La Andynet consiguió otro contrato millonario para Staples

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En un pliego hecho a medida, Staples volvió a ganar una licitación del gobierno de la Ciudad por 55 millones de pesos en provisión de insumos de oficina. Staples se convirtió en el único proveedor porteño en este rubro durante diez años consecutivos. Fue luego de “absorber” Officenet, empresa de Andy Freire, actual ministro de modernización, candidato a legislador por Cambiemos y llave de los contratos. Licitaciones irregulares, prórrogas truchas, competidores descalificados injustamente y precios de fantasía en una estafa que no cambia y ocurre bajo la mirada muda de Elisa Carrió.

El gobierno de la ciudad volvió a adjudicarle a Staples S.A. una licitación, ésta vez por 55.000.000 de pesos, para la provisión de papel, útiles e insumos de oficina a las entidades estatales porteñas. De esta forma, la multinacional se convierte en único proveedor de la ciudad en este rubro durante diez años consecutivos.

Semanas atrás, este mismo portal había denunciado la maniobra: desde que la multinacional compró la empresa de Andy Freire, actual ministro de modernización y primer candidato a legislador por Cambiemos, Staples Argentina S.A. ganó todas las licitaciones y obtuvo prórrogas y pliegos redactados prácticamente a medida. Un monstruo corporativo que, con la ayuda de funcionarios, aleja a las pymes, moldea los precios y disfraza a la estafa de legalidad.

Las licitaciones a medida del candidato Andy

Staples como Cambiemos, hasta el 2019

Las licitaciones exigen que las empresas oferentes posean ventas anuales superiores a 45 millones de pesos, un patrimonio neto no inferior a 7 millones y al menos cinco clientes con una facturación anual de más de 3,5 millones. “Una locura que prácticamente ninguna empresa del rubro del país puede cumplir”, afirmaron a Nuestras Voces referentes del sector. Las definiciones figuran en el apartado de requisitos administrativos en donde se afirma que “aquellas empresas que NO cumplan con la totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán consideradas a efectos de la adjudicación”. Así, con los no en mayúscula, el gobierno de la ciudad creyó asegurarse de que sólo Staples podría participar de las licitaciones.

Sin embargo, una empresa de capitales argentinos logró reunir los requisitos y competir con un gigante que demostró que las licitaciones son una sugerencia. Se trata de la PyME CPT Oficina, una empresa nacional que existe en el rubro hace veinte años y que posee alrededor de cien empleados. En la última licitación CPT Integral SA – nombre comercial de la empresa – quedó descalificada por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oferta de Staples mejoraba los precios de la nacional por un seis por ciento, ganando así nuevamente la licitación presentada en mayo y preadjudicada el pasado primero de agosto.

El porcentaje por el que Staples ganó la licitación no es casualidad. Según indica la Ley 27.264, el Estado debiera dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas nacionales, siempre y cuando éstas mantengan inferiores precios, iguales o mayores hasta en un cinco por ciento. Es decir que si la multinacional cotizaba por un uno por ciento menos, el Ministerio de Hacienda de la ciudad a cargo de Martín Mura – responsable de llevar a cabo las compras y licitaciones para las dependencias del gobierno porteño – hubiera tenido que aplicar esta Ley en favor de la empresa argentina. ¿Fue pura casualidad ganar por 1%?

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Además de la cotización, los pliegos exigen en sus Bases y Condiciones que las empresas oferentes presenten “Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente”. El mismo pliego asegura que quienes no presenten la documentación correspondiente “NO serán consideradas a efectos de la adjudicación”.

Al día en el que cerró la licitación, Staples no había presentado los balances correspondientes al año 2016, por lo que tendría que haber quedado fuera de la misma. Sin embargo, la empresa adujo errores en el sistema y solicitó que se suspendan todos los plazos. El gobierno porteño dio lugar al reclamo y Staples logró ingresar a la licitación. De esta manera, la empresa que supo ser del ministro de Modernización Andy Freire se convirtió en única proveedora del gobierno porteño desde 2009.

Luego de tres prórrogas, una licitación anulada y una última licitación preadjudicada, la empresa norteamericana tiene al gobierno porteño asegurado como cliente hasta el año 2019.

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La red Andy

El primer candidato a legislador por Cambiemos fue la figura clave para lograr el establecimiento de Staples en Argentina y para convertirla en proveedora del Estado. En 2004, Freire le vendió a la empresa norteamericana la compañía que veinte años atrás había creado con su compañero Santiago Bilinkis, Officenet, por un monto que aún hoy se desconoce. La empresa continuó funcionando bajo ese nombre hasta 2009, año en el cual Staples ingresó a la Argentina.

La primera vez que se inscribió como proveedor del Estado fue en marzo de ese mismo año cuando Mauricio Macri, en aquel entonces jefe de gobierno porteño, implementó en la ciudad un sistema de compras centralizado. La nueva modalidad anuló todas las licitaciones particulares de cada ministerio y puso en pie de guerra a los pequeños proveedores. Las irregularidades y sobreprecios que se vislumbraron en la primera licitación hicieron que la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) denunciara el nuevo sistema por violar la Ley de contrataciones ya que “restringe a tal extremo la concurrencia que una sola empresa pudo formular una oferta válida, pese a que en licitaciones anteriores concurrían gran cantidad de PyMEs”. El único oferente al que hace referencia la UAPE era Officenet – Staples. De esta manera, y a pesar de las múltiples denuncias, la multinacional logró ingresar al negocio estatal. Es un sistema que luego Macri implementó en el gobierno nacional: centralizar las licitaciones para centralizar los negocios.

