La lista de la vergüenza: casos de xenofobia del Gobierno de Macri

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que el 20% de los detenidos son extranjeros, pero sólo el 6% de la población carcelaria no es argentina, esto representa 0,3% de los migrantes de todo el país según una presentación que realizó Amnistía Internacional. El caso de Vanessa Gómez, madre peruana separada de sus hijos argentinos, y el de otros migrantes que sufren una política xenófoba por parte del gobierno de Macri. Aumentan los controles y expulsiones sin ninguna consideración.

Fotos: Campaña Migrar no es delito

El de Vanessa Gómez Cueva es, si se quiere, el caso más emblemático –aunque no el único- de cómo la política de expulsión de migrantes que impulsa el gobierno de Mauricio Macri puede destrozar a una familia de manera arbitraria e irracional. El proceso que llevó a la deportación de esta mujer peruana, madre de tres hijos argentinos, todos ellos menores de edad, estuvo plagado de irregularidades, muchas de ellas producto de la desidia y el desinterés de los funcionarios que estuvieron implicados en el expediente. Lejos de los planteos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sostuvo que el 20% de las personas detenidas son extranjeras, los datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena dan cuenta que sólo el 6% de la población carcelaria no es argentina. Según una presentación que realizó Amnistía Internacional, esto representa solamente al 0,3% de los migrantes de todo el país. Chivo expiatorio de una política que arroja a miles de personas a la pobreza cada día, la persecución a los extranjeros es violatoria de los derechos más elementales de los niños a los que se separa de sus padres y está lejos de resolver los problemas de narcotráfico con los que pretenden justificar estas medidas.

Vanessa es peruana. Llegó al país hace quince años. En 2010 fue detenida, luego de un allanamiento en su domicilio en el que, según su actual abogado Juan Villanueva, sólo encontraron cuatro gramos de marihuana. El defensor oficial le recomendó en aquel entonces que asumiera los cargos en un juicio abreviado. Estaba embarazada de su segundo hijo y de esa manera le otorgarían la prisión domiciliaria, en lugar de continuar detenida en el penal de Ezeiza. Fue condenada a cuatro años de prisión como coautora de comercio de estupefacientes. Luego de cumplir la pena cursó la Tecnicatura Superior en Enfermería, de la que se recibió con honores y luego hizo cursos de especialización. Trabajaba cuidando ancianos. Nunca más tuvo ningún tipo de inconveniente con el sistema penal.

Una vez recuperada la libertad, Vanessa inició los trámites para renovar sus documentos. Al tomar conocimiento de los antecedentes penales, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) inició de oficio el procedimiento de expulsión. Asesorada por la Defensoría General de la Nación (DGN), Vanessa solicitó lo que se conoce como “dispensa”. Según la ley de migraciones, en los casos en los que hay causal de deportación, la DNM puede hacer una excepción por razones humanitarias o de reunificación familiar. Sin embargo, por error de algún funcionario, la Dirección Nacional de Migraciones rechazó el pedido de Vanessa confundiendo su caso con otro. Le negó la solicitud por considerar que había sido condenada por trata de personas –delito del que nunca estuvo siquiera acusada- y que había solicitado la reunificación con un esposo argentino, algo también falso ya que Vanessa nunca se casó y era madre soltera. “Es lo que comúnmente los abogados denominamos como planchas. Pusieron los datos de Vanessa, pero copiaron y pegaron otra cosa”, explicó el abogado Juan Villanueva, defensor de Vanessa.

Las perseguidas de Mauricio: mujeres migrantes

En octubre de 2016, la DNM envió una notificación a un domicilio en el que Vanessa ya no vivía. De hecho, en el expediente figura que no respondió nadie al llamado. Por otra parte, el lugar al que llevaron la cédula era distinto al que había fijado la propia mujer para que se la informara de cualquier resolución. Nada de esto importó.  En septiembre de 2018, Maximiliano Guria, jefe de Asesoramiento Jurídico de la DNM, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo la retención de Vanessa para su posterior expulsión. A pesar de dar cuenta en su resolución de la situación de indefensión de la mujer ya que había renunciado en el año 2016 al patrocinio de la Defensoría General de la Nación y que nunca designó a otro abogado, que no se le asignó defensa oficial y que nunca se notificó a la defensoría de menores, la jueza María Alejandra Biotti ordenó la retención a los fines de expulsarla.

