según los técnicos del proyecto, Cauchari contará con una radiación de 2800 horas anuales. Si uno quisiera ser generoso y creerle al gobierno, Cauchari generaría con la venta del mega watt a 60 dólares, alrededor de 50,4 millones de dólares anuales. Sólo entre el crédito del Exim Bank y los bonos verdes se pagarán 28,1 millones de dólares de interés por año. Es decir, quedarían alrededor de 22,3 millones de los cuales se tienen que descontar los gastos operativos de mantenimiento, sueldos y transporte, entre otros conceptos. Para pagar el capital de los 551,5 millones de préstamo se necesitarían más de 24 años de funcionamiento de la planta. Los paneles solares tienen una vida útil de 20 años. Y todo esto, sin contar que de las ganancias, el 2% se debe distribuir entre las comunidades de pueblos originarios y el 20% corresponde a los socios chinos”, explicó Giusti.

Según el Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) “en materia de renovables intermitentes, la generación real es sensiblemente inferior a la capacidad instalada. La intermitencia y el factor de disponibilidad de este tipo de tecnologías harán que la planta jujeña genere electricidad equivalente a un 25% de su capacidad instalada”. En ese marco, desde OETEC calcularon en base a informes de la propia empresa que la planta generaría sólo 645 giga watts (GW). Con esa estimación, en lugar de los 51 millones de dólares que calculó Giusti, sólo se generarían por año 38,7 millones de dolares. Apenas 10 millones más que los intereses de la deuda. En una infografía realizada por el propio gobierno de Jujuy hablan de una generación de energía anual de 215 GW. Si se multiplica por las 3 plantas (Cauchari I, II y III), coincide con los cálculos de OETEC.

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Además de considerar a la energía solar como la más ineficiente de todas las renovables, a todos los gastos generados por la construcción de la planta, la diputada Cejas advirtió que Morales destinó a través del decreto 6987-ISPTyV/2018, poco menos que 188 millones de pesos (187.954.875, para ser exactos) del presupuesto provincial para el movimiento de suelos, encause de agua y otros trabajos para Cauchari. En el decreto, establece que de esos fondos, 8 millones están destinados a estudio, inspección y control de obras varias; 177 millones a adquisición, conservación y reparación de equipos y 2 millones a servicios de vigilancia, primas y gastos de seguro. “A través de esta decisión se dejaron de realizar un 30% de rutas que estaban previstas”, aseguró. Lo más llamativo de este decreto, sin embargo, es que autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad -con carácter excepcional y extraordinario y por el tiempo que dure la vigencia del contrato- a apartarse de lo normado por el Decreto 878-HF-2016 que establece los montos base y topes para las operaciones de compra, venta y contrataciones de obras públicas en la que interviene el Estado Provincial y del régimen de contrataciones vigente aplicable al Estado Provincial.  Esa normativa fija que se deben realizar licitaciones públicas para compras o ventas cuyos montos superen los 4,5 millones de pesos y en contrataciones de obras públicas cuyos montos superen los 8,5 millones; se autorizan licitaciones privadas para montos inferiores a los 4,5 millones de pesos y contrataciones de obras públicas inferiores a los 8 millones. Para contrataciones directas, los montos no pueden superar los 450 mil pesos y las contrataciones de obras públicas mediante esa modalidad no deben exceder el 1,5 millón de pesos. “Obviar el sistema de contratación pública es la principal causa de corrupción porque habilita a que se contrate en forma directa algo que debe ser mediante licitación pública”, aseguró Giusti.

Para el docente de la Universidad Nacional de Jujuy, José Del Frari, Cauchari “es un proyecto ambicioso que no tiene garantizado el éxito. La provincia queda como garante directo del fracaso con fondos coparticipables. Si el proyecto fracasa se deberá pagar con dinero que debería destinarse a educación, salud y salarios, entre otros conceptos. Y por otro lado el impacto ambiental no está claramente definido de modo que se podría perjudicar el estado natural de la zona de la que estamos hablando que es, casualmente, muy cercana a la que se quiere declarar como patrimonio de la humanidad”.

