El sector agropecuario cosecha récords de casos de trata laboral

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Las denuncias por trata laboral rural aumentaron desde que comenzó la cuarentena, según los registros de la Procuración contra la Explotación y Trata Laboral (Protex) del Ministerio Público Fiscal. Los números indican que la explotación en el campo es estructural: el 63 por ciento de los trabajadores rurales no están registrados. Durante el macrismo la situación se agravó con el cierre del RENATEA que se encargaba de detectar estos abusos. El caso de la empresa Vía Bariloche.

Desde la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia, el sector agropecuario nunca dejó de trabajar, ni las exportaciones dejaron de salir; y al mismo tiempo aumentaron las denuncias por trata laboral, según los registros de la Procuración contra la Explotación y Trata Laboral (Protex) del Ministerio Público Fiscal.

Durante el primer cuatrimestre del año, el complejo sojero facturó 3637 millones de dólares a partir de sus ventas al exterior, un 6 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. La tenue baja se explica porque el mismo complejo adelantó operaciones entre noviembre y diciembre del año pasado para saltearse el nuevo esquema de retenciones.

En mayo, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, “se verifica un récord de despachos de los últimos 10 años en porotos de soja con 2,6 millones de toneladas, mientras que los embarques de harinas y pellets fueron 3,12 millones de toneladas, una suba del 4 por ciento interanual”.

¿Por qué un sector económico próspero, supuestamente el más dinámico del país, concentra altísimos niveles de informalidad y explotación laboral? Según un informe de la Protex, durante la pandemia cambió la tendencia de las denuncias por trata, acrecentándose las de carácter laboral. Si en el período marzo – mayo de 2019, de las denuncias a la línea 145 solamente el 9 por ciento estuvieron vinculadas a explotación laboral, este año pasaron a representar el 20 por ciento. Y del total de denuncias, el 50 por ciento fue por casos de posible trata laboral en el sector rural.

Estos datos no son algo anecdótico; la explotación es estructural y forma parte de esta estirpe empresarial, tal como lo evidencia la información oficial existente para el período 2016-2020 a la que accedió Nuestras Voces en base a dos pedidos de Acceso a la Información Pública. Con un agravante: durante el macrismo se desarmó un organismo (Renatea) con amplia presencia territorial que era clave para detectar este tipo de abusos.

Uno de los casos más flagrantes ocurridos durante la pandemia tuvo como protagonista a 18 hacheros chaqueños encerrados en un camión de la empresa Vía Bariloche que fueron sacados de un campo de la misma compañía ubicado en General Acha; la causa por trata laboral tramita en el juzgado federal de La Pampa y cuenta con la colaboración de la Protex.

Abusos estructurales

Cuando uno mira el comportamiento de los empresarios rurales sobresale un denominador común: una precarización y explotación laboral que ocurre a pesar de ser el sector que más divisas aporta a la economía argentina; situación que se consolidó durante el macrismo a partir del desmantelamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Así lo confirman los datos obtenidos por este periodista a partir de dos pedidos de Acceso a la Información Pública solicitados al Ministerio de Trabajo de la Nación (degradado a Secretaría durante la Alianza Cambiemos).

Entre 2016 y 2019, la cartera laboral realizó 9357 inspecciones en diferentes establecimientos rurales, de los cuáles 5170 presentaron distintos grados de irregularidades vinculados a la Ley Laboral, es decir en el 55 por ciento de los casos. A su vez, en el mismo período se relevaron 77.722 peones rurales, con un nivel de informalidad detectado del 42 por ciento.

Según los datos que informa el Renatre, en el país habría más de un millón de trabajadores y trabajadoras rurales; sin embargo, el total de peones registrades formalmente por el Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial, organismo que depende del Ministerio de Trabajo, ascienden a 366.000. El 63 por ciento del conjunto estaría subsumido en la precariedad laboral.

Pero el maltrato hacia quienes trabajan la tierra, arreglan alambrados, fumigan (y son fumigados), cosechan granos, cereales, frutas y cuidan las vacas ajenas no se detiene ahí. El estadío superior de la informalidad es la trata de personas con fines laborales.

A partir de junio de 2018, los inspectores de la cartera laboral comenzaron a regirse por el “Acta de Constatación de Indicios de Explotación Laboral (ACTA/IEL)” implementada a través de la Resolución 230/18. Desde su instrumentación hasta abril de 2020 se elaboraron 53 Actas IEL, de las cuales el 80 por ciento correspondieron al sector rural, seguidas por comercio (13,0) y otras (7,5).

En relación a la cantidad de víctimas, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaban en el ámbito agropecuario. Es decir 421 trabajadores sobre un total de 478 potenciales víctimas de trata laboral. Hacia el interior del sector, la mayor cantidad de denuncias ocurrieron en el área forestal (24), seguidas por agricultura (9), cría de ganado (6) y lechería (3).

Detrás de estos datos hay empresas, muchas de las cuales fueron denunciadas más de una vez. Según los datos revelados por la cartera laboral, en Corrientes fueron denunciadas 15 empresas seguidas por Buenos Aires (8), Santa Cruz (4), Mendoza (4), San Luis (1) y Tucumán (1).

