La campaña electoral del FMI

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El FMI anticipa en su último informe que la inflación seguirá alta (40%), la inversión baja, el desempleo alto y el PBI en caída (-1,3%). Y sin embargo flexibiliza sus parámetros de evaluación para seguirle prestando plata a nuestro país. Un informe de CEPA analiza el apoyo político a la gestión de Macri del acuerdo y la vulnerabilidad a la que se somete a la economía nacional. Casi la totalidad de los desembolsos son antes de las elecciones. El 76% desembolsos se destinaron a la fuga de capitales (dólares que entran como deuda pública y se van como ganancia privada) pese a que el FMI lo prohíbe en lo formal. Y casi la mitad de los montos de apoyo financiero del FMI se concentran en la Argentina.

Foto: Joaquín Salguero

El FMI publicó la cuarta revisión oficial sobre la economía argentina como parte del acuerdo Stand By. Si bien proyecta un sendero de estabilidad financiera, prevé una caída del PBI de -1,3% para 2019. Además, reconoce que la inflación continúa siendo muy elevada, subiendo la estimación para este año 40% y a 32,1% para 2020. La elevada inflación supone, según el criterio del organismo, el sostenimiento de las altas tasas de interés por más tiempo, impactando fuertemente en los niveles de la actividad productiva. Tal es así que el propio staff report prevé un sostenimiento de los niveles de desempleo cercanos al 10% en el largo plazo. Tampoco pronostica un crecimiento de las inversiones, que se mantendrían en los niveles bajos de la actualidad. Por otra parte, se eleva la meta fiscal a un déficit primario de 0,3% del PBI para este año, en línea con el principal objetivo de la entidad: reducir el déficit fiscal para garantizar el repago de la deuda. En términos de la proyección a futuro, el informe señala que, a medida que la economía se “estabilice”, el foco deben ser las reformas estructurales. 

La salida de Lagarde no implicó un cambio en la política del organismo hacia la Argentina. El espíritu de la revisión es similar a las que acontecieron previamente: el eje está puesto en la política fiscal y no hay mayor interés en la recuperación productiva del país. Además, la ampliación y reformulación del acuerdo supone un apoyo político inédito hacia el gobierno de Cambiemos por parte de la entidad, ya que prácticamente la totalidad de los desembolsos se concentran en la etapa previa a las elecciones y se elimina el carácter precautorio del acuerdo. Esto constituye un condicionante fundamental para el gobierno entrante, por la sequía de fondos y la acumulación de vencimientos.

No solo se trata de un caso inédito cuando se observa el cronograma de desembolsos pactado y el calendario electoral. También resulta un caso excepcional cuando se tiene en cuenta los montos comprometidos en el acuerdo que, de completarse el programa de desembolsos tal como se encuentra acordado actualmente, sería el mayor de la historia del organismo. Es más, cuando se analiza la situación crediticia actual del FMI, casi la mitad de los montos comprometidos en programas de apoyo financiero se encuentran concentrados en la Argentina. Se trata de un caso extremo de exposición al riesgo crediticio soberano por parte de un organismo que debería velar por la salud del sistema financiero global.  

Otro aspecto relevante que señala el informe de CEPA es la subestimación de la deuda pública como porcentaje del PBI que realiza la entidad. En diciembre de 2018 estimaban terminar el año con una ratio de deuda sobre el PBI del 78% cuando terminó cerrando en 86,3%. Las groseras diferencias en las proyecciones y el resultado real de las políticas aplicadas no sólo derivan en un estado de reformulación permanente de las políticas, dañando tanto la credibilidad de las autoridades locales como la de las autoridades del organismo, sino que pone serias dudas sobre la eventual capacidad de repago.

Según las estimaciones de CEPA, desde el inicio del programa, el equivalente al 76% promedio de los recursos recibidos del organismo se han destinado a financiar la formación de activos externos. La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sin embargo, el cumplimiento del artículo es cuestionable, debido al alto nivel de fuga de dólares durante la concreción de los desembolsos. Se trata de un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas. De hacerlo, probablemente los montos necesarios desembolsados por el organismo podrían ser considerablemente menores para atender la crisis de balanza de pagos y se evitaría generar una carga futura sobre el sendero de repago de la deuda pública futura, mejorando la sustentabilidad del programa y sus posibilidades de éxito en los propios términos del FMI. 

Por otro lado, las normas internas del FMI se han flexibilizado con el objeto de sostener la viabilidad del programa en las condiciones de acceso excepcional. Al menos 3 de los 4 criterios necesarios para habilitar el uso del acceso excepcional a los fondos provistos por el organismo son de dudoso cumplimiento. Solo se comprueba el punto 1: “Argentina atraviesa una crisis de balanza de pagos que excede las posibilidades de un acceso convencional”. Sin embargo, aparece un dudoso cumplimiento del criterio 2: “alta probabilidad de repago en el mediano plazo”, del criterio 3: “perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito” y el criterio 4: “la capacidad institucional y política”. 

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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