El registro de la tortura y la impunidad

Compartir

El último informe de la Defensoría de Casación bonaerense revela que la tortura es una práctica sistemática del personal policial y penitenciario de la provincia. Un tercio de los casos contabilizados en 2019 involucra a niños, niñas y adolescentes. La mayoría prefiere no denunciar por miedo a represalias. La violencia institucional aumentó durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El duro relato de una persona trans que esperó 6 meses para recibir atención médica: “Me dijeron que no voy a volver a caminar”.

Golpizas, insultos, hacinamiento y aislamiento extremo de personas privadas de su libertad. “Paseos” en patrullero, confección de álbumes de “sospechosos”, presiones para implicar a otras personas en algún delito o para salir a robar. Menores alojados en calabozos y junto a adultos. Allanamientos ilegales, robo de alimentos e impedimento de recibir remedios o atención médica. Abandono. Plantado de evidencia y causas armadas. Pedido de rescate a familiares de personas detenidas. Utilización de métodos de tortura como la picana y el submarino seco. Abuso sexual y gatillo fácil.

Desde hace 20 años estos y otros hechos cometidos por personal policial y penitenciario de la provincia de Buenos Aires figuran en el Registro de casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este banco de datos se nutre de las planillas que llenan defensores y defensoras públicas bonaerenses, a partir de lo narrado por las propias víctimas en el trato diario. Algunos de estos delitos son denunciados, muy pocos se resuelven. Es un registro de la impunidad también.

La idea nació en un momento de profundización de la violencia institucional, tras la asunción del gobernador Carlos Ruckauf y su política de mano dura y tolerancia cero en materia de seguridad pública. “Los defensores de los distintos lugares de la provincia nos contaban que en las comisarías se estaba torturando, que había muchos más golpes que lo normal”, recuerda el impulsor de Registro, Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación bonaerense.

“Estos informes demuestran que la tortura es sistemática y que no se toman medidas para revertirla. Hay víctimas de entre 16 y 18 años que en un número altísimo no denuncian y lo sabemos por secreto profesional. No se animan a denunciar por miedo a represalias y son hechos realmente cruentos”, afirma el Defensor. Por ejemplo, agrega, hay un joven que hace unos días perdió un ojo en “un allanamiento salvaje” o el caso de las mujeres abusadas en una comisaría de la Tablada.

El registro se envía todos los años a los poderes provinciales: ejecutivo, presidencia de ambas cámaras legislativas, suprema corte y procuración general. También llega a dependencias de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. El registro sirve para visibilizar la situación comenta Coriolano. “También nos encontramos con que es una forma de documentar y describir el modus operandi, que debiera servir como respaldo a investigaciones cuando hay reiteración de hechos en la misma comisaría o en la misma cárcel”.

Hoy, este banco de datos creado a partir una resolución judicial existe por ley. Fue el primero y solo la provincia de Chubut implementa un sistema similar en Argentina. Algunos defensores y defensoras bonaerenses no lo conocen o incumplen con el deber de recabar la información y enviarla porque creen que no es su tarea, dice su creador. La pérdida de la autonomía de la defensa en provincia de Buenos Aires en 2002 atentó contra su expansión y consolidación.

 El “narcomenudeo” y la crisis carcelaria bonaerense

Con los pibes no

Uno de los datos más llamativos del último registro, que abarca todo 2019, es la cantidad de menores de edad que contaron ser víctimas de violencia institucional. Casi un tercio del total: de los 317 hechos relevados, 103 involucran a niños, niñas y adolescentes, de los cuales 90 pidieron que no se denuncie lo sufrido. “Lo que muestra el miedo que infunden sobre sus víctimas las fuerzas de seguridad, con el logro de la impunidad de sus acciones”, dice el informe.

Se describen golpizas severas en la vía pública, algunas involucran policías de civil como en Berisso, donde un chico luego de que le pisaran la mano y lo golpearan contra el piso “solicita que lo levante porque se ahogaba con la sangre”. Otro caso, también a la vista de todo el vecindario, ocurrió en Bahía Blanca, con otro joven pateado en el piso aparece “con hematomas visibles” durante su entrevista con la defensa pública. Ninguno se animó a denunciar. 

Pero la mayor parte de hechos registrados (en total 74), provienen del partido más poblado: La Matanza. Allí también hubo “una mejora sustancial en la calidad del relevamiento de los padecimientos”, dice el informe, en referencia a la creación del Observatorio de Violencia Institucional hacia la Niñez y Adolescencia de ese distrito. Se sumaron relatos de chicos detenidos en flagrancia, golpeados por las personas damnificadas con el aval de la policía y otros que fueron vejados sexualmente en el patrullero o torturados en una celda.

Dice una de las planillas sobre un adolescente que pasó por una celda de la comisaría de San Alberto, lo que de por sí está prohibido: “Lo golpean contra la pared motivo por el cual se golpea la cabeza y se desmaya. Luego se despierta con el ruido de una picana con la cual lo amenazan con darle electrochoques. Mientras se efectuaba la golpiza se le mostraba, desde un celular, fotos de otros jóvenes con la finalidad de que los delate. El joven estuvo alrededor de 13 horas detenido”.

El uso de picanas no sería privativo de la policía bonaerense. En el primer informe del Observatorio mencionado, del que participó la Comisión Provincial por la Memoria, aparece este relato en medio de “controles de identidad” infundados: “Generalmente Gendarmería te para, amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. La gendarmería si te encuentra marihuana te obligan a que lo mastiques o te lo comas”.

