Estafadores denunciados

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Denunciaron penalmente a Mauricio Macri por haberle condonado a su padre una deuda millonaria del Correo Argentino. La denuncia de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública también alcanzó al Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y a Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos de esa cartera y encargado de sellar la estafa de Macri. El caso tomó notoriedad pública luego de ser revelado en exclusiva por Nuestras Voces. La historia de la familia presidencial y uno de los primeros correos postales privatizados del mundo.

Ayer, Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, denunciaron penalmente al presidente y a dos de sus funcionarios por favorecer económicamente a la familia Macri con la condonación de una deuda millonaria del Correo Argentino. Mauricio Macri está involucrado por ser el máximo responsable de la administración de los bienes del Estado Nacional, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue señalado por tener bajo su órbita el cobro de la deuda de Correo Argentino y el director general del área de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio, Juan Carlos Mocoroa, fue denunciado por oficiar como representante del Estado y acordar la quita de la deuda que la empresa de Macri mantenía con el Estado.

Los delitos que se les imputan son fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del C.P.) Los motivos ya son de dominio público: la condonación del 98,82% de una deuda que la familia Macri -Correo Argentino- posee con el Estado y que se encuentra en litigio desde hace más de quince años. La denuncia presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, derivó de una investigación publicada en el Nuestras Voces.

Los delitos que se les imputan son fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del C.P.)

Mocoroa defendió el acuerdo y afirmó en diálogo con las radios Nacional y El mundo: “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”. También aseguró, diferenciándose de las declaraciones de la fiscal Gabriela Boquín, que no existió ninguna condonación. Sin embargo, Cerruti y Sabbatella sostienen en su escrito que “resulta imposible creer que el letrado actuó por cuenta propia y sin instrucciones expresas de sus superiores. No resulta creíble que alguien decida arbitrar entre las partes Correo de Macri y Gobierno de Macri, sin instrucciones de Macri”.

Las denuncias de Cerruti y Sabbattella se suman a las presentadas por el bloque del Frente para la Victoria contra Macri y Aguad por los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También denunciaron por esta causa a Macri y a sus funcionarios, el abogado, Daniel Igolnikov y el dirigente peronista, Juan Ricardo Mussa.

La estafa del Correo

Cuando Franco Macri adquirió la concesión del Correo, el gobierno de Menem le había prometido sacar una ley para prohibir el correo privado y los motoqueros, y poder así unificar los gremios. Había más de ochenta gremios y la famiglia, acostumbrada a trabajar con la poderosa Unión Obrera Metalúrgica o con la Unión Obrera de la Construcción, descubrió el entramado del Estado, donde convivían los gremios propios de la actividad con los sindicatos de los trabajadores estatales.

“Yo entonces era presidente de Boca”, insiste Mauricio, “no tuve nada que ver…”. Sin embargo, tal como menciona Gabriela Cerrutti en su libro El Pibe, Mauricio era miembro del directorio del Correo y, la estructura del negocio, fue definida en su casa de Barrio Parque donde se llevaron adelante buena parte de las reuniones con los empresarios socios y con el gobierno menemista, en las que se decidió la concesión.

“La privatización del Correo era uno de los grandes objetivos del grupo Macri desde que comenzaron a participar del gobierno menemista. La reconversión de Sideco había dado impulso a las empresas de comunicaciones dentro del grupo, que se habían planteado como objetivos estratégicos los aeropuertos, los medios de comunicación y el correo”, afirma Cerruti en su publicación.

El desembarco de los Macri en el Correo fue breve y escandaloso. El trámite fue confuso y complejo y terminó en un fraude económico y financiero por el cual el Estado debió volver a hacerse cargo de la empresa casi en quiebra y luego de que ésta incumpliera con todos los términos del contrato, según relata Cerruti.

Un ejemplo de ello, fue el plan de despidos masivos de trabajadores que llevaron adelante a través de un programa de retiros voluntarios por el que el Correo redujo su dotación en 10.000 empleados. Para eso, utilizaron los fondos que se habían comprometido en el contrato de concesión a aportar como inversión de capital. En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión 100 millones de dólares que había usado en realidad en el despido del personal.

En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión 100 millones de dólares que había usado en realidad en el despido del personal.

La resolución 18.496 emitida por la Secretaría de Comunicaciones el primero de julio de 1999 lo avaló. Como el consorcio Macri se había comprometido a invertir 25 millones por año, con esto quedaba cubierta la inversión de cuatro años. La investigación El Pibe afirma también que aquella resolución no mencionaba los despidos, sino que englobaba la inversión en “bienes intangibles”. Macri presentó un dictamen de la consultora internacional Price Water house-Cooper & Lybrand que apoyaba el criterio, señalando que la erogación efectuada elevaba el valor de la empresa y era considerada por lo tanto una inversión en bienes intangibles.

Germán Kammerath, Secretario de Comunicaciones en aquel entonces durante el gobierno menemista, fue procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público -al aceptar el pago de las indemnizaciones como parte de la inversión requerida a la familia Macri-. Sin embargo, ocurrió cuando había pasado ya tanto tiempo que no existían penas por cumplir.

El Correo poseía más de 6.500 oficinas y una excelente red de distribución a lo largo y ancho de todo el país. “Era la única organización con capacidad para llegar a todos y cada uno de los argentinos, al menos —en promedio— una vez al año. Si en esos contactos, a lo largo de un año, se les pudiera vender ‘algo’ por diez pesos, con ese algo, multiplicado por 35 millones de habitantes, teníamos un potencial de ventas incalculable. Era, verdaderamente, un desafío intelectual, un acicate a nuestra creatividad”, afirmó Orlando Salvestrini según publica Cerruti en su libro. Salvestrini era en ese momento gerente y tesorero de Boca Juniors, hombre con puestos claves intercalando los negocios gerenciados por Franco y Mauricio Macri y diversos cargos durante el menemismo.

El Correo fue la primera privatización en la que la familia Macri debió hacerse cargo de gestionar una empresa estatal, con su infraestructura y su personal. Gabriela Cerruti aclara en su investigación que tanto en el caso de peajes como en el del gas, lo único que debieron hacer fue trasladar sus empresas de infraestructura a ese nuevo cometido, pero no “heredaron” trabajadores estatales.

El viceministro de Trabajo, José Uriburu, se encargó de darle el primer gran negocio al Correo. Apenas otorgada la concesión, el Ministerio de Trabajo contrató al nuevo correo privado para que abonara los planes sociales que se manejaban desde ese Ministerio. No sólo se realizó una contratación directa donde debía realizarse una licitación sino también que ante los dictámenes del Ministerio que ordenaban llevar adelante una compulsa de precios para garantizar que el Estado contratara a quien hiciera la mejor oferta, Uriburu decidió que el Correo debía seguir cobrando las tarifas fijadas con anterioridad hasta tanto se realizaran “informes técnicos”, los que nunca se concretaron.

De acuerdo con el informe de la Oficina Anticorrupción que analizó el tema, la sucesión de delitos constituía un fraude a la administración pública además de incumplimiento de deberes de funcionario público, mismas causas por las que ayer fueron denunciado el presidente y sus funcionarios.

El libro de Cerruti, detalla todavía una situación más insólita. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era notoriamente más elevado que el promedio que se venía registrando. Por expediente se le solicitó a la empresa una explicación, pero sostuvo que “en función del fuerte impacto que ese reintegro le generaría a la empresa, solicitaba se le concediera un plazo de financiamiento de 36 meses para efectivizarlo”. El Ministerio no reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos con lo cual el gobierno y el Correo estipulaban que los beneficios impagos eran del mismo monto que lo que el Ministerio le debía a la empresa por servicios postales, por lo que dieron por cancelada la deuda.

Este acuerdo, fue el que dio la vía libre a los Macri, quienes creyeron encontrar la fórmula ideal para no afrontar el pago del canon de 51.600.000 millones semestrales estipulados por el contrato de concesión. Correo Argentino se presentó ante la Secretaría de Comunicación reclamando que se le compensara el pago del canon por las deudas que el gobierno tenía en diferentes reparticiones y por las condiciones “asimétricas¨ del convenio colectivo de los trabajadores de su empresa con los de otras empresas privadas del mercado postal.

Sin embargo, la empresa OCA se presentó ante la justicia y logró que se le ordenara al gobierno de Carlos Menem no hacerse eco del pedido, aduciendo que lo que se pretendía era otorgar a Correo Argentino un privilegio indebido.

En cuatro años de gestión, el Grupo no cumplió con ninguno de los puntos acordados en el contrato de concesión. Macri le debía al Estado casi 1.000 millones de pesos: 408 millones de canon; 60 millones en préstamos del Banco Nación, y 528 millones en concepto de aportes patronales evadidos frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero, además, acumulaba causas judiciales por diversos motivos.

El Correo fue a la quiebra, el gobierno de Néstor Kirchner decidió su reestatización y lo convirtió en un paradigma de la forma en que se llevaron adelante los negocios en la década menemista.

@malaumanfre

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