La muerte del «Rusito» Pérez quedó impune

Compartir

Es una tragedia ocrurrida en City Bell. El «Rusito» Pérez supuestamente habría atropellado a dos ciclistas. Una turba lo entregó a la comisaría. El oficial, hermano de uno de los ciclista, se apersonó. La familia dice que lo molieron a golpes y lo tiraron inconsciente a las vías. La Policía, que lo liberaron y se suicidiò. El cuerpo apareció arrollado por un tren. Hubo siete acusados, pero el viernes quedaron en libertad luego de un juicio en La Plata.

Apenas se podía respirar una bocana de aire fresco en la sala del Tribunal Oral y Criminal  Nº 2 de La Plata, vencida por la humedad soporífera del calor, y que desde temprano se preparaba para un final anunciado. Al entrar, los rostros de los familiares de Cristian el “Rusito” Pérez, un joven de 18 años visto por última vez en una comisaría de City Bell antes de morir, en 2002, transmitían un halo de resignación, sin la expectativa de las primeras audiencias. Desde hacía quince días, cuando la fiscal Victoria Huergo había solicitado la absolución de los acusados, la ilusión era mínima. De todos modos, en la intimidad de las horas previas al veredicto, tuvieron una ráfaga de optimismo. Creyeron que los tribunales platenses darían una sentencia ejemplar después de las escandalosas irregularidades y dilaciones de la justicia para con el caso. Pero nada de eso sucedió.

Pasado el mediodía del viernes, los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr confirmaron el pronóstico. De inmediato, los siete imputados sentados en el banquillo cruzaron miradas con sus parientes, que se abrazaban del otro lado de la sala, aliviados. En pocas horas, los siete volverían a sus casas: quedaban en libertad declarados libres de culpa y cargo. Y así, el final de un largo camino de impunidad, el de la muerte del “Rusito” Pérez, se escribía con la misma firma del principio, bajo un manto de complicidades, ilegalidades y  despotismo.

Con la sentencia se cerró -al menos, hasta que no exista la apelación y se active la revisión del dictamen- un caso que avala, una vez más, la versión policial de los hechos. Que empezó con el cuerpo de un joven de 18 años, el de Cristian Pérez, sin antecedentes depresivos ni desequilibrios psicológicos para desear por propia voluntad su muerte, entregado el 14 de octubre de 2002 por efectivos de la comisaría de City Bell a sus familiares. Allí les dijeron que cerca de las ocho de la mañana el joven había sido arrollado por el tren. Que no había dudas que se trataba de un suicidio y que por tal motivo notificaron en sede policial el deceso bajo esa carátula.

Sin embargo, la versión entró prontamente en graves contradicciones. La posterior pericia de las últimas horas de Cristian Pérez alertó las sospechas. El episodio nunca pudo ser reconstruido por completo, pero se cree que Pérez atropelló con su auto a dos ciclistas que iban por City Bell. En su aparente intento de huida, y tras refugiarse en casa de conocidos, fue perseguido por un grupo de vecinos. Estas personas lo sacaron de la casa, lo golpearon y lo llevaron por la fuerza hasta la comisaría Décima. Eran las cuatro de la madrugada del 14 de octubre de 2002. Uno de los ciclistas atropellados era hermano de Juan Alejandro Pavela, un efectivo que trabajaba en la dependencia policial. Aunque no estaba cumpliendo horario al momento del hecho, Pavela fue convocado por sus compañeros y se apersonó de inmediato en la comisaría.

Policías condenados por el crimen de un trabajador golondrina

Allí, según la versión policial, el “Rusito” Pérez fue interrogado y puesto en libertad. Horas después, siempre de acuerdo a dicha versión, fue encontrado muerto en las vías del tren, a pocas cuadras de la comisaría Décima.

Si la versión policial consolidó la hipótesis de un accidente, la querella de la familia Pérez, representada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), la desmintió contundentemente. Con numerosos elementos de prueba, consideró la muerte como un caso de violencia institucional, un homicidio agravado primero por un cuadro de encubrimiento policial y luego judicial. Los dieciséis años de un expediente intencionalmente demorado, registrado en las invisibles esferas de la connivencia ilícita de los poderes del Estado, activaron un mecanismo de manipulación de las evidencias, un retraso de las pericias para contrarrestar la versión oficial y la consolidación de una verdad afianzada en la muerte voluntaria del joven.

El CIAJ consideró probado durante el juicio que “Cristian fue llevado en estado de inconsciencia, producto de los golpes sufridos, a las vías del tren, donde pocos minutos después de las 8:00 una locomotora lo arrolló provocando su muerte. Dos testigos señalaron que poco antes del atropellamiento vieron un patrullero detenido a pocos metros del lugar donde apareció el cadáver de Cristian. A su vez, una testigo aseguró haber visto a los policías bajar un bulto y ubicarlo en las vías”.

Sobre los golpes recibidos por el “Rusito” antes de su muerte, no sólo se comprobaron los que recibió de los vecinos sino, fundamentalmente, la feroz paliza de la que fue víctima en la comisaría, una vez que había sido interrogado por el accidente de tránsito. Además, durante el juicio, un asistente del maquinista que manejaba la formación del tren Roca distinguió entre los siniestros de las vías que son accidentales y los que se producen por decisión propia de la personas. En este sentido, reforzando el hecho que Cristian Pérez estuviera inconsciente al momento de ser arrollado por el tren, dijo: “Ante las sirenas de advertencia y la proximidad del tren en la mayoría de los casos y a último momento la persona tiene algún tipo de movimiento, intenta salir de las vías o por lo menos mira hacia la formación. Pero acá el cuerpo estaba inerte, no tuvo ningún tipo de reacción”.