Otros proyectos a mitad del costo

La socióloga Belén Ennis, vicepresidenta de OETEC, señaló en un artículo que “a través de su filial mexicana, Enel Green Power México (EGPM), la firma italiana inició las obras en su planta solar fotovoltaica “Villanueva” de 754 MW, situada en Viesca, Estado de Coahuila. Villanueva es, a la fecha, la mayor instalación solar en construcción de toda América y el proyecto fotovoltaico más importante de Enel en todo el mundo. Villanueva requirió de un desembolso de 650 millones de dólares íntegramente provistos por Enel a través de su filial mexicana EGPM para una planta con 745 MW de potencia instalada. La construcción de Caucharí implicó endeudar a Jujuy en 540 millones de dólares para 300 MW. Es decir, el parque solar mexicano fue un 50% más barato y sin necesidad de endeudarse”. La planta se inauguró en marzo de este año y el artículo fue escrito previo a que se conocieran los 10 millones de dólares adicionales que se pidieron al Banco Nación. Esto significa que mientras por MW de capacidad instalada, EGPM pagó 860 mil dólares, Cauchari pagó 1,83 millones por unidad de potencia, más del doble.

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También se puede contraponer Cauchari con otros dos proyectos de parques solares en desarrollo. Uno ya prácticamente finalizado, en la provincia de La Rioja. Con una capacidad instalada de 35 MW, la planta de Nonogasta tuvo un costo de 35 millones de dólares. Es decir, 1 millón por MW de capacidad instalada. En igual sentido, el parque que comenzará a construirse en Córdoba, en Arroyo Cabral, por parte de la Empresa de Energía Provincial de Córdoba (EPEC), tendrá una capacidad instalada de 40 MW a un costo de 45 millones de dólares. Será de 1,125 millones por unidad de capacidad instalada, muy por debajo de los 1,83 millones de Cauchari por MW.

Si se quiere abordar el tema, no sólo desde los costos sino también desde una perspectiva que tiene en cuenta el desarrollo de tecnología nacional, el experto en regulación y consultor energético, Juan Emilio Alberdi, comparó la oferta que realizaron la planta jujeña y otra mendocina en la licitación convocada por la Nación para generar 300 MW de energía fotovoltaica. “Mientras Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) ofertó un precio de 60 dólares por mega watt con un plazo de inicio de operación comprometido a 480 días con un contenido de industria nacional del 22,6%; Mendoza, a través de EMESA ofertó un promedio ponderado de 81 dólares por mega watt y un plazo de inicio de operación comercial comprometido a 627 días con un contenido de industria nacional del 86%”:

Por último, analizó: “Mendoza, si bien ha asumido riesgos importantes asociados básicamente al desarrollo de tecnología nacional para poder alcanzar el contenido nacional declarado (CND), ha desarrollado una estrategia diferente más prudente que Jujuy, acotando los riesgos en una sociedad anónima, no afectando recursos provinciales que deberían destinarse a otros fines prioritarios como ser salud, educación y seguridad. Sin poner en riesgo el patrimonio público y persiguiendo un claro objetivo de creación de valor en el desarrollo de proveedores y de tecnología nacional”.

Otro tema a tener en cuenta es el valor de venta del mega watt de energía producida. Mientras en 2016 Jujuy ganó la licitación ofertando la unidad a 60 dólares, el Parque de Nonogasta ofreció el MW a 56,43 dólares y Arroyo Cabral lo venderá a 40 dólares. El 24 de noviembre de 2017, el portal TodoJujuy.com anunció que la provincia perdió las licitaciones por nuevos parques solares. “Estamos afuera, dijo Guillermo Hoerth, responsable del proyecto Cauchari y agregó que hubo muchas ofertas con precios bajos lo que disminuyó las posibilidades de la provincia”, consignó el medio.

Endeudamiento para todos, trabajo para pocos

Si se quiere analizar el proyecto en términos de empleo, según el gobierno se crearán 600 puestos de trabajo para la construcción de la planta y sólo 100 para la etapa operativa. Morales anunció que podrían sumarse otros 200 empleos en las próximas semanas. Pero una vez finalizada, según las estimaciones del propio Poder Ejecutivo, serían solo 100 los empleos directos. Otros expertos analizan que el número rondará entre los 30 y 60. La relación costo-beneficio no cierra.

La construcción de la Planta de Energía Solar fue promocionada como el gran cambio de la matriz productiva para la provincia. Giusti aseguró que “se trata de una estafa al pueblo jujeño”. “El proyecto va a generar más daños que beneficios”, afirmó. “Ya comenzamos a pagar intereses por los bonos verdes y la planta ni siquiera está terminada”, agregó.

El gobierno que se llama a sí mismo de la unión, la paz y el trabajo y que inició la era de presos políticos tras la asunción de Mauricio Macri en la Argentina con la detención de Milagro Sala, pretende contarle a los jujeños otro cuento, esta vez, chino.

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