Juicio Ford: secuestros y torturas que no quedarán impunes

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Es la primera vez que una importante multinacional enfrenta un proceso de lesa humanidad por crímenes de la dictadura. Según se pudo probar, los directivos de la fábrica Ford de Pacheco hicieron listas negras –que incluyeron fotos y legajos- para “marcar” a 24 empleados que fueron secuestrados. La inmensa mayoría era activista sindical. Los quinchos del predio funcionaron como centro clandestino y allí se aplicaban torturas. Dos ex empleados de la compañía y un represor están acusados. Ayer terminaron los alegatos y el 11 de diciembre será la sentencia.

Faltaban 15 días para que Pedro Troiani, delegado sindical en la planta de Ford Motor ubicada en General Pacheco, cumpliera los 35 años cuando fue “chupado” de su lugar de trabajo junto a otros cuatro compañeros. Corría el 13 de abril de 1976. Pasó 45 días secuestrado hasta ser “blanqueado”. Luego estuvo un año encarcelado. Hoy Pedro tiene 77 años y espera que se haga justicia el próximo 11 de diciembre, cuando se conozca el veredicto sobre la responsabilidad de la automotriz en el secuestro y la aplicación de tormentos a 24 obreros de aquella planta ubicada en Panamericana y la avenida Henry Ford. Pedro no baja la guardia hace 42 años. Por ese empuje y el impulso colectivo de las víctimas  se logró este juicio emblemático en pos de lograr Memoria, Verdad y Justicia.

Se trata de un juicio clave para lo que es el abordaje de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Es la primera vez que una importante multinacional enfrenta un proceso de estas características.

En el banquillo de los acusados se encuentran dos directivos de la empresa: el ex jefe de Manufactura, Pedro Müller, quien era el N° 2 de la planta de General Pacheco; y el ex jefe de Seguridad del mismo establecimiento hasta 1987, Héctor Sibilla, quien cuando se jubiló fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos, tal como publicó Horacio Verbitsky. El primero, según se reconstruyó en la causa, era una de las autoridades de la firma. El segundo, un militar retirado que nunca perdió sus contactos, quien controlaba todo lo que entraba o salía del predio. Son los únicos dos civiles de la línea gerencial de la compañía que llegaron a esta etapa del proceso con vida.

Otros responsables murieron en la impunidad como Nicolás Courard, ex presidente de la empresa, y Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales, quien en un principio había sido apuntado en el proceso.

“Otros no han sido investigados, por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa en la que se involucran no solo civiles, sino funcionarios jerárquicos de una empresa multinacional”, explicó la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta en la audiencia del 12 de noviembre pasado.

El único militar acusado de este juicio paradigmático es el represor Santiago Omar Riveros, quien estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y también era jefe de la Zona de Defensa IV. Consecuencia de la demora en los juicios de lesa humanidad, Antonio Francisco Molinari, quien interrogó a la mayoría de los trabajadores, y quien se entrevistó en reiteradas oportunidades en Campo de Mayo con las esposas de ellos, falleció.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín será el encargado de dictar la sentencia.

El rol de Ford

La existencia de la complicidad de Ford con el terrorismo de Estado está presente desde las denuncias en la Conadep y el juicio a las Juntas. “Es una deuda. De allí la importancia del resultado de este juicio”, precisó Gómez Alcorta respecto al juicio.

Según se pudo probar durante la investigación, los directivos de la fábrica de General Pacheco de Ford Motor confeccionaron listas negras –que incluyeron fotos y legajos- para “marcar” a los obreros que debían ser secuestrados. La inmensa mayoría era activista sindical. Desde la empresa buscaban “barrer” cualquier obstáculo a los cambios de sus políticas productivas. No fue casualidad que el mismo 24 de marzo desde la empresa se anunciara que “quedaban suspendidas las actividades gremiales”. Las capturas de los trabajadores se realizaron por áreas de la planta, en lo que evidencia una lógica operativa. Incluso, la automotriz facilitó vehículos para los “traslados” y hasta alimentó a los militares. En una muestra de cinismo llegó a enviar telegramas por “faltar sin aviso” a los obreros mientras estaban secuestrados.

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Los quinchos que había en el predio funcionaron como centro clandestino de detención. Se trató de una particularidad del caso: la mecánica de desaparición –secuestro y aplicación de torturas- se ejecutó en el mismo lugar de trabajo.

En el alegato que realizó la fiscalía general ante el TOF 1, a cargo de Marcelo García Berro –quien contó con la colaboración del auxiliar fiscal Guillermo Silva-, se abordó el rol histórico de Ford respecto a este proceso.

Durante su alocución, se recordó que la firma adujo “problemas de seguridad” desde 1973 “por amenazas de ataques que -según explican- llegaron a causar la muerte de trabajadores”.