Pocos días atrás, el 8 de julio, Vanessa cumplió treinta y cuatro años. No pudo festejar.

El 1 de febrero dos policías tocaron la puerta de su casa en La Plata. Le pidieron que los acompañe a realizar un trámite sencillo, que no demoraría más que un par de horas. Vanessa pidió llevar a su bebé porque tenía que amamantarlo. Sin embargo, los agentes no la trasladaron a Migraciones sino a una comisaría en Villa Lugano, que desde al menos cinco días antes se encontraba sin luz ni agua. Su abogado presentó un hábeas corpus. A pesar de eso, siete horas más tarde, sin orden judicial, Vanessa fue trasladada a Ezeiza. El Poder Judicial rechazó entonces el recurso que horas antes presentó su defensor porque la situación ya había cambiado y Vanessa no seguía en la comisaría. El 3 de febrero, la DNM en Ezeiza le negó a Villanueva hablar con Vanessa. Con el auxilio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró ingresar y entrevistarse con ella. Al día siguiente, el abogado fue al juzgado donde mantuvo una reunión con la secretaria e interpuso una apelación. Ese trámite tiene efectos suspensivos de cualquier resolución anterior. Sin embargo, a las 18.45 del 4 de febrero personal de la DNM subió al bebé de dos años a un avión y amenazó a Vanessa de trasladarlo sin ella.  Fue así que la deportaron a Perú.

“Vanessa y los hijos están mal y afectados por la situación. Vivía en Argentina desde hace quince años. Acá están la madre, las hermanas, los primos. Son un núcleo familiar bastante unido y ella está ahora abocada a cuidar a su bebé porque no lo puede dejar solo. La situación en la que llegó a la república de Perú también hace imposible que ella hubiera logrado conseguir un cupo en una guardería pública, no tiene recursos para pagar una guardería privada así que está todo el tiempo con su hijo y esto está empezando a afectar al bebé en el sentido de no estar con nenes de su edad. A ella le está llamando la atención que a esta altura de la vida sus hijos anteriores ya hablaban y su niño en este momento no está pudiendo hablar. Me contó que está llamando a las personas que conoce con los nombres de sus hermanos o familiares, tratando de volver a las pocas palabras que dice, intentando volver a generar ese vínculo a través de esos nombres. Después por otro lado el hijo de seis años que vive acá cree que su madre lo abandonó. Cuando la ve a través de una conversación de una video llamada, por ejemplo de WhatsApp está enojado. Le recrimina que lo abandonó por su hermanito. Vanessa le dijo que el tiene que contar cien días y que en ese tiempo van a volver a estar juntos. El nene está contando los días. Claramente ya se le pasaron, pero el sigue contando. La situación es inhumana, es completamente aberrante. Y la hija de catorce está volviendo a vivir la situación de 2010, cuando entraron al lugar en el que vivían, la allanaron y a su mamá se la llevaron detenida. Ahora volvieron a ir a su casa, por el mismo hecho por el cual ella ya cumplió una pena. Esto va contra un derecho básico que tenemos todos que es que el Estado tiene prohibido volver a penar a una persona por un delito por el cual ya cumplió una condena. La hija de Vanessa está sufriendo en carne propia esto, está viendo como la vuelven a castigar a su madre. Ahora la expulsaron del país, partieron su familia a la mitad, dejaron dos hijos acá y uno allá en Perú”, explicó a Nuestras Voces Villanueva.

Todos somos migrantes

Conjuntamente con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentaron el caso de Vanessa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La semana pasada nos notificaron que abrían el caso a estudio porque entienden que hay un conflicto y van a enviar al Estado una carta con una serie de preguntas. Por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres que depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Desarrollo Social, también presentó un pedido de informes ante Migraciones denunciando que entendía que en el caso de Vanessa se estaban violentando sus derechos como mujer, como madre soltera, migrante y los derechos de los niños y también que había en el caso violencia institucional por la forma en la cual detuvieron a Vanessa mediante engaños”, sostuvo el abogado.

