La Corte dejó sin 2×1 a los genocidas pese a Rosenkrantz

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El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, volvió a asumir la postura de defensa de los genocidas y aseguró que es inconstitucional la ley del Congreso del año pasado que les cerró el camino a los condenados por delitos de lesa humanidad a la libertad anticipada por el 2×1, a indultos y a conmutación de penas. De esta manera, el ex abogado del Grupo Clarín perdió en soledad la votación, debilitó su presidencia del máximo Tribunal y reflejó la pérdida de poder del macrismo en la Corte. Se viene un fallo sobre la validez de la elección de Alicia Kirchner y otro sobre jubilaciones.

Y un día volvió a hacerse Justicia.

Finalmente, un año y siete meses después del “fallo Muiña”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó su postura respecto al 2×1 con el que había beneficiado a los represores de la última dictadura cívico-militar. Por 4 votos contra 1, este martes consideró en el “fallo Batalla” que aquella reducción de la pena no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Una vez más, el nuevo presidente del máximo tribunal del país, Carlos Rosenkrantz, mentor del 2×1, quedó en soledad en esa materia y perdió una votación de fuerte impacto social. En apenas dos meses sufrió un importante desgaste.

“Rosenkrantz persiste en posicionarse como referente de quienes quieren poner un freno a la persecución de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país”, lo criticó Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Nuestras Voces.

Mientras que Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti mantuvieron su postura del “fallo Muiña” de que no hace falta ninguna ley interpretativa para rechazar la aplicación del 2×1 a genocidas; y Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco modificaron su posición basándose en la normativa que promovió el Congreso el año pasado (ley 27.362) a partir del fallo de la Corte, el mandamás del Alto Tribunal decidió mantenerse en su postura e incluso consideró que lo definido por el Parlamento es inconstitucional.

Esta falta de unidad en un tema muy sensible no hace más que ratificar el ánimo que hoy surca el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Desde que Rosenkrantz sucedió a Ricardo Lorenzetti en la presidencia suprema se produjeron una serie de movimientos dignos de una apretada partida de ajedrez.

El nuevo mapa de vinculaciones cortesanas ya no responde a la lógica que se insinuó el día que se ungió al ex abogado del Grupo Clarín como titular del cuerpo, en septiembre (asumió el 1° de octubre). Una serie de decisiones y sentencias evidencian cambios y un juego de mayorías móviles, que hoy por hoy le están dando la espalda a Rosenkrantz y, por extensión, al Gobierno.

Batalla, el represor sin escrúpulos que la Corte usará de caso testigo en el 2×1

No faltan quienes festejan la nueva articulación que expone la soledad de Rosenkrantz. Se trata de una mayoría circunstancial compuesta por Rosatti, Lorenzetti y Maqueda. Los dos primeros decidieron dejar de lado sus diferencias personales, al menos por ahora.  No faltan quienes la llaman “la mayoría peronista”, una definición que los propios cortesanos rechazan, ya que saben que la entente es endeble y en cualquier fallo podrían encontrarse en veredas opuestas.

Los votos

Este martes 4 de diciembre hubo 3 votos distintos entre los cinco ministros supremos.

Por un lado, el de la dupla Lorenzetti-Maqueda; por otro, el del binomio Rosatti-Highton de Nolasco (los únicos dos supremos que cambiaron de postura: la vicepresidenta  del tribunal adhirió al desarrollo del santafesino); y por último, el de Rosenkrantz.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), para Highton de Nolasco y Rosatti “el debate sobre la aplicación del beneficio del ‘2×1’ para los delitos de lesa humanidad necesitaba la sanción de una ‘ley interpretativa’ por parte del Congreso de la Nación. En opinión de Rosatti, registrada en su voto en la causa ‘Muiña’ esta carencia no podía ser suplida por el juez”. Es por eso que tras la sanción de la ley 27.362 se abrió el camino para que la Corte modificara su postura en este tema tan sensible para la sociedad, que se movilizó en todo el país y desbordó la Plaza de Mayo en manifestación de rechazo a la libertad de los genocidas.

¿Qué establece la ley 27.362? Que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni indultados. Que no puede conmutarse la pena en estos casos. Y que el 2×1 no puede aplicarse a quienes no estuvieron detenidos mientras la ley estuvo vigente.

Rosatti y Highton resaltaron, según el CIJ, que “la aplicación de la ley 27.362 en la causa no viola ningún estándar internacional en materia de derechos humanos” y recordaron que “está dirigida al circunscripto núcleo de quienes cometieron los delitos más aberrantes que registre el comportamiento humano”. Por lo que cumple su función de “interpretativa”.

Lorenzetti y Maqueda destacaron que el represor Batalla estuvo detenido varios años después de la derogación del 2×1 por lo que no correspondía aplicarle ese beneficio (computar dos años por cada uno que pasó detenido con preventiva). Resaltaron que ese cómputo estaba dirigido a compensar a quienes durante su vigencia estuvieron detenidos en prisión preventiva por más de dos años.

