Esta semana, Santa Fe se destacó como la primera provincia en implementar una normativa específica para prevenir y enfrentar la violencia digital en entornos escolares. El Senado aprobó de manera unánime la Ley Ema, la cual establece el Sistema Provincial para la Prevención y Abordamiento Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, constituyendo un recurso vital para prevenir, identificar y acompañar las situaciones que afectan cada vez más a la juventud.
La ley abarca la creación de guías de actuación, formación para docentes y personal educativo, la inclusión de contenidos sobre ciudadanía digital, derechos de privacidad y consentimiento, además de establecer mecanismos de colaboración entre las instituciones educativas, las familias y las entidades estatales.
El objetivo es proