La batalla contra la flexibilización aeronáutica

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Una nueva resolución para flexibilizar a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas pone en jaque la seguridad de usuarios y trabajadores aeronáuticos. Apunta a reemplazar las eficaces y estrictas regulaciones aeronáuticas Argentinas RAAC, por nuevas menos exigentes. Los pilotos anunciaron un paro y lo dejaron en suspenso ante la conciliación obligatoria y la supuesta suspensión de la resolución. FlyBondi como “punta de lanza” para flexibilizar el mercado aeronáutico y la demonización de los gremios frente la opinión pública como estrategia del presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido.

Fotos: APA Aeronáuticos

El gobierno intenta una nueva embestida con una disposición de la ANAC que autoriza a pilotos extranjeros a volar aviones argentinos con mínimos requisitos. A partir de esto y en un contexto de avanzada sobre los derechos laborales, Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) había llamado a un paro de 48 horas  este jueves y viernes junto a la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). Sin embargo una supuesta marcha atrás del gobierno en la resolución llevó a levantar el paro, pero no la situación de alerta: denuncian que a “La revolución de los aviones” que empezó con “la extranjerización de vuelos, con la autorización de empresas a operar en Argentina sin Convenios Colectivos de Trabajo, con la desregulación del mercado y con menores controles de la autoridad de aplicación, sigue ahora con la apertura de los cielos de nuestro país en favor de los intereses de los grupos transnacionales y de las compañías low cost para reemplazarnos y dejarnos en la calle como ya efectivamente está sucediendo”.

Tras denunciar 16 despidos en ANDES Líneas Aéreas, Biró afirmó «no podemos aceptar despidos y pilotos que no tienen laburo acá, y no sólo que se crea una política aerocomercial muy nociva y tóxica que no deja vivir a las compañías, destruyen la industria nacional para dejársela a terceros”.

«El transporte aéreo es muy seguro, siempre y cuando se respeten debidamente sus sabias y estrictas normativas, en cuanto a capacitación, habilitaciones, certificaciones, mantenimiento, pilotaje y tránsito aéreo». La afirmación es de Ricardo Cirielli, Secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, quien desde hace tiempo viene alertando de los cambios que van en desmedro de la seguridad aérea nacional y que pueden terminar en desgracia.

La nueva avanzada para profundizar la precarización laboral fue publicada en el boletín oficial del último 22 de noviembre, la resolución 895/2018, disminuyendo los requisitos de Revalida de Licencias para Pilotos Extranjeros. Las normas RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) determinan el otorgamiento de los Certificados de Idoneidad Aeronáutica, Licencias y Habilitaciones. Hasta el 21 de noviembre se debía cumplimentar: un examen teórico de conocimientos; un examen de vuelo de pericia y la presentación de un libro de vuelo con las formalidades de Argentina. Con la nueva modificación, quedará a consideración de la ANAC la obligatoriedad de la rendición de exámenes y demás requisitos. Es decir, se apunta a reemplazar las eficaces y estrictas regulaciones aeronáuticas Argentinas RAAC, por nuevas menos exigentes, donde se afecta directamente la actividad profesional de los Pilotos.

En su art. 2 la resolución 895/2018 indica: Sustitúyase la sección 61.75 «Revalida: Licencia de piloto emitida en base a una licencia extranjera de piloto», en Parte 61, subparte B 2.14 de las RAAC agréguese: «La Autoridad Aeronáutica competente podrá dispensar parcialmente y bajo las condiciones particulares que en cada caso se establecieran mediante resolución fundada, el cumplimiento de requisitos atinentes a conocimientos generales, para obtener la licencia solicitada».

Ahora bien ¿por qué razón el Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich y la ANAC autorizarían modificaciones que afectan la seguridad aérea? Para bajar el costo de la actividad e incrementar las ganancias empresariales. Un guiño para las compañías aéreas Low Cost que empezaron a operar en la Argentina y que son funcionales al oligopolio del mercado aeronáutico que impulsan desde el gobierno, eliminando la competencia mediante el dumping.

Las empresas Low Cost que multiplican la rentabilidad de las que no lo son, deben bajar muchísimo los costos que implican dar las máximas garantías de seguridad aérea y protección de quienes utilizan el transporte aerocomercial y aviación civil. Esa baja de costos se traduce en: eliminar las actuales exigencias regulatorias aeronáuticas; aumentar las horas de vuelo de la tripulación y trabajadores en tierra; espaciar los tiempos del mantenimiento; bajar salarios; flexibilizar contratos laborales e implementar la polifuncionalidad.

El caso FlyBondi

“Creemos que FlyBondi es punta de lanza para destruir toda la cultura del trabajo sindicalizado”, explica Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes. Por este motivo el gremio se movilizó el pasado jueves 6 de diciembre junto a los vecinos de El Palomar, en contra del “aeropuerto trucho” y en contra de la “política antisindical feroz” que viene llevando adelante la empresa, afirmó Brey. La flexibilización laboral en FlyBondi llega a niveles insospechados: desde el despido de una tripulante de cabina por haberse afiliado al sindicato, hasta la prohibición de almorzar en horario laboral. Más insólita aún fue la respuesta que brindó su CEO, Julian Cook, al explicar que se juntó con sus pilotos “para preguntarles qué querían, pero como no tienen una relación de confianza con los gremios, decidieron no agremiarse”.

La flexibilización laboral parece ser condición indispensable para que FlyBondi pueda ofrecer viajes con “hasta un 50% de descuento”, violando las normativas vigentes en materia de regulación de precios. Mientras tanto, Cook reconoce que su empresa en 2018 “no fue rentable, pero nunca fue la idea”.

Gustavo Lipovich, director del Instituto de Investigación y Desarrollo del Transporte Aéreo, explica que “las empresas privadas atraen al usuario con tarifas bajas y obligan al dueño de la otra línea aérea a bajar los precios. Lo que termina ocurriendo es que ni una línea puede cubrir sus costos y tampoco las otras pueden intentar emparejarlas. Lo que se provoca es que todo el mercado tenga problemas de sustentabilidad económica”. Lo que ocurre luego es que muchas empresas quiebran y quienes tienen espalda económica para resistir ocupan el mercado “aumentando los precios mucho más que antes, porque necesitan recuperar todo lo que perdieron los primeros años”.

Aerolíneas contra Aerolíneas 

Luis Malvido, actual Presidente de Aerolíneas Argentinas, fue director ejecutivo de Telefónica en Sudamérica y el año pasado brindó una charla sobre “El rol del CEO” en el Centro de Formación Profesional Universitas, donde expuso su forma de manejarse en la gestión con un ejemplo que recuerda a la teoría de las especies de Charles Darwin, tan vigente en la reformulación que luego realizó el pensamiento neoliberal: «Cuando un león joven le gana al león macho lo primero que hace es matar a toda la cría, y en las empresas eso pasa».

Malvido se refería a su desembarco en la filial venezolana de Telefónica, en 2005, y a cómo «volaron», según sus propias palabras, a 20 directores y vicepresidentes en una semana. El ejecutivo explicaba que al llegar a la conducción de una empresa tenía que «detectar rápidamente» a quienes seguirían en su gestión de la siguiente manera: «No importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz si no está comprometido y no te sigue, y no es parte de la comunicación, desaparece».

Una de las estrategias que el gobierno está utilizando para deslegitimar a la aerolínea de bandera ante la opinión pública es llevar a los gremios aeronáuticos hacia el conflicto y luego responsabilizar a los representantes de los trabajadores ante una eventual afectación del normal funcionamiento del servicio.

En el comunicado que difundieron el 23 de noviembre de 2018, nunca explicaron los motivos que llevaron  a cinco sindicatos a convocar una medida de fuerza. Los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA) venían reclamando el cumplimiento del acuerdo salarial 2017-2018. En la reunión del 30 de octubre, en medio de la negociación paritaria, la empresa comunicó que no iba a cumplir con el Acta Acuerdo Salarial suscripto por 12 meses en octubre de2017, el cual estipulaba que de excederse el porcentaje acordado los haberes se ajustarían según el índice del mes anterior, esto es, mediante cláusula gatillo. El acuerdo había sido firmado por ambas partes “de buena fe”, indicaron desde las asociaciones sindicales.

De esta forma, la gestión macrista pretende presentarse ante la opinión pública como víctima, responsabilizando a los gremios sin revelar los motivos reales que los llevaron a adoptar medidas de fuerza.

“Los Gremios Aeronáuticos se niegan a escuchar la propuesta salarial”, fue el título del comunicado del último viernes 7 de diciembre. Dentro del mismo, se plantea analizar una por una las sanciones a los 376 trabajadores y trabajadoras por participar de una asamblea gremial el 8 de noviembre. Al decir que van a revisar una por una las sanciones, se desconoce el derecho gremial que les asiste como trabajadores. Además propone “abrir con urgencia una mesa de diálogo sobre nuevas formas de organización laboral y de interpretación de las normas y pautas de trabajo que permitan mejorar la competitividad empresaria”, lo que significa avanzar hacia modificaciones del convenio colectivo de trabajo que permitan la flexibilización de las condiciones laborales de los y las trabajadoras.

Los secretarios generales de los cinco gremios, Ricardo Cirielli (APTA), Edgardo Llano (APA), Rubén Fernández (UPSA), Pablo Biró (APLA), y Cristian Erhardt (UALA) manifestaron “gran preocupación” al ver “como los funcionarios de turno constantemente fuerzan situaciones e interpretaciones que fomentan el conflicto, e indefectiblemente hacen fracasar cualquier oportunidad de diálogo o acuerdo”. En ese sentido, los gremios se han vuelto a declarar “en estado de alerta y movilización” y no descartan nuevas medidas de fuerza.

Luis Malvido había confirmado durante la semana pasada que estaban analizando suspender las sanciones a los 376 trabajadores y trabajadoras “mientras continúe la paz social y no haya nuevas medidas de fuerza”. Sin embargo, desde recursos humanos comenzaron a enviar telegramas confirmando las sanciones.

La estrategia del gobierno no deja lugar a dudas, la flexibilización laboral y la estigmatización de la aerolínea de bandera ante la opinión pública tiene un único objetivo: deshacerse de la competencia para dejar al mercado en manos de empresas privadas oligopólicas, con mayor rentabilidad al flexibilizar las condiciones laborales de los y las trabajadoras aeronáuticas.

Policía de Seguridad Aeroportuaria en tareas de rampa

Otro de los datos llamativos de los últimos días es la resolución publicada en el Boletín Oficial del pasado 3 de diciembre con numero 929-2018. La misma  vinculada a la Administración Nacional de Aviación Comercial (ANAC) expone que ante cualquier situación de necesidad extrema durante el G20 se autorizaba al personal de la Policía Aeroportuaria y de la Fuerza Aérea Argentina a hacer las tareas de rampa y funciones en plataforma. Ambas tareas que están a cargo de la empresa Intercargo que cuenta con el personal  instruido para eso.

El G20 fue del 30 de noviembre al 1 de este mes, pero la publicación de esta resolución se conoció el lunes siguiente. Lo que sí deja en claro es que además de las tareas que podían ser solicitadas para las fechas  de la cumbre mundial en nuestro país, el plazo se extiende por 30 días. Hasta el cierre de año los efectivos de ambas fuerzas de seguridad pueden ser convocados a esas tareas que ya tienen quienes las hagan.

Fracasó «la revolución de los aviones» de Dietrich

Áreas técnicas también flexibilizadas

El marco de precarización continúa. A partir del 1 de febrero del 2019, luego de que se modificaron ciertas normativas de la ANAC  a mediados de este año, entra en vigencia otro plan que tiene como objetivo desregular todo asistencia  que se hace en cuanto a la atención técnica de los aviones entre vuelo y vuelo.

“Con esto lo que quieren es flexibilizar el trabajo que tienen los técnicos de muy buena formación en nuestro país. Quieren reproducir lo que hace LATAM en Brasil tercerizando el servicio. El trabajador certifica y luego lo llevan en un vuelo de regreso a su lugar de origen. El problema es que lo hacen con técnicos de dudosa preparación y con el objetivo claro de abaratar costos pero poniendo en riesgo la seguridad de las aeronaves”, afirma Pablo Fresco, secretario de Derechos Humanos del gremio Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales a Nuestras Voces.

Las resoluciones modificadas para poner en marcha la nueva forma de operar cita la publicación oficial de la ANAC 330/2018 son: el Decreto 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 y las Resoluciones 46 de fecha 27 de enero de 2014; 1.159 de fecha 21 de diciembre de 2016; 226 de fecha 4 de abril de 2017; 861, 862, 863 y 864, todas ellas de fecha 26 de octubre de 2017 y resolución 2018-205 ANAC de fecha 17 de abril de 2018.

Sobre la empresa estatal de servicios de rampa, Fresco cuenta: “Intercargo es una empresa del Estado con superávit, con lo que genera en Aeroparque y Ezeiza sostiene toda su estructura de casi dos mil empleados en todos los aeropuertos del país. Hoy cuenta con una reserva de 14 millones de dólares. Pero a pesar de eso el Estado también quiere desregularla para favorecer empresas privadas, como a FlyBondi que está comprando servicios de rampas también”.

Para contrarrestrar la maniobra de entrega de soberanía, el pasado jueves 6 de diciembre, ingresó al Congreso de la Nación, un proyecto de ley para “declarar de interés público a la empresa INTERCARGO”, a fin de “Proteger la propiedad pública de la empresa INTERCARGO SAC” y “asegurar que la totalidad de la administración de la entidad se encuentra en potestad del Estado argentino”. De esta manera “contribuir a la soberanía nacional en la defensa de industrias estratégicas como la aerocomercial en general, y de la de servicios aeronáuticos en particular, toda vez que el aerotransporte de pasajeros resulta en una responsabilidad del Estado argentino en garantizar las condiciones máximas de seguridad de las operaciones del ámbito aeroportuario”.

El proyecto, a su vez, tiene por objeto “Reconocer la calificación técnica del personal y preservar en el Estado nacional a los agentes especializados en las operaciones y las funciones críticas del ámbito específico de los aeropuertos nacionales. Del mismo modo, promover su capacitación permanente, preservar las fuentes laborales y garantizar el reconocimiento salarial correspondiente a sus funciones específicas.”

Presentado por las Diputadas Nacionales Vanesa Siley y Josefina González y los diputados Agustín Rossi, Jorge Romero, Martín Pérez, Darío Martínez, Pablo Carro, Walter Correa y Guillermo Carmona, el proyecto establece un autoridad de aplicación de forma definitiva en el Ministerio de Transporte de la Nación, reside su capital accionario en dicho organismo, y avanza en establecer la obligación del Estado nacional en el reconocimiento al personal que integra la empresa, asegurando la capacitación, la incorporación de tecnología en los procesos laborales, la atención de la salud y el equipamiento de los agentes que realizan estas tareas. Así como la garantía de estabilidad laboral de los agentes que se desempeñan en INTERCARGO SAC”.

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