Justicia por Papel Prensa

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Lidia Papaleo, viuda del empresario David Graiver, presentó un recurso extraordinario para llevar el caso por la apropiación de Papel Prensa S.A. a la Corte Suprema o a una instancia internacional si llega a ser necesario. El Grupo Clarín logró dilatar la causa durante años y recientemente la justicia sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y los demás imputados. Los magistrados desestimaron un gran cúmulo de pruebas y archivos desclasificados para poder cerrar la causa. Tomaron la versión de Clarín e introdujeron testimonios de forma irregular.

Lidia Papaleo aún busca justicia por la apropiación de Papel Prensa. Hace pocos días presentó un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema. En las instancias anteriores, el lobby del Grupo Clarín logró, primero, dilatar la causa durante años. Luego, ya con el acompañamiento del Gobierno de Mauricio Macri, el sobreseimiento de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y los demás imputados. La decisión la tomó el juez Julián Ercolini, luego confirmada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Para llegar a esta resolución, los jueces tomaron la versión Clarín del hecho, introdujeron testimonios de forma irregular, descartaron pruebas que figuran en el expediente y se negaron a producir otras. Para Papaleo, que fue secuestrada, violada y torturada tras la venta forzosa de Papel Prensa, el caso no está cerrado. Pese a las constantes negativas de la corporación judicial, ahora insiste para que sea la Corte Suprema o, incluso, una instancia internacional, la que resuelva el caso Papel Prensa.

Hasta el final

La decisión que se ataca ocasiona gravamen irreparable a esta querella en la medida en que veda de modo arbitrario el acceso a la justicia”, sostiene el recurso extraordinario al que accedió Nuestras Voces. Hace referencia a la negativa de la Cámara de Casación de revisar el sobreseimiento los imputados por la apropiación de Papel Prensa. De los diez imputados originales sólo quedan vivos cuatro: Magnetto, Bartolomé Mitre, Guillermo Gainza Paz y Raymundo Podestá. Hace pocas semanas falleció Ernestina Herrera de Noble, y en los años anteriores personajes claves de esta historia como Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y José Alfredo Martínez de Hoz. Parte de la estrategia dilatoria fue la cuestión biológica. Videla fue el único que falleció en una prisión común.

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Este recurso extraordinario que presentó Papaleo es una de las pocas chances que le quedan para lograr, al menos, las indagatorias de Magnetto y sus secuaces. “De quedar firme la sentencia absolutoria, se extingue por completo la legítima aspiración de justicia de mi representada. No quedan más instancias ni vías procesales”, plantea en el escrito Graciana Peñafort, abogada que representa a Papaleo. Como la Cámara de Casación es la máxima instancia penal y rechazó analizar los sobreseimientos, para esta querella esa decisión reviste el carácter de sentencia definitiva y queda cerrada la posibilidad de investigación. Por esto presenta un recurso extraordinario a la Corte. La decisión queda en manos de la sala III de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma. Si fallan en contra, Papaleo irá en queja a la Corte, que finalmente podrá pronunciarse o, como suele hacerlo, planchar el expediente. Si no hay justicia en Argentina, le quedará la vía de los tribunales internacionales de Derechos Humanos.

Este último recurso presentado por Papaleo sostiene: “No se ha logrado la certeza suficiente para resolver en definitiva la situación procesal de los imputados y adoptar, sin más, una postura desincriminatoria definitiva en relación a ellos, resultando así en definitiva el incumplimiento con los deberes del propio Estado y de la tutela efectiva de las víctimas”, según establece el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. El escrito reitera la existencia de actas de la Junta Militar donde se trata el Caso Graiver y específicamente la cuestión Papel Prensa. “Es claro que la transferencia de las acciones no solo no puede separarse del plan represivo, sino que por el contrario, dicha transferencia solo puede enmarcase y comprenderse como parte de dicho plan. Y los compradores, esto es los diarios La Razón, Clarín y La Nación, como así también los aquí imputados, no solo lo eran ajenos al mismo, sino por el contrario, formaban parte de dicho plan”, señala el escrito. A lo largo de esta causa no sólo se descartaron pruebas decisiva sino que se prescindió de producir otras pruebas igual de relevantes.

Para esta querella está claro que hubo un pacto entre la cúpula dictatorial y los diarios Clarín, La Nación y La Razón para desapoderar a la familia Graiver de Papel Prensa. Que esa maniobra fue coordinada, que incluyó amenazas previas, operaciones mediáticas y secuestros posteriores. Que se trató de un caso de extorsión y un delito de lesa humanidad, y que debe investigarse como tal.

