El espionaje ilegal a dos fiscales

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Dos fiscales denunciaron ser víctimas de espionaje ilegal y las causas fueron cajoneadas. Se trata de la fiscal Gabriela Baigún a quien le plantaron hace tres meses un dron en la ventana del piso 14 de su domicilio y la fiscal Gabriela Boquín –a cargo de la causa del Correo Argentino– que en 2016 fue víctima de un robo en su auto donde guardaba una parte del expediente en cuestión. Este mecanismo también fue aplicado sobre jueces, tal como se conoció en los últimos días. El informe de la Comisión Provincial de la Memoria (CMP) sobre D’Alessio y su nexo con el periodista Daniel Santoro. La toma por asalto de la AFI, la AFIP y la Aduana por los favorecidos del macrismo.

El tono de la voz de la fiscal Gabriela Baigún tiene ciertos ribetes de angustia y no poco desconcierto por las extrañas circunstancias de este país descompuesto por la incertidumbre y la malignidad. Cuenta a sus allegados que alguien le colgó hace solo tres meses un dron en el piso 14 donde vive con su familia y que llamó de inmediato a la Policía de la Ciudad. Realizó la denuncia correspondiente en el mismo living de su domicilio y la causa recayó –nunca mejor el verbo– en la Fiscalía de su colega porteña, María Valeria Massaglia, quien la archivó con la rapidez de un rayo. ¿Qué medidas de prueba tomó en 90 días? Nadie lo sabe y la doctora Baigún está absorta: su trabajo como fiscal de juicio es complejo. Fue víctima de espionaje ilegal, denunció el hecho y la Justicia de la Ciudad que es controlada a dedo por el operador Daniel Angelici no hizo nada. No es el único caso. La sombra del aparato del lobby judicial de inteligencia no tiene feriados.

El 15 de octubre de 2016, otra fiscal, Gabriela Boquín –quien defendió como nadie los intereses del Estado en la demanda por el canon adeudado de la familia de Mauricio Macri por el Correo Argentino– fue víctima de espionaje ilegal en su teléfono celular y dos hombres (uno de ellos encapuchado y con guantes especiales) extrajo completo el vidrio de su auto de la puerta de su domicilio y ambos robaron una parte del expediente del Correo, que ella guardó allí antes de viajar a Madrid, y así lo había advertido en conversaciones telefónicas con su marido. Abogado como ella.

Su esposo realizó la denuncia de inmediato, que instruyó la Fiscalía de Saavedra del doctor José María Campagnoli –asiduo invitado del canal TN del Grupo Clarín y funcionario cercano a la diputada Elisa Carrió y al oficialismo que cuenta los días hasta la elección del 27 de octubre. ¿Qué pasó con la grave denuncia de la fiscal Boquín? Nada. Al cabo de un tiempo prudencial, Boquín recibió un llamado de Campagnoli, quien se limitó a decirle: “Pasa que son profesionales, doctora”.

El acoso de espionaje ilegal contra Boquín no cesó. Casi un año después, al regresar de Estados Unidos con su hija, llamó a su pareja para que fuera a buscarla a Ezeiza. Del otro lado de la línea respondió un hombre con una voz muy similar a la de su pareja, que le soltó:

–Ahora estoy ocupado, no puedo atenderte.

Ante semejante respuesta –totalmente inhabitual en su esposo– Boquín repitió la llamada dos veces. Recibió la misma respuesta cortante y seca. Entonces, le indicó a su hija que llamara a su padre. Por arte de magia atendió el esposo de Boquín y todo se solucionó. ¿Qué había pasado? La fiscal tenía el teléfono intervenido. Y el que respondió era un técnico o un agente de las cenizas del espionaje local. Ese hecho no se judicializó. Aunque dejó a Boquín muy inquieta. Tanto como la vez que le dejaron una gata destripada en la puerta de su casa del barrio de Núñez. Preguntó a los custodios de la Policía Federal si habían visto algo, pero no. Nadie vio nada en la cuadra. Total normalidad.

Ya de por sí, la custodia de Boquín fue un parto: la Ciudad se negó, el cancerbero y ex miembro del gabinete de Patricia Bullrich, Gonzalo Cané –de tan laboriosa actividad para salvar a los gendarmes sospechados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut en agosto de 2017– se excusó con una negativa. Lo propio hizo Martín Ocampo de la gestión del alcalde fanático del cemento Horacio Rodríguez Larreta. Al fin, el Ministerio de Seguridad de la Nación accedió a regañadientes a designarle una custodia de la PFA, que no vio quién depositó una gata muerta en la puerta de su casa. Toda esa presión sobre Boquín tuvo como objetivo quebrarla psicológicamente. Porque estaba con su esposo operado de una rótula, con una infección grave. A pesar de ello, la fiscal trabajó seriamente y realizó un dictamen nodal que refleja el aprovechamiento del Estado por parte de la familia Macri y su ministro Oscar Aguad. “La famiglia” presidencial operó en ambos lados del mostrador y encima accionó en un juicio millonario contra el Estado. Es decir que no sólo nunca pagó la deuda del Correo, sino que también busca hacerse más rica con el dinero de los contribuyentes.

