Sin pensiones para chicos discapacitados

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En un documento interno sin firma que aquí se revela, la Agencia Nacional de Discapacidad -que depende de Presidencia- deja afuera a los menores como beneficiarios de pensiones. El argumento: no tienen incapacidad laboral. Además, hay más de 20 mil solicitudes de pensiones por discapacidad que están “cajoneadas”.

Fotos: Joaquín Salguero

Las autoridades de la nueva Agencia Nacional de Discapacidad comunicaron a los trabajadores los nuevos criterios para otorgar pensiones. Dejan de otorgarlas a menores de edad y endurecen los requisitos para personas con síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras. Hay veinte mil pensiones que iban a ser otorgadas y que ahora volverán a ser revisadas bajo esta nueva modalidad.

A metros del Congreso de la Nación funciona la Agencia Nacional de Discapacidad (ex Comisión Nacional de Pensiones) desde octubre del año pasado cuando el gobierno nacional mediante el decreto 868/2017 la creó para ubicarla bajo la órbita de de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, quitándola de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

En los próximos días unas veinte mil carpetas se irán apilando en cajas en la oficina número 32 del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1447 para ser revisadas nuevamente por los únicos cinco médicos que hay en auditoría médica a nivel nacional. Estas veinte mil carpetas contenían los trámites correspondientes para efectivizar el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad, luego de más de un año de rigurosas evaluaciones. Unas veinte mil familias con la expectativa de poder obtener un derecho que, con estos nuevos cambios y sin ser notificados, es posible que no obtengan.

El jueves 25 de enero los trabajadores de las áreas de determinación de derecho, auditoría médica y resoluciones fueron notificados mediante una circular sin firma sobre los nuevos criterios médicos que se establecerán a partir de ahora. Estos nuevos criterios excluyen a los menores de edad de la posibilidad de acceder a una pensión por discapacidad y endurecen los requisitos para el otorgamiento de pensiones a personas con HIV, síndrome de Down, Parkinson, y EPOC. Además, incluyen a veinte mil pensiones que ya habían sido aprobadas y estaban a punto de ser otorgadas pero que ahora, luego de más de un año de evaluaciones, volverán a ser revisadas.

En la circular se puede observar que los expedientes en tránsito a liquidaciones deberán anularse y pasar por un sistema administrativo intranet, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los médicos revean los casos.

En la misma se pide separar de la caja a “Menores de edad (entre 0 y 17 años. Tomar el momento actual)”.

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Se endurecen los requisitos para las personas con síndrome de Down: deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con porcentaje en el Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

Aquellas personas con enfermedades como HIV o cáncer también vuelven a auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser sujetos de este derecho a no ser que tengan comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

Respecto de los menores de edad, desde la Agencia sostienen que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones. El argumento: “no tienen incapacidad laboral”.

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Sólo pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania), y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD.

Si bien por lo general las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires poseen ambos certificados, estos trámites (y en especial la obtención del CUD) se vuelven engorrosos en el interior del país.

“Los criterios sociales no fueron modificados, modifican los criterios médicos y no lo comunican de manera oficial. El papel que están circulando para informar de manera extraoficial no posee firma”, señalan fuentes del área.

Estas 20 mil personas iniciaron los trámites a partir de 2016 en adelante, de las cuales “12 mil de estas carpetas ya habían sido enviadas a archivo bajo un sistema interno. Al acercarse la persona para averiguar el estado de su trámite figuraba en Resoluciones, al estar ahí se presume que ya está otorgada la pensión y sólo falta la firma del funcionario y su liquidación”, explican las fuentes consultadas. Sin embargo, estas carpetas volverán a ser revisadas bajo los nuevos criterios sin que estas personas lo sepan.

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Actualmente en auditoría hay casos que tienen más de un año de demora en plazos normales. Hay sólo cinco médicos para la revisión de trámites de todo el país. Esos cinco médicos van a volver a revisar trámites que ya habían aprobado pero ahora deberán observarlos bajo estos nuevos criterios.

Este proceso pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se demoraría entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.

Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones afirma que desde el gobierno nacional “no van decir nada pero van a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito, van a cerrar oficinas, ya empezaron en Tigre”. Además explica que “el gobierno está violando la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad”.

Dicha convención en su Artículo 4 sobre Obligaciones generales establece que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella”. Se destaca también que “el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad”.

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“La ley es clara, el tema es a qué consideras discapacidad. En el Impenetrable hay Mal de Chagas, y es muy alto el porcentaje de personas con problemas de discapacidad laboral. Es un criterio metodológico según vos lo determines” explica Carlos Castagneto, quien fuera viceministro de Desarrollo Social durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“En el año 2005 hicimos la primera encuesta nacional de discapacidad en la Argentina: nos dio un 8%. En 2009 había subido a un 12%. ¿Sabés por qué?”, pregunta Castagneto, para inmediatamente responder: “A la discapacidad, en muchos casos, vos la detectás cuando los chicos se escolarizan porque si no, no tenías forma. Con la Asignación Universal por Hijo debías presentar las vacunas y el certificado de escolaridad, ahí se comenzaron a detectar muchos casos. Son políticas de Estado. Si no acompañas a estas personas con otros programas sociales lo derivás al ANSES y te dedicás a pagar y nada más”.

Castagneto va más allá del otorgamiento de las pensiones y explica: “Vos podés llevar al mejor especialista del área pero si tenés una política económica como esta, no hay forma de resolverlo. Carolina Stanley puede tener la mejor intención pero no hay programa social que alcance si la leche te aumenta como está aumentando”.

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Mientras tanto hay veinte mil familias de los sectores más vulnerables de la sociedad, que están a la espera de cobrar esa pensión que les permita cubrir las necesidades básicas. Esas veinte mil familias no saben que en el edificio que se encuentra a metros del Congreso Nacional hay veinte mil carpetas que fueron aprobadas para su liquidación pero ahora volverán a ser revisadas bajo criterios más exigentes. Esas familias no saben que posiblemente, debido este cambio, no van a ser beneficiarios del derecho a una pensión.

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