Guerra interna por el Consejo de la Magistratura

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La posible reforma del Consejo de la Magistratura, que selecciona y sanciona jueces, provocó una fuerte interna en Cambiemos y una pulseada con la Corte Suprema. Carrió ganó protagonismo y renovó su avanzada contra Garavano, Angelici y Lorenzetti. Los alcances de la disputa sobre una institución que hoy se utiliza para disciplinar al Poder Judicial

Cruje la alianza Cambiemos. La discusión en torno al futuro de un órgano central para el sistema judicial, como es el Consejo de la Magistratura, provocó un nuevo conflicto entre la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y dos alas judiciales del PRO: el garavanismo y el angelicismo. La disputa, que explotó a la luz pública el 24 de abril, promete tener derivaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 16 de abril, a pedido del Poder Ejecutivo, se reunieron en el 4° piso del Palacio de Justicia el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y cuatro de los cinco ministros cortesanos (Elena Highton de Nolasco se encontraba en una Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Ecuador). El objetivo central del encuentro era descomprimir la tensión entre ambos poderes que había escalado luego de la Acordada 4/2018 mediante la cual, entre otras cosas, los supremos derribaron el armado del macrismo en los tribunales orales federales de la Capital Federal por traspasos indebidos.  Según pudo reconstruir Nuestras Voces, uno de los temas que se abordaron durante el cónclave fue la reforma del Consejo de la Magistratura.

La Corte posee en sus “manos” hace aproximadamente un año un planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechaza la modificación del consejo que realizó el kirchnerismo, que redujo su estructura de 20 a 13 miembros. De acuerdo al fallo de segunda instancia, la presidencia de aquel órgano debe volver a ser del titular del tribunal superior que por ahora es Ricardo Lorenzetti, quien se desempeña como mandamás hace 11 años. Su mandato vence el 1° de enero de 2019. Los cortesanos deben votar autoridades antes de esa fecha, un dato que condiciona el actual contexto político-judicial. El abogado oriundo de Rafaela no es el favorito de Mauricio Macri.

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En medio de la guerra fría que el Alto Tribunal mantiene con la Casa Rosada, los supremos fijaron para el 15 de mayo una reunión en la que se pretende avanzar sobre la reestructuración, algo que encendió las alarmas en Balcarce 50. Los magistrados deben ratificar o rectificar la decisión de la cámara. Si la dejan en pie, le asestarían un duro golpe al oficialismo que logró hacerse con la hegemonía de ese espacio luego de diversos golpes bajos y zancadillas a sus adversarios políticos. Actualmente, posee cómodamente la mayoría (9 votos sobre 13) para iniciar un jury contra un magistrado que considere “molesto” y destituirlo; o para definir las ternas de candidatos que se elevan al Ejecutivo para ocupar cargos en la Justicia.

En la reunión del 16 de abril, los cortesanos les advirtieron a los representantes del Gobierno que si no promulgan a la brevedad una ley para modificar el consejo, ellos emitirán un fallo “corrector”. El tiempo apremia. El 16 de noviembre caducan lo mandatos de los consejeros y a pesar de la incertidumbre respecto al porvenir ya avanzaron las elecciones en algunos estamentos, como el de académicos y el de abogados.

Guerra de proyectos

El 24 de abril la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, citada en la sala 5  del tercer piso del Anexo A del Congreso, comenzó apenas pasadas las 17. En el temario la cuestión a abordar era excluyente: la situación del Consejo de la Magistratura.

En la Cámara Baja hay diversos proyectos de reforma del órgano que selecciona y sanciona jueces. La vedette era el que propuso el oficialismo, que eleva la integración a 16 cargos y reduce la cantidad de voluntades necesarias para iniciarle un jury a un juez (postula una mayoría absoluta en lugar de los 2/3), pero a este se sumaban, hasta aquel encuentro de comisión, otras cuatro de iniciativas opositoras.

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La novedad que hubo el último martes de abril fue que, a diferencia de lo que se esperaba, Cambiemos mostró estar lejos de poder darle dictamen de comisión a su propuesta. Durante la reunión, la Coalición Cívica, socia en la alianza gobernante, anunció un proyecto propio. La iniciativa tiene más puntos en común con lo que reclama la oposición que con la del macrismo. Lleva las firmas de los diputados “lilitos” Paula Oliveto, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Elisa Carrió.

En ese marco, durante el encuentro que fue meramente informativo, los opositores reclamaron que no se avance con ninguna de las proposiciones hasta que la Corte se manifieste sobre la posible inconstitucionalidad de la ley actual que rige sobre el consejo. Incluso se requirió que se le pida al máximo tribunal que se expida.

El diputado y alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli, invitó a crear una subcomisión para tratar los proyectos, algo a lo que el Frente para la Victoria se opuso porque, según explicaron fuentes de aquel bloque, “no existe esa figura en el reglamento”.

