Intentan evitar que se cierre la causa por la muerte de Santiago Maldonado

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La familia Maldonado pide que se vuelva atrás con el cierre decretado por el juez Gustavo Lleral. Las querellas argumentan que el procedimiento de Gendarmería Nacional que desembocó en la muerte de Santiago fue planificadamente irregular.  Ahora debe decidir la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Minuto a minuto, cómo fue la cacería de los gendarmes a los mapuches. Quiénes son los gendarmes que acorralaron a Santiago en el río y no cuentan todo lo que saben.

Las querellas de la causa por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado -integradas por la familia Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos- expusieron sus argumentos ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para evitar que la pesquisa sea archivada luego del fallo del juez Gustavo Lleral.

Los principales argumentos esbozados ante el tribunal de alzada pusieron el foco en la ilegalidad  (planificada) del operativo de la Gendamería Nacional que desembocó en una cacería dentro de la Pu Lof; las órdenes previas que existieron para avanzar en dicha represión ilegal, impartidas por Pablo Noceti, por entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad; la provocación hacia la comunidad para buscar el choque, es decir crear una situación de flagrancia y así iniciar la persecución, como así también las dudas de por qué Lleral no adoptó ninguna medida de prueba que investigara el rol de los gendarmes que llegaron al río durante la cacería que duró 8 minutos.

El fiscal ante la Cámara, Norberto Bellver, adhirió al cierre de la causa efectuado por Lleral, mientras que los tres abogados de la GNA, colocados por el Gobierno nacional para defender a Emmanuel Echazú, recalcaron -insistentemente- que “no era cierto que la flagrancia se hubiera forzado”, contra lo que argumentó la APDH y también el Defensor Oficial de Esquel Fernando Machado en otras instancias judiciales.

En diciembre de 2017, el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, había manifestado en el periódico La Jornada, de la provincia de Chubut, que “más allá de la lamentable muerte de Maldonado creo que la causa está llegando a su fin”. Esa frase le valió una recusación por parte la abogada Verónica Heredia, la cual fue rechazada. Ahora, Leal de Ibarra deberá decidir junto a Aldo Suárez y Hebe Lilia Corchuelo de Huberman si vuelven a abrir la investigación por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.

Noceti, la mano ultraderecha de Bullrich

La cacería

En su argumentación, Heredia exhibió una imagen satelital de la Pu Lof en Resistencia Cushamen con el recorrido que hizo Santiago aquel 1 de agosto desde la casilla de guardia hasta el río, en el momento en que era perseguido por la Gendarmería. El Brujo inició su huida de la balacera a las 11:32:33; tan solo 25 segundos después pueden verse uniformados corriendo dentro del territorio, según determinó un informe de la Procuvin que fue deliberadamente ocultado por la fiscal Silvina Avila, mientras que el Procurador interino, Eduardo Casal, tampoco hizo mucho para que dicho material sensible llegara al expediente por la desaparición forzada de Maldonado.

El mapa que exhibió Heredia es clave por lo siguiente: por ese mismo lugar corrieron al menos tres gendarmes en clara persecución de Maldonado y Lucas Pilquiman, según pudo reconstruir este cronista en su libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” (Acercándonos Ediciones) a partir de cotejar las declaraciones testimoniales de los uniformados (con todas sus contradicciones), informes del Ministerio de Seguridad y las propias imágenes tomadas por la GNA. En esa misma línea imaginaria que va desde la casilla de guardia hasta el río también se estacionaron dos de los vehículos de la fuerza, un Eurocargo y una Ford Ranger, tal como había detectado el defensor Machado.

Por eso la argumentación central del CELS pasó por ratificar la presencia de los gendarmes en el río, lo que echa por tierra la conclusión de Lleral cuando dejó por escrito que Maldonado estuvo solo, sin que nadie lo viera. Los gendarmes cubrieron al menos 50 metros de costa, según confesó el primer alférez del Escuadrón 35, Daniel Gómez.

Los tres gendarmes que corrieron en la misma dirección que Maldonado y lo acorralaron en el río fueron Orlando Yucra, Emmanuel Echazú y el escopetero Darío Zoilán.

Maldonado es causa cerrada para Lleral

Represión ilegal

“Ya no alcanza con desalojar una ruta, hay que detenerlos a todos”. Esa fue la orden que Pablo Noceti, por entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, les había impartido a las fuerzas federales reunidas en Bariloche el 31 de julio de 2017, un día antes de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Pero el funcionario les había manifestado algo más: no sólo debían detener a los mapuches que cortaran eventualmente una ruta para acusarlos de “terroristas de la RAM”, sino que lo harían sin la necesidad de contar con una orden judicial. En otras palabras, Noceti había blanqueado ante los gendarmes que el rol jurisdiccional del juez quedaría en un segundo plano: avanzarían primero -bajo el imperio de una flagrancia fraguada- y luego le avisarían al magistrado de turno. Y así ocurrió.