En una línea que retomarían durante el juicio los dos acusados civiles, Ford Motor se desentendió “de la actividad militar al afirmar que el gobierno instaló fuerzas de seguridad en la planta (primero de Gendarmería, luego de Prefectura) y que en marzo de 1976, debido a una decisión del gobierno -y por tanto fuera del control de la compañía- el Ejército se instaló dentro de la empresa que a partir de allí fue un área militar”.

“Sin decir si la empresa conocía o no lo que pasaba, se pretende explicar que en realidad los responsables de la empresa no podían hacer nada porque había sido tomada por los militares, que lo que ocurrió fue obra de ellos”, se remarcó.

Estas explicaciones no tienen ningún apoyo en las pruebas de este juicio. En el debate “no sólo se ha demostrado el pleno conocimiento que la empresa tenía de la represión desarrollada en su planta sino que fueron las personas a cargo de ella quienes permitieron y facilitaron los recursos necesarios para que la tropa del Ejército al mando de Molinari se instalara y levantara un espacio clandestino de detención, interrogatorios y tortura; señalaron a las personas a reprimir, proveyeron la información y medios necesarios para ello, incluidos espacios, vehículos y víveres para la tropa”, apuntó la fiscalía.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal rememoraron que la empresa “se negó a aportar información a la Conadep y ello en razón de la orden dada por el presidente de la empresa, Nicolás Courard, con la intervención directa del jefe de relaciones laborales Galarraga, quien justamente era uno de los imputados de esta causa hasta su fallecimiento”.

Según se desprende del legajo Conadep 1638, “se dice que Ford Motors Argentina no iba a brindar ninguna información sobre lo ocurrido a su personal, ni permitiría la compulsa de los libros societarios y archivos de la empresa”. “Esto no puede considerarse una actitud de colaboración. Más bien, todo lo contrario. Si decidieron que no iban a brindar información, es porque la tenían. Y si pretendían impedir la compulsa de documentación era porque algo tenían para ocultar. Este juicio ha demostrado ambas cosas”, resaltó García Berro.

Prontamente, se espera que se coloque una placa en la planta para recordar qué sucedió allí 42 años atrás.

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Una sentencia clave

Las querellas, que alegaron el 12 y 13 de noviembre, pidieron una pena de 25 años de prisión para los tres acusados. Se les imputa el secuestro y las torturas de dos docenas de trabajadores, la gran mayoría con activismo sindical. Todos trabajaban en la fábrica ubicada en la localidad de General Pacheco, a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes.

“Diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados”, relató la querella que representa a las víctimas.

Los obreros luego fueron llevados a diferentes lugares de detención como las Comisarías de Maschwitz y de Tigre (en esta última se encontraban muchos delegados sindicales de las empresas de zona norte). Permanecieron un tiempo secuestrados en calidad de detenidos-desaparecidos y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El circuito se cerró con sus trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, como la Unidad de Devoto, la Unidad 9 de La Plata y la Unidad de Sierra Chica.

Eli Gómez Alcorta, que representa a 8 de las 12 víctimas vivas, explicó a Nuestra Voces la importancia de la sentencia que se avecina: “Este juicio es vital para el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad porque nunca se juzgó la responsabilidad empresarial, es decir, aportes concretos de una empresa y de ciertas personas que en general no participaron de modo directo en los hechos. Representa un modo distinto de pensar penalmente el caso”, señaló. “No alcanza con poder demostrar todo lo que aportó la empresa, como una lista confeccionada por Ford para privar de la libertad a los trabajadores o recursos como camionetas o hasta un quincho para los secuestros. Hay que demostrar el rol que ocupaban los imputados dentro de la empresa”, agregó.

Apenas comenzó su alegato, el 12 de noviembre, la abogada recordó que por la demora  en la realización de este juicio 12 víctimas trabajadores fallecieron. Nombró a cada una de ellos “para hacerlos presentes”.

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Los “increíbles” alegatos de las defensas

Los alegatos de las defensas se desarrollaron el lunes y ayer. La primera audiencia, del lunes, empezó apenas pasadas las 10 de la mañana. Durante los primeros 40 minutos alegó el defensor oficial de Riveros, sobre quien ya pesan 6 cadenas a perpetuas y 4 condenas a 25 años de prisión. El letrado planteó el principio del “ne bis in idem”, es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Se trató de una exposición breve ya que, por su postura, no trabajó los hechos que son materia de debate.

