La Corte cambiaría la doctrina del 2×1 para represores con el detenido por el crimen de Laura Carlotto

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Nuevamente la llamada “tríada peronista” de la Corte, conformada por Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, impuso su agenda al presidente del Tribunal, Rosenkrantz. Y la Corte difundió un cronograma de fallos, que incluye el cálculo de reajuste a jubilados, el pago de ganancias por parte de jueces y el caso con el que revertirían el beneficio del 2×1 a represores condenados de la última dictadura militar: el de Rufino Batalla, represor vinculado al asesinato de la hija de Estela de Carlotto. Hoy se conoció que el tribunal de La Plata acaba de liberarlo, por haber cumplido dos tercios de su condena. 

En medio fuertes tensiones  internas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió este martes, en la reunión de acuerdo, que se establezca un “calendario de dictado de sentencias” sensibles. Esto es algo completamente novedoso para la dinámica que caracteriza al máximo tribunal del país. Según pudo reconstruir Nuestras Voces, se trató de un encuentro tenso que se extendió por aproximadamente dos horas. Allí, los cinco ministros cortesanos definieron un cronograma de fallos de trascendencia pública, entre los que se destacan:

-El 2×1, que rectificará el fallo Muiña con el que se benefició a represores de la última dictadura. Eligieron nada menos que el caso del condenado por partícipe secundario del asesinato de Laura Carlotto, la hija de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

-El “caso Blanco” en el que se discute la actualización de los haberes jubilatorios, un tema sumamente sensible para el Gobierno y el bolsillo de al menos 150 mil jubilados.

-Una medida cautelar por el pago del impuesto a las ganancias por jueces incorporados a partir de 2017. Un tema polémico que involucra los jueces que ascendieron luego de que se aprobara la nueva ley.

-La constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, que tendría impacto en las elecciones de 2019.

Se abordarán desde el martes 27 de noviembre, uno por semana, hasta el martes 18 de diciembre.

La lista de sentencias a tratar hasta la anteúltima reunión de acuerdo, que se hizo pública a través del Centro de Información Judicial (CIJ) el mismo martes, provocó cruces en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Es que la publicidad de dicha nómina, que busca dotar  de mayor transparencia al Alto Tribunal, no era respaldada desde un inicio por todo el cuerpo.

La nueva mayoría circunstancial que integran Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti forzó que saliera, comentaron en tribunales. Lo mismo con el tratamiento del “caso Blanco” y el nuevo 2×1, que en un principio el flamante presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, pretendía llevar al último encuentro del año, con el riesgo de que se postergase hasta el 2019.

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El 2×1, una Batalla ganada

Una de las grandes novedades de este martes fue que los supremos pusieron fecha al abordaje del 2×1 que revertirá al fallo Muiña: será el 4 de diciembre cuando tratarán el caso de un represor vinculado al homicidio de Laura Carlotto, la hija de Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien fue asesinada en 1978, a los 22 años, tras nueve meses de cautiverio.

El caso se volvió a cambiar entre el viernes pasado y este martes. Si bien en un principio iba a ser el del teniente coronel José Bettoli, finalmente, tal como informó el CIJ, será el de Rufino Batalla, guardia del centro clandestino de detención La Cacha.

Este miércoles se conoció que los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata decidieron excarcelar a Batalla y si bien, tal como publicó Luciana Bertoia en El Destape, la decisión fue tomada el lunes pero se hizo efectiva ayer, el mismo día en que la Corte dio a conocer el calendario de casos resonantes que tratará antes de fin de año.

El represor fue condenado en 2014 por este Tribunal a 13 años de prisión por ser considerado partícipe secundario en 55 privaciones ilegales de la libertad, 71 casos de tormentos de víctimas del CCD platense y los homicidios de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas, y de Olga Noemí Casado. Ambas dieron a luz en cautiverio. Laura parió a Guido Montoya Carlotto (Ignacio) y Olga a Silvia Alejandra Cugura Casado, quienes fueron recuperados en 2014 y 2008, respectivamente.

Batalla, de 71 años, integraba el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército que tuvo a cargo el control del centro clandestino contiguo al Penal de Olmos. Era personal civil. Estaba detenido desde 2010. La condena a 13 años fue apelada por la defensa pero también por Abuelas, porque desde el organismo de derechos humanos consideran que el genocida no fue partícipe necesario sino coautor de las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios, por dominio funcional del hecho. Por tal motivo, exigen que se le dicte prisión perpetua. El caso espera resolución en la Cámara Federal de Casación Penal, que aún no se expidió.

Tras el fallo Muiña, en el que la Corte benefició al represor del Hospital Posadas, Batalla pidió al TOF 1 de La Plata que se le aplicara el 2×1. Sin embargo, el 15 de mayo de 2017, el tribunal le rechaza el planteo.

Ahora, habrá que esperar la resolución del máximo Tribunal. Se cree que Lorenzetti y Maqueda mantendrán su postura del caso Muiña. Y Rosatti se tomará de la ley 27.362, aclaratoria de la 24.390, conocida como “ley del 2×1”, para modificar su postura. Aún es una incógnita qué hará Highton de Nolasco.