Ese mismo 31 de julio, Noceti mantuvo una comunicación con el primer juez de la causa, Guido Otranto, para avisarle que los Escuadrones 35 (el Bolsón) y 36 (Esquel) avanzarían contra los mapuches durante la madrugada del 1 de agosto. Es decir, se cumplía lo que el mismo funcionario les había adelantado a los jefes de la GNA horas antes, que las órdenes serían impartidas por el Poder Ejecutivo mientras que los magistrados, en este caso Otranto, sería un “convidado de piedra”.

Este relato de los hechos -la comunicación entre Noceti y Otranto- no es una invención de este cronista sino que fue descripta por Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35, en un documento interno de la GNA que formaba parte (y todavía lo hace) del expediente 8232/17 -desaparición forzada de Santiago Maldonado-, causa cerrada por el juez Lleral. Es una descripción clave para entender cuáles fueron los movimientos de los verdeoliva entre el 31 de julio y las 11.15 del 1 de agosto, que es el momento en que la GNA inició la represión contra la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

La orden de Noceti era avanzar a cómo diera lugar contra la comunidad y todo aquel que defendiera al lonko Facundo Jones Huala; ya no alcanzaba con sólo despejar una ruta. Si era necesario, la propia GNA provocaría un choque con los mapuches para “justificar” la represión. Este fue uno de los principales argumentos esbozados por la APDH durante la audiencia de apelación: que la tan mentada flagrancia fue provocada por los gendarmes para legitimar la persecución.

En el expediente judicial existen testimoniales, documentos internos de la propia GNA, mensajes de texto en los celulares de los uniformados que abonan la hipótesis de las querellas sobre la ilegalidad del operativo que terminó en la desaparición y muerte de Maldonado. Aquella mañana del 1 de agoto no existía corte de ruta, ya que la misma había sido desalojada durante la madrugada. Sin embargo, la GNA nunca abandonó la ruta.

A las 2.39, la subalférez Marianela Roldán (Escuadrón 35) intercambió varios mensajes de texto con un suboficial de apellido Toro, según se desprende del peritaje realizado por la Policía Federal sobre los teléfonos de los verdeoliva que participaron del operativo.

-Suboficial Toro: “Llegó un MTO cifrado vienen más de 50 a orden de un Comandante. Salieron a la 01:00 de Esquel”.

-Roldan: “Hasta que ellos no lleguen no podemos dar el GOLPE”.

Entre los dos Escuadrones (Esquel y el Bolsón) sumaban más de 100 efectivos para “dar el golpe”. Los gendarmes avanzaron a las 3 de la madrugada y quitaron de la ruta las piedras y pinos que habían utilizado los integrantes de la comunidad para cortar la ruta durante el día. La orden del juez ya se había cumplido. Pero no alcanzaba. Debían arrestar a los “mapuches terroristas” como les había pedido Noceti.

Entre las 3 y las 11.15 del primero de agosto la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1848, permaneció desalojada y transitable. Sin embargo, los gendarmes se quedaron apostados en dos puntos diferentes a la espera del momento oportuno para avanzar nuevamente. Minutos antes de que el segundo jefe del Escuadrón 36, Juan Pablo Escola, decidiera iniciar la represión, no existía ningún corte de ruta. Es decir, hasta las 11.15 no existía ninguna flagrancia.

Los uniformados que quedaron apostados durante la noche dispararon sus escopetas hacia la casilla, según la declaración testimonial de Lucas Pilquimán y Soraya Maicoño (ambos acusados de complot por la fiscal Silvina Avila, otra de las funcionarias claves para el encubrimiento hacia la GNA). Ese hostigamiento también fue utilizado para provocar la flagrancia.

Para justificar en los papeles la represión, la GNA fraguó al menos dos documentos internos: un memo rotulado como “Sepia 153” y la orden de la Patrulla 323/17.

El documento “Sepia 153” sostenía lo siguiente:

“A partir del 01 0800/0900 agosto 17 (1 de agosto de 2017 entre las 8 y 9 am) encontrábase a cargo (Escola) del personal apostado en la RN 40, lugar del corte de ruta, quien dirigiera las acciones del despeje de la ruta, circunstancia que fuera resistida ésta por los manifestantes quienes arrojaban piedras hacia el personal y motivara el ingreso al campo usurpado por miembros de la comunidad mapuche (RAM) en persecución ante la flagrancia de los hechos.”

Como podrá dilucidarse en las próximas líneas, ni a las 8 ni a las 9 existía tal corte de ruta.