También resaltaron que el derecho internacional impone al Estado Argentino el deber de perseguir los delitos de lesa humanidad e imponer penas adecuadas y proporcionadas a su gravedad para impedir una forma de impunidad “de facto”. Recordaron que aquello es “una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.

En lo que hace a la ley 27.362 indicaron que coincide en cuanto a sus efectos con el alcance de sus disidencias en el “fallo Muiña”.

Rosenkrantz, una vez más, fue quien dio la nota distintiva. Se dedicó a cuestionar la ley que emitió el Congreso, punto central para aquellos que decidieron cambiar su postura y así la jurisprudencia sobre el tema.

¿Qué sostuvo el presidente de la Corte? Que una ley interpretativa es aquella que se limita a despejar dudas sobre conceptos equívocos o dudosos de la ley interpretada y que la ley 24.390 (la del “2 x 1”) no recurre a ningún concepto equívoco, oscuro o dudoso.

A lo que sumó que “jamás hubo dudas sobre la aplicabilidad del ‘dos por uno’ a delitos de lesa humanidad”.

Y añadió, como describió el CIJ, que “aún si la ley 27.362 fuera genuinamente interpretativa, no son admisibles en materia penal leyes interpretativas que empeoren la situación del imputado porque ello constituye una violación flagrante de una de las garantías centrales en la tradición del humanismo liberal: el principio de irretroactividad de la ley penal”. Por eso consideró que la ley 27.362  “es inconstitucional”.

Hasta con cierto cinismo, concluyó que si bien la reacción social que motivó el dictado de la ley expresa el legado del “Nunca más” y el objetivo social de no claudicar en la persecución de delitos de lesa humanidad, “la validez constitucional de una ley no viene dada por  el grado de su aceptación social ni por el intento de plasmar  ciertos ideales —por loables que sean—, sino por su consistencia con el consenso inter-temporal más profundo documentado en  nuestra Constitución Nacional”.

Alan Iud explicó en Twitter los alcances del “fallo Batalla” y respondió a Rosenkrantz: “Su fallo está plagado de falacias”, dijo a este medio.

“No hay retroactividad precisamente x que la ley vino aclarar que algo que YA formaba parte del derecho internacional de los derechos humanos en 1994, cuando se aprobó la ley del 2×1: que no pueden haber amnistías ni conmutaciones de penas en lesa humanidad”, resaltó.

Y apuntó contra el voto del mandamás del Alto Tribunal: “La ley del ‘2×1’ era una conmutación general de penas. Rosenkrantz es el único que se mete con este argumento y sostiene que no era una conmutación de penas, invocando el precedente ‘Solís’. Pero lo cita mal, haciéndole decir lo contrario a lo que dice”.

“Curioso que Rosenkrantz, que se la pasó dando notas hablando de respetar los precedentes, incurriera en semejante deformación de aquel fallo de la Corte. Es evidente que tiene la decisión política de erigirse en referente de los sectores que resisten estos juicios”, añadió el abogado del organismo de Derechos Humanos.

No es la primera vez que Rosenkrantz queda en una “minoría inmensa” en materia de lesa humanidad. El 30 de octubre cuando los supremos revocaron la prisión domiciliaria que había sido concedida al genocida Miguel Etchecolatz, el exrector de la Universidad San Andrés también fue el único que no acompañó la decisión. Entonces, se amparó en una cuestión de forma.

El lobby de los defensores de genocidas

Quién es Batalla

Rufino Batalla es un guardia del centro clandestino de detención La Cacha que está vinculado al homicidio de Laura Carlotto, la hija de Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien fue asesinada en 1978, a los 22 años, tras nueve meses de cautiverio.

El represor fue condenado en 2014 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata a 13 años de prisión por ser considerado partícipe secundario en 55 privaciones ilegales de la libertad, 71 casos de tormentos de víctimas del CCD platense y los homicidios de Carlotto y de Olga Noemí Casado.

Ambas dieron a luz mientras estaban secuestradas. Laura parió a Guido Montoya Carlotto (Ignacio) y Olga a Silvia Alejandra Cugura Casado, quienes fueron recuperados por Abuelas en 2014 y 2008, respectivamente.

Batalla, de 71 años, operó como agente secreto e integró el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército que tuvo a cargo el control del centro clandestino contiguo al Penal de Olmos. Era personal civil. Estuvo detenido desde el 14 de julio de 2010 y quedó en libertad condicional el 13 de noviembre, el mismo día que la Corte eligió su caso para rectificar el 2×1 por haber cumplido los 2/3 de la pena, que no está firme (podrían revocarla o agravarla).

La condena a 13 años fue apelada por la defensa pero también por Abuelas, porque desde el organismo de derechos humanos consideran que el genocida no fue partícipe necesario sino coautor de las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios, por “dominio funcional del hecho”. Por tal motivo, exigen que se le dicte prisión perpetua. El caso espera resolución en la Cámara Federal de Casación Penal, que aún no se expidió.

