La SIDE paralela de los jueces

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La oficina encargada de las escuchas telefónicas pasó de la SIDE al Ministerio Público Fiscal y luego, a la Corte Suprema. Impulsada por Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun y Ariel Lijo –que conforman la línea de mando y poder en Comodoro Py– creció de tal manera que actualmente funciona como una SIDE paralela: se hicieron designaciones irregulares, se ampliaron sus funciones, aumentó el personal, se le duplicó el presupuesto y se firmaron convenios para acceso a bases de datos de distintas áreas del Estado, entre otras medidas. Todo para un uso sin control de un aparato de inteligencia en manos de los jueces.

Las escuchas telefónicas estuvieron históricamente en manos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), ahora AFI (Agencia Federal de Inteligencia). Particularmente de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “OJOTA”. El 25 de enero de 2015, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para modificar la Ley de Inteligencia. El objetivo era un reformateo general de la SIDE que incluía un capítulo específico sobre las escuchas telefónicas: su traspaso al Ministerio Público Fiscal. El Congreso aprobó la ley 27.126 cuyo artículo 17 establecía el traspaso de la OJOTA a la órbita de la entonces procuradora general, Alejandra Gils Carbó. La Procuradora la rebautizó como Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM) y puso al frente a la fiscal Cristina Caamaño.

Apenas asumió, Macri desarmó ese esquema. Firmó el decreto de necesidad y urgencia 256, borró de un plumazo una decisión del Congreso y le entregó las escuchas a la Corte Suprema. El DNU se publicó el 29 de diciembre de 2015 en el Boletín Oficial. El mismo día, la Corte rechazó el traspaso inmediato, demostrando que no había ninguna necesidad ni menos urgencia, y lo pospuso hasta el 15 de febrero de 2016. “La embestida estaba en marcha y con ella se iban todas las esperanzas de generar un sistema de escuchas transparente, moderno, ágil y más económico”, escribió la fiscal Caamaño en el libro Macri lo hizo.

En síntesis, el derrotero de las escuchas pasó de estar en manos de los servicios al control de una unidad fiscal para terminar en manos de los mismos jueces.

Arribas no sabe, no contesta

El eje LIL

Finalmente, el 15 de febrero de 2016 la Corte firmó la acordada 2/2016 y creó la “Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación”, que absorbió las tareas de la DICOM. La firmó la Corte trunca de tres miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En teoría le dio a la oficina de escuchas “autonomía de gestión”; en la práctica, quedó bajo la órbita de Lorenzetti.

La organización de esta nueva oficina de escuchas ya comenzó de forma turbia. Según el DNU de Macri y la acordada de la Corte su director tenía que sortearse entre los jueces de cámara del fuero penal. Tendría mandato por un año no renovable. Casi nada se cumplió. La Corte informó que el mismo 15 de febrero hizo un sorteo por el cual designó al frente de las escuchas al camarista Martín Irurzun, la espada de Lorenzetti en Comodoro Py. Nunca se mostraron pruebas de que ese sorteo haya existido, y la causa judicial donde se investiga esta irregularidad duerme en los cajones del juez Rodolfo Canicoba Corral. La designación de Irurzun por fuera del sorteo fue un secreto a voces. El día anterior al supuesto sorteo, en una nota sobre el inminente traspaso de las escuchas a la Corte, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación sobre “el órgano encabezado por el juez Irurzun” y reveló: “Lorenzetti apuesta a que Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, sea quien se haga cargo del manejo de la ex ‘Ojota’”. “Si bien todavía no está confirmado, la Corte pondría al presidente de la Cámara Federal en lo Criminal Correccional, Martín Irurzun, al frente de esta verdadera papa caliente”, publicó Perfil, también un día antes del “sorteo”.

Para secundar a Irurzun fue designado Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que también responde a la línea Lorenzetti. Tampoco hay registro del sorteo de Leal de Ibarra para el cargo.

Para lo operativo, la Corte trunca designó, ya sin necesidad de sorteo, a los miembros del Directorio de esta nueva oficina. Como Director nombraron a Juan Tomás Rodríguez Ponte, por entonces secretario letrado del juez Ariel Lijo. Esta decisión mostró, a las claras, la vigencia del eje dominante de Comodoro Py: Lorenzetti-Irurzun-Lijo. El eje LIL.