El segundo documento indicaba que varios gendarmes del Escuadrón 35 se movilizaban hacia la Pu Lof, a las 10.05 del 1 de agosto, para dar “cumplimiento a la directiva del juez Otranto”, es decir el despeje de una ruta que ya había sido desalojada durante la madrugada. A las 10 de la mañana tampoco existía corte de ruta alguno.

Uno de los testimonios claves para comprender que esa mañana no existía corte de ruta alguno lo brindó el cocinero César Peralta, del Escuadrón 35. A las 5 de la mañana, debía comenzar a preparar el dasayuno para los uniformados que se habían quedado en la ruta. A las 8.05, la subalférez Roldán le envío un mensaje de texto con el siguiente pedido: “Recién me llama el jefe dice que lleven 3 o 4 cajas de munición antitumulto”. ¿Se habían gastado los cartuchos que tenían preparados desde el día anterior en los disparos intimidatorios efectuados durante la madrugada?

Durante la declaración testimonial de Peralta, el defensor oficial Fernando Machado preguntó lo siguiente:

Machado: Usted dice que llegó 9.30 y luego regresó a El Bolsón. ¿A qué hora? ¿Se acuerda?

Peralta: Habré servido el desayuno en 40 minutos y pego la vuelta, le pido el celular a uno de mis compañeros y llamo a mi ayudante para que empezara a picar las cosas.

Machado: ¿A qué hora sería?

Peralta: Y entre las diez y media u once menos cuarto.

Machado: ¿En ese período notó algo particular?

Peralta: No, la gente estaba parada al lado de los camiones, apenas llegué utilicé el camión como rancho, la gente apenas me vio, les empecé a servir mate cocido.

Machado: ¿Estaba todo normal? ¿No vio ningún movimiento de gendarmería vinculado a un hecho ilícito?

Peralta: Sí, todo normal, no vi nada de eso.

La otra persona que confirmó la inexistencia de flagrancia fue el chofer Horacio Horack, cabo del Escuadrón 41 de Comodoro Rivadavia. En un informe elevado a su jefe -también incorporado dentro del expediente 8232/17 (desaparición forzada)- afirmó que ante la inexistencia de novedades en la zona de Leleque, recibió la orden de Balari de regresar a Esquel.

“Permanecimos en el lugar hasta aproximadamente las 10.00 horas, ya que en ese transcurso de tiempo no surgió ninguna novedad con la aparente manifestación, recibo la orden verbal del Comandante Mayor Diego Conrado Balari de regresar al Escuadrón 36 ‘ESQUEL’”. Con Horack también abandonó la ruta Pablo Badie, quien era el jefe del Escuadrón 36, actualmente radicado en Río Gallegos.

Ante la ausencia de conflicto aparente, la otra persona que se retira del lugar cerca de las 10.30 es Fabián Méndez, el jefe del destacamento de El Bolsón. Tras la ausencia de todos los jefes, quien quedó a cargo del operativo fue Juan Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36, un hombre “apto para tareas de inteligencia” según un documento firmado en agosto de 2017 por Pablo Badie e incorporado dentro del expediente como parte del material allanado en los regimientos involucrados.

Por lo tanto, esa mañana no existía corte de ruta que les permitiera invocar la flagrancia. Pero Escola sí sabía algo. Cerca de las 9 de la mañana había ingresado a la Pu Lof un auto gris marca Onix en donde viajaba Soraya Maicoño -por entonces vocera de la comunidad- y Nely Garay. En el momento en que dicho auto salió de la Pu Lof, cerca de las 11.15, Escola ordenó un seguimiento controlado del auto. Al advertir desde la casilla de guardia que una Ford Ranger de la GNA (conducida por el alférez Martín Lozano) perseguía a sus compañeras, algunos chicos de la comunidad salieron a la ruta. Ese fue el preciso instante en que Escola ordenó avanzar contra la Pu Lof.

Tan alevosa fue la maniobra que los primeros disparos efectuados por los uniformados no fueron hacia la ruta sino al interior de la comunidad. Por ejemplo, Emmanuel Echazú disparó 17 veces hacia la casilla. Esto quedó registrado en un video captado por la propia fuerza e incorporado dentro de la causa judicial. La abogada Verónica Heredia argumentó ante la Cámara Federal que en esas imágenes quedaba clara la alevosía de la GNA y la determinación, planificada, de ingresar a la Pu Lof.

El seguimiento del Onix fue la provocación final que antecedió la represión. Fue la manera en que la GNA, al mando de Escola, construyó la flagrancia. Tal es así que fue él quien confirmó esta sucesión de hechos en otro documento interno de la GNA rotulado “Puma 145”.

