El lobby de los defensores de genocidas

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Este jueves sectores pro genocidas se reunieron en el llamado Colegio de abogados de la Calle Montevideo para reclamar a la Justicia que juzgue a los sobrevivientes de las organizaciones militantes de los años 70. Piden que se reabra la causa Larrabure y se califique su muerte como un delito de lesa humanidad. Guillermo Lipera, dirigente de la asociación y uno de los juristas elegidos por el gobierno de Mauricio Macri para integrar la nómina de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue el anfitrión de la jornada.

Dos cuadras separan al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires del Palacio de Justicia. Talcahuano es parte de la zona de influencia del llamado Colegio de la calle Montevideo, el que agrupa a los exponentes más conservadores de la profesión legal. Su principal auditorio, el que en el centro exhibe una foto de Dalmacio Vélez Sarsfield, se abrió el jueves pasado a los referentes de las organizaciones de “memoria completa” para que, con la excusa de analizar un fallo reciente que niega la reapertura del caso Argentino del Valle Larrabure, reclamen a la Justicia argentina que juzguen a los sobrevivientes de las organizaciones militantes de los años 70. El anfitrión fue Guillermo Lipera, dirigente de la asociación y uno de los juristas elegidos por el gobierno de Mauricio Macri para integrar la nómina de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta último momento, Lipera estuvo con su celular hablando afuera de la sede del Colegio. Entró pasadas las 18.30 para juntarse con los otros integrantes de la mesa que esperaban ansiosos que la charla empezara. Una de las más movedizas era la abogada Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). Villarruel, que es participante frecuente del programa Intratables, recorría el salón saludando a los asistentes, que, poco a poco, se iban ubicando en las hileras de sillas prolijamente ordenadas en el salón Vélez Sarsfield. Atrás también esperaban dos de los abogados de Justicia y Concordia, una organización creada en 2009 para nuclear a los defensores de los genocidas. Algo los juntaba a ellos desde antes también: muchos son socios del Colegio de la calle Montevideo.

El conjuez dio la bienvenida en nombre del directorio y rápidamente le cedió la palabra a Villarruel. Economía de palabras y derroche de gestos. Aunque es prácticamente imposible que la Corte lo convoque para tratar un caso y más de lesa, Lipera sabe que es preferible dejar que otros hablen. El máximo tribunal solo llama a los conjueces propuestos por el Ejecutivo cuando se excusaron todos los presidentes de las Cámaras.

Villarruel se acercó al estrado y habló de un país que subestima el terrorismo. Habló en clave del presente: bombas, clavos y cementerios. Esa fue su forma de conectar lo sucedido el miércoles en el cementerio de la Recoleta, cuando dos personas que manipulaban un explosivo para colocar en la tumba de Ramón Falcón, resultaron heridas, y fueron detenidas. La abogada, que representa la nueva cara de los reclamos más viejos de los genocidas, pidió un minuto de silencio por las 17.380 víctimas del terrorismo “que hoy en la Argentina no tienen derechos humanos”. Hombres y mujeres –que, en su mayoría, superaban con creces los 70 años– se levantaron y esperaron.

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El caso

Larrabure es el emblema de las organizaciones de memoria completa – las que se reconfiguraron a principios de la década del 2000 ante la inminente reapertura del proceso de juzgamiento por crímenes cometidos durante la última dictadura.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lo secuestró el 11 de agosto de 1974, cuando asaltó la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, donde Larrabure era el subdirector. Lo encontraron poco más de un año después, el 23 de agosto de 1975, muerto en las afueras de la ciudad de Rosario. El ERP dijo que se había suicidado; la familia y las fuerzas armadas hablaron de asesinato.

Desde 2006 –año en que se reabrieron los juicios contra los genocidas–, Arturo Larrabure reclama que se reabra la causa de su padre y se califique su muerte como un delito de lesa humanidad. La causa se movió, especialmente entre 2007 y 2009, impulsada por el fiscal Claudio Palacín, que adhirió al reclamo de Larrabure hijo. Se reclamó que se llamara a declarar a Arnol Kremer (Luis Mattini, dirigente del PRT-ERP), Carlos Kunkel y Miguel Bonasso, entre otros.

Recién el 31 de agosto de este año, la Cámara de Apelaciones de Rosario sostuvo que no se trataba de un crimen de lesa humanidad, pero Larrabure hijo apeló y la causa llegó a la Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país. Los jueces de la sala II esperan que dictamine el fiscal Raúl Pleé –uno de los nombres que sonaban para la Procuración después de que el gobierno forzara la renuncia de Alejandra Gils Carbó– para poder emitir su fallo. Lo más probable es que Larrabure hijo insista en llevar el reclamo hasta la propia Corte.

De memoria completa a justicia completa

Reconciliación y justicia completa fueron los dos ejes en los que transitaron los tres oradores de la jornada del jueves en el Colegio de la calle Montevideo: Javier Vigo Leguizamón, Emilio Cárdenas y Daniel Sabsay.

