El escandaloso negocio del litio lleva a Macri a Jujuy

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El presidente Mauricio Macri llega a Jujuy para “potenciar” uno de los negocios más escandalosos, que impulsa junto al gobernador Gerardo Morales: la explotación del litio, un mineral clave a nivel global. Las empresas se jactan en sus informes de tener los menores costos de producción del mundo y obtener ganancias superiores al 65%. La explotación produce un grave impacto ambiental ya que consume el agua dulce. Las comunidades locales y científicos denuncian las graves consecuencias que ya se sufren. Hoy se obtienen 12 mil toneladas al año, pero hay proyectos en marcha para aumentar la producción a 60 mil toneladas/año. No se exige valor agregado a las mineras, las regalías son de apenas el 3% y pese a existir técnicas de extracción más amigables no se implementan. 

Este jueves el presidente Mauricio Macri llegará a Jujuy para participar junto al gobernador Gerardo Morales y otros funcionarios de la “Mesa de Competitividad del Litio”. El espacio es impulsado por la Secretaría de Política Minera de la Nación y el objetivo, según la oficina de prensa del gobierno provincial “es acordar estrategias que potencien la producción en la región y desarrollen la explotación del litio de una manera competitiva tanto a nivel nacional como internacional”. La Argentina, efectivamente, es uno de los países que más rentabilidad ofrece a las empresas para la explotación de este recurso. Tal como afirma una de las compañías extranjeras que ya se encuentra realizando tareas de explotación en la provincia que conduce Morales, el costo de producción es el más bajo a nivel mundial. Sin embargo, la baja inversión de las empresas afecta gravemente el medio ambiente dejando una zona que los especialistas denominan de “Sacrificio Ambiental”.

A raíz del impacto que ya se comprobó que produce la explotación de litio en Olaroz -ubicado a 198 kilómetros de San Salvador de Jujuy– las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se oponen a nuevos proyectos y reclaman que no se respetan sus derechos a la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que fue incorporado por ley en 1992. Recientemente los pueblos indígenas obligaron a una empresa que realizaba tareas de exploración sin su autorización en el territorio a abandonar los trabajos y actualmente enfrentan una dura pelea con el gobernador de la provincia, que aseguró en una entrevista televisiva que no va “a permitir que las comunidades frenen el desarrollo y crecimiento de Jujuy”.

Actualmente en la provincia se encuentra en funcionamiento el emprendimiento de Sales de Jujuy, ubicado en Olaroz. La australiana Orocobre, tiene una participación mayoritaria; la sigue la japonesa Toyoya Tsusho Corporation y luego Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), esta última con el 8,5% de las acciones. La planta tiene una capacidad de producción de 12 mil toneladas de carbonato de litio anuales y se está ampliando para llegar a 35 mil toneladas en 2020. Además Lithium Americas junto a la china Ganfeng están construyendo una mina con una capacidad de producción de 25 mil toneladas que prevé iniciar sus operaciones el próximo año.

Según un informe de la misma Orocobre, publicado el 22 de febrero de este año, sólo esta empresa obtuvo el último semestre de 2018 una ganancia neta de 24 millones de dólares. La producción total fue de 6.075 toneladas durante ese período y vendió la tonelada a 12.295 dólares. Según el documento, obtuvo “márgenes operativos brutos del 65% con costos de producción de litio a $ 4.251 dólares la tonelada, excluyendo regalías y costos corporativos, lo que convierte a Olaroz en uno de los productores de litio de menor costo en el mundo –el resaltado es nuestro—”. La empresa Lithium Americas, en un documento titulado “Estudio de factibilidad. Estimación de reservas y producción de carbonato de litio y potasio en los Salares Cauchari-Olaroz, provincia de Jujuy, Argentina”, en cambio, pronostica un costo por tonelada de carbonato de litio de 1.876 dólares, es decir, menos de la mitad que Orocobre.

A diferencia de lo que sucede en los otros países que integran lo que se conoce como el “triángulo del litio” que conforman Argentina, Chile y Bolivia, las empresas sólo deben pagar aquí un 3% de regalías y no están obligadas a producir valor agregado. Pero, uno de los motivos centrales y que más preocupan respecto a los bajos costos de producción están relacionados con la baja inversión de las empresas que utilizan técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua como método central de producción de carbonato de litio. Esto afecta de manera directa las reservas de agua dulce. De agotarse este recurso, las comunidades que viven de la ganadería y la agricultura en la zona se verán privadas de su medio ancestral de vida y no tendrán ellos mismos como subsistir. De ahí la principal oposición de los pueblos indígenas a que se siga expandiendo la producción de litio en el territorio con los métodos que actualmente utilizan las empresas.

