La reacción de los torturadores de Malvinas

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Buscan entorpecer la causa en la que se investigan las torturas a soldados en Malvinas. En mayo pasado, el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, pidió por primera vez –y luego de una década– la detención y declaración indagatoria de 26 militares. Jorge Eduardo Taranto, uno de los imputados acusado de “estaquear” combatientes, pidió el cierre de la causa por considerar que los delitos ya prescribieron. El diario La Nación salió a respaldarlo. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá decidir la suerte de este caso el 8 de agosto próximo.

La causa en que se investigan las torturas que oficiales y suboficiales aplicaron a su propia tropa durante la Guerra de Malvinas volvió a toparse con una serie de obstáculos que buscan entorpecer su avance. El expediente tramita hace más de una década en los tribunales federales y cobró un nuevo impulso el 11 de mayo pasado luego de que el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requiriera al juez, por primera vez en más de una década, la detención y declaración indagatoria de 26 militares, todos integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5 (RI5). Mientras el magistrado continúa reuniendo prueba, algunos de los acusados interpusieron distintos recursos con el objetivo de cerrar la pesquisa. A la par, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia fijó fecha para una audiencia clave: será el 8 de agosto y definirá la suerte del caso.

Uno de los 26 acusados que mayor movimiento le dio al expediente en los últimos días es Jorge Eduardo Taranto, quien cuestionó a las querellas y pidió se cierre la causa por considerar que los delitos ya prescribieron. El debate de fondo es si los crímenes que se cometieron en el archipiélago austral –vejaciones, “estaqueamientos” y “enterramientos”, cuyas consecuencias implicaron hasta amputaciones de miembros inferiores en las víctimas– son imprescriptibles.

Taranto, subteniente durante el conflicto bélico de 1982, ya había logrado a su favor en noviembre de 2009, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en lo que hace a otros hechos de la misma causa. Concretamente, el máximo tribunal penal del país abordó unos pocos casos de torturas que se le imputaban a Taranto y que ahora no se tratan por considerarse cosa juzgada. La sala I de la Casación había revertido dos fallos de primera y segunda instancia que lo tenían como protagonista y, en una controvertida decisión, consideró que los delitos en cuestión, adjudicados a Taranto, no fueron de lesa humanidad y por ende prescribieron. Por una cuestión de forma, la apelación de los ex conscriptos no llegó a ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nunca se expidió sobre el fondo del asunto– y el caso de las torturas en el archipiélago austral terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ex soldados hoy nucleados en el CECIM – La Plata accionaron, en 2015, contra el Estado argentino “por privación de acceso a la justicia”. El expediente en la CIDH sigue su curso.

En la actualidad, Taranto –quien tras retirarse del Ejército se volcó a la seguridad y luego a la investigación compleja en medios de comunicación–, se aferra a aquel fallo de Casación para deslegitimar la nueva acusación en su contra, en la que se le adjudican nuevos hechos, distintos a los ya abordados. Junto a Reinaldo Lugo Oliver –quien en 1982 era teniente primero, jefe de la Compañía B del RI5–, pide una vez más la prescripción de los hechos. Ambos resaltan que son cosa juzgada y citan el incidente que llegó a la Corte y esta no abordó.

A su vez, Taranto cuestionó a las querellas entre las que se encuentran la Comisión Provincial por la Memoria, el CECIM-La Plata, la secretaría de Derechos Humanos del Chaco y de Buenos Aires, por sólo citar algunos. La defensa del acusado asegura que “adolecen de legitimación activa” ya que, sostiene, no hubo delitos de lesa humanidad y por ende, no tendrían lugar. Este planteo se encuentra en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que deberá expresarse sobre el tema.

La avanzada estuvo acompañada por un especial respaldo a Taranto por parte del diario La Nación que, fiel a su postura conservadora y retrógrada en materia de Derechos Humanos, tomó partido a favor de los imputados (ver más adelante).

Delitos imprescriptibles

Desde la fiscalía remarcaron en un escrito por qué, a contramano de lo que requieren los acusados, la investigación debe seguir su curso y llegar hasta las últimas consecuencias. Marcelo Rapoport, fiscal federal de Río Grande, aseguró: “Se dieron acabados motivos para considerar que los delitos en cuestión constituyen graves violaciones a los derechos humanos”.

Para el fiscal, no hay dudas: “Las decisiones militares que llevaron a librar precipitadamente una guerra en condiciones de absoluta precariedad técnica y logística; la extensiva práctica de aplicación de tormentos a los soldados que reaccionaron ante la hambruna generada por los serios problemas en el planeamiento de la recuperación de las islas; y la política estatal posterior orientada a ocultar esos crímenes, son circunstancias a priori compatibles con la idea de un ataque generalizado contra los miles de soldados conscriptos trasladados a la guerra del Atlántico Sur”, y por ende, delitos imprescriptibles.

En otro pasaje, Rapoport remarcó que “la imprescriptibilidad, por otro lado, no es un atributo exclusivo de los crímenes contra la humanidad, sino que se extiende, entre otros ámbitos del derecho internacional, a las graves violaciones a los derechos humanos”.

Estas cuestiones serán abordadas el 8 de agosto en una audiencia convocada por la Cámara de Comodoro Rivadavia. De este encuentro saldrá una decisión crucial para la suerte del expediente: de considerarse prescriptos los delitos, la acción penal habrá caducado. De no revertirse la decisión en las instancias superiores, la causa indefectiblemente deberá cerrarse. Por el contrario, de considerarse imprescriptibles, podrían avanzar los requerimientos del fiscal.

Los torturados de Malvinas

Acusación

En su requerimiento de mayo, el fiscal federal describió distintos sucesos para pedir la citación y detención de los imputados en la causa.

El trabajo se circunscribió a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 –dependiente de la III Brigada de Infantería–, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares.

Se trata de un nuevo abordaje del caso, que desde el 2007, cuando se abrió el expediente, a la fecha acumuló 95 denunciados, 105 casos y más de 90 víctimas. Por primera vez, se solicitó la detención de algunos de los acusados.

A la hora de referirse a Taranto, el fiscal citó diversos testimonios como el de Edgardo Arnoldo. El ex soldado relató que “comenzó a sacar comida de los cofres para él y sus compañeros en los días que había bombardeos. En una oportunidad, el subteniente Taranto lo descubrió y como castigo ordenó que lo estaquearan. Estuvo 4 o 5 horas atado de manos y pies abiertos con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno. Luego fue liberado porque lo necesitaban para operar la radio. Arnoldo resaltó que los oficiales comían diferente que los soldados”.

Testimonios como estos, se multiplican.

Por caso, otro conscripto del RI5 contó que estuvo aproximadamente diez horas enterrado hasta el cuello junto a otros compañeros y que durante todo el tiempo que duró el “castigo”, no le dieron comida ni agua. Mientras estaba enterrado caía agua nieve y bombardeaban. Relató, también, que cuando los desenterraron, uno de sus compañeros fue “sacado de allí en camilla y luego fue internado”. ¿Qué crimen habían cometido? Habían robado una oveja por el hambre que pasaban.

Macri pidió por Malvinas “en un minuto” y “muy informal”

Líneas de fuego

Con la causa avanzando en tribunales y ganando terreno en los medios, en el diario La Nación, el 30 de junio, se publicó una encendida defensa de los militares acusados a través de una editorial titulada “Malvinas: absurda persecución”. Desde la columna que representa la línea del matutino porteño se atacó a la política de Derechos Humanos en general. El diario fundado por Bartolomé Mitre criticó: “Detrás de tal tipo de denuncias se mueven una vez más, como motivación esencial, espurios intereses económicos. Se puede afirmar eso en virtud de que en este delicado ejemplo hay similitudes con los excesos incurridos en alto número entre las decenas de miles de indemnizaciones pagadas al amparo de las llamadas leyes reparatorias. Estas tuvieron inicialmente como objeto compensar las muertes, desapariciones, torturas y detenciones ocurridas como parte del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”.

Luego, le reclamó al Gobierno que intervenga: “Recordemos que el propio presidente Macri manifestó en una oportunidad: ‘Conmigo se acaban los curros en derechos humanos’. Es, pues, razonable que se exija en esta nueva situación la mayor transparencia y haya suficiente alerta para evitar nuevos e inadmisibles excesos”.

Finalmente, le dedicó un espacio estelar al acusado “estrella”: “El teniente primero (R.) Taranto, junto con otros oficiales y suboficiales, han sido destinatarios de una seguidilla ininterrumpida e interminable de demandas dirigidas a demostrar la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad durante la Guerra del Atlántico Sur, de 1982. Los responsables de tales persecuciones han sido identificados. Sus móviles tendrían connotaciones no solo económicas, sino también ideológicas y políticas”, publicó, con un lenguaje castrense digno de tiempos en que los militares se adueñaban de la Casa de Gobierno.

Los ex combatientes nucleados en el CECIM La Plata –querellantes en la causa– respondieron con una carta, en la que recordaron que “existen en sede judicial cientos de testimonios de soldados cuyas denuncias fueron efectuadas una vez que regresaron al continente”. También agregaron que desde 2015 se incorporaron al expediente los documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas “que constatan el ocultamiento de los hechos aberrantes a instancias de la implementación de un cuidadoso plan de inteligencia militar orientado a que éstos no trasciendan”.

La misiva de los ex conscriptos no se publicó aunque, según pudo saber Nuestras Voces, fue contestada por Julio Saguier, en una carta en la que paradójicamente el dueño de un diario pidió confidencialidad.

El titular de La Nación respaldó nuevamente y de forma abierta a Taranto y hasta dijo desconocer la existencia de una planificación de la Junta Militar para esconder los mentados crímenes. Incluso, habría pedido pruebas a los ex combatientes sobre sus afirmaciones.

Lo cierto es que la planificación en cuestión se conoció cuando se desclasificaron los archivos de la guerra, durante el mandato de la Cristina Fernandez de Kirchner. Entonces trascendió un documento secreto firmado por el teniente general Cristino Nicolaides, comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar, en el que se ordenaba esconder toda prueba relativa a las torturas en el archipiélago austral. Fue firmado el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la contienda bélica y con el informe que realizó la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur –donde constaban las torturas– en la mano.

Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales y suboficiales aplicaron a los conscriptos en un escrito que dirigió al Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca” en los últimos días de 1982.

A la hora de impulsar una investigación interna en aquel comando ordenó que los vejámenes fueran considerados como simples faltas disciplinarias. En los casos en que eso fuera imposible por la gravedad del hecho dictaminó que se le informara la situación a él en persona para resolver el problema.

Se trató de una orden que se impartió hacia las estructuras militares del Ejército que participaron del conflicto bélico: las unidades y brigadas del I Cuerpo; el III Cuerpo; y el V Cuerpo de Ejército que viajaron a las islas.

Al finalizar su carta, Saguier habría hecho referencia a Santiago Maldonado, el joven que falleció, ahogado, en circunstancias aún poco claras en medio de un operativo ilegal de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia Cushamen. La cita la habría escrito para poner un ejemplo de un caso a sus ojos armado para perjudicar a una fuerza de seguridad.

Conjuntamente con este intercambio epistolar, el 15 de julio, desde las Cartas de Lectores de La Nación, se volvió a cargar las tintas sobre el tema Malvinas, mezclando una vez más la política de Derechos Humanos, el caso Maldonado y las torturas en las islas durante la guerra de 1982.

“Los admiradores de los terroristas de los ‘70 hoy se proponen mancillar la gesta de Malvinas”, escribió el General de Brigada (R.) José Luis Figueroa, ex jefe del Regimiento de Infantería 5. “Existen numerosas pruebas que demuestran que los testigos y las presuntas víctimas fueron incentivados a mentir con la promesa de un resarcimiento económico. A esto hemos llegado en la Argentina, sin que nuestras autoridades nacionales atinen a desenmascarar a los responsables de estas denuncias, como sé se hizo en el caso Maldonado, al que esta felonía multiplica por cien”, continuó el militar, que no combatió en Malvinas y quien actualmente se desempeña como vocal director del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Por lo pronto, es evidente que el reciente avance de la denuncia provocó una reacción en cadena en el mundo castrense y sus voceros que refleja un alto grado de preocupación. No es para menos. De prosperar la acción judicial, 26 militares podrían ser detenidos.

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