Los otros casos

Desde que asumió Mauricio Macri, según datos oficiales, los controles de permanencia se triplicaron. De alrededor de ocho mil casos que hubo en 2015, en 2018 se produjeron más de veintisiete mil. Las cancelaciones de residencia pasaron de 90 en 2015 a 527 en 2017. Las disposiciones de expulsión aumentaron de 1.908 en 2015 a 4.336 en 2018 y las expulsiones efectivizadas se incrementaron de 239 en 2015 a más de 500 en 2018.

Las causas del incremento de estos números son múltiples. Por un lado, porque aumentaron los operativos para identificar a los migrantes irregulares, a la vez que el actual gobierno impuso un sistema de radicación a distancia de extranjeros (Radex) al que, en muchos casos los migrantes no tienen acceso. “La Argentina tenía una Ley de Migraciones de avanzada que respetaba los derechos humanos, que el que no se encontraba irregular podía regularizarse. Ahora ese panorama cambió”, expresó Doris Quispe, integrante de la campaña “Migrar no es un delito”. En ese mismo sentido, María del Carmen Verdú, de la Correpi, agregó: “impusieron cambios de los trámites para la radicación, con sistemas que tienen que ver con recursos informáticos a los que la mayoría de las familias no pueden acceder y con unas tarifas absolutamente prohibitivas”. Desde la implementación del nuevo sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros, hasta abril, solo se habían procesado el 17% de las 63 mil solicitudes iniciadas ante la Dirección Nacional de Migraciones. “Lo que pretendemos si un migrante se encuentra en forma irregular es que se pueda regularizar y pueda estar en las mismas condiciones que sus otros compañeros o los demás ciudadanos argentinos, que puedan hacer sus aportes, paguen impuestos y todo lo demás”, señaló Quispe.

Por otra parte, a través del decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones se dispuso como causa para impedir el ingreso y permanencia en el territorio argentino haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en el país o en el exterior por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de la libertad. Antes de la modificación impuesta por el gobierno de Macri, el impedimento regía cuando la pena era superior a los tres años. También se establecieron nuevos criterios para la admisibilidad de las dispensas, más restrictivos. Entre ellos la imposibilidad de tratar cualquier caso en los que la pena del delito imputado sea superior a tres años de prisión –como el caso de Vanessa que fue condenada a cuatro años–, o sea de carácter culposo. Pero también se estableció que las notificaciones de las decisiones administrativas de expulsión resultan válidas de pleno derecho en el término de los dos días hábiles de emitida la resolución, independientemente de si el migrante recibe o no el aviso. Esto es altamente violatorio del derecho a la defensa, porque incluso no hay forma de garantizar que la DNM efectivamente haya enviado el documento al domicilio correspondiente. También el decreto habilita a proceder a la expulsión a pesar de que no haya un defensor constituido. Ni la administración ni el Poder Judicial analizan el arraigo, la unidad familiar o el interés superior del niño; las y los niños no son oídos; y el criterio único y absoluto de la expulsión es la existencia de antecedentes penales.

No son los inmigrantes estúpido

El caso de Evangelina es similar al de Vanessa. De origen paraguayo, llegó al país catorce años atrás. Su hija mayor nació en Argentina y tiene actualmente doce años. En el año 2010 cumplió una condena a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes. Después de recobrar la libertad tuvo otros dos hijos, actualmente uno tiene cinco años y el otro tres años. No volvió a tener ningún tipo de conflicto con la ley. Cuando intentó regularizar su condición migratoria, la DNM se encontró con el antecedente penal y dictó la orden de expulsión. El padre de sus hijos tiene un trabajo estable desde hace diez años y para ellos no es viable trasladar la vida familiar a Paraguay donde no cuentan con redes ni con recursos económicos para subsistir. Asesorada por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación apeló la decisión en todas las instancias. Recientemente, la Corte Suprema rechazó in limine el último recurso, por una cuestión de forma y sin analizar el fondo de la cuestión. El único horizonte hoy posible es el desmembramiento de la familia en caso que se concrete la deportación.

A.F.R. nació en Paraguay. Vivía en Argentina desde 1990. Tuvo en el país tres hijos, la más pequeña tiene siete años.  Mientras cumplía una condena se le diagnosticó cáncer de mama. En 2017 se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Pese a su estado de salud y al hecho de tener hijos argentinos, el 30 de enero de este año le notificaron en su domicilio la orden de expulsión. Su situación de salud se agravó y debió ser internada por el impacto que le causó la posibilidad de ser separada de su familia. La Procuración Penitenciaria de la Nación la asesoró y presentaron un recurso administrativo en contra de la decisión. A.F.R. falleció mientras esperaba que se resuelva su recurso.