Lo cierto es que quien cambie su voto por la sanción de la ley necesitará argumentar su posición.

El caso elegido posee dictamen de la Procuración General de la Nación y hasta el detalle de que la actual secretaría de Derechos Humanos había pedido que se deniegue el 2×1.

Así las cosas, un antecedente del resultado que podría esperarse en el nuevo tratamiento se dio el 30 de octubre cuando los supremos revocaron la prisión domiciliaria que había sido concedida al genocida Miguel Etchecolatz. El ex abogado de las empresas más grandes del país fue el único que no acompañó la decisión: se amparó entonces en una cuestión de forma. La votación terminó 4 a 1. ¿Cómo se expedirá el 4 de diciembre?

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Blanco sobre negro

Dos semanas después del 2×1, y tras resolver la Constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, el Tribunal Superior resolverá el “caso Blanco”, en el que determinará el índice aplicable para el nivel inicial de retiro. Fijó fecha para el 18 de diciembre.

En el “caso Blanco” se debe definir si se acepta un planteo de la Anses de utilizar un índice (Ripte) que arroja valores inferiores para calcular el haber inicial jubilatorio en comparación con el que se utiliza desde 2009 en la mayoría de las cámaras federales.

En el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano aseguran que la reciente decisión del Gobierno de publicar en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de Seguridad Social en la que se ratifica que se continuará aplicando el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios provocó que también se acelerara la imposición del calendario y allí se agregue el caso que tanto incomoda a la Casa Rosada.

La nueva mayoría que se articula con asiduidad desde el 1° de octubre –y que algunos bautizaron “mayoría peronista”- se inclinaría por fallar en contra de los intereses del Gobierno. Aunque aún no está definido cómo resolverán.

Rosenkrantz no ve con buenos ojos que se tramite un curso positivo a ese reclamo, que abarcaría a unos 150 mil jubilados. Según se hizo trascender esgrime, al igual que el Gobierno, que provocaría un grave problema económico a las arcas estatales.

En lo que hace al flamante cronograma, se espera que continúe el año próximo, lo que licuaría la potestad del presidente de la Corte de manejar la agenda suprema.

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Otro cruce interno

En el encuentro de este martes también fue tema de conversación, según aseguraron a Nuestras Voces, un asunto interno espinoso, que habla de las tensiones en el máximo tribunal: el nombramiento de quien fuera subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, en la Secretaría de Desarrollo Institucional con el cargo de secretario letrado.

“Generó mucho ruido. No es un tema cerrado”, dijeron desde el Palacio de Tribunales.

Rosenkrantz firmó el lunes una resolución 3384/2018 para contratar a Lahitou, quien hasta entonces era subprocurador del Tesoro. No es un traslado menor ya que, como publicó Ari Lijalad en El Destape, “Lahitou era parte del equipo de Bernardo Saravia Frías como jefe de los abogados del Estado reconvertidos en abogados personales del presidente Mauricio Macri” y favoreció al jefe de Estado en el Correogate.

Como recuerda Lijalad, “Lahitou incluso participó de las audiencias de la causa Correo, en las que el Estado en lugar de reclamar el dinero que le deben sigue pidiendo prórrogas que sólo benefician a la familia Macri”. Por ejemplo, en julio de este año, el funcionario estuvo en la audiencia en la cual los Macri volvieron a hacer la misma oferta que la fiscal general Gabriela Boquin describió como “abusiva” y “ruinosa” para los intereses del Estado. “En lugar de oponerse, Lahitou y Saravia Frias pidieron 45 días hábiles para contestar. Esos 45 días pasaron luego a 10 meses, con un nuevo pedido de la Procuración del Tesoro”, publicó el periodista el 12 de noviembre en El Destape.

Sin respuesta

Un nuevo foco de conflicto podría abrirse entre la Casa Rosada y la Corte. O al menos, con su “mayoría peronista”.  Así se desprende de otro documento publicado en el CIJ este martes, en el que el máximo tribunal del país difundió que solicitó una respuesta al Poder Ejecutivo con relación al pedido de modificación de partidas presupuestarias para otorgar un incremento salarial al personal judicial.

El cuerpo reclamó “una respuesta urgente” al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al pedido que se hiciera el 30 de octubre para poder otorgar el aumento de un 20% extra a los empleados del Poder Judicial. Con esa suma (10% en octubre y otro 10% en diciembre) los trabajadores de todas las categorías de los ecalafones del Poder Judicial alcanzarían una recomposición del 40%.

Cuando se conoció la noticia del ajuste salarial, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, festejó vía Twitter: “Salió el 3er tramo de recomposición salarial 2018 10% al 1roOctubre y 10 % al 1ro Diciembre como lo planteo la U.E.J.N. firmado x la Corte Suprema x unanimidad gracias a la propuesta de la mayoría peronista (Lorenzetti Rosatti y Maqueda) seguimos a paso de vencedores!”.

¿Por qué demora la respuesta la Casa Rosada? ¿Espera algún gesto de la Corte? No falta mucho para encontrarle un sentido a su silencio.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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