Debajo de Rodríguez Ponte, como subdirectores, quedaron Alejandro Lartigau, ex secretario de Lorenzetti y Director de Seguridad de la Corte, el contador Lucas Martin de Paolo y el ingeniero Pablo Cortadello. La Corte asignó en principio un total de 91 contratos para el funcionamiento de esta nueva estructura. A las pocas semanas sumó otros 26. El 14 de junio de 2016, según un informe de Rodríguez Ponte, el personal de la nueva dirección de escuchas eran 105 personas. Al día siguiente le autorizaron 50 contratos más.

Las designaciones de Irurzun y Leal de Ibarra eran por un año, por lo que vencían el 15 de febrero de 2017. A tres días de que venciera el plazo, Macri sacó otro DNU, el 102/17, que alargó el mandato a tres años para el director y subdirector de la dirección de escuchas. El 23 de mayo, la Corte prorrogó los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra por tres años a partir del 14 de febrero de 2017. Es decir, no contaron el año transcurrido por lo que los espadachines de Lorenzetti quedarán cuatro años al frente de la dirección de escuchas. Lo dispuso la Corte en pleno, ya con los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

¿Alguien escucha mis conversaciones?

Mas y más y más

La Corte, previsora, se reservó el derecho a modificar la estructura de la Dirección que, hasta entonces, sólo debía canalizar las “pinchaduras” de los teléfonos y entregar el material al juez o fiscal que lo pidiera. Lorenzetti y sus colegas piensan en grande, tanto en personal como en infraestructura.

El 29 de septiembre de 2016, mediante la acordada 30, resolvieron “reforzar y ampliar sus competencias mediante la transformación de su estructura, manteniendo el marco de la autonomía de gestión que le ha sido conferida”. Es decir, transformar lo que era una oficina de escuchas en un organismo de inteligencia.

Según establecieron los Supremos, “intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos y en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales”. O sea, en casi todo.

A este nuevo engendro lo nombraron “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación”, la DAJuDeCO, dentro del cual pasó a funcionar la “Oficina de Captación de Comunicaciones”. La Corte autorizó a esta nueva oficina a “calificar la información obtenida a partir de la interceptación de comunicaciones de manera tal de dotar de eficacia a la medida, agilizando los tiempos de procesamiento del contenido y de la información vinculada a titularidades y georreferenciación de las comunicaciones”. Es decir: no se limitará a “pinchar” el teléfono, sino que mastica la información para entregarla digerida a los jueces o fiscales.

La acordada 30/16 estableció que esta SIDE paralela sólo podría intervenir a pedido de los jueces y fiscales de todo el país. Y, en su último punto, estableció: “Sus autoridades tendrán facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de sus objetivos y podrán celebrar los convenios que sean necesarios, con conocimiento de este Tribunal”. Lo que nunca quedó claro fueron los mecanismos de control. ¿Quién puede ser juez de los propios jueces?

Los mismos jueces tendrán que controlar la legalidad de lo realizado por su oficina de inteligencia. Las relaciones de poder tienen su peso, y el del eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo no es menor.

El mismo día de la firma de la acordada 30, es decir, a más de siete meses de que la Corte tomó el control de las escuchas, se firmó un convenio con el Congreso para que hiciera un “seguimiento” de sus actividades. Fue en un acto en el salón Gorostiaga del Palacio de Justicia. Estuvieron la Corte en pleno, 10 de los 11 jueces de 1ra instancia de Comodoro Py (sólo faltó Claudio Bonadío), el jefe de la SIDE paralela judicial, Irurzun, y magistrados de todo el país. Por parte del Congreso, asistieron los macristas Emilio Monzó, Nicolás Massot y Silvia Lospennato, los radicales Angel Rozas y Mario Negri, el siempre oficialista Miguel Ángel Pichetto, el saltarín Diego Bossio, Rodolfo Urtubey, Graciela Camaño, Victoria Donda y Omar Plaini. También estuvo, sin justificación aparente, el ex senador Ernesto Sanz. Por el Gobierno asistieron, entre otros, el ministro Garavano y Juan Sebastián De Stefano por parte de la AFI. De Stefano es conocido como operador judicial de Daniel Angelici.

Amparo contra la AFI por fondos reservados sin control

La pista del dinero

La nueva SIDE paralela en manos de los jueces requiere de una gran estructura y mucho dinero. En 2017, el presupuesto de esta oficina fue de 209 millones de pesos. Para 2018 trepó a 465 millones. Un 122 por ciento de aumento.

Para 2018, según las planillas presupuestarias de la Corte, esta SIDE paralela tendrá 314 empleados permanentes. El 8 por ciento de los 3.871 cargos permanentes que hay en la Corte Suprema. Según el presupuesto nacional de 2018, cuenta con 641 cargos.