La predilección de Rodríguez Larreta por los malditos policías

Ninguna de esas pruebas fueron tomadas ni por la fiscal ni por los jueces. Dieciséis años de espera en una instrucción judicial plagada de irregularidades para dos meses de juicio –el debate oral empezó en octubre de este año- y una sentencia que acrecentó la sensación de desamparo para los familiares del “Rusito”.

¿Cómo es posible que en la madrugada del 14 de octubre de 2002 un joven ingrese a una comisaría y horas más tarde aparezca muerto en las vías del tren, a pocas cuadras? Desde allí, los familiares comenzaron un arduo peregrinaje. A lo largo de la demorada y  oprobiosa investigación judicial pasaron cuatro fiscales –dos de ellos, apartados por diferentes motivos recientemente por la Justicia platense: Leandro Heredia y Tomás Morán- y el Estado argentino recibió una denuncia por inacción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se puso en evidencia que se estaban violando varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos, el Derecho a la vida, a la Integridad Personal, a la Libertad Personal y a las Garantías Judiciales y la Protección Judicial. Finalmente,  el caso de Cristian “el Rusito” Pérez llegó a juicio y siete policías enfrentaron  cargos, cuatro  por homicidio doblemente agravado –David Koenig, Juan Alejandro Pavela, Rubén Lago y Juan Marcos Condoleo-  y tres por encubrimiento – Pedro Djurasek, Jorge Luna y Miguel Ángel Alvarez-.

Tras dos meses de debate, los argumentos principales de la sentencia radicaron en un hecho paradójico. Los jueces pusieron la carga en la mala investigación judicial y en la imposibilidad de probar el crimen. La propia fiscal Huergo había retirado las acusaciones a causa del paso del tiempo, es decir, adujo que no había podido tener las suficientes certezas para probar la responsabilidad de los imputados en la muerte de Cristian Pérez.  Sin embargo, la funcionaria omitió señalar que las responsabilidades del tiempo pasado le caben al poder judicial, y, sobre todo, al Ministerio Público Fiscal del cual forma parte.

“Más allá de la sentencia trato de tener una mirada positiva, porque lo que pasó es que se dio la construcción de un caso sumamente dificultoso por cómo se había dado en la instrucción. Pese a que no hubo condenados, quedó en evidencia cómo es una investigación en un caso de violencia institucional, donde el poder judicial está involucrado de forma directa con la policía”, dijo Sofía Caravelos, una de las abogadas querellantes, a Nuestras Voces poco después del veredicto.

“El haber llegado a juicio fue importante para los familiares –continuó- por cómo se resignificó la vida de Cristian. Pudimos llevar al banquillo a no sólo los que suponemos como responsables directos del crimen, sino a los que lo encubrieron. Eso fue muy costoso, porque es claro que la Justicia platense amparó la versión policial. No es un caso más, desde hace un tiempo es el caso de Cristian Pérez, el “Rusito”. Logramos instalar algo que estaba pendiente desde el 2002, pero que tiene su actualización porque varios de los policías siguen en función. Es evidente que con este fallo la Procuración no quiere ponerle ningún límite a la policía”.

Caravelos mencionó que, durante las audiencias, quedó demostrado que hubo una abundante manifestación de cómo la policía incurrió en un ejercicio amplio y consciente de violencia institucional, con ejemplos que van desde la falsificación de la firma del “Rusito” en las pericias médicas hasta la manipulación de las actas de detención. Lo comparó con la arbitrariedad policial del caso Miguel Bru, un paradigma de cómo la policía bonaerense sigue matando a los jóvenes para luego crear la puesta en escena de un encubrimiento que llega a las altas autoridades policiales, judiciales y políticas.

“Había muchísimos elementos para establecer que Cristian nunca dejó de estar a disposición de la autoridad policial incluso hasta el último momento de su muerte, antes que pase la locomotora. Y eso pese a la falsedad de los documentos institucionales que se labraron para contrarrestar esa verdad –explicó la abogada-. Lamentamos que esa carga probatoria no haya tenido eco en el poder judicial pero podemos explicarlo por los propios dichos de la fiscal del juicio. Ella llegó a decir que si tiene que imputar a todos los policías por irregularidades cometidas en ejercicio de su funciones, entonces se la pasaría imputando gente. Lo que revela esa frase es cómo se naturalizan las arbitrariedades policiales, aún en casos de homicidios”.

La querella adelantó una pronta apelación de la sentencia. Mientras tanto, los familiares del “Rusito” despedirán el año con un triste y solitario sentimiento de injusticia. “Quizás por las irregularidades de la investigación el juicio no pudo determinar cuestiones específicas sobre qué hizo cada policía en el crimen –concluyó Caravelos-, pero no quedan dudas que Cristian estuvo bajo custodia policial desde las cuatro de la mañana, y que además de las lesiones propias del tren, tenía lesiones anteriores. Cristian fue torturado por la policía, y luego ubicado sobre las vías del tren para provocarle la muerte con la intención de pasar el hecho como un suicidio. La connivencia entre los fiscales y la policía quedó evidenciada desde un primer momento, no es casual que dos fiscales que pasaron por la causa hayan sido apartados de sus cargos por mal funcionamiento y por acusaciones de corrupción”.

Comentarios

Comentarios

Juan Manuel Mannarino

Juan Manuel Mannarino

Periodista. Colabora en este portal, en la revista digital Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y escribe obras de teatro.

Hacé tu anotación Sin anotaciones