Imágenes exclusivas del espionaje político de Macri a los presos kirchneristas

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Mapas de relaciones, semáforos de interés, fichas de presos y sus visitas. Así se graficaba la información de espionaje político del Servicio Penitenciario Federal y la AFI de Mauricio Macri a los presos del  kirchnerismo, a sus visitas, abogados y a otras relaciones. Ahora los espías y sus jefes están imputados por la justicia federal de Lomas de Zamora. Entre muchos otros el periodista Daniel Tognetti, el cantante de La Mancha de Rolando Manuel Quieto, el abogado Raúl Zaffaroni y la política Elisa Carrió quedaron registrados. Las fichas de Amado Boudou, Julio De Vido, Lázaro Báez, César Milani reveladas por primera vez.

Escuchas telefónicas, fotografías, cableado en las cárceles, micrófonos,  grabaciones, seguimiento de las visitas. Todo eso generaba un enorme volumen de datos que recababan los agentes carcelarios y que, junto a los de la AFI, procesaban y completaban hasta tener informes exhaustivos de los presos que investigaban. Así armaban fichas, cuadros, semáforos con grado de interés de sus objetivos y terminaban con enormes mapas con toda esa información relacionada. En el reciente dictamen presentado por los fiscales de la causa, que se tramita en los juzgados federales de Lomas de Zamora, se puede ver todo este trabajo y entender cómo confeccionaban esas tareas sobre los presos del kirchnerismo, espiados de manera ilegal por el gobierno de Mauricio Macri. 

La ejecución del lado de los espías estuvo sostenida por los denominados “Súper Mario Bros”, el grupo liderado por el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. Este equipo compartía de manera muy activa todo lo que iba consiguiendo en interminables mensajes de whatsapp. Ahí, por ejemplo, se encontró una guía para recoger y ordenar el tipo de información que les interesaba sobre los presos apuntados, la gran mayoría en el Complejo de Ezeiza.

La guía de perfilamiento de los presos kirchneristas que utilizaba la inteligencia macrista.

En ese documento aparece una larga lista de preguntas para orientar a los espías: ¿Con quién se juntan dentro del ámbito carcelario? ¿Cómo se mueven a los juzgados? ¿Quiénes son los familiares (qué hacen, vínculos políticos y ámbito privado)? ¿Quiénes lo visitan (frecuencia con la que ingresan al penal)? ¿Qué amigos lo visitan? ¿Se repite defensa con otro detenido? ¿Con quién? ¿Quiénes son (abogados, oficina, socios y vínculos políticos)? ¿Qué bienes tienen? ¿Qué efectivo? ¿Cuentas bancarias (y con quiénes la tienen, transferencias repetidas, familiares vinculados)? ¿Hay testaferros? ¿Quiénes? ¿Qué hacen? ¿Qué sociedades tienen? ¿A qué se dedicó? ¿Con quiénes estuvieron en contacto? Esto surge de una planilla de Excel titulada “Plantillas Interrogantes”, que envió a ese grupo una de las imputadas, la ex espía Denise Aya Tenorio. Para responderlas era imprescindible hacer toda una serie de trabajos, que, como ahora se puede determinar, estaban todos prohibidos por la Ley Nacional de Inteligencia.

Espionaje a Amado Boudou: las visitas de los abogados E. Raúl Zaffaroni e Isaac Grossman; un traslado a los tribunales orales; y las visitas personales de su pareja, Mónica García de la Fuente, del periodista Daniel Tognetti, y del cantante de la Mancha de Rolando Manuel Quieto.

Con todas esas respuestas se realizaban las primeras fichas de información básica de los presos, que se iba actualizando a medida que las tareas de espionaje agregaban nuevos temas. Las habituales visitas de los abogados, por ejemplo, eran objeto permanente de observación y agregado de datos. Con estas fichas, luego a los presos se los clasificaba en los semáforos según su nivel de interés. Allí se hacía una reseña judicial de ellos, con las causas, los delitos que se les imputaban y relaciones con procesos de otros presos.

Semáforo rojo para Lázaro Báez, Cristóbal López y Julio de Vido. Con el detalle del los delitos por los que estaban imputados, los «compañeros de causa» (SIC) y el/la engargado/a de vigilarlos.

Semáforo naranja para Rodolfo Pérez Gadín, Santiago Kirchner y Luis Ferreyra.

Semáforo amarillo para Javier Lazarte, para Omar «Caballo» Suárez y para Rafael Brenner.