Tras el fallo Muiña, en el que la Corte benefició al represor del Hospital Posadas, Batalla pidió al TOF 1 de La Plata que le aplicara el 2×1. El 15 de mayo de 2017, el tribunal  rechazó el planteo.

Si se le hubiera concedido el 2×1 (computar dos años por cada uno que se pasó detenido con prisión preventiva –se considera así porque no hay condena firme-), habría cumplido toda su pena.

Efectos del nuevo 2×1

“Es importante remarcar que el fallo es la conclusión de un proceso que incluye la impresionante movilización popular de la sociedad después del ‘fallo Muiña’y también el reflejo del consenso político y social alrededor de la persecución de los crímenes de lesa humanidad”, afirmó Iud ante Nuestras Voces. Y destacó que tanto Rosatti como Highton de Nolasco modificaron su voto “justamente haciendo aplicación de la ley interpretativa que dictó el Congreso el año pasado”.

En esa línea, el abogado de Abuelas resaltó que ambos magistrados “reconocieron que es razonable otorgar para los crímenes de lesa humanidad un status distinto que para otros delitos. Esto que nos puede parecer obvio es lo que ellos habían puesto en cuestión el año pasado”. “Desde ese lugar, el ‘fallo Batalla’ también consolida la jurisprudencia que se venía construyendo en estos últimos 15 años en la materia, dejando en claro que para los casos de crímenes de lesa humanidad se aplican todos los principios y garantías del Derecho Penal, que no tienen leyes especiales, pero que a la vez deben que tener una respuesta diferenciada por parte de los jueces, ya que no se pueden tratar como delitos comunes, simplemente, porque no lo son”, añadió.

En términos prácticos, la decisión de los ministros cortesanos no hará que una catarata de genocidas vuelvan a la cárcel. Básicamente, porque debido a la reacción social y de los tribunales inferiores el 2×1 casi no entró en vigencia.

Los organismos de Derechos Humanos sólo habían registrado un caso de un genocida al que se le otorgó el beneficio de la reducción de la pena, que sería el único que podría tener que volver a prisión. Uno, entre una multitud de planteos que no prosperaron.

En lo que hace a Luis Muiña, no se le puede aplicar este nuevo fallo. Es decir, no debiera volver a una celda. Pero el represor seguirá detenido porque después de la resolución cortesana del año pasado fue condenado en otro caso a cadena perpetua.

Próximas sentencias

Dos fallos de alto voltaje prometen un fin de año caliente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Según se desprende del novedoso cronograma de sentencias que estipularon los supremos (y por el cual se licuó parte del poder de Rosenkrantz ya que es potestad del presidente de la Corte la definición de la agenda), el próximo martes 11 de diciembre se abordará la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz; y el siguiente martes 18, el “caso Blanco”, en el que se definirá la actualización de los haberes jubilatorios.

La discusión en torno a la legalidad de la ley de lemas en territorio santacruceño enfrenta a radicales y “lilitos” con kirchneristas. Lo que resuelva la Corte no será menor. De máxima –algo sumamente improbable- podría poner en cuestión el resultado de la última elección a gobernador, que encumbró a Alicia Kirchner. Uno de los grandes perdedores de aquella jornada electoral fue el radical Eduardo Costa, pareja de Mariana Zuvic (de la Coalición Cívica), quien fue el candidato más votado. De mínima, lo que resuelva repercutirá en las elecciones de 2019 en la provincia.

En este contexto, no faltan quienes vinculan con este caso la carta que presentó Elisa Carrió para correr al secretario general de administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi -y que se conoció el pasado lunes 26 de noviembre-. Con esa epístola -que habría sido entregada “en mano” a Rosenkrantz, según aseguraron desde el Palacio de Talcahuano- , la líder de la Coalición Cívica se metió de lleno, una vez más, en la interna suprema. Marchi es un hombre vinculado a Lorenzetti a quien Rosenkrantz no pudo remover del cargo desde que asumió, a pesar de sus intenciones.

Toda una síntesis del estado de ebullición en el que la Corte cerrará el 2018: en la anteúltima reunión de acuerdo los supremos sentarán posición sobre el índice aplicable para el nivel inicial de retiro. Aquí, una vez más, los ministros cortesanos expondrían sus diferencias.

En el “caso Blanco” se debe definir si se acepta un planteo de la Anses de utilizar un índice (Ripte) que arroja valores inferiores para calcular el haber inicial jubilatorio en comparación con el que se utiliza desde 2009 en la mayoría de las cámaras federales.

La nueva mayoría que se articula con asiduidad desde el 1° de octubre (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda) se inclinaría por fallar en contra de los intereses del Gobierno. Aunque aún no están definidas las posiciones. Rosenkrantz, por su parte, esgrime al igual que la Casa Rosada que se podría provocar un grave problema económico a las arcas estatales. El reclamo abarca a unos 150 mil jubilados.

Tras el 1-4 en el nuevo 2×1, la gran incógnita es si el flamante presidente de la Corte volverá a quedar en minoría en una votación clave.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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