Los Supremos también piensan invertir 61.455.787 pesos en esta oficina de inteligencia paralela. Más de 40 millones son para “Adecuación Integral de Inmueble a Adquirir”. Parece que no basta el histórico edificio de Avenida de los Incas 3834, donde también habrá inversiones. Destinarán 11 millones de pesos a la renovación del sistema de climatización, 2,5 millones para reciclado de los baños, y 1,7 millones para la instalación de un nuevo centro de cómputos, entre otros arreglos.

Escuchas y bases de datos

Esta SIDE paralela de los jueces también firmó distintos acuerdos con áreas del Poder Ejecutivo que cuentan, obviamente, con el visto bueno del presidente Macri. La mayoría, para el acceso a bases de datos, una vieja obsesión de Lorenzetti.

En julio de 2016 la DAJuDeCO firmó un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el mando del amigo presidencial, Gustavo Arribas. Según consta en el acuerdo, al que accedió Nuestras Voces, buscaban ordenar los papeles debido a los cambios en la conducción de las escuchas, que pasaron de la exSIDE a la Procuración y ahora a la Corte. “Luego de la transferencia de la DICOM a la Corte Suprema y de la creación de la Dirección, existen cuestiones de orden patrimonial, técnico y administrativo que aún requieren de un tratamiento en particular”, fundamentan Arribas, Irurzun, Leal de Ibarra y Rodríguez Ponte, firmantes del acuerdo. La gran incógnita es cómo funcionó la nueva oficina entre febrero, que se hizo cargo la Corte, y julio, cuando firman este acuerdo con la AFI.

En el primer punto “convienen en mantener el personal de la AFI” en la nueva oficina de escuchas de la Corte. El listado, al que accedió este medio, consta de 66 agentes, de los cuales 49 reportaban a Observaciones Judiciales y los restantes a Concentraciones de la AFI en diversas provincias. Los sueldos, según el acuerdo, los seguiría pagando la casa de los espías.

También acordaron que la AFI colaboraría con la SIDE paralela de la Corte para que aprendiera a utilizar los sistemas de escuchas. Para esto, le permitirían acceso a las instalaciones y al equipamiento. La AFI también se compromete a capacitar al personal de la nueva dirección de escuchas y a transferirle su conocimiento en sistemas de captación y otros desarrollos. En síntesis: los espías de siempre estarían a cargo de la transición. Y no sólo en el corto plazo. El punto octavo estableció que la AFI le proveerá insumos vinculados a las escuchas hasta el 31 de diciembre de 2019. También acuerdan coordinar la compra de software y equipamientos.

Otros convenios para acceso a bases de datos fueron autorizados por la resolución 3942 de la Corte, con fecha del 19 de diciembre de 2016 y las firmas de sus cinco miembros. La resolución aprobó los modelos para que luego los firmara Lorenzetti con la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Justicia. Lo que nadie logra explicar es por qué se firman estos acuerdos cuando cualquier juez puede requerir información a estos organismo de forma directa, sin intermediación.

Según el convenio con la AFIP, firmado entre su titular Alberto Abad y Lorenzetti, esta oficina paralela “podrá solicitarle a la AFIP, siempre a pedido de la autoridad judicial, la información que se requiera y la correspondiente a la Base de Datos del Padrón de Contribuyentes”.

En el convenio con el Ministerio de Justicia se permite el acceso a sus bases de datos, siempre con requerimiento judicial. Son bases muy preciadas. Están los registros de propiedad inmueble y automotor, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, los registros de reincidencia, los datos del Servicio Penitenciario Federal y, por si fuera poco, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro. “А tal fin, еl Ministerio de Justicia у Derechos Humanos prestará а esa Dirección un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases descriptas”, dice el convenio firmado por Lorenzetti y el ministro Germán Garavano.

El 9 de octubre pasado hubo doblete de convenios: con la Policía Federal y con el Ministerio de Seguridad. En el caso de la Policía Federal, los cinco supremos autorizaron a Rodríguez Ponte a firmar un acuerdo con el el Comisario General Néstor Roncaglia para “la puesta en funcionamiento del proyecto piloto del servicio de escucha en el Departamento Central de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”. En el Centro de Información Judicial (CIJ), la web parapersonal de Lorenzetti, subieron dos versiones del convenio. La primera la firmaron Rodríguez Ponte y Roncaglia. La segunda, que es la que figura actualmente, la rubrican también Irurzun, Leal de Ibarra y en lugar de Roncaglia figura la Comisario General, Ester Mabel Franco. El convenio reconoce que ya existen boxes de escucha en la sede de la PFA y afirma que sus objetivos son “la rapidez en la obtención de la prueba, la ampliación de la capacidad de escucha por parte de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y el impacto operativo generado por la reducción de los tiempos”. En concreto, la Policía Federal podrá realizar escuchas, en teoría siempre a pedido de un juez y con mecanismos de seguridad para evitar filtraciones o un uso espurio. En la práctica, será casi incontrolable.