El objetivo del Gobierno, que mira de reojo lo que sucede en el 4º piso del Palacio de Justicia, era emitir dictamen al menos una semana antes de la fecha en que la Corte se propuso tratar el tema y buscar tener la ley aprobada en el recinto antes de fines de mayo.

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Pero apareció “Lilita” y desenvainó su proyecto que no solo choca de frente con la propuesta oficial que rubricaron Garavano y Peña. También complejiza el acceso del representante del Ejecutivo al consejo, lo que fue interpretado como una nueva invitación a duelo a Daniel Angelici, operador judicial del PRO, ya que en la actualidad ese cargo lo ostenta el angelicista Juan Bautista Mahiques. Y propone quitarle la administración de recursos a la Corte, una especie de una millonaria caja chica que posee el Alto Tribunal.

En 50 páginas, la cofundadora de Cambiemos desafía a tres de sus enemigos políticos (Garavano, Lorenzetti y el presidente de Boca) y compromete el armado que se estaba tejiendo desde Balcarce 50.

La propuesta de Carrió

La Coalición Cívica, cuya referente es la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, propuso un Consejo de la Magistratura de 19 miembros (3 más que el PRO: sumó dos legisladores nacionales y un académico), lo que licúa en alguna medida el poder de los representantes del mundo judicial (magistrados y abogados). De acuerdo a la iniciativa estaría conformado por 4 jueces, 8 legisladores nacionales (4 diputados y 4 senadores), 4 abogados, 2 académicos y 1 representante del Ejecutivo.

Sobre este último se hizo especial hincapié en que “no podrá ejercer ninguna otra función pública” y en que deberá ser elegido mediante un “proceso público y participativo en el que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general podrán presentar sus observaciones y opiniones sobre los antecedentes de tres candidatas/os propuestos”.

En la actualidad el representante del Ejecutivo es Juan Bautista Mahiques quien fue elegido a dedo y cumple funciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: es subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios. Responde a Angelici, con quien Carrió mantiene una feroz interna (llegó a denunciarlo penalmente). En la propuesta de Garavano y Peña no hay mayores referencias a la forma en que es nombrado este consejero que será la voz del Gobierno.

Fuego cruzado

Un apartado especial merece la cuestión económica a través del cual la diputada busca golpear a otro de sus grandes enemigos políticos: Ricardo Lorenzetti, a quien denunció por enriquecimiento ilícito y hasta acusó de “desestabilizador”. Así es que Carrió propone en el artículo 31° que la administración de los recursos quede “en forma excluyente y exclusiva” en cabeza del consejo “debiendo cesar todas las delegaciones a la Corte Suprema de la Nación y los convenios de administración conjunta celebrados entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de la Nación”.

Según un decreto del 2005, se debe distribuir el 3,5% de lo recaudado por el Tesoro Nacional al Poder Judicial. El 2,93% de ese total corresponde al consejo y el 0,57% a la Corte. De prosperar la propuesta de “Lilita”, esa última tajada cambiaría de manos.  En la actualidad esos porcentajes implican que el consejo administre, aproximadamente, $30.000 millones y la Corte unos $8.000 millones.

Un dato no es menor: el 85% del presupuesto del consejo se destina a pagar los salarios del tercer poder del Estado. A su vez, la Corte abulta sus ingresos mediante el cobro exclusivo de la tasa de Justicia, lo que se obtiene por subasta de decomiso y multas.

Otro tema delicado para el mundo judicial es abordado de forma drástica por Carrió en su iniciativa: “Específicamente, deberán revisarse aquellas resoluciones y/ o acordadas de la Corte Suprema de la Nación relacionadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación”. La obra social tiene una recaudación muy importante y la dirige directamente la Corte, el gremio no tiene participación. La diputada pretende herir de muerte el financiamiento del máximo tribunal de justicia y concentrar todo en un solo órgano.

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¿Consenso opositor?

Mientras el oficialismo intenta dirimir su interna, la oposición analiza presentar un proyecto de unidad. “Tiene que prevalecer la política sin romper el equilibrio. La intención es no exponernos a la corporación judicial”, explica uno de los actores que interviene en ese proceso de síntesis que pretende incluir al kirchnerismo, al massismo y al interbloque Argentina Federal.

Entre los puntos centrales de esta potencial iniciativa se destacan:

-La presencia de 8 a 10 legisladores (divididos en partes iguales entre diputados y senadores).

-Una representación federal, tanto de abogados como de jueces.

-Sostener la mayoría agravada (2/3 de los presentes) para destituir a un juez, algo que la iniciativa oficialista reducía a mayoría simple (no así el de Carrió).