Marcelo Sticco es hidrogeólogo e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). En octubre del año pasado realizó un estudio sobre el impacto ambiental en base a información elaborada por las propias empresas que se encuentran en el área realizando trabajos de explotación del recurso. En su informe determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes.

El planteo de Sticco se puede corroborar en el informe de impacto ambiental que elaboró Sales de Jujuy que determinó que el flujo total de la cuenca –donde se encuentra realizando las operaciones– es de aproximadamente 94 millones de metros cúbicos de agua dulce y los egresos por la utilización del método evaporítico fueron de 92.7 millones de metros cúbicos. “Es decir, que si realizan más piletas de las que actualmente están utilizando, el balance hídrico va a ser negativo. Y esto sin considerar que no todos los años ingresa ese nivel de agua”, señaló el especialista. Además hay que tener en cuenta que se están realizando trabajos de expansión de esta planta para producir poco más que el doble de lo que está realizando ahora y se debe sumar el impacto que traerá la nueva planta a cargo de Lithium Americas y Ganfeng que operará en el mismo área.

Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige. Pero,

La última semana de febrero, Sticco recorrió junto a comunidades de la zona el Salar de Olaroz. A raíz de esa visita realizó un informe en el que detallacinco puntos en relación al impacto ambiental que están produciendo los trabajos de explotación de litio en el territorio: “las aguadas que hacen los campesinos a pico y pala permite extraer agua muy apta para el consumo humano y animal. Pero el impacto del movimiento del suelo y el paso de los camiones de las mineras está salinizando esa agua, obligando a los campesinos a desplazarse; en segundo lugar los terraplenes que construyen las empresas para que pasen los camiones están afectando los flujos naturales del agua. Esto lleva a que el suelo y las pasturas se sequen e impacte negativamente en la flora y la fauna del lugar; las mangueras que están utilizando para transportar la salmuera de litio no son las adecuadas, se pinchan y el agua salinizada contamina el suelo. Las tuberías deberían construirse con materiales rígidos y válvulas de seguridad. Mi opinión es que la práctica que están utilizando no sólo es inadecuada sino que demuestra la baja inversión y la baja consideración que tiene en cuanto a los riesgos e impactos ambientales; en cuarto lugar y según lo establecen los estudios de impacto ambiental, los caminos que son de tierra deberían regarse al menos dos veces al día para evitar que el polvo que genera el tránsito de camiones tape la flora autóctona y produzca daños respiratorios a la fauna y no están cumpliendo con esto; el quinto impacto se refiere a las emisiones de carbonato e hidróxido de sodio. Parte del proceso industrial utiliza productos que son irritantes, tiene efectos a nivel de toxicidad y según comentaron los campesinos hay emisiones de este polvo blanco que impacta en la vegetación que muere, entonces no hay alimento para el ganado y afecta las mucosas y los ojos tanto del ganado como de las personas”, detalló.

Gerardo Morales y el show de la xenofobia

La información sobre el impacto ambiental de los trabajos de explotación de litio son conocidos por las comunidades de los otros territorios donde el gobierno y las empresas quieren expandir el negocio. De ahí su oposición a que nuevos proyectos de exploración se realicen en la zona. Jujuy posee el 36% de los recursos totales de litio que hay en Argentina y tiene tres áreas centrales en donde se desarrollan las tareas: Olaroz, Salinas Grandes y la zona del Salar de Jama y alrededores. En Olaroz, las comunidades aprobaron el desarrollo de los proyectos. Pero en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc las comunidades se organizaron y están en contra de que se avance con cualquier tarea que no cuente con su consentimiento a través del proceso que estipula el convenio 169 de la OIT.

A principios de febrero, las comunidades bloquearon el ingreso del emprendimiento minero que se encontraba en el Paraje Agua Dulce, a 3700 metros de altura. Es un territorio que comparten las comunidades de San Miguel de Colorado, Pozo Colorado, Quebraleña y Rinconadillas. A partir del reclamo las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources se vieron obligadas a abandonar el proyecto que estaban realizando sin la autorización correspondiente.

Luego se agudizó el conflicto entre los habitantes ancestrales del territorio y el gobierno. La empresa JEMSE convocó a una licitación para la Prospección Geológica, Exploración y Factibilización de Proyectos Mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama. Sin embargo las comunidades aseguraron que no fueron consultadas tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre el proyecto. Mantuvieron asambleas y decidieron realizar cortes de ruta parciales sobre la ruta 52, donde se encuentran las Salinas Grandes para hacer público su reclamo. Según las propias comunidades, en una de las asambleas a las que asistieron funcionarios del gobierno, el presidente de JEMSE, Carlos Oheler; el secretario de Minería Miguel Soler y la secretaria de Pueblos Indígenas Alejandra Liquín se habían comprometido a coordinar una reunión para el 20 de febrero con el gobernador Morales en el Paraje Saladillo. Sin embargo, un dos días antes, el gobierno anunció que Morales se reuniría con 20 personas de las comunidades en Casa de Gobierno. Los dirigentes denunciaron que nunca llegaron las invitaciones pero que eso tampoco era lo acordado. En asamblea decidieron que no bajarían a San Salvador de Jujuy y desde el gobierno los acusaron de extorsión. Finalmente el gobierno decidió suspender la licitación convocada –aunque unas semanas después la reprogramó para el 7 de marzo– y las comunidades entregaron en Casa de Gobierno un petitorio donde reenviaron las 30 notas presentadas para obtener una respuesta sobre el conflicto y la apertura de una instancia de diálogo con el Gobernador en el territorio.

Los olvidados de Gerardo Morales

La abogada ambientalista Alicia Chalabe explicó: “La consulta previa, libre e informada no es una mera reunión con las comunidades, sino que es un procedimiento que debe estar reglado, en el que se debe brindar la información de una manera que sea clara, que las comunidades puedan evaluar el impacto que van a tener los proyectos que se desarrollen en su territorio y luego se les debe consultar y debe quedar constancia de la decisión que adoptan. Las comunidades le presentaron en 2016 al gobernador Morales el Kachi Yupi, un procedimiento que elaboraron de manera participativa, después de dos años de debate, en donde se fija cada una de las instancias de ese procedimiento, y el gobierno se comprometió a incorporarlo por decreto, pero no ha cumplido. Al día de hoy no está reglamentado en la provincia este proceso que se debe garantizar por ley a los pueblos originarios, y eso es lo que las comunidades reclaman”.

Frente a las declaraciones de Morales en las que aseguró que no va a permitir que las comunidades frenen el desarrollo  y crecimiento de Jujuy, Chalabe explicó: “El ejercicio del derecho de las comunidades no solo es en la autorizacion de los proyectos sino tambien en la participación de los recursos naturales. Por lo tanto, pretender explotar o explorar un recursos sin la intervencion de las comunidades y sin que intervengan en el proceso de desarrollo provoca un cruce con ellas. Lo que hay que pensar es desarrollo para quién. Si quieren involucrar todo este territorio en la produccion intensiva del litio, van a tener que coincidir en que el proyecto de desarrollo sea el que quiere la provincia y el que aceptan las comunidades y por el momento eso no sucede. En el marco de este conflicto llegará Macri a la provincia.

Según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, los presupuestos en exploración de litio entre 2015 y 2018 acumulan 168 millones de dólares y se han incrementado la cantidad de recursos de litio identificados en nuestro país de 13 millones de toneladas de LCE –sigla que refiere al equivalente de carbonato de litio– en 2009 a 60 millones en la actualidad. Además, la inversión en proyectos de exploración y operaciones de litio se incrementó un 928 %. Tres provincias tienen proyectos de exploración y explotación de este recurso en el país: Salta, Catamarca y Jujuy.

De los tres países que se ubican en América Latina y suman el 65% del total de las reservas en el mundo, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. El dictador Augusto Pinochet lo declaró en 1979 recurso estratégico y desde entonces no es concesible. Sólo dos multinacionales explotan allí el litio: SQM, que vendió en 2018 su participación en Argentina en la empresa EXAR a la china Ganfeng para dedicarse exclusivamente a Chile, y Rockood. Según publicó en la revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Bruno Fornillo, de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) “la renegociación de los contratos con las firmas privadas en Chile supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado, la provisión local del 25% del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5% de las ganancias a las comunidades”.

En Bolivia, el Salar de Uyuni fue declarado Reserva Fiscal, por lo tanto, está prohibido el otorgamiento de derechos mineros. Si bien en el país que conduce Evo Morales hay incidencia de capitales chinos y surcoreanos, la explotación del litio la realiza centralmente el Estado. Según Fornillo, desde el año 2007 Bolivia busca tener una injerencia completa del tránsito que va del “salar a la batería”. Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio, y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 1.300 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51% de las acciones”.

En Argentina, como decíamos, además de pagar solamente el 3% de regalías, no hay control sobre el impacto ambiental y las empresas pueden fugar los capitales sin ninguna exigencia de inversión en el país. En ese marco lo que hay que preguntarse es quienes seran los verdaderos beneficiarios de esta mesa de competitividad del litio de la que participará este jueves el Presidente.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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