El convenio con el Ministerio de Seguridad lo firmaron Lorenzetti y Patricia Bullrich. Como en los otros casos, la clave está en las bases de datos. El inciso d del tercer punto del acuerdo le da a la SIDE paralela de los jueces “acceso a las bases de datos de los organismos y fuerzas dependientes del MINISTERIO, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado -con autonomía de gestión dependiente de la CORTE-, especialmente las siguientes: (i) Sistema de Identificación Biométrica para la Seguridad -SIBIOS- correspondiente a la Policía Federal Argentina, que incluye Base de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS), Reconocimiento Facial (Morphoface) y Registro y Laboratorio de Voz (acústica forense), (ii) Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística -SAIB- correspondiente a la Policía Federal Argentina, (iii) Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas -SISTRATA-, (iv) Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Drogas -SISDROGA-, Sistema Federal de Comunicaciones Policiales -SIFCOP-, y (v) Sistema Integrado de Medidas de Seguridad (-S.I.Me.S-)”. Para el acceso, se establece: “A tal fin, el MINISTERIO prestará a la Dirección un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”.

Además de los puestos en el Departamento de Policía, el acuerdo entre Lorenzetti y Bullrich establece la instalación de puestos de escucha directa en el edificio Centinela de Gendarmería, en las sedes de Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y en el Destacamento Movil 2 de Gendarmería en Rosario.

Soy yo, pelotudo

La prueba de las faltas de control y de la relación que esta SIDE paralela de los jueces mantiene con la AFI llegó en enero de 2017. Una operación mediática encabezada por el portal Infobae y el vocero gubermental Luis Majul, y luego seguida por el resto de los medios oficialistas, consistió en difundir escuchas telefónicas entre CFK y Oscar Parrilli, su ex Secretario General de la Presidencia y último titular de la AFI. Esas escuchas habían pasado por la DAJuDeCO, la AFI y el juzgado de Lijo.

Los periodistas Raúl Kollman e Irina Hauser reconstruyeron que las escuchas sobre Parrilli fueron en el marco de un artilugio llamado “precausa” utilizado por la AFI y autorizado por la jueza María Servini de Cubría, que finalmente archivó la causa y ordenó destruir las escuchas. “Sin embargo, las conversaciones de Parrilli llegaron intactas a los medios afines al Gobierno. Incumplir esa destrucción es un delito grave”, contaron los periodistas.

Kollman y Hauser también explicaron que “el espionaje de 2016 se continuó luego de junio a septiembre en otra causa (que sí era una causa propiamente dicha) por orden del juez Ariel Lijo, en un expediente contra Parrilli porque supuestamente protegió y no persiguió al narco Ibar Pérez Corradi. Uno de los datos más asombrosos de este tramo del escándalo es que la escucha fue on-line, es decir que no fue grabada sino que había agentes de la AFI, en un box, escuchando en directo lo que decían Parrilli y Cristina Kirchner. El método de escucha directa se utiliza en casos graves como los secuestros, en los que hay que actuar de inmediato. En el expediente instruido por Lijo no había ninguna urgencia, porque Pérez Corradi ya estaba detenido. Nuevamente, las escuchas fueron difundidas y no tenían nada que ver con el narco que había estado prófugo”. Aparece en escena Lijo, parte de la entente LIL que controla las escuchas en Comodoro Py.

La difusión fue un escándalo. La Corte ordenó una investigación interna para saber cómo (en realidad, quién) se filtraron los audios a la prensa. Fue una confesión de parte, ya que mostró que la SIDE paralela no tiene ninguna autonomía. El informe resultante, firmado por Irurzun, Leal de Ibarra y Rodríguez Ponte, va dirigido a los Supremos. Autonomía cero. Allí afirman que todos los procedimientos fueron correctos y que no hubo forma de que se filtrara el audio. El propio Lijo remitió un informe a la Corte donde se despega también de las filtraciones. Al día de hoy, no hay certeza de quién filtró los audios.

 

Acordada 2-16 – Creacion Oficina Escuchas by nuestrasvocesok on Scribd

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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