J.H.B. es peruano. Fue arbitrariamente detenido y expulsado del país el 20 de enero de 2017. La deportación se fundó en una condena penal que caducó en 2016. En este caso también se ignoró que su familia reside en forma permanente en la Argentina. Aun hoy se encuentran separados.

Liz Moreta es dominicana. En 2005, cuando llegó al país fue detenida. Un año después se la condenó por contrabando agravado por comercio de esupefacientes a cuatro años y seis meses de prisión. En Agosto de 2007, la DNM declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso a la Argentina por ocho años. Con la representación del Ministerio Público de la Defensa, Liz interpuso un recurso de reconsideración contra esa decisión invocando la dispensa y amparándose en el derecho a la vida familiar y el interés del niño. Luego de cumplir su condena en 2008 recuperó su libertad y quedó bajo supervisión del patronato de liberados. En 2013 se casó con un ciudadano argetino con quien tuvo dos hijos, una en 2010 y otro en 2013. En 2016, la DNM rechazó el recurso de reconsideración de su expulsión que había presentado nueve años antes. Con la representación de la Comisión del Migrante, Liz interpuso un nuevo recurso y la DNM le otorgó en 2018 una residencia temporaria por noventa días. Luego, el Secretario del Interior desestimó el recurso y le negó la dispensa. Presentó entonces un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La jueza María Alejandra Biotti lo rechazó y sostuvo que el otorgamiento de la dispensa es facultad discrecional de la DNM. Un mes y medio después, la Cámara Contencioso Administrativa confirmó la sentencia. La Comisión del Migrante presentó un Recurso Extraordinario Federal que se encuentra pendiente de resolución.

Raisa Ortiz, del Cels, explicó: “lo que están haciendo es ir al último eslabón de la cadena. El impacto en términos de política de seguridad es bajísimo. Ni Evangelina, ni Liz, ni Vanessa son las que manejan el narcotráfico. Son el último eslabón de la cadena que vienen de una serie de situaciones de vulnerabilidad. El cruce entre la política migratoria y la política de seguridad es un cruce falso. No se resuelve el problema de seguridad por medio de la política migratoria. Seguramente expulsar a personas como Evangelina, como Liz o Vanessa no está contribuyendo a resolver el problema del narcotráfico y el último eslabón de la cadena, por otra parte, es el más fácil de reproducir”.

Lucía Galoppo, abogada del Caref, señaló que la política de la DNM “no está considerando las circunstancias particulares ni los derechos afectados tanto de las personas migrantes como de los niños. Se están limitando a la tarea al control de los elementos objetivos cuando existen herramientas para que evalúen otras cuestiones y esto tiene que ver desde nuestro punto de vista con esta asociación directa que hacen de la migración con el delito. Es parte de un discurso de criminalización y de entender a la migración con un tema de seguridad y no de derechos”.

En el mismo sentido que analizaron desde el Cels, Galoppo destacó que “se criminaliza a las esferas de menor influencia y muchas veces ni siquiera tienen una relación directa, como puede ser en el caso de la tenencia, que se puede encontrar la droga en un domicilio y se involucra a todas las personas que se encuentran allí. A veces es el eslabón más débil y no son las grandes cadenas delictivas las que caen en estas circunstancias y además estamos ante situaciones de personas que no tuvieron reincidencia de modo que no hay riesgo para la sociedad. Esta gestión habla de combatir al narcotráfico a partir de la modificación de la ley migratoria cuando en realidad ya existían herramientas para hacerlo con la ley como estaba y lo único que hizo la reforma fue perjudicar más a quienes tienen delitos menores”.

Para Pablo Cossio, del Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, “el gobierno muchas veces, con el apoyo de los medios de comunicación, sale a vincular la migración con delito, la migración con narcotráfico y nunca reivindica todo el aporte que hacen los migrantes. Solo para dar un ejemplo, en el Paseo del Bajo Flores, la mano de obra es toda migrante. Entonces el gobierno niega el aporte de los migrantes, niega esos 1500 millones de dólares que aportan los migrantes anualmente a la Argentina y después genera situaciones y políticas públicas que los expulsan y los criminaliza”.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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