Vigo Leguizamón es el abogado que acompaña a Larrabure desde que pide la reapertura de la causa y también es vocal del Celtyv, la organización que desde 2006 comanda Villarruel. Según Leguizamón, han combatido contra dos sofismas: que para que existan delitos de lesa humanidad debe haber un componente estatal en el ataque y que solo hubo terrorismo de Estado. Leguizamón, al igual que Villarruel, no se privó de tender puentes con el presente judicial. Diferenció la valentía de Larrabure con la supuesta cobardía de los integrantes del ERP: “Los hemos visto entrar recientemente a la cárcel por haber cambiado la orga de los fierros por la orga de los bolsos”.  La misma frase ya la había usado el politólogo Eugenio Kvaternik en una columna en La Nación.

“No es un tema teórico –reclamó Cárdenas–, tiene que ver con la reconciliación de los argentinos”. Cárdenas es abogado, columnista habitual en La Nación y fue representante ante Naciones Unidas durante parte del mandato de Carlos Menem. Definió como un amigo a Luis Moreno Ocampo, el exfiscal adjunto en el Juicio a las Juntas Militares, y adhirió a la que fue su postura cuando ofició como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: puede haber delitos de lesa humanidad si una fuerza beligerante controla el territorio. Pero Cárdenas fue más allá, dijo que actualmente se pueden aplicar las normas de Ginebra –las de crímenes de guerra– si hay dos fuerzas enfrentadas con un mínimo de organización y un mínimo de intensidad. Lo que equivale a decir es que habría que sostener que el ERP y el Estado argentino estuvieron en guerra cuando Larrabure fue secuestrado.

El último en hablar fue el constitucionalista Sabsay, que en 2016 ya había adherido a un texto de Justicia y Concordia en el que denunciaban los juicios por delitos de lesa humanidad, pero que el año pasado también había criticado el fallo del 2×1 de la Corte. Sabsay les apuntó a los partidos que gobernaron desde el ’83 por una complicidad de “no tocar para atrás del ‘76”, lo que es falso porque al asumir Alfonsín firmó dos decretos: el 157 y el 158. El primero ordenaba juzgar a las cúpulas de las organizaciones armadas de izquierda. El segundo, a las tres primeras juntas militares. También sostuvo que el fallo Simón –con el que el máximo tribunal reabrió los juicios en 2005– creó “precedentes espantosos”.

“Tanto esta sentencia –en referencia al fallo de la Cámara de Rosario–, como la historia anterior, nos ha mostrado una situación de falta de igualdad”, dijo. “Yo creo que la cicatriz no cerrada viene de esta desigualdad absolutamente insultante, que surge de una construcción cultural y jurídica”.

Todos los abogados del Presidente

Apunten contra la Procuración

El huevo de la serpiente fue, para todos los expositores, la amnistía a los presos políticos que ofreció Héctor Cámpora al asumir el 25 de mayo de 1973, más de un año antes del secuestro. Detrás de esa amnistía –que “fue sin pedir que entreguen las armas”, se quejó Sabsay– los expositores vieron a la misma persona que después también cerró las puertas a que el caso Larrabure fuera reabierto como un crimen de lesa humanidad: Esteban “Bebe” Righi.

En 2007, Righi encargó a Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que analizaran el planteo de Larrabure hijo, refrendado por el fiscal Palacín, para ver si debía ser considerado como crimen de lesa humanidad. Concluyeron que no lo era porque se toman como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él, y que tampoco eran crímenes de guerra.

“La resolución 158 de la Procuración me sigue avergonzando”, disparó Cárdenas. “El fallo de la Cámara no es novedoso entonces”.

La inquina de los amigos del Colegio de la calle Montevideo con la Procuración se mantuvo en el tiempo, al menos, mientras estuvo Gils Carbó. Lipera promovió desde el Colegio y desde su agrupación, Será Justicia, que se declare inconstitucional el mecanismo de remoción para el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) para habilitar que el Gobierno pudiera remover a Gils Carbó por decreto. La maniobra dejó al descubierto los buenos lazos entre el macrismo y Lipera, que diez días atrás se ganó su lugar en la lista de conjueces. Será Justicia también había impulsado una auditoría en los juzgados federales para ver cómo se tramitaban los casos de corrupción, y, de paso, para controlar mejor a los jueces.

Un documento muestra la operación del Gobierno para sacar a Gils Carbó

Buenos tiempos

El silencio parece estar terminando, dijo Cárdenas, y algunas cabezas asintieron. Se refería a un cambio de época que en los últimos días recogió buenas señales. Por un lado, la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que Justicia y Concordia protestaron contra los juicios. Según el diario La Prensa, un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) habría estado de acuerdo con ellos. Sin embargo, extraoficialmente la SDH lo negó, pero no se vio obligada a hacer ninguna declaración pública revalorizando el proceso de verdad y justicia.

El mes pasado también, Claudio Avruj, se reunió con alguno de los que estaban en el salón Vélez Sarsfield en Formosa cuando participó en un homenaje a los soldados muertos en un ataque a un cuartel por parte de Montoneros. Nunca antes un secretario de Derechos Humanos había participado de este evento.

Dos semanas atrás, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, firmó un decreto anulando el retiro de 25 militares que habían tenido expresiones antidemocráticas o de ataque a los juicios. Aunque no sumó en la “reparación” al marido de Mónica Liberatori. El capitán Marcelo Toulemonde fue pasado a retiro durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Durante años, su mujer adujo que fue por haber gritado en un acto: ¡Larrabure!

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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