Justicia a medida

El caso Papel Prensa es paradigmático de la sumisión de sectores del Poder Judicial a las corporaciones empresarias, en este caso puntualmente al multimedios más poderoso del país: el Grupo Clarín. Como se trata, además, de la acción conjunta entre empresarios y genocidas, éstos últimos también se beneficiaron.

El derrotero judicial una vez que el expediente llegó a Comodoro Py lo demuestra. Tras varias idas y vueltas judiciales, que reconstruyó Nuestras Voces cuando se cumplieron 40 años del robo de Papel Prensa, en 2011 la causa quedó en manos del juez Ercolini, que la demoró durante años con la complicidad del entonces fiscal subrogante, Eduardo Taiano. Testimonios, archivos desclasificados de inteligencia nacionales y de Estados Unidos, investigaciones periodísticas, aportes de las distintas querellas (en especial la de la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén), nada conmovió a la dupla Ercolini-Taiano. El fin de la subrogancia de Taiano y la llegada del fiscal Leonel Gómez Barbella en 2015 cambiaron el escenario. El 11 de marzo de 2015, el fiscal Gómez Barbella pidió las indagatorias de Magnetto, Ernestina, Mitre, Podestá y Gainza Paz por delitos de lesa humanidad y extorsión. En menos de veinticuatro horas Ercolini negó las indagatorias. La excusa: que aún no había finalizado una lenta pericia contable que no fue pedida por ninguna parte de la causa para determinar el supuesto precio por el cual se realizó la transferencia de acciones. Finalmente se demostró que el precio fue vil, pero nada importó.

El camarista Eduardo Freiler apoyó el pedido de indagatorias, pero sus pares Eduardo Farah y Jorge Ballestero se opusieron. Ercolini, sin indagar a nadie, sobreseyó a todos los imputados.

El recurso presentado por Papaleo afirma: “Con fecha 16 de diciembre de 2016 se dispuso el sobreseimiento de los imputados con la pretensión de que ‘los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido’, cuando por el contrario no sólo los delitos endilgados en cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados con las características propias de esta etapa, sino que la imputación se encontraba lo suficientemente consolidada como para avanzar hacia la correspondiente intimación de los hechos a sus interviniente”.

Para dictar el sobreseimiento –señala la abogada Peñafort– se focalizó en acreditar la concatenación de sucesos en una línea de proyección temporal, para luego concluir –a través de una lectura y análisis recortado y sesgado de la prueba producida– en que dicha vinculación lógica y causal de hechos no ha sido corroborada”. Lo que hizo Ercolini fue encapsular el momento de la venta forzosa, sin un pasado que incluía la sospechosa muerte de David Graiver y las amenazas a Papaleo y sus allegados, sin un contexto dictatorial y sin un futuro inmediato, que fue el secuestro, tortura e incluso asesinato de los mismos. E hizo algo más grave: revictimizó a Papaleo utilizando un testimonio obtenido a último momento sin siquiera avisarle a las partes para desacreditar su versión de que el mismo Magnetto la amenazó para que firmara los papeles. Se trató de Hugo Bogani, un contador que trabajó en el círculo empresarial de los Graiver y actualmente reside en Miami. Según contó Bogani, empezó a trabajar para las empresas de Graiver a principios de 1976, en el seguimiento de varias unidades de negocios pero no de Papel Prensa. En su declaración Bogani aclara varias veces que “no sabía demasiado respecto de Papel Prensa”, que “no participaba en las decisiones de la empresa”, que “nunca Lidia Papaleo le formuló ninguna consulta respecto de Papel Prensa”. Sin embargo, cuando le preguntan por la dinámica de la venta empieza a contestó con más detalle. Bogani relató (y esto sí lo confirman otros testimonios) que estuvo en las oficinas de La Nación cuando se hizo el traspaso de acciones, el 2 de noviembre de 2976, pero su versión es totalmente contradictoria a la de Papaleo. Bogani “lo recuerda como una reunión social, que se celebró en un marco de cordialidad, la gente conversaba entre ella, era un acto muy importante, había profesionales que asistían a las partes, estar ahí fue concurrir a un acontecimiento”. Lo que para unos fue un tormento, para otros pareció mera cordialidad.