En su última declaración jurada de bienes, el Presidente duplicó su tenencia de dólares en 2018 –en plena debacle devaluatoria– y la mayor parte de sus bonos son de la deuda externa que él mismo tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se llama impunidad.

Deuda del Correo: los Macri ahora quieren pagar menos y con plata del Estado

La máquina

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga el espionaje a 21 jueces y juezas federales, además de los ministros de la Corte, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De todos ellos y ellas –entre otras Ana María Figueroa y hasta la propia Boquín– habría sendos pedidos de informes en la Dirección Nacional de Migraciones. Uno de los espiados es el juez Daniel Rafecas, perseguido y hostigado por familiares de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, además de ciertos “periodistas” de una escudería servicial que opera desde el diario Clarín.

Hasta ahí, nada fuera de órbita para un Gobierno que se desmorona a cada paso junto a sus aliados mediáticos que piden una tregua desesperada a la flamante luz del Movimiento.

La AFIP también tendría claves para averiguar las salidas del país vía Migraciones y la AFI lo mismo. Esos organismos al igual que la Aduana han sido totalmente copados por agentes orgánicos, empresarios, contadores, y abogados cercanos a los inquilinos de la Quinta de Olivos y sus asociados de la fuga de divisas, la deuda externa, y el hambre de millones de argentinos.

La Aduana es una terminal de la AFI y en las últimas horas confirmaron a una serie de personajes de doble apellido que estarían ligados con el comercio de textiles chinos. Otra jugada de doble escala del mostrador. Encima le tocaron un negocio a un hombre un poco sinuoso y con poca paciencia: Antonio Horacio “Jaime” Stiuso. Una familiar suya, funcionaria de carrera en la AFIP, ve pasar los múltiples negocios por el rabillo del ojo. Lo último que publicó en las redes sociales fue que era macrista en 2015. Se llama Liliana Scuderi es hincha de Boca como Angelici y Macri. Ella conoce como nadie los zigzagueos comerciales de Javier Eduardo Rodríguez Llarens en la Dirección General de Aduanas. Ostenta el cargo (CTA-02) con el mayor escalafón salarial superior a los 200 mil pesos mensuales. Una minucia para él. Lo propio para “la señora Liliana” en la AFIP. Ni hablar para la dama de hierro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, “la señora 8”, que observa estos movimientos teutónicos desde su despacho y prepara las valijas para dedicarse a la vida comercial privada, alejándose de su jefe (¿o es al revés?), “el señor 5”, Gustavo Arribas.

Ella sabe que el señor Rodríguez Llarens ingresó a la AFIP en mayo de 2018 y que en junio habría culminado sus funciones como director de la firma Shangai R&P Logistics S.A., una compañía que fundó con su con su padre y de la que sería accionista. La empresa sería subsidiaria de Shangai R&P Logistics Limited con radicación Shangai, China. Pero eso no es todo. Rodríguez Llarens, a cargo de Departamento VUCE de la Dirección General de Aduana mantendría estrechos lazos comerciales –y familiares– con al menos dos empresas más del transporte de carga, un rubro en el que su padre tiene una extensa trayectoria en Paraguay.

Resumiendo: la Aduana está asegurada por intereses cruzados de personas que comerciarían con productos chinos desde empresas privadas. Más normalidad en el país de la ciénaga donde los protagonistas sentencian sobre una moral alrededor de la pestilencia.

Todas las operaciones de inteligencia ilegal y extorsión del caso D’Alessio-Stornelli

La banda de D’Alessio

La Comisión Provincial por la Memoria (CMP) que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, le entregó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, un informe sobre el análisis del material de inteligencia ilegal que produjo Marcelo Sebastián D’Alessio.

En la página 5 hay un registro interesante sobre la “Aduana”, “Medicamentos”, “Israel”, “Hidrovía”, “Terrorismo” y otras perlas similares de la oscuridad.

En mi nota del pasado 21 de septiembre repasé el modus operandi de D’Alessio con su íntimo amigo de Clarín y el programa “Animales Sueltos”, Daniel Santoro:

Triste, solitario y final para Santoro

En la página 28 de las “conclusiones” sobre el rol de los medios y periodistas que usaban a D’Alessio como fuente y viceversa, la CMP aclaró un punto clave: “En varios de los casos abordados en los informes elaborados hasta el momento surge el modo en que D’Alessio se constituía como informante sobre determinados temas. Los casos de la Aduana en general, así como el de Gonzalo Brusa Dovat (N. del R: ex gerente de PDVSA Argentina –entrevistado por este cronista el 18 de marzo pasado– y otra de las víctimas del presunto espía tercerizado del Ministerio de Seguridad, la AFI y la DEA estadounidense) son gráficos en este sentido. En ambas ocasiones, D’Alessio enviaba datos vinculados a sus investigaciones para que fuesen publicados en reconocidos medios gráficos y televisivos de alcance nacional. Ejemplo de ello son sus conversaciones con los periodistas Rodrigo Alegre, Guillermo Laborda, Gustavo Gravia, Rolando Graña y Daniel Santoro, entre otros –aclaró la CMP-. En el caso de este último (N. Del R: es decir de Santoro), advertimos que al menos en dos ocasiones –casos contrato de locación de García Arrébola y supuesto informe de la UIF sobre Roberto Porcaro –era Santoro quien habría suministrado información reservada y/o confidencial a D’Alessio, invirtiéndose el flujo de información e ingresando la misma como fuente de reunión al ciclo de inteligencia desplegado por D’Alessio”.

En la página 30, la CPM concluyó sobre las actividades de Santoro: “Se ha observado que el señor Daniel Santoro difundió información proveniente de inteligencia ilegal aportadas por D’Alessio en reiteradas ocasiones. Tal es el caso de los datos personales de Gabriel Traficante y de su esposa Mariana Saric, publicados en la referida nota del diario Clarín del 26 de noviembre de 2016 y en el programa televisivo “La Cornisa” captado por D’Alessio en su celular el 2 de diciembre. Un caso similar es el de García Arrébola y Juan Carlos Forlón de quienes el periodista publicó en su libro “El Mecanismo” (2018) datos vinculados a sus migraciones y otros datos personales, hallados en el archivo digital de D’Alessio. Sobre Juan Ignacio Forlón –hermano de Juan Marcos– Santoro publicó una nota en el diario Clarín a la que D’Alessio hace mención en una conversación con el usuario registrado como ‘Carlos Stornelli’ y en otra con el contacto ‘Peter Usa’ (Pedro Etchebest) el día 22 de enero de 2019. Al primero le comenta que la nota de Santoro titulada ‘Cuadernos: investigan a un amigo de Máximo Kirchner’ estaría vinculada a lo que declaró en su Fiscalía y al segundo le refiere que la nota contiene ‘la declaración y la documental respaldatoria que aporté en la fiscalía de Stornelli’ y agrega que ‘lo procesan la primera semana de febrero y le cuesta el puesto’, ‘jugamos fuerte’, finaliza.

INFORME COMPLETO: PARTE 1 / PARTE 2 / PARTE 3

Epílogo

Nada de estas tropelías salvajes fuera de toda ética republicana pudo escapar al conocimiento de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellas, al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, que depende del Presidente.

Por más que Marcelo D’Alessio escriba mensajes de puño y letra a través de un capellán de la cárcel, como un poseído por Alá y la fe de los conversos, está muy claro que su trabajo sucio sirvió para arruinar la existencia de varias personas. Entre ellas, al capitán de ultramar, Pablo García Arrébola, ex gerente de ENARSA, a quien entrevisté en el programa ADN de C5N el 26 de septiembre en exclusiva:

D’Alessio no era un loquito. Ningún loquito es capaz de montar una súper financiera lavadora de más de 100 millones de euros y dólares a través de media docena de países europeos, el Caribe y Estados Unidos, como resolvió la Cámara Federal de Mar del Plata la semana que pasada.

D’Alessio era parte de ese mundo de las tinieblas del espionaje y habría operado bajo el resguardo de espías de la AFI, que fueron nombrados durante esta gestión de destrucción y saqueo de la Argentina.

Por mucho menos, el francés Santiago Antonio María de Liniers y Bremond ordenó fusilamientos y escarnio público que incluyeron cadáveres colgando en la Plaza en 1809. Un año después, el 26 de agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, cerca de la posta “Cabeza de Tigre” en el sudeste de Córdoba, Liniers fue fusilado por orden de la Junta. Sus compañeros de la resistencia realista, cayeron con él. Juan Gutiérrez de la Concha, brigadier de la Armada; Victorino Rodríguez, asesor; Santiago Allende, coronel de milicias, y Joaquín Moreno, oficial real, fueron baleados. Sólo se salvó el obispo Rodrigo de Orellana por su investidura sacerdotal. El pelotón que mató a Liniers fue encabezado por el coronel Domingo French.

Orellana murió en España en 1822.

French falleció a los 50 años en 1825. Estuvo exiliado en 1817 en Estados Unidos junto a Manuel Dorrego. ¿Quién los persiguió? Un pariente lejano de la actual ministra Patricia Bullrich, Juan Martín de Puyrredón.

En su excelente libro: “Patricia: De la lucha armada a la seguridad”, editado por Planeta, el periodista Ricardo Ragendorfer narra el regreso agónico del familiar de la ministra al puerto de Ensenada. Había vivido exiliado en París y murió en su casona de San Isidro el 13 de marzo de 1850. Tenía 72 años.

“El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”, opinó Oscar Wilde.

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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