Distinto fue el alegato de la defensa de Müller. Su abogado, Corleto, estuvo muy efusivo. Dijo que no ponía en tela de juicio la materialidad de los hechos. Pero hizo jugar el rol de civil de su representado y solicitó la prescripción de los delitos que se plantean ya que argumentó que no hay prueba de que Müller pudiera conocer que los hechos formaban parte de un ataque generalizado y sistemático, por lo que para él no podría caber la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Luego requirió una serie de nulidades, que no se haga lugar al pedido de detención de la querella y que, eventualmente, si este prosperara se le otorgue a su defendido la prisión domiciliaria.

Para Gómez Alcorta, no hay margen para dudas: “La materialidad de los hechos está absolutamente probada. Está totalmente probado el rol que Müller ocupaba en el mundo de la fábrica Ford”.

El martes fue el turno de Sibilla, cuyo letrado adhirió a los planteos de nulidad e inclusive de prescripción que había hecho la defensa de Müller. La particularidad de este alegato fue que atacó a los testigos de concepto que tuvo el juicio como Eduardo y Victoria Basualdo, entre otros.

A diferencia del otro civil sentado en el banquillo de los acusados, la defensa de Sibilla sostuvo que no estaban probados los aportes en las torturas y privaciones ilegales de la libertad. También hizo jugar la supuesta falta de conocimiento de Sibilla sobre el contexto de los hechos que se estaban llevando adelante en la planta. Pidió la absolución.

“Es increíble las cosas que están diciendo, se basan en mentiras”, se quejó Troiani en diálogo con este medio. “Usan todo lo que pueden como artimaña”, criticó. “Al escuchar a estos tipos te dan ganas de gritarles de todo”, agregó, indignado, tras volver de una audiencia que se extendió unas 8 horas.

Este martes, después de largas horas de audiencia –al alegato se sumaron las réplicas y dúplicas-, cuando las partes se estaban levantando para retirarse de la sala, Müller intentó acercarse a las víctimas para saludarlas y Troiani lo cruzó. En una audiencia previa había hecho lo mismo, lo que luego fue usufructuado por su defensa ante el tribunal para intentar mostrar a su cliente con una imagen distinta a la del ‘76. A la luz de cómo se utilizó aquella situación, Troiani no contuvo la bronca. “Cuando encaró hacia nosotros, mi hijo lo paró. Le dijo a su abogado que lo saquen porque estaban usando esa mecánica en beneficio propio. Yo derrapé, les dije ‘caraduras, buitres’. Nos contuvieron, nos tranquilizaron”, relató Troiani.

Una ofensa

El abogado de Müller, el mentado Corleto, atacó a las víctimas del terrorismo de Estado lo que provocó un fuerte cruce con Gómez Alcorta, quien no dejó pasar la agresión.

En su introducción de su alegato del lunes, el letrado dijo que entendía que había habido un viraje en la investigación y que centralmente debía preguntarse por qué las víctimas no habían acusado a Riveros  que –siempre desde su perspectiva- era el autor principal de los hechos (sí lo hicieron las secretarías de DD.HH. de la Nación y Provincia pero los trabajadores solo apuntaron contra los civiles). De acuerdo a su interesada interpretación eso estaba vinculado a una intención de lograr una indemnización, un rédito económico. “Por eso la mención recurrente a Ford”, dijo.

Esto motivó un golpe anímico para las víctimas y que Gómez Alcorta, representante de la mayoría de los trabajadores, hiciera este martes un pedido al tribunal para que se extraiga el testimonio en cuestión por falta de decoro y exceso en el ejercicio de la defensa, lo que no le resultó muy agradable a Corleto. Dijo que él se sometía a cualquier trato disciplinario y que eventualmente se reservaba  la posibilidad de iniciarle una demanda por daños y perjuicios a la letrada.

“Hace décadas que venimos pidiendo justicia. Ellos buscan cualquier chicana, nos faltan el respeto”, afirmó Troiani a este portal.

Consultada por Nuestras Voces, Gómez Alcorta añadió: “La diferencia que hace el abogado Corleto al iniciar su alegato sobre las razones que llevaron a las víctimas a un juicio oral en cuanto a que se trataba de un interés pecuniario o de indemnizaciones claramente va más allá del ejercicio legítimo del derecho de defensa que tiene Müller. Se trata de un acto abusivo de ese ejercicio. Pensar que 42 años después de los hechos y con más de 15 años de un juicio abierto y un año de debate lo que están esperando los compañeros es dinero es ofensivo no solo para las víctimas de Ford sino para todas las víctimas del terrorismo de Estado. Quizás solamente se trate de un acto de  proyección. A veces, la gente solamente puede ver a partir de su propia óptica y por eso le puede costar entender las razones de los compañeros”.

Respecto a su expectativa para el veredicto del 11 de diciembre, aseguró: “Es un momento político difícil para el proceso de juzgamiento y para llegar a la primer sentencia de civiles empresarios. Pero así y todo seguimos apostando por la Verdad y la Justicia”, concluyó la letrada.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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