El Estado ya no tiene quien lo defienda

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No tiene límites el desguace de los abogados del Estado encarado por Mauricio Macri en la Procuración del Tesoro Nacional luego de echar a Carlos Balbín por su independencia en los casos del Correo y Odebrecht. Desde que el Presidente designó a su abogado personal, Bernardo Saravia Frías, al frente de la dependencia que debería velar por los intereses judiciales del Estado, la Procuración trabaja al servicio de las corporaciones. Desarmó el área que defiende al país en juicios iniciados por empresas en organismos multilaterales, descabezó todas las direcciones.

El Estado al servicio empresario. Esta lógica con la que Mauricio Macri impregnó a la administración pública llegó a la Procuración del Tesoro (PTN), un organismo clave ya que se trata de la cabeza de los abogados del Estado. Macri designó como jefe de los abogados del Estado a Bernardo Saravia Frías. En los hechos, más que abogado del Estado opera como su abogado personal. Apenas asumido, Saravia Frías descabezó todas las Direcciones de la Procuración del Tesoro, algo que no hizo ni el ex procurador Carlos Balbin (también designado por Macri) ni tampoco sucedió, con esta magnitud, con los distintos procuradores que actuaron durante el kirchnerismo. El mensaje general fue claro: un cambio de rumbo. La bajada de línea de Saravia Frías fue más específica: “Lo de Correo hay que arreglarlo”, sentenció en referencia a la causa por la que Macri le intentó condonar a su familia más de 70.000 millones de pesos. Pero no sólo busca acomodarle los papeles a la familia presidencial. También desarticuló al equipo que defiende al país ante los juicios que le inician empresas en organismo multilaterales, cuyo trabajo le hizo ahorrar a la Argentina más de 16.000 millones de dólares.

Con el nuevo Procurador aumenta el tesoro de Clarín

Basta con el Correo

Los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos que sienta la Procuración del Tesoro de la Nación son obligatorios para todos las abogados y abogadas del Estado” sentencia la página web del organismo. Su rol es tan vital como poco conocido. El cargo del Procurador del Tesoro es un cargo político. Tiene jerarquía de Ministro y depende directo del Presidente, aunque toda estructura de la PTN queda dentro del Ministerio de Justicia. Bien distinto al del Procurador General de la Nación, el cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó, que precisa aprobación parlamentaria para su designación y es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, con el que se lo suele confundir. También se confunde su rol: Gils Carbó es la cabeza jerárquica de los fiscales, pero no puede darles órdenes; Saravia Frías es la cabeza de los abogados del Estado, que deben responderle. El Procurador del Tesoro depende del Presidente. Es el abogado del Estado, aunque ahora Macri pretende convertirlo en su abogado personal.

La Procuración del Tesoro tiene 5 direcciones: Judiciales, Auditoría, Internacionales, Sumarios y Dictámenes. Todas fueron descabezadas y cooptadas por Saravia Frías, en el contexto del CorreoGate y del escándalo Odebrecht. De hecho, por estas dos causas es que Saravia Frías reemplazó a Balbín en el cargo. El ex procurador no cumplía con el nuevo requisito para el cargo: defender a la familia Macri por sobre el Estado.

La auditoría sobre el expediente de Correo Argentino le costó también el puesto a Guillermo García, un abogado sin filiación partidaria con más de dos décadas en el organismo. García fue el encargado, por orden de Balbin, de auditar las 25.000 fojas que acumuló el expediente por la deuda de los Macri con el Estado a lo largo de 16 años. Su análisis mostró la responsabilidad tanto de ex funcionarios como de las juezas que tuvieron en sus manos este expediente. Pero su pecado capital fue incluir junto a ellos a la familia Macri y, sobretodo, plantear que se pueden computar intereses de la deuda. Son miles de millones de pesos en juego. Tras la salida de Balbin, que avaló esta auditoría con un memorándum que dejó firmado, a García lo corrieron de la dirección de Auditoría. Saravia Frías tomó la posta en el juicio y, en su última acción, avaló el deseo de los Macri de suspenderlo por 120 días hábiles.

En reemplazo del auditor García, Saravia Frias nombró a Leandro Chillier. En marzo, Chillier fue designado liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, una sociedad del Estado. Renunció al cargo a fines de julio. Su nombre como director de Auditoría ya figura en la web de la Procuración del Tesoro, pero su designación no figura en el Boletín Oficial.  Antes de su paso por el Estado, Chillier trabajó igual que Saravia Frías para el Bank Boston. También en estudio Bulló, entre cuyos socios está Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, asociación civil que nuclea lo que Horacio Verbitsky definió como el “establishment jurídico que postró al país”.