En todo el ciclo macrista, las denuncias por trata laboral en el sector rural ascendieron a 69, con 706 potenciales víctimas.

También hay que mencionar la denuncias por trabajo infantil, aunque en este caso la mayor cantidad de casos se encuentran por fuera de la actividad rural. Entre 2016 hasta abril de este año se realizaron 113 denuncias de explotación infantil, de las cuales 32 correspondieron a la actividad agropecuaria (28 por ciento), con 52 menores involucrados.

Esos raros paros intolerantes

Hacheros

El 12 de mayo, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, había advertido que un grupo empresarial pretendía ingresar a General Acha con 18 hacheros que llegaban desde Chaco, una zona con circulación comunitaria del coronavirus, sin respetar los plazos de la cuarentena. El grupo empresarial era Vía Bariloche, de la familia Trappa, que a su vez cuenta con dos estancias en esa provincia.

Pero los peones ingresaron igual de manera ilegal. El Poder Judicial de General Acha tomó cartas en el asunto y organizó una inspección ocular en uno de los predios utilizados por Cabaña Curacó. Lo que sucedió después es una trama que pasó a la Justicia Federal de la Pampa que ya investiga un posible caso de trata laboral.

Los 18 peones fueron sacados del campo de madrugada, para no ser detectados por las autoridades provinciales; según un acta policial, llegaron a Cipolletti dentro de un camión de transportes, encerrados, de la empresa Vía Cargo (familia Trappa). Los movieron como ganado; de ahí fueron subidos a un micro de la misma empresa y llevados a Buenos Aires; por algunos días estuvieron “escondidos” en los depósitos de Vía Bariloche en Retiro y luego llevados a cuenta gotas (en distintos viajes, simulando ser empleados de Vía Cargo) hacia el Chaco.

M. R. tiene 26 años y hace tres que viaja desde Chaco hacia General Acha, La Pampa, para cortar leña contratado por la “Cabaña Curacó”. Según los datos de Anses a los que accedió este periodista (publicados en conjunto por Agencia Cadena del Sur y En Estos Días), su CUIL fue dado de alta en 2013 pero nunca registró una relación de dependencia formal. Es decir, desde sus 19 años trabaja en la informalidad. Según su relato, fueron sacados del campo en la caja de una camioneta, a la intemperie, para recorrer 450 kilómetros hasta Cipolletti. El fiscal federal de La Pampa, Leonel Barbella, ya tiene en su poder las cámaras de seguridad que podrían constatar la manera en que llegaron esos peones.

Dentro de Curacó, los peones vivían en casillas, divididos en grupos de seis; una de ellas tenía el piso de tierra; y el baño eran cuatro palos, una lona para simular cierta privacidad y un balde. “Siempre tuvimos problema con la comida, además de que siempre nos pagaron en negro”, reconoció C.O, otro peón que trabajó para la misma Estancia.

La pulseada por las retenciones a la soja

Esconder la trata 

Hasta 2015, el Registro de los Trabajadores Rurales (Renatea, luego Renatre) coordinaba acciones con la Protex y el área de rescate de la línea 145; tras la llegada del macrismo, el desmantelamiento de dicho organismo y la puesta en vigencia nuevamente del registro manejado por la Uatre y las propias patronales agropecuarias (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro), se cortó todo vínculo de colaboración.

Durante los cuatro años de Macri, el Renatre volvió a ser lo que era hasta la sanción del estatuto del peón rural (2011): una fabulosa caja de recaudación que a través de un sistema de condonación de deudas había creado un Fondo Estímulo para ser repartido entre algunos directores del organismo.

Toda esta estructura (perdonaban deudas a cambio de un “aporte solidario” para ellos mismos) quedó sellada a través de una serie de resoluciones internas –piezas de un rompecabezas– que este cronista pudo reconstruir (Acta de Directorio del 9 de febrero de 2017; Resolución 713/2017; Resolución 78; Dictamen de Asuntos Jurídicos 129/2017; Expediente 15575/2017).

Por otro lado, los medios hegemónicos de comunicación también suelen silenciar estos datos; no por nada La Nación y Clarín tienen negocios agropecuarios a través de diferentes exposiciones rurales. La trata laboral en el sector rural tiene quien la esconda.

Durante el conflicto por las retenciones móviles en 2008, la llamada Mesa de Enlace logró instalar el “Todos somos el campo” con la ayuda de quien luego sería el Grupo A y más tarde Cambiemos; ahora pretenden instalar “Todos somos Vicentin”.

Lo invariable, lo escamoteado en ambos escenarios, es el mecanismo de doble rentabilidad que abunda en el sector: lo que exportan/comercializan internamente sumado a la ganancia extraordinaria por la reducción a la servidumbre de sus trabajadores. Más que solicitarles el pago correcto de retenciones habría que exigirles a los empresarios del sector que empiecen a respetar los Derechos Humanos.

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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