También se podía ver cuál de los agentes era el encargado del seguimiento. El trabajo final era un enorme mapa de cada uno con una lógica de cuadro sinóptico, que mostraba todo lo que se movía a su alrededor: familias, direcciones, amigos, abogados, círculos políticos, enemigos, influencias afuera, empresas y varios etcéteras. Allí se concentraban todos los datos necesarios para entender cómo se iban a insertar las nuevas piezas de información que se fueran produciendo. 

El «mapa» de César Milani. Así culminaba el trabajo de espionaje ilegal: con todos los vínculos personales, sociales, económicos y políticos del detenido.

La ficha del ex jefe del Ejército César Milani incluye el seguimiento paso a paso de la causa judicial.

Como se desprende de las preguntas que están en los párrafos anteriores, la multiplicidad de líneas de investigación ameritaba un análisis, porque se mezclaban temas familiares, judiciales y económicos. Este análisis se hacía en el el búnker que el Área 50 -así se denomina al sector de inteligencia del SPF-  tiene en la calle Varela al 200, justo al lado de la casa del Papa Francisco, en Floresta. Ese lugar que no tiene identificaciones externas es una casa de dos plantas, blanca y descascarada, con 13 ventanas que dan a la calle. Tiene en el frente una cámara para ver en 180 grados. En el expediente, uno de los imputados, el ex agente Emiliano Matta, relató cómo era ese lugar donde se procesaban los datos de los presos del IRIC: “Era una unidad muy oscura con oficinas, con escaleras caracol, con mucha gente. Sé que había un área que hacía transcripciones, que estaba frente a la oficina del jefe. Había como un call center. Entré ahí porque me confundí de puerta. Había computadoras a lo largo. Esa fue la única vez que entre ahí y me registré”.

El legajo de Pérez Gadín y el detalle de sus «visitas registradas», la pareja y la hija. El espionaje político llegaba hasta la intimidad de los detenidos.

Estos mecanismos de recolección fueron acordados entre la cabeza del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con reuniones en el histórico edificio de 25 de Mayo número 11. Hasta allí llegaron el ex jefe del SPF, Emiliano Blanco, y su jefe de Inteligencia, Cristian Suriano, al menos cinco veces entre mayo y junio de 2018 para reunirse con el director Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani. En una de esas reuniones, se firmó un acuerdo de colaboración entre el SPF y la AFI, que sirvió de paraguas para toda esta operatoria. 

Estos encuentros sucedieron luego de que se puso en funcionamiento el programa IRIC, presentado como un plan para  controlar y monitorear a los agentes penitenciarios en contacto con presos en condiciones de corromperlos, ex funcionarios kirchneristas y narcotraficantes, entre ellos. Pero los investigados fueron solo los presos.

Espionaje ilegal: todos los caminos conducen a Macri

En octubre de 2017, Blanco recategorizó las áreas de Inteligencia y Asuntos Internos para que dependieran de él y que no se filtraran datos a otros espacios del SPF. Así convirtió al Departamento de Inteligencia, en Dirección Principal de Análisis de la Información, recategorizando a Suriano en el cargo de Director, otorgándole un rol central sobre lo que sucedía con los presos del IRIC. A Miguel Ángel Perrota, otro hombre de su confianza, lo designaron jefe de Asuntos Internos, área que hasta antes de este plan funcionaba como División.

Toda esta enorme causa que se investiga en Lomas la componen la investigación del espionaje del Instituto Patria, el tramo de la Súper Mario Bros, que fue la que hizo inteligencia incluso a los funcionarios macristas, y la del SPF, con epicentro en los presos de Ezeiza.

Hace diez días, los fiscales pidieron el procesamiento de casi 40 ex miembros de la AFI, entre ellos Arribas y Silvia Majdalani y Blanco y Suriano, del SPF, al entender que conformaron una asociación ilícita que ejecutaba espionaje ilegal. En sus objetivos figuraban ex funcionarios presos, políticos macristas, periodistas, sindicalistas, organizaciones sociales, comunidades originarias, entre varios grupos. Ese pedido ahora lo tiene el juez Juan Pablo Augé, quien deberá resolver antes de que la causa termine finalmente en Comodoro Py, desde donde la están pidiendo desde octubre.

En el dictamen de los fiscales pidieron la falta de mérito del ex secretario de Macri, Darío Nieto, pero esta semana los abogados querellantes Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron al juez que lo procese al entender que hay pruebas suficientes que lo involucran.

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