Freno a los apropiadores de Papel Prensa

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El fiscal Franco Picardi apeló los sobreseimientos de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa. El juez Julián Ercolini, que demoró durante años la causa, intentó dejarlos libres de culpa apelando a los mismos argumentos del propio Magnetto y omitió pruebas relevantes. Para Ercolini se trató de un simple acuerdo entre privados: ni dictadura, ni la muerte dudosa de David Graiver, ni las actas secretas de la dictadura, ni el material desclasificado de Estados Unidos. La Secretaría de Derechos Humanos no apelará la decisión.  

En un escrito de 48 páginas, el fiscal Franco Picardi dejó al descubierto las omisiones y contradicciones del juez Julián Ercolini, que el pasado 16 de diciembre quiso dejar libre de culpa y cargo a los cinco imputados vivos de esta causa. Es que de los diez imputados originales, gracias a las demoras sistemáticas en el expediente, ya fallecieron la mitad: entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y José Alfredo Martínez de Hoz. La cuestión es relevante porque en su fallo Ercolini intentó cortar la relación entre vivos y muertos, o sea, entre empresarios y jerarcas de la dictadura. En el escrito que presentó ahora el fiscal Picardi se revelan todas las pruebas que el juez Ercolini descartó sobre esa relación.

El fallo de Ercolini, que demoró durante años la causa en complicidad con el fiscal subrogante Eduardo Taiano (que participó del trámite hasta 2015), tiene como eje encapsular el momento de la venta forzosa de Papel Prensa y desligarlo de las amenazas previas que sufrió Lidia Papaleo tanto de militares como civiles y de los secuestros, violaciones y asesinatos posteriores. Para Ercolini, siguiendo la versión oficial que divulgaron todos estos años Clarín y La Nación, se trató de un simple acuerdo entre privados, unos que estaban construyendo una fábrica de papel y supuestamente necesitaban vender el proyecto por apremios económicos; otros que eran dueños de tres diarios y les interesaba el negocio. Nada más. Ni dictadura, ni la muerte dudosa de David Graiver, ni la campaña mediática contra el grupo Graiver, ni las actas secretas de la dictadura, ni material desclasificado de Estados Unidos, ni numerosos testimonios que revelan lo contrario fueron tenidos en cuenta por Ercolini.

Para Ercolini, siguiendo la versión oficial que divulgaron todos estos años Clarín y La Nación, se trató de un simple acuerdo entre privados, unos que estaban construyendo una fábrica de papel y supuestamente necesitaban vender el proyecto por apremios económicos; otros que eran dueños de tres diarios y les interesaba el negocio.

El eje Ercolini-Magnetto

Para apelar la decisión de Ercolini el fiscal Picardi siguió los ejes de su fallo. Para Ercolini, la reunión del 2 de noviembre de 1976 donde se concretó el traspaso accionario de Papel Prensa se dió en un instante encapsulado y sin historia. Sin pasado ni futuro. En su escrito de 138 páginas, el juez desarrolla 3 ejes: uno, que no hay relación entre las amenazas previas a ese día y la venta forzosa; dos, que esa reunión tuvo un marco de tranquilidad y cordialidad; tres, que tampoco hay relación entre esa operación y los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de miembros de la familia y el grupo Graiver.

Para sintetizar la apelación a estos tres ejes, el fiscal Picardi escribe: Hay suficientes evidencias de que el grupo económico Graiver fue perseguido, amenazado y extorsionado, desde el fallecimiento de David Graiver, con la finalidad de que se desprendan de las acciones de Papel Prensa S.A., como efectivamente ocurrió el día 2 de noviembre de 1976, y que esa persecución continúo con posterioridad –cuando fueron secuestrados, privados ilegalmente de su libertad en centros clandestinos, atormentados y luego detenidos ‘legalmente’ a disposición del P.E.N.–, hasta tanto la dictadura cívico-militar que gobernó el país en aquellos años en connivencia con los dueños de los diarios –agrupados en Fapel S.A.– pudieron perfeccionar la maniobra delictiva pergeñada y se quedaron con aquel negocio de manera ilegítima (…) de los elementos probatorios reunidos surgen claramente las intenciones del gobierno de facto y su connivencia con los diarios La Nación, Clarín y La Razón, para lograr la apropiación ilegal”.