Un procurador a la medida de Macri

Menem lo hizo, Macri lo continúa

En su cruzada, Macri y Saravia Frías también dejaron al país sin defensa ante tribunales internacionales. Desarmaron la Dirección de Internacionales, cuyo equipo funcionaba como un estudio de abogados en la defensa del país frente a las empresas que le hacen juicios amparados en los tratados firmados a principios de la década del 90 por Carlos Menem.  La mayoría de estos juicios están radicados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido por la sigla de CIADI. Creado en 1966 y con sede en Washington, el CIADI es un apéndice del Banco Mundial, y su objetivo es resolver pleitos vinculados a tratados de inversiones. O sea, en su mayoría, demandas de empresas contra países. Rubro en el que Argentina tiene el record.

El CIADI trató 635 casos de todo el mundo. Resolvió 410 y le quedan pendientes 225. Argentina tiene el record. Tuvo 54 juicios ante el CIADI. De esos, 42 ya se resolvieron y quedan pendientes 12. O sea, el 8,5% del total, el 10,2% de los resueltos y el 5,3% de los pendientes. Son miles de millones de dólares en juego.

Hay dos casos que son clave por una doble vinculación a Macri: se trata de empresas que eran socias de su familia y de juicios que tuvieron movimiento o comenzaron en su Gobierno. La alemana HOCHTIEF Aktiengesellschaft tenía un juicio en el CIADI desde el 2007, por incumplimientos de los tratados bilaterales con Alemania de 1991. Fue socia de Sideco en la explotación del puente Rosario-Victoria. La empresa logró una condena contra la Argentina pero por un monto muy pequeño. Ante esto, en abril de 2017 inició un procedimiento de anulación cuya resolución esta pendiente. Los abogados de la empresa son los neoyorkinos Kelley Drye & Warren.

El otro caso es el de la española Abertis. El CIADI registró la demanda de Abiertis el 17 de diciembre de 2015, apenas una semana después de la asunción de Macri como Presidente. Esta corporación española reclama 1.200 millones de dólares. Son conocidos de los Macri, ya que fueron socios en Autopistas del Sol. Mientras la empresa demanda al Estado, el Gobierno de Macri negocia ahora la extensión de las concesiones de la Panamericana y el Acceso Oeste hasta el 2030, pese a que vencían recién en 2018. El juicio tiene toda la apariencia de una presión.

A poco de un mes asumir, Saravia Frías despidió a la directora del área, Silvina González Napolitano, titular de la cátedra de Derecho Internacional Público de en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Gonzalez Napolitano comandaba un equipo formado hace varios años, durante la gestión del procurador Osvaldo Guglielmino.  Quien secundaba a Gonzáles Napolitano era Mariana Lozza, que presentó su renuncia en el contexto de desguace del área y presiones a sus integrantes. Hasta ahora eran cerca de 25 personas entre abogados, economistas, traductores y administrativos. En en este tiempo la Dirección de Internacionales acumuló experiencia en este tipo de litigios. No es para menos, teniendo en cuenta que Argentina lidera, por lejos, el ranking de países demandados. Con su desguace, se pierde ese capital acumulado.

No es un área sencilla: los tratados heredados de Menem dificultan y mucho la defensa ante tribunales internacionales. En muchos de los juicios no se trata de ganarlos, sino de reducir al máximo la sentencia en contra. Este equipo desarticulado por el macrismo tenía reconocimiento mundial. A pesar de que no se trata estrictamente de un estudio jurídico, en 2010 la Global Arbitration Review lo ubicó entre los 5 mejores del mundo del arbitraje y destacó entre los casos ganados las anulaciones de los juicios que logró contra Sempra y Enron. Sempra reclamaba más de 1.200 millones de dólares. No se pagó un centavo.

Saravia Frías designó al frente de esta área clave a María Teresa Gianelli, ex Gerenta de Asuntos Societarios del Banco Supervielle (según su perfil de Linkedin) con un master en aspectos legales de las finanzas en la UCEMA, bastión académico del neoliberalismo. La relación del Gobierno con el Banco Supervielle es muy estrecha. Según el informe del Fondo de Garantía de Sustentabilida de la ANSES, se “adquirieron acciones del Grupo Supervielle por un valor de $ 617 millones”, sumados a los 50 millones de pesos en Obligaciones Negociales que reveló Nuestras Voces.

Los jubilados le prestan a los bancos

El curriculum de Gianelli es más cercano al de Saravia Frías, cuyos antecedentes más notables son como abogado de bancos, petroleras y mineras, además del Grupo Macri. Una de las primeras iniciativas de Gianelli fue el línea con el paradigma macrista: preguntó cuanto costaba mantener el área y si era eficiente. El informe arrojó como resultado que por cada dólar que “cuestan” los abogados del Estado le hicieron ahorrar al país otros 204 dólares. En concreto, el equipo comandado por Gonzalez Napolitano y Lozza le ahorró al país más de 16.000 millones de dólares. No fue suficiente, la decisión de desarmar el equipo estaba tomada.

Los abogados de las empresas toman nota: al desarmar este equipo, el país queda vulnerable en los juicios.

Correo y Odebrecht, las investigaciones que empujaron a Balbín

Judiciales

Cuando recibías una denuncia contra tu organismo o ministerio lo primero que hacías era llamar a Silva Tamayo”, recordó alguien que tuvo a su cargo varias direcciones de jurídicos en los últimos años. Se refería a Gustavo Silva Tamayo, hasta hace pocas semanas Director de Judiciales de la Procuración del Tesoro. O sea, el jefe del área que, según sus funciones, “asume la defensa y representación del Estado en los juicios cuyo manejo le encomienda el Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones de relevancia económica e institucional

Silva Tamayo tiene más de 25 años de trayectoria en la administración pública. Como gusta decir el macrismo, tiene un perfil técnico, no partidario. Llegó a la subdirección de Judiciales en 2008 y a la dirección en 2013. Sumado a su experiencia en la administración pública tiene una amplia trayectoria académica. Es doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en derecho administrativo y en administración financiera pública, profesor en varias universidades.

A Silva Tamayo lo desplazaron pero en un proceso lleno de irregularidades. Primero le recortaron personal. Apenas asumido, Saravia Frías encargó una purga que incluyó a los abogados Santiago Pérez Teruel, Agustín Tarelli y Bruno Toia. El periodista Federico Mayol publicó en el portal Infobae la versión oficial en la voz de una fuente sin nombre: “‘No venían a trabajar o lo hacían por pocas horas. Se dedicaban más a la actividad privada en sus propios estudios jurídicos o a la académica’ explicaron fuentes de la Procuración a Infobae sobre el motivo de los despidos y negaron razones políticas detrás de los desplazamientos”. Lo cierto es que que el despido de Perez Teruel fue por su vinculación al ex ministro Axel Kicillof, el de Toia por su cercanía con Guillermo Moreno. Tarelli es hijo del ex Síndico General Adjunto de la Nación, Agustín Tarelli, que intervino en casos como el de Papel Prensa. Los tres, según varias fuentes de la Procuración, lejos de ausentarse pasaban largas jornadas en el organismo y eran de los abogados más calificados.

Luego vino la embestida contra Silva Tamayo para sustraerle las causas de Correo Argentino y Odebrecht. Formalmente aún no fue despedido, pero su nombre ya fue borrado de la web del organismo. Saravia Frías lo cesó en su cargo por un documento interno, algo que no tiene validez jurídica. Para corregir esta anomalía, circula un nuevo documento redactado en el Ministerio de Justicia.

Otro de los despedidos, apenas asumió Saravia Frías, fue Cristian Dellepiane, que era director de Dictámenes. En su lugar asumió Juan Pablo Lahitou, La nueva gestión también encaró cambios en las más de 100 delegaciones que tiene la Procuración del Tesoro en todo el país.

Patrón de Estancia

Cuando asumió, Macri nombró como procurador del Tesoro a Balbín, un camarista porteño con amplia trayectoria académica. El día de su designación, Macri recordó públicamente un favor que recibió de Balbin. En el acto en la Casa Rosada, contó como su nuevo funcionario lo había ayudado en la causa judicial por el traslado de la sede del Gobierno porteño a Parque Patricios. Macri quiso ser gracioso, pero reveló las prácticas promiscuas entre jueces y funcionarios. Tras ser despedido como procurador del Tesoro, Balbin volvió a su terruño como juez. Hasta ahora no hizo ninguna declaración pública sobre su salida.

A pesar de esta vieja relación, Balbin no fue lo que Macri esperaba, es decir, su abogado personal todoterreno al frente de los abogados del Estado. Balbin demoraba los expedientes, evitaba firmar temas espinosos. Su renuncia era un hecho desde diciembre de 2016 pero se acordó una salida elegante para abril de 2017. Esas semanas fueron fatídicas para el Gobierno. Estallaron los escándalos del CorreGate y de Odebrecht. Balbin intervino en ambos. En el caso de Correo, avaló una auditoría que, tal como publicó Nuestras Voces, revela las complicidades de funcionarios, jueces y la familia Macri para demorar el pago de su deuda. Dejó abierta la puerta, además, para que esa deuda se pague con intereses, algo que los Macri no quieren ya que representa miles de millones de pesos. Por otro lado, Balbin comenzó a meter la nariz en el escándalo Odebrecht por su cuenta, ordenando a Silva Tamayo que analizara la posibilidad de iniciar acciones judiciales. Un combo que los catapultós fuera de la procuración.

#Correogate: las tramoyas ocultas de Macri

En su lugar, Macri nombró a Saravia Frías. En los pasillos de la Procuración del Tesoro lo bautizaron “Patrón de Estancia”, por sus modos autoritarios de moverse dentro del organismo cual si fuera de su propiedad. Su perfil es claro. Proveniente del estudio que lleva su apellido, desde donde trabajó para bancos, petroleras  y mineras, Saravia Frías cumple los deseos de Macri: en lugar de ser el abogado del Estado es el abogado del Presidente.

Al igual que Macri, Saravia Frías mezcla función pública con negocios. El 11 de julio, con pocos días en el cargo, participó de la 4ta Conferencia del Banco Itaú en el Palacio Duhau. A la actividad, que fue comunicada por la web del organismo, asistieron más de 60 empresarios de distintos países para, según informaron, “analizar posibles futuras inversiones”. Segpun consta en el comunicado de prensa, Saravia Frías dijo: “Aspiramos a convertirnos en un país predecible. Porque ser predecible es la base de una economía donde llegan inversiones, y eso es lo que nos proponemos y estamos trabajando para lograr”. Lo que evitaron mencionar es que el Itaú figura entre los clientes del estudio Saravia Frias.

El perfil patrimonial de Saravia Frías y Balbin también difiere. Balbin, en su última declaración jurada, informó un patrimonio de 4.119.370 de pesos; Saravia Frías declaró un patrimonio de 64.745.748, quince veces más. Balbin tiene todo su patrimonio en el país y su única inversión es en Bonar X por 184.743 pesos. Saravia Frías tiene el 71% de su patrimonio en el exterior. Cuenta con depósitos en Estados Unidos, más de 40 millones de pesos en Bonar AY23 y acciones en el Bank of America Bonds, Arcelomittal Bonds, Petróleos Mexicanos Bonds, YPF y Anifield Gold. Otro dato importante: todos sus títulos y acciones en el exterior ingresaron a su patrimonio entre febrero y marzo de 2016.

Junto a Balbin se fueron, por distintas circunstancias, los subprocuradores Susana Elena Vega y Orlando Javier Moreno. Saravia Frías aún no nombró oficialmente a sus reemplazantes, pero si de facto. Uno es Lucas Cinto Courteaux, su cuñado.

Saravia Frías y Cinto Courteaux tienen otro punto en común. Ambos provienen de familias de represores.  A principios de mayo fue detenido Marcelo Cinto Courtaux, tío de Lucas, miembro de los aparatos de inteligencia del a Dictadura que estaba prófugo hacía 3 años. En julio fue detenido el ex teniente coronel del Ejército José Ignacio Saravia Day, tío del actual procurador.

El otro subprocurador de facto es Ernesto Lucchelli. Al igual que Saravia Frías y el ministro de Finanzas Luis Caputo, Lucchelli proviene del Deutsche Bank.

La incógnita respecto a Saravia Frias es su futuro. Dentro del macrismo está haciendo los deberes. Tuvo una pequeña derrota interna cuando no lo logró colar un artículo en la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que le permitiera negociar directamente información en causas iniciadas antes de la sanción de esta ley, que por ahora tiene la aprobación de Diputados. Fuera de esto, logró mantener a raya la cuestión Correo e involucrarse en el escándalo Odebrecht con el visto bueno de Macri. Sus destinos posibles o deseados son el Ministerio de Justicia e incluso la gobernación de Salta.

Procuración de que no se sepa

La cuestión de Correo Argentino es una de las más candentes dentro del Gobierno. En medio del escándalo, Macri firmó el decreto 201 que establece que el procurador debe intervenir en casos como este. El mismo decreto obliga a la Procuración del Tesoro a publicar en su página web todos los casos donde intervenga y pueda existir conflicto de interés. En su web consignan 6 causas vinculadas a Correo, pero nada más. El dato es relevante, ya que hay más de 100 causas que involucran conflictos de interés de funcionarios actuales y que no son informadas por el organismo que conduce Saravia Frías.

@arilijalad

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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