Al cierre de este artículo si bien continuaban las tratativas no se había formalizado ninguna presentación. Su suerte está atada a la capacidad de diálogo de las partes.

El consejo como instrumento de presión

La presentación de una denuncia en el consejo para apercibir al juez que se exprese en contra de los intereses del oficialismo se volvió una práctica cotidiana desde que el PRO ostenta la hegemonía de la institución. El intento de disciplinamiento del Gobierno busca bajar en cascada sobre todos aquellos magistrados que tienen una causa abierta en aquel órgano para, de mínima, condicionar futuros fallos.

Ana Figueroa, integrante de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, sufrió en carne propia el modus operandi del Gobierno. Compañera de Carlos Mahiques, un juez que llegó a la máxima instancia penal del país vía decreto y desde la Casación ordinaria -previo paso por el gobierno de María Eugenia Vidal-, cometió el “pecado” de asegurar que no rechazaría un pedido de recusación contra el camarista traspasado, a quien se le cuestiona su escandalosa designación por inconstitucional. El 15 de febrero de este año, una semana después  de haber advertido a sus colegas (el mentado Mahiques y Gustavo Hornos) sobre su posición, fue notificada del avance de una causa en su contra en el consejo.

Concretamente, se le juntaron una serie de denuncias del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de su par, el camarista Juan Carlos Gemignani, quien ganó notoriedad pública por encarcelar a una secretaria que no le hizo caso a una orden. A Figueroa se le achacó desde querer retener la causa AMIA a arreglos edilicios de la sala I y recibir bienes de uso informático del Ministerio Planificación Federal para instalación de una sala de videoconferencia. Curiosidades de la vida judicial: el consejero instructor de los expedientes en su contra es Juan Bautista Mahiques, el mentado representante del Ejecutivo en el consejo e hijo de Carlos Mahiques.

El juez federal Ariel Lijo también se encuentra inmerso en una red de relaciones cruzadas que en tribunales los desconfiados no adjudican al azar.

El titular del juzgado federal N° 4 tiene en su haber un expediente sensible para el Poder Ejecutivo: la causa penal que se abrió por el affaire del Correo Argentino, que involucra de lleno a la familia Macri.

Como es de esperar, Lijo también tiene una serie de denuncias en el Consejo, que se cocinan a fuego lento. Por ejemplo, se investiga su patrimonio. Allí, una semana se piden medidas de pruebas para motorizar la causa y luego se desacelera el impulso. Es que los expedientes no tienen tiempos procesales. Simplemente, caducan a los 3 años de que fueron abiertos. Esta arbitrariedad habilita las formas con las que se maneja hoy el Gobierno.

El consejero instructor del expediente sobre el patrimonio de Lijo es el mentado Tonelli, presidente de la comisión de Disciplina. Justamente, el estudio jurídico Tonelli, comandado por la familia del diputado y consejero PRO, representa a acreedores del Correo Argentino en Tribunales y hasta algunos de sus letrados tuvieron cargos en esa empresa del Grupo Macri. El mensaje del Ejecutivo es claro. Y Lijo entiende ese tipo de lenguaje.

“Si cae en desgracia, nadie lo va a llorar”, afirma un funcionario judicial que lleva décadas en el Poder Judicial respecto a Lijo. Más allá de la simpatía o antipatía que pueda despertar el magistrado, lo cierto es que a muchos de sus colegas les alarma la situación que refleja su caso.

El gobierno no discrimina en fueros ni en competencias a la hora de presionar en el consejo.

En el campo laboral se destaca el caso de la jueza Mirta González Burbridge que reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional. Fue denunciada en mayo de 2017 por esa entidad del Estado. El 5 de abril, Juan Bautista Mahiques pidió la postergación del proceso disciplinario a los efectos de que el hecho siguiera vigente y así continuase la presión sobre los jueces de ese fuero, que será clave a la hora de defender los derechos de los trabajadores cuando se busque implementar la reforma laboral. El ataque contra la magistrada en este caso es por el contenido de su sentencia, algo que no suele ser bien visto por la corporación judicial.

Los magistrado Diana Cañal y Luis Raffaghelli sufrieron el mismo “apercibimiento” por dictar la reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom (el expediente en el Consejo se abrió en mayo de 2017 y fue instruido por Mahiques). La denuncia contra estos jueces la realizó el Ente Nacional de Comunicaciones.

Más resonantes fueron los casos de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes el Gobierno denunció luego de que dieran lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 y que la Casa Rosada luego no quiso legitimar. El Ministerio de Trabajo llegó a pedir su juicio político.

Tanto Gibert como Marino hoy cuentan con una denuncia en el Consejo. El expediente en su contra  (146/17) se abrió en julio de 2017. Está bajo la instrucción de Tonelli y volvió a ganar impulso en los último días.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación y colaborador en Nuestras Voces.

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