Lo que resulta notable de las tesis de Ercolini es su coincidencia con la versión de los hechos que el propio Magnetto decidió dar a conocer semanas antes del fallo en su nuevo libro, “Así lo viví”. Ercolini sostiene que la operación no tuvo que ver con el contexto previo ni posterior cuando Magnetto asegura que “el momento histórico en que se produjo esa operación no lo eligió Clarín”. Ercolini afirma que “la venta del paquete accionario de Papel Prensa S.A. habría estado motivada en el descalabro financiero y de liquidez en el que había entrado el grupo económico con la muerte repentina de David Graiver y la necesidad de vender activos” e insiste en que sus problemas eran las deudas con Montoneros, y en su libro Magnetto dice: “Los dueños se estaban desprendiendo de todas sus inversiones por la deuda que tenían con Montoneros”. Ercolini plantea que “está acreditado también que el proyecto de contar con una empresa propia que cubriera las necesidades de producción de papel para diarios había sido uno de los temas que se abordaban en el diario Clarín desde el año 1972 (…) Deben descartarse entonces que hubieran existido maniobras apresuradas y de interés repentino”, siguiendo la línea de Magnetto que publica: “La mejor prueba de que no fue algo nuevo u oportunista fue que Clarín venía trabajando muy seriamente en entrar a la producción de papel desde varios años antes”. Lo cierto es que Clarín sólo tenía un sello de goma, FAPEL, que fue un simple instrumento para la operación. En otro pasaje Ercolini repite que “tampoco existen siquiera indicios que lleven a presumir un acuerdo entre los adquirentes de PPSA (Papel Prensa SA) y los gobernantes de facto que incluyera una compraventa jurídicamente realizada”, coincidiendo con Magnetto que en su libro cuenta que “ni los diarios fueron a buscar a los militares para conseguir el negocio, ni los militares nos vinieron a buscar a los diarios”. Ercolini dice que no se pagó un precio vil; Magnetto que “se pagó, y se pagó un precio justo”.

Lo que resulta notable de las tesis de Ercolini es su coincidencia con la versión de los hechos que el propio Magnetto decidió dar a conocer semanas antes del fallo en su nuevo libro, “Así lo viví”.

La tijera de Ercolini

Para el fiscal Picardi hay un accionar recurrente del juez Ercolini, que consiste en recortar o soslayar testimonios y pruebas que contradicen su objetivo. Hace mención a esto en varias partes de su escrito. Por ejemplo, Picardi afirma que Ercolini “omite la valoración de ciertos testimonios, por ejemplo, o efectúa de ellos un análisis parcial, mientras que sobreestima otros tantos. En tal sentido, en ambos casos, evita una consideración acerca del porqué parcializa la valoración de prueba producida, o directamente la desecha, incluso aquella a todas luces contundente y cargosa”.

Para sobreseer a todos los imputados, el juez Ercolini sostuvo: “No se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de PPSA el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas”. O sea, intenta separar las amenazas previas (que sí existieron) a la operación. En la apelación, el fiscal Picardi reconstruye los testimonios desdibujados por el juez. Hay un ejemplo clave. Ercolini se apoyó en que Isidoro Graiver, hermano de David, cambió su testimonio durante el correr de la causa. De hecho, algo que no figura en el escrito del fiscal, el propio Magnetto le confesó al periodista Martin Sivak: “Sin ese testimonio yo terminaba preso”. Lo que el juez Ercolini hizo fue descartar una primera declaración testimonial donde Isidoro Graiver daba cuenta de presiones y amenazas previas, y tomar sólo un acta que el mismo testigo presentó producto de una maniobra judicial justamente impulsada por Clarín. Según consta en el acta, el hermano de Graiver presentó este escrito del que se sirve Ercolini “a requerimiento de AGEA”, que es la razón social que edita el diario Clarín.