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Una estafa pública

En el año 2016, luego de siete años de que Staples fuera el único proveedor y único oferente (a excepción de la licitación realizada en el año 2010 en donde si bien la empresa CPT Oficina se presentó, fue desestimada por cuestiones administrativas), el Gobierno de la Ciudad llamó nuevamente a licitar la provisión de papel, útiles e insumos de oficina. Aquella licitación, publicada en el sitio del BAC (Buenos Aires Compras) con el número 623-1153-LPU16, había recibido como oferentes a Staples Argentina S.A. y CPT Oficina, únicas dos empresas posibilitadas para presentarse a partir de los requisitos anteriormente mencionados.

En aquella oportunidad, la empresa argentina se había postulado ofertando 48.066.537,27 pesos mientras que la internacional ofrecía una cifra final de 48.447.140,50. Es decir que la licitación sería ganada por CPT Oficina ya que ofrecía un mejor precio – casi cuatrocientos mil pesos menos – y se trataba de una PyME nacional.

Sin embargo, luego de concluida la licitación y a la espera de que se publique la pre adjudicación, el Gobierno de la Ciudad decidió dejar sin efecto la licitación y continuar con Staples como proveedor a través de una prórroga que lo autorizaba a seguir, sin haber licitado, durante cuatro meses y/o hasta que ocurra una nueva licitación.

La maniobra la realizó amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Ley Nº 2.095) que, en su artículo número 82, indica que “los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”.

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Con olor a sobreprecio

En aquella licitación que el Gobierno de la ciudad decidió dejar sin efecto, la empresa norteamericana había licitado las resmas A4 de 75 gramos a 58,64 y las de 80 gramos a 61,36. Lo curioso fue que, hasta ese momento, la empresa le estaba cobrando al Estado 71,78 pesos por la primera, y 76,42 la segunda. Una diferencia de trece y quince pesos respectivamente por unidad. Es decir que la prórroga fue para pagar más caro que la licitación anulada.

Es decir que por lo menos un año después, con una inflación anual que había rondando el cuarenta por ciento, la empresa logró no sólo mantener sino disminuir los precios del papel en casi un veinte por ciento. Además, aquel valor licitado en diciembre de 2016 fue mantenido por la empresa en la licitación correspondiente a mayo de este año en la que volvió a ganar, es decir que incluso durante este año podrá mantener los valores inferiores a lo cobrado por el mismo producto dos años atrás.

En un contexto de inflación, devaluación de la moneda y suba general de los precios, la maniobra de Staples Argentina S.A. se convierte en inédita y plantea el interrogante de si se trata de una empresa realizando beneficencia para con el Estado o si es un caso (más) de sobreprecios en la era M.

La sospecha del sobre abierto

La última licitación a la que aplicaron tanto Staples como CPT Oficina está compuesta por 469 renglones en donde Staples gana por valores sospechosamente más bajos. Un ejemplo concreto evidencia la jugada: las resmas de papel tradicionales poseen valores que se diferencian por diez pesos exactos: 68,64 es el precio unitario presupuestado por la empresa argentina y 58,64 el de la multinacional. Lo mismo sucedió en los valores asignados a otros tipos de papeles. En un listado de más de 50 hojas, son múltiples los ejemplos de coincidencias en centavos que hacen sospechar que la licitación de la multinacional fue preparada con conocimiento de los números de la competencia.

Además de las curiosas similitudes en los precios, trabajadores del sector denuncian que muchos de los productos solicitados en las licitaciones no son universales sino que se corresponden con artículos que sólo Staples produce: “Es el caso de los tacos para guardar papeles ya que la medida universal es de 9×9 y la licitación pide de 7,5 cm, una medida que sólo Staples tiene a la venta”, dijo a Nuestras Voces un referente del sector.

Primero los amigos, luego el trabajo nacional

En medio del entramado, otro dato llama la atención. Hernán Piscicelli es analista en Sistemas de Información. Trabajó durante más de cinco años en Staples Argentina S.A. y formó parte de la empresa cuando la misma compró Officenet al funcionario de Cambiemos. Luego de que Staples comenzara a ser proveedor del gobierno porteño, el analista de la multinacional pasó a formar parte de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad.

En 2016 el ex Staples recibió un ascenso y con la asunción de Macri como presidente pasó a trabajar en la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, en donde, además, fue denunciado por estar incluido en una serie de sobresueldos detectados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La licitación pre adjudicada tiene una vigencia de 24 meses. Dependiendo de cuándo se adjudique, Staples continuará como único proveedor del gobierno porteño, por lo menos, hasta agosto de 2019. Además de dejar afuera a todas las PyMEs que existían como proveedoras hasta el 2009, Staples y gobierno despojaron también a la única mediana empresa de capitales argentinos que se encontraba en condiciones de competirle. Una estafa a gran escala que demuestra que incluso en las licitaciones, el Estado prioriza sus vínculos corporativos y los negocios de los funcionarios ante el trabajo nacional.

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