En dicho documento (que se adjunta en esta nota como facsímil), Escola sostuvo lo siguiente:

“Siendo las 1115/1120 hs observo que un grupo de manifestantes de la comunidad mapuche que salieron del sector de ocupación, subieron a la calzada de la RN 40 frente al acceso citado, cortando la ruta en forma intempestiva y total”.

Es decir, salieron a la ruta en el momento en que Escola ordenó el “seguimiento controlado” del Onix. En ese mismo documento, reconoció la presencia de Noceti al finalizar el operativo.

Por su parte, el primer alférez del Escuadrón 35, Daniel Gómez, fue mucho más explícito en su declaración testimonial. Reconoció que tras el inicio del seguimiento controlado, “justo, justo en ese momento salió gente de la Lof a cortar la ruta.”

“¡Hay que embarcar! ¡hay que embarcar!”, gritó Escola ante el desconcierto generalizado de los uniformados que ya estaban pegando la vuelta a su destacamento. “Nadie entendía bien qué pasaba porque la situación era normal y fue todo muy rápido. La ruta se había liberado durante la noche y no se entendía qué pasaba”, explicó Gómez en su declaración del 8 de septiembre de 2017.

A solas…con los gendarmes

No pasaba nada, estaba todo tranquilo, hasta que Escola dio la orden de avanzar luego de la provocación. En su cierre de la causa, Lleral no tomó en consideración ninguno de los aspectos vinculados al operativo de la Gendarmería. Le delegó esa responsabilidad a Otranto, quien tiene a su cargo la causa por el corte de ruta y donde están imputados los principales testigos de la desaparición y muerte de Maldonado.

El magistrado de Rawson tampoco evaluó los disparos que los gendarmes efectuaron dentro del territorio, a la vera del río, con “manifestantes” a menos de seis metros de distancia. ¿A quiénes les dispararon? Tampoco tomó en consideración lo dicho por el testigo Lucas Pilquiman, cuando afirmó que los gendarmes disparaban “escopeta y 9 milímetros” mientras Santiago permanecía agazapado entre los sauces del río Chubut.

En el expediente consta que en el rastrillaje del 16 de agosto de 2017, un policía de Río Negro halló balas servidas 9 milímetros que Otranto y Avila rechazaron levantar como evidencia. Durante la represión del 1/8, los agentes que sí portaban armas letales fueron los conductores del Eurocargo, Lucio Buch y el chofer de la Ford Ranger, Andrés Ahumada; ambos llegaron hasta la pendiente del río y estacionaron en el mismo lugar por donde descendió Santiago. A partir de las fotos registradas por la propia GNA se sabe que Buch estuvo fuera de su vehículo entre 10 y 15 minutos. Para Lleral esto no fue relevante.

La presencia de esos vehículos sobre la pendiente que daba al río, cuyas huellas fueron detectadas por Machado, resultan claves para dilucidar quiénes fueron los gendarmes que corrieron detrás del Brujo. Zoilán afirmó haber bajado en esa dirección y una vez en el río identificó a su lado a Yucra y Echazú. Por su parte, Yucra reconoció que sobre la costa había agentes del Escuadrón 36, a quienes no pudo identificar. El conductor Ahumada era de ese destacamento.

El escopetero Zoilán también aseguró ante el Ministerio de Seguridad que le había disparado a “un bulto con ropa negra o azul” que estaba dentro del río a seis metros de la costa. Aquel día, Santiago tenía puesta una campera celeste oscura que le había prestado Matías Santana. ¿Cómo es posible que el juez Lleral no haya tomado en consideración estos hechos? O ¿sí los analizó y prefirió callar?

CONVERSACIÓN GÓMEZ Y BADIE

Las tres personas con mayor jerarquía que estuvieron sobre el río y a pocos metros del agua fueron Echazú, Gómez y Escola. En un reportaje con el diario La Nación realizado el 10 de septiembre de 2017, el hombre “apto para tareas de inteligencia” negó la presencia del Eurocargo y las dos Ford Ranger cerca del río (en el expediente constaban las fotos de las huellas detectadas por Machado) y que no sabía si sus hombres habían disparado. Pero los disparos sobre el río existieron. Y fueron muchos, según reconoció Gómez en un diálogo con Pablo Badie registrado el 9 de agosto de 2017 a las 14.44 e incorporado en el expediente judicial. “Que los chicos ejecutaron disparos, ejecutaron pero ni las postas de goma le pegaron que eran un montón”, confesó Gómez.

A partir de todos los documentos de la GNA, las testimoniales de los uniformados y sus contradicciones, los archivos del área de inteligencia y las imágenes analizadas podría concluirse lo siguiente: que los tres gendarmes que acorralaron a Maldonado sobre el río -Yucra, Zoilán y Echazú- y el jefe del operativo, Escola, saben mucho más de lo que confesaron hasta el momento.

@spremici

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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