Una reunión cordial

En uno de los pasajes del fallo Ercolini re-victimiza a la víctima. Lo hace con una antiguada regla probatoria, según la cual no se pueden confirmar los dichos de quien denuncia si no hay un tercero que los apuntale. En las causas por delitos de lesa humanidad esta regla fue expresamente descartada por tribunales internacionales y los tribunales nacionales siguieron su ejemplo. El motivo es sencillo: es un despropósito de exigir testigos en situaciones creadas por los imputados para lograr impunidad. En este caso la víctima, Lidia Papaleo, contó no sólo las presiones previas a la operación del 2 de noviembre de 1976 sino las que recibió ese día por parte de Magnetto, un imputado. Sin testigos.

En su fallo, el juez Ercolini sostiene: “Salvo las afirmaciones de Lidia Papaleo de que en oportunidad de la celebración de la reunión en la sala del diario La Nación, Héctor Magnetto le habría instado a que firme la cesión de acciones bajo amenazas de muerte hacia ella y su hija, los restantes declarantes presentes en la ocasión no sólo que no corroboraron que ello haya sucedido, sino que, por lo contrario, afirmaron que la reunión y la operación se desarrollaron con absoluta normalidad y tranquilidad”. O sea, pide ratificación de una amenaza personal y selecciona testigos que le cuentan de una asamblea cordial y feliz.

Para desmerecer el testimonio de la víctima Ercolini toma la declaración del contador Hugo Bogani, venido hace pocas semanas desde Miami sin avisar a las querellas para simplemente relatar una versión de que la venta se hizo en un ambiente sin presiones ni aprietes. Bogani “lo recuerda como una reunión social, que se celebró en un marco de cordialidad, la gente conversaba entre ella, era un acto muy importante, había profesionales que asistían a las partes, estar ahí fue concurrir a un acontecimiento”. Una declaración que vino como anillo al dedo. Para completar la operación, Ercolini se negó en los días previos a su fallo a tomarle declaración a Horacio Sepic, que estuvo en la misma reunión y, según las querellas demiente a Bogani. Dato aparte, el abogado histórico de Bogani es Pablo Noceti, defensor de represores y actualmente jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Para el fiscal Picardi, “Magnetto realizó su aporte más evidente al hecho, consistente en apartar a Lidia Papaleo en un sector de la habitación, desde el cual la obligó a firmar los documentos de cesión de las acciones en su poder bajo la amenaza de muerte contra ella y su hija. Recordemos que esta amenaza se encontraba respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud del acuerdo que lo unía con los mandos de la dictadura cívico-militar”.

En su escrito, el fiscal Picardi también afirma que “independientemente de quien llevara la voz de mando en la operación, lo cierto es que todos los allí involucrados cumplieron un rol central en la ejecución del plan previamente concertado, al darles razones coactivas –ya sea verbalmente, mediante gestos o aun con su sola presencia– a las víctimas del hecho, indicándoles de diversos modos, más o menos directos, que su vida y la de sus seres queridos estaban en sus manos”. En síntesis, mientras Ercolini (siguiendo la línea de Clarín y La Nación) sostiene que los Graiver realizaron la operación en libertad y sin presiones, el fiscal Picardi demuestra lo contrario.

En síntesis, mientras Ercolini (siguiendo la línea de Clarín y La Nación) sostiene que los Graiver realizaron la operación en libertad y sin presiones, el fiscal Picardi demuestra lo contrario.

Resulta difícil explicar –sigue Picardi– que los supuestos vendedores aceptasen todas estas condiciones si no fuese por la coerción y apremio que denunciaran. De otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija y que debían entrar en la sucesión de su marido (…) Es decir, Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado ilegítimo finalmente conseguido”.

Los secuestros

El otro eje del sobreseimiento que decretó el juez Ercolini es que no hay relación entre la operación en torno a Papel Prensa y los posteriores secuestros del Grupo Graiver. Para el juez, se trató de una cuestión de lógica temporal, y dijo: “las detenciones no encuentran conexión lógica, ni cronológica, ni jurídica con los contratos celebrados”. Las pruebas abundan en sentido contrario.

Yerra el juez cuando para acreditar la interrupción causal entre el negocio jurídico de venta de acciones y el posterior secuestro de los Graiver y allegados, evalúa que transcurrieron varios meses”, plantea el fiscal Picardi, que sostiene que no sólo el tiempo entre la operación y los secuestros no es tan largo sino que, aún si lo fuera, hay pruebas suficientes para conectarlos.

En su apelación, el fiscal Picardi reseña: “El 2 de noviembre de 1976 la familia Graiver firmó un convenio mediante el cual enajenó acciones que pertenecían, entre otros, a una menor de edad cuyo interés debía ser especialmente protegido, con el aporte de una suma menor al 1% del precio de venta presuntamente acordado. Cabe destacar que el saldo final de la operación (más del 98% del precio) debía ser abonado a los 90 días de la firma del convenio (2 de febrero de 1977), aunque dicha suma recién habría sido entregada por los diarios al escribano Poggi el 19 de abril de 1977: una semana después de que se hicieran públicos los secuestros de los integrantes del grupo Graiver y el mismo día en que Jorge Rafael Videla los ‘blanqueó’ mediante una conferencia de prensa ofrecida en el Comando en Jefe del Ejército. Se advierte así que el pago aludido por la defensa de la casi totalidad del precio de la venta de acciones se efectuó cuando los integrantes del grupo se encontraban secuestrados en el Centro Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco”. Es decir, al argumento de Ercolini (siempre en línea con Clarín y La Nación ) de que cuando secuestraron a los miembros del Grupo Graiver la operación ya había concluido, el fiscal Picardi desnuda su inexactitud.

Mientras en su fallo Ercolini insiste en compartimentar lo que pasó el 2 de noviembre de 1976 y escindirlo del contexto dictatorial, el fiscal Picardi plantea lo opuesto: la imposible separación del marco en el cual primero se amenazó, luego se extorsionó y luego se secuestró a Lidia Papaleo y demás miembros del Grupo Graiver. “Es tal la conexión vincular entre la venta coactiva, objeto del legajo, y el posterior contexto de secuestros, privaciones ilegales de la libertad y torturas sufridas, que mientras Juan Graiver, Lidia Papaleo, Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi, Eva Gitnacht, Isidoro Graiver, Rafael Ianover y Jorge Rubinstein se encontraban desaparecidos, los abogados de los diarios Clarín y La Nación, Bernardo Sofovich y Manuel Benito Campos Carlés intentaron pagar una suma dineraria correspondiente a la trasferencia ilícita en el domicilio de Ianover, conociendo su situación de secuestrado”, señala Picardi.

Mientras en su fallo Ercolini insiste en compartimentar lo que pasó el 2 de noviembre de 1976 y escindirlo del contexto dictatorial, el fiscal Picardi plantea lo opuesto: la imposible separación del marco en el cual primero se amenazó, luego se extorsionó y más tarde se secuestró a Lidia Papaleo y demás miembros del Grupo Graiver.

También resalta Picardi el contenido del Acta de Reunión de la Junta Militar N° 19 del 6 de abril de 1977, dos días después del asesinato bajo tortura de Jorge Rubinstein, mano derecha de Graiver y hombre clave de sus negocios. En esa reunión, los genocidas trataron “el problema de Papel Prensa”, lo que demuestra la conexión entre los secuestros y la operación en torno a la fábrica de papel. Para más vinculaciones, recuerda el rol del general de brigada Oscar Gallino, hombre a cargo del Grupo Graiver en cautiverio, que al día siguiente de esa reunión de la Junta recibió a los directores de Clarín, La Nación y La Razón para hablar de un tema: Papel Prensa. Estas reuniones se repitieron con un objetivo: preparar los interrogatorios de los secuestrados. En síntesis: los militares coordinaron los interrogatorios bajo tortura de los miembros del Grupo Graiver, que comenzaron el día después de esa reunión cívico-militar. En consecuencia, ante este panorama no puede aseverarse que al momento en que fueran secuestrados los integrantes del Grupo Graiver y sus allegados más directos, la operación cuestionada había concluido (en tanto restaba el saldo de casi la totalidad del precio), circunstancia esta que evidencia la íntima conexión con los sucesos que damnificaran a los Graiver, luego del 2 de noviembre de 1976”, sintetiza el fiscal.

Corriendo el eje

Entre otras maniobras de dilación, el juez Ercolini ordenó por su propia cuenta, sin que se lo pidiera ninguna de las partes, una pericia contable para determinar si el precio que supuestamente se pagó por Papel Prensa era adecuado. Ercolini pidió la pericia contable el 17 de junio de 2013, pero recién comenzó el 29 de abril de 2014. O sea, 10 meses después.

A estas demoras se sumó un elemento clave. Ercolini quería desviar el objeto de la investigación, ya que no importaba el monto del pago si se había realizado bajo extorsión y en conexión a delitos de lesa humanidad. Ercolini, señala el fiscal Picardi en su apelación, actuó “como si los hechos en cuestión se hubiesen tratado de una simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática”. Picardi insiste: “el análisis del juez para arribar a la desvinculación definitiva de los imputados, desvirtúa por completo la hipótesis de investigación delineada por el Ministerio Público Fiscal al determinar el objeto procesal en las presentes”. Estos eran los delitos de extorsión en el marco dictatorial, lo que convierte toda la acción en delitos de lesa humanidad.

El fiscal Picardi desnuda la estrategia de Ercolini: desdibujar el objeto de la investigación (extorsión en contexto de dictadura) para plantear que no hay conexión entre la venta, las presiones previas y los secuestros posteriores. En sus palabras: “Es esa operación de desfiguración infundada del objeto procesal atribuido la que permite afirmar que ante la no comprobación de vínculos causales entre la venta y los gravísimos delitos sufridos y que el precio pagado fue acorde a los de mercado, la venta no fue compulsiva. De otra manera: que la transferencia accionaria no se ha llevado a cabo con los ribetes y aristas delictivas que los acusadores públicos sostuvimos a lo largo del proceso”. Picardi incluso sostiene: “es imprescindible ceñir su análisis a las reglas propias de la valoración probatoria a fin de que su razonamiento pueda ser seguido y controlado por las partes y no producto de una inclinación personal”.

Aún más, y ya concluida la pericia, el fiscal Picardi insiste en los recortes del juez Ercolini para justificar su fallo, donde afirma que no se pagó un precio vil. “De la lectura conjunta de la totalidad de las respuestas brindadas por los peritos contadores y licenciados en economía no puede concluirse que el precio abonado se ajustó a los valores de mercado (…) A pesar de ello, el juez afirmó en su resolución que no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa. ”. Picardi afirma que para llegar a la conclusión de que no se pagó un precio vil Ercolini hizo “un análisis parcial y equivocado del peritaje realizado durante la investigación y no considerada la totalidad de la información allí volcada”.

Dentro de la cuestión financiera surge otra prueba de la conexión entre Clarín, La Nación y La Razón con la dictadura en la operación Papel Prensa. Se trata del ahogo financiero que sufrió el Grupo Graiver para este proyecto. Según consta en el expediente, la construcción de Papel Prensa contaba con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). Pero, reseña Picardi, “al momento de la maniobra, el Estado se encontraba desfinanciando el proyecto productivo de Papel Prensa S.A. Dicha decisión se basaba en la titularidad de las acciones por parte del grupo Graiver”. Con el cambio de dueños forzado, la cuestión dió un vuelco y el BANADE no sólo reactivo el financiamiento sinó que lo aumentó.Corresponde resaltar que la política crediticia del estado se modificó drásticamente solo 23 días después del traspaso accionario”, destaca Picardi en su escrito. Una vez más, reitera que Ercolini omitió el informe del BANADE donde constan esta maniobras.

El curro de los derechos humanos

Con la apelación del fiscal Picardi ya son tres de las cuatro partes acusadoras las que se oponen al fallo de Ercolini. Las querellas de Lidia Papaleo y Rafael Ianover presentaron sendas apelaciones. Pero la que falta revela una vez más el pacto cómplice entre el gobierno de Mauricio Macri y el bloque mediático comandado por Magnetto. Se trata de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), hoy a cargo de Claudio Avruj. El Estado Nacional, a través de la SDH, era querellante de esta causa desde el 21 de septiembre de 2010, cuando el entonces Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, patrocinado por su subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, se presentaron ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, donde se inició esta causa antes de pasar a Comodoro Py.

Comandada por Duhalde y Alén, la SDH hizo muchísimos aportes al expediente. Pero con el cambio de gestión la cuestión en torno a Papel Prensa cambió y el gobierno de Macri tomó la decisión de desistir de la apelación. Para esto hizo propios todos los argumentos de Ercolini: que no hay relación causal entre amenazas previas a la venta de Papel Prensa y los empresarios que se quedaron con la empresa; que tampoco se probó la relación entre la operación y los secuestros posteriores de los miembros del Grupo Graiver; que tampoco se probó que la operación fuera por un precio vil; que los diarios ya tenían un proyecto de producción de papel por lo que no fue algo improvisado; etc.

Con el cambio de gestión la cuestión en torno a Papel Prensa cambió y el gobierno de Macri tomó la decisión de desistir de la apelación. Para esto hizo propios todos los argumentos de Ercolini.

En definitiva, la gestión Macri-Avruj desecha todo lo que sostuvo la SDH durante años para darle la razón al juez y someter al Estado a los intereses de Magnetto, Ernestina, Mitre y sus compañeros de imputación.

Cómo sigue

Para Picardi, “no sólo los delitos endilgados en cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados –con las características propias de esta etapa–, sino que la imputación se encuentra lo suficientemente consolidada como para avanzar hacia la correspondiente intimación de los hechos a sus intervinientes”, esto es, llamarlos a indagatoria. En definitiva, que se produzca la imagen que Magnetto quiere evitar: su foto en las escalinatas de Comodoro Py.

El fiscal Picardi afirma que el juez Ercolini sobreseyó a Magnetto y compañía gracias a “una lectura y análisis recortado y sesgado de la prueba producida” por la cual llegó a la falsa conclusión de que no había nada en el expediente que comprobara la conexión entre la venta de Papel Prensa y la alianza cívico-militar de los tres diarios y las tres armas.

La cuestión se dirimirá en la sala I de la Cámara Federal, que ya rechazó en 2015 las indagatorias a los imputados con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y ahora sin el único juez que votó a favor de esa medida, Eduardo Freiler, recusado por La Nación. Allí tiene un rol clave el fiscal Germán Moldes, que en su momento ya fue recusado por la SDH pero sostenido por los jueces. En esta causa, Moldes protagonizó un hecho notable. Es de uso y costumbre que la fiscalía se siente separada de los abogados defensores. Pero en Papel Prensa todo se pervierte: en la audiencia donde se debatió el llamado a indagatorias, el fiscal Moldes se sentó junto a los abogados de Magnetto y compañía. Consecuente, no acompañó los pedidos de indagatoria que hizo el entonces fiscal Leonel Gómez Barbella. Ahora, si la cuestión llega a esa instancia, queda ver si sostiene el planteo de Picardi o no.

En otra causa sensible para el Grupo Clarín, como fue la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman, cuando insistió en su investigación el fiscal Moldes afirmó: “Muchachos, hice todo lo que pude”. ¿Será igual con Papel Prensa?

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