Papel Prensa: el arreglo

Peñafort, en el escrito al que accedió Nuestras Voces, señala: “La reseña efectuada da cuenta de que en diversos momentos de la causa, el análisis que del objeto de investigación efectuó el juez (Ercolini) estuvo, cuanto menos orientado hacia una consideración determinada de ante mano, circunstancia que en consecuencia, habilitó que el magistrado hiciere una valoración parcial de diversos instrumentos probatorios, desechase prueba determinante y omitiese producir prueba”. En criollo: el juez Ercolini desvió la investigación para favorecer a Magnetto y compañía.

El nuevo fiscal de la causa, Franco Picardi, apeló la decisión de Ercolini y remarcó todas las pruebas que juez descartó. Hay suficientes evidencias de que el grupo económico Graiver fue perseguido, amenazado y extorsionado, desde el fallecimiento de David Graiver, con la finalidad de que se desprendan de las acciones de Papel Prensa S.A”, remarcó Picardi. El fiscal también sostuvo que Ercolini “omite la valoración de ciertos testimonios, por ejemplo, o efectúa de ellos un análisis parcial, mientras que sobreestima otros tantos”. Hay, tal como contó Nuestras Voces, un ejemplo clave. Ercolini se apoyó en que Isidoro Graiver, hermano de David, cambió su testimonio durante el correr de la causa. De hecho –algo que no figura en el escrito del fiscal– el propio Magnetto le confesó al periodista Martín Sivak: “Sin ese testimonio yo terminaba preso. Lo que el juez Ercolini hizo fue descartar una primera declaración testimonial donde Isidoro Graiver daba cuenta de presiones y amenazas previas, y tomar sólo un acta que el mismo testigo presentó producto de una maniobra judicial justamente impulsada por Clarín. Según consta en el acta, el hermano de Graiver presentó este escrito del que se sirve Ercolini “a requerimiento de AGEA”, que es la razón social que edita el diario Clarín.

A pesar de estos y otros elementos, el 24 de mayo de 2017 los jueces Ballestero y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal, confirmaron el sobreseimiento de Magnetto y compañía. Esta vez no pudo opinar el juez Freiler gracias a una maniobra jurídico-mediática orquestada por La Nación para apartarlo. Al juez Bruglia lo nombró el Gobierno de Macri a fines de 2016.

El recurso presentado ahora por Papaleo relata también el rol del fiscal general Germán Moldes, que desistió de investigar esta causa, y desmenuza los votos de los camaristas Ballestero y Bruglia para confirmar el sobreseimiento de Magnetto y el resto de los imputados. El de Ballestero es contradictorio. Por un lado, coincide con las querellas en cuanto a que fue una venta forzosa, en un contexto de amenazas y en que “ninguna de las personas que detentaba el poder de disposición de las acciones de Papel Prensa se hubiese desprendido de ellas –al menos en el tiempo y condiciones ocurridas– de no haber sido objeto de amenazas”. Ballestero también planteó que, “con una seguridad rayana en la certeza, me atrevo a afirmar que ninguna hubiese sido detenida meses más tarde de no culminarse a ese tiempo la transacción, mediante el pago de lo debido por parte de los compradores”. Sin embargo, señala la abogada Peñafort, el juez Ballestero “concluye con arbitrariedad y sorpresivamente en que ‘ella no apunta hacia los adquirentes de la empresa’, a los que contra todo rigor histórico y frente a la evidencia acumulada, según se la ha reseñado, aísla por completo del despliegue del aparato represivo”. El argumento del juez choca directamente contra la evidencia de la causa, actas secretas de las Fuerzas Armadas e incluso contra las revelaciones del general José Villarreal, mano derecha de Videla, que reconoció que la operación en torno a Papel Prensa fue iniciativa de la cúpula dictatorial. El juez Ballestero separó a los tres diarios de las tres armas cuando la historia demuestra lo contrario y, señala el recurso presentado por Papaleo, “vuelve la resolución arbitraria”. El juez Bruglia, designado por el macrismo, fue en el mismo sentido que Ballestero y también que Ercolini. “La conducta intimidatoria denunciada por la Sra. Papaleo no ha sido corroborada por las declaraciones testimoniales de las demás personas que el 2 de noviembre de 1976 asistieron a las oficinas 2 de La Nación S.A. a concertar la cesión de acciones de Papel Prensa S.A.”, escribió Bruglia. Para esto, argumenta la abogada Peñafort, “citó algunas (y omitió otras) y las sacó interesadamente de contexto”. Nunca se citó a Magnetto, a quien Lidia Papaleo indicó como el hombre que la amenazó.

