Golpe judicial contra Milagro Sala en Jujuy

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Por cuarta vez consecutiva la dirigente social y política Milagro Sala pasa hoy su cumpleaños tras las rejas. Esta vez con un golpe judicial de la Cámara de Casación de Jujuy, que revirtió un fallo a su favor en una causa fabricada por supuestas amenazas. Los abogados que actuaron contra Milagro hablan de la politización de la causa. Originalmente eran el hijo del gobernador Gerardo Morales y un diputado de la UCR. Fueron reemplazados directamente por el abogado de Morales. ¿El argumento de la Cámara? Que si Sala cortaba calles y hacía protestas, entonces se debe tomar en cuenta el “contexto de violencia” en el que ocurrió la denuncia para considerarla “culpable” de lo que la acusan sin pruebas: derecho penal de autor a la carta.

Este 20 de febrero Milagro Sala cumple años. Por cuarta vez consecutiva deberá celebrarlo privada de su libertad. Lo hace en una semana en la que la Cámara de Casación de Jujuy revirtió la sentencia de una de las dos causas en las que fue absuelta y confirmó lo que aseguraron sus abogados desde el primer día, diversos juristas y dirigentes sociales, políticos y sindicales: que el Poder Judicial está al servicio del gobierno de turno. Según la defensa de la diputada del Parlasur, el fallo que emitieron los jueces Cristian Guillermo Torres, Rodolfo Miguel Fernández e Isidoro Cruz constituye un peligroso antecedente y es violatorio del sistema penal que rige en la Argentina, en tanto la condenaron en base a lo que se conoce como “Derecho Penal de Autor” y no de acto. Es decir, dictaron la sentencia en virtud de quién era acusada y no por los hechos por los que fue llevada a juicio.

En diciembre de 2017 Milagro Sala fue juzgada en una causa por supuestas amenazas a dos policías. El proceso se originó en octubre de 2014 cuando la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa. La policía se hizo presente dos horas después de haber recibido el llamado de una de las partes y detuvieron a la vendedora y a Natalia Vargas, la hija de María. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada, pero dejaron demorada a Vargas. Al conocer los hechos Milagro Sala se comunicó primero con el oficial Rubén Eduardo Vázquez y luego con la comisario Ángela Silvina Cabero, que ese día se encontraba de franco. Al día siguiente ambos policías radicaron una denuncia por amenazas contra Milagro Sala. Según los policías la dirigente los había amenazado con poner una bomba en la comisaría y hacerlos volar. Los abogados querellantes de la causa fueron Gastón Morales, hijo del gobernador, y Luciano Rivas, actual diputado de la UCR. Una vez que Gerardo Morales asumió en la Casa de Gobierno, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, representante del titular del Poder Ejecutivo en la querella en la causa “de los huevos” y en marzo de 2016 renunció y nombraron al abogado actual, Ricardo Ottaviano.

En su alegato, Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados de la dirigente social, aseguró: “Como todos sabemos, esta causa si no hubiera tenido nombre y apellido, Milagro Sala y Gerardo Morales nunca hubiera llegado a la etapa de juicio oral. Una amenaza en la que no se puede verificar los dichos amenazantes no tiene posibilidad de avanzar en un proceso penal. Pero, aquí en Jujuy, en estos tiempos de autoritarismo, esa denuncia es una condena con nombre y apellido”.

“Pilo” Mancilla, el traidor de Milagro Sala

En su fallo, la Cámara de Casación consideró que la sentencia que emitieron los jueces de primera instancia Antonio Llermanos y Luis Ernesto Kamada, que votaron por la absolución de la dirigente social por el beneficio de la duda, “se apartó de la sana crítica racional al desarrollar un análisis de la prueba de manera aislada” y destacó como “de significativa trascendencia que los magistrados hayan prescindido del contexto histórico o situacional en el que el delito se produce”. En ese marco, el juez Torres, criticó que no se haya tomado en cuenta un elemento incorporado tanto por los acusadores, es decir, la fiscalía, como por el querellante, que “introdujeron una circunstancia consistente en el entorno de violencia contra las instituciones y el poder paraestatal que en el momento de las amenazas se encontraba en cabeza de la líder de la organización Tupac Amaru al hacer expresa referencia a innumerables atropellos como la toma e incendio de la Casa de Gobierno”.