Al revisar los libros de algunas comisarías matanceras, las que cumplen con el deber de dejar asentado quienes ingresan, se reiteran nombres de ciertos jóvenes. “Hay pibes que están marcados”, explica Adriana Illarregui, integrante del Observatorio. “Eso en general es una alarma. Varios de los pibes que mató la policía estaban en esta situación. Cuando queda marcado en el barrio, está estigmatizado y es un indicio de que lo pueden matar en cualquier momento”, advierte.

Entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, las muertes de al menos 9 jóvenes de entre 16 y 22 años “presentan todos los elementos de un caso de gatillo fácil”. Este Observatorio local surgió por el aumento de la violencia institucional durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Está integrado por el Sistema Integral de Protección y Promoción de los Derechos de la Niños, Niñas y Adolescentes; áreas salud y derechos humanos municipales y provinciales; la Defensoría distrital, organizaciones no gubernamentales y la Universidad Nacional de La Matanza

En los propios libros de las comisarias aparecen las categorías “entrega de menor”, “entrega a familiar” y “libertad por fiscalía”. Según explica este informe aportado al Registro de torturas provincial: “Estas categorías representan la puesta en libertad o la intervención del Poder Judicial, sin embargo no se registra intervención de las instancias de promoción y protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Los calabozos ilegales de Vidal

La salida vemos

Uno de los casos paradigmáticos presentados en el último Registro de la Defensoría de Casación bonaerense refiere lo vivido y sufrido por Mónica Mego, una persona trans de nacionalidad peruana alojada en alcaidías y cárceles de la provincia, abandonada a su suerte por el Servicio Penitenciario y maltratada y torturada cuando reclamó atención médica extramuros. Mego vive con VIH y tiene antecedentes de tuberculosis. Tuvo que intervenir la Suprema Corte bonaerense para garantizar atención médica y que no se intimide a su defensa.

En octubre de 2018 ella le informó al Servicio Penitenciario que sentía dolores en la zona de los riñones. Descartaron que tuviera algún problema haciéndole un estudio de orina y una ecografía. Pasó el verano a fuerza de calmantes hasta que detectó “una pelota en el lado derecho de la espalda” y comenzó a tener fiebre: “El enfermero de turno me dijo, ‘te vamos a sacar para que te vea un traumatólogo urgente, pero eso va a demorar, eso va a tardar un mes o un mes y medio, pero como lo estamos pidiendo urgente va a tardar un mes’”.

En medio de esa dolorosa espera fue traslada de la Alcaidía Pettinato a la Unidad 32 de Florencio Varela, donde relata que la revisaron un infectólogo y un traumatólogo. Este último, dice, le aseguró: “Te vamos a hacer un pedido para el día lunes y el día lunes te sacan inmediatamente”. Sin embargo no la trasladaron a un hospital. Ya le costaba caminar y sus compañeras de pabellón organizaron una huelga de hambre para que fuera internada del penal.

“Todos los días estaba en Sanidad. Y ellos miraban el avance que se producía en mi cuerpo y no hacían nada. Y me empezaron a llevar de a dos y luego en camilla. Así que las chicas empezaron a hablar a los de limpieza y empezaron con el jefe del penal que por favor me saquen porque ’la chica está agravándose cada día más’”, afirmó. Para calmar el reclamo, los penitenciarios de la Unidad 32 la subieron a la rastra a una camioneta. Ella cree la llevaron a la vuelta, a la Unidad 23, donde el personal de sanidad negó que precisara internación.

La depositaron nuevamente en la Unidad 32. Unos días después el cuadro se agravó. “Ya no podía orinar, mi estómago se había hinchado, no podía ir de cuerpo”, le contó Mego a su defensor. Solo logró que la atendiera un urólogo en el Hospital Mi Pueblo. La pelota seguía allí. Como sus compañeras protestaban, desde el Servicio decidieron meterla en el “buzón”, la celda de aislamiento. Les duró un día: “Se me murió el cuerpo totalmente”. La trasladaron a la Unidad 22 de Olmos, donde tuvieron que derivarla al Hospital San Martín.

Habían pasado seis meses desde los primeros dolores. Fue operada el mismo día de su ingreso, el 22 de marzo de 2019. Dos meses después, cuando se entrevistó con Coriolano, le detalló la situación: “Estaba entrando al quirófano y encontraron que tenía pus en la médula, en la columna, me lastimó la médula. En esta semana me dijeron que no voy a volver a caminar y que voy a tener que vivir con los Pampers y con la sonda”.

El defensor ante la Casación fue denunciado administrativamente y penalmente por el Servicio Penitenciario y la Procuración General. De esas causas, que avanzaron rápidamente, surge que algunos agentes habían presenciado la conversación con su defendida y que existía un grupo Whatsapp integrado por jefes penitenciarios y autoridades del Ministerio de Justicia provincial, incluido el entonces ministro Gustavo Ferrari, donde “se informaban entre sí todos los ingresos de funcionarios y/o organismos de derecho humanos y el respectivo interno”.

En estos días se cumplió un año desde que Mego realizó la denuncia por las torturas sufridas. No hubo movimientos importantes en la investigación aún, frenada por un problema de competencia. Ni siquiera la llamaron de la fiscalía para que ratifique su denuncia. Se acumula entre otras tantas causas por violencia institucional en la provincia de Buenos Aires que siguen impunes.

Comentarios

Comentarios

Emilio Ruchansky

Emilio Ruchansky

Periodista especializado en la problemática del uso de drogas. Es editor de la revista THC y autor del libro Un mundo con drogas (2015). Fue columnista de judiciales del noticiero Visión 7.

Hacé tu anotación Sin anotaciones
Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 13/08/2020 - Todos los derechos reservados
Contacto