Por un lado, los jueces aisalaron la venta forzosa del contexto dictatorial. Por el otro, desvincularon a Clarín, La Nación y La Razón de Videla, Massera y Martínez de Hoz. Esta doble operación tuvo como objetivo dejar constancia judicial de la versión Magnetto de esta historia: se trató de una venta entre privados fuera de toda presión y extorsión. Ni las amenazas ni los posteriores secuestros, violaciones y asesinatos tuvieron, para los jueces, ningún vínculo con el traspaso forzado de Papel Prensa.

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Negro papel

Papaleo, con el patrocinio de Peñafort, vuelven a enumerar los antecedentes de esta causa. La conformación originaria de Papel Prensa en 1971 donde se establecían las condiciones de venta de las acciones; cómo el grupo Graiver adquirió acciones de la empresa a partir de 1973 hasta concretar la posesión mayoritaria de algo que, hasta entonces, era un proyecto en construcción; la persecución de la que fueron víctimas tanto Papaleo como los allegados y colaboradores de Graiver por parte de la dictadura cívico-militar. También hacen un repaso minucioso de cómo fue la venta forzosa de las acciones de Papel Prensa al tridente Clarin-La Nación-La Razón aliado con el tridente Videla-Massera-Martínez de Hoz, el 2 de noviembre de 1976. El precio, que luego se demostró vil, eran 996.000 dólares. De esos, 7.200 se pagaban el día de la operación, otro monto igual a los 30 días y el saldo de 981.600 dólares, el 98,55 por ciento del precio, a los 90 días corridos de la firma. Ni siquiera cumplieron ese plazo. Lidia Papaleo fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. Fue violada, quemada y golpeada al punto que le generaron coágulos en la cabeza y la tuvieron que intervenir quirúrgicamente en las catacumbas del coronel Ramón Camps. Los diarios recién entregaron la suma restante el 19 de abril, una semana después de que los genocidas blanquearan la detención de varios miembros del Grupo Graiver en una conferencia de prensa. La operación de venta forzosa, reconstruye el recurso extraordinario, tuvo tres convenios de transferencia. Los tres fueron extorsivos. Los tres tuvieron como beneficiaria a Fapel SA, la firma que habían conformado Clarin, La Nación y La Razón en 1974 cuyo único objetivo fue apoderarse de Papel Prensa. Fapel no tuvo ningún movimiento hasta el 2 de noviembre de 1976, cuando se quedó con todas las acciones de Papel Prensa. El 10 de noviembre, ocho días más tarde, Fapel les transfirió las acciones Clase A a Clarín, La Nación y La Razón en partes iguales. Eso prueba que el único objetivo de Fapel era la operación de apropiación de Papel Prensa.

El tridente mediático probó ser más fuerte que el tridente militar. La cúpula dictatorial pretendía que otros diarios entraran el negocio de Papel Prensa. Clarín, La Nación y La Razón se negaron. Lo prueba el Acta Secreta 14, del 15 de diciembre de 1976, que informa que los diarios “no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción”. Clarín, La Nación y La Razón también relegaron al Estado como socio bobo de la empresa. El 18 de agosto de 1977 firmaron un acuerdo que decía: “Los comparecientes convienen en regir las relaciones entre sí, para actuar conjunta y coordinadamente y asegurar la unidad de criterio en la conducción de Papel Prensa SA”. Lo firmaron Ernestina Herrera de Noble por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación y Ricardo Peralta Ramos por La Razón. El acuerdo establecía: “Las tres empresas convienen y aceptan que sus derechos societarios dentro de Papel Prensa SA se ejercerán coordinadamente, por intermedio de los representantes de cada signataria”: Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre hijo por La Nación y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Era un pacto para dejar afuera al Estado de la conducción de la empresa. Pacto que duró décadas y sigue vigente.

Papel Prensa es el paradigma de las violaciones a la libertad de expresión. El monopolio del principal insumo de los diarios, el papel, restringió y hasta bloqueó la posibilidad de un sistema de medios gráficos que le hiciera sombra a Clarín y a su socio menor, La Nación. La Razón fue absorbida por Clarín junto a su participación accionaria en la empresa. El Estado, en varias administraciones, fue cómplice de esta situación, limitando su participación como accionista de Papel Prensa a mero espectador de las maniobras de los socios privados.

@arilijalad

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