En todos los procesos judiciales contra la dirigente social, uno de los argumentos centrales de las partes acusadoras siempre se refieren a los mismos hechos: los cortes de calle, lo que ellos llaman la “quema de la Casa de Gobierno” y el supuesto poder paraestatal de Milagro Sala. Algunas cuestiones pueden parecer obvias, pero tanto el Gobernador Gerardo Morales como otros dirigentes políticos y funcionarios judiciales lo repiten de forma tan sistemática que quedan instaladas en la opinión pública como si fueran ciertas. En primer lugar, es necesario recordar que los cortes de calle pueden configurar una contravención pero no constituyen un delito penal. En relación al segundo hecho, en 2007 tanto las organizaciones gremiales como sociales acompañaron a los jubilados a una protesta en la Plaza Belgrano para exigir al gobierno que recibiera a los adultos mayores después de varios pedidos de audiencia que habían sido ignorados por las autoridades. En ese marco se quemaron neumáticos en los ingresos de la Casa de Gobierno y el hollín provocó algunos daños en el Salón de la Bandera. Sin embargo, nunca se quemó la casa de Gobierno y nadie fue juzgado ni condenado por ningún delito vinculado con esa protesta. Por último, la Tupac Amaru era una organización social, no una organización paraestatal. Tampoco en ese sentido hay, fuera de las declaraciones, ningún elemento jurídico que permita sostener dicha afirmación. Y menos por parte de los jueces que deben revisar una sentencia de primera instancia relacionada con hechos que nada tienen que ver con los mencionados.

Según Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, “el fallo no se ajusta a derecho”. Y agregó: “La Casación sostiene la postura de la querella y de la fiscalía en el sentido que se termina condenando a Milagro Sala por ser la líder de la Tupac Amaru, a la que este gobierno demonizó y persiguió en tanto opositores políticos. Se creó el relato de la construcción del enemigo político, endilgándole la cuestión de la violencia sistemática y para nosotros esto confirma la utilización del aparato judicial en función de la persecución política. Incluso esta cámara de Casación se constituyó en el marco de la reforma judicial que este gobierno autorizó y que lo hizo de la forma deficiente que lo hizo. Pese a que quieran sostener la transparencia de los concursos públicos, lo cierto es que hay que reiterar y contextualizar la constitución del Superior Tribunal de Justicia que se amplió con jueces que eran diputados de la UCR, y pese a los concursos, no seleccionan como jueces a los que quedan primeros en el orden de mérito”.

El caso de las bombachas, nuevo show contra Milagro Sala

El Derecho penal de acto, que es el que rige en nuestro país sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. En estos casos, la persona es condenada por lo que hace, por el acto ilícito cometido. En este caso particular, Milagro Sala debería ser condenada, en caso de que efectivamente se pudiera probar que las amenazas existieron, y que además, existieron como tales.

Aparte de la falta de análisis del contexto que la Cámara de Casación recriminó a los jueces de primera instancia, otro de los ejes del fallo consistió en considerar que Llermanos y Kamada no valoraron adecuadamente la declaración de los denunciantes. Sin embargo, incluso considerando esos testimonios, según la defensa de la dirigente, los hechos imputados a Sala no reúnen las características jurídicas que requiere el delito para ser considerado como tal. Es decir, no cualquier amenaza constituye un delito. Se deben contemplar determinados elementos para que cierto dicho se pueda considerar un delito.

Uno de esos requisitos, tal como señaló en el debate oral Gómez Alcorta, se refiere a la idoneidad. “Como su nombre lo indica apunta a que los dichos deben tener capacidad suficiente para crear en el receptor el estado de alarma exigido por el tipo”. Según la jurisprudencia, no se pueden considerar como amenazas los dichos proferidos irreflexivamente en un altercado verbal o en un arrebato de ira u ofuscación. “Las amenazas son tales cuando interfieren en un proceso de decisión libre, con la entidad suficiente para alterarlo. Por otro lado, que las amenazas hayan sido proferidas en un contexto de discusión o enojo, atenta contra la posibilidad de su subsunción típica al verse disminuida la seriedad y la idoneidad de los dichos”, dijo entonces la abogada.

En ese marco analizó los supuestos dichos que los denunciantes endilgaron a Milagro Sala a la luz tanto de la teoría jurídica como de los hechos de la causa. “Milagro llamó a Vázquez y a Cabrero con solo veinte minutos de diferencia, es decir, en un muy breve lapso de tiempo. Los llamó, como nos dijo, porque le pareció muy injusto que le hubieran robado la ropa a María Molina y una vez encontrada por su hija no se la quisieran devolver. En ese momento estaba en Buenos Aires con María Molina, la madre de María Belén Vargas, y quiso ayudar. Milagro nos cont en este debate, además, que en el momento la enojó particularmente que quien había sido acusada de robar la ropa estuviera libre, mientras que Vargas siguiera en la comisaría esperando sus pertenencias. Así, cuando hizo ambos llamados estaba muy furiosa. Asimismo, si nos detenemos en los dichos aparece clara la falta de seriedad de lo expresado por Milagro Sala. En efecto, las referencias a poner una bomba y a que iba a hacer “volar a todos” dan especial cuenta de la falta de seriedad de lo dicho. En un contexto normal ni siquiera sería necesario decir que Milagro Sala nunca se vio involucrada en un acto terrorista y que nadie puede tomar con seriedad que podría efectivamente poner una bomba en una comisaría. Lamentablemente, en el contexto de persecución política que pronto va a cumplir dos años, debemos aclararlo”, dijo en diciembre de 2017 ante el Tribunal Criminal 2 la defensora de Sala.

Y luego continuó: “La mejor prueba de ello es la conducta de Cabero y de Vázquez al recibir la llamada. Aunque denunciaron el hecho, lo que dada su profesión es una mera formalidad, no se preocuparon por el asunto. En su declaración el oficial Vázquez expresó: “Milagro me trató de persona incompetente, me dijo que iba a poner una bomba, no lo tomé muy en serio, y nada más. En el momento no tomé denuncia, no lo tomé muy a pecho”. Y más adelante dijo que “no le generó temor” y esperó incluso varias horas para comentarlo. Vázquez no llamó a su jefa para contarle, ni tampoco a su otro superior Flores. Cabero, según ella misma dijo “continuó trabajando como siempre”. Después del llamado de Milagro

ambos se limitaron a cortar el teléfono, molestos por recibir insultos, y prosiguieron con su labor con normalidad. Es más, la única comunicación que Cabero hace es a la Comisaria para averiguar que había sucedido con las prendas y para reclamar quien había entregado su número de teléfono particular”, alegó Gómez Alcorta.

Llermanos y Kamada en su fallo absolutorio también señalaron que el tipo penal requiere haber provocado en los denunciantes el temor necesario que los obligue a tomar ciertas precauciones. Sin embargo, las precauciones que los denunciantes debieron tomar (y que los magistrados juzgaron como no tomadas) se integraron con los siguientes deberes funcionales: Cabero, aún estando de franco, y Vázquez debieron dar instrucciones al personal para prevenir eventuales agresiones a la Comisaría. Cabero tenía que poner en conocimiento del superior jerárquico la situación suscitada y Vázquez estaba obligado a consignar en el libro de guardia y de novedades que había recibido una amenaza. Sin embargo, nada de eso sucedió.

La ONU pidió la libertad de Milagro Sala

“Sólo existen los dichos de los denunciantes. No hay prueba alguna que acredite sus dichos y los denunciantes presentan una labilidad abrumante”, también aseguró Gómez Alcorta en el debate oral. Y explicó: “Debe notarse especialmente que en el caso que nos ocupa la decisión de condenar debería basarse solamente en las declaraciones de las víctimas. Es decir, ambos hechos deberían considerarse acreditados por testigo único. La jurisprudencia cuestiona que pueda sostenerse la configuración de un delito cuando todos los eslabones de la cadena de imputación se fundan en la palabra de la persona que incrimina al acusado, la cual, a su vez, sería la principal interesada en que su palabra fuera creída”, señaló.

Para los jueces de Casación, el sólo hecho de haber presentado la denuncia al día siguiente de los hechos constituye la prueba de que los mismos ocurrieron, siempre en el marco del contexto que reclaman atender.

Mara Brawer, del Comité por la Libertad de Milagro Sala señaló: “Cada año que permanece en prisión es la evidencia de lo que desde distintos sectores venimos diciendo desde su arbitraria detención. Solo se puede excluir y hambrear al pueblo si se encarcela a sus líderes, especialmente a aquellos que como Milagro representan la lucha por la dignidad de los sectores más humildes. Casas, fábricas, escuelas centros de salud es lo que ellos destruyen. Milagro esta presa por construir lo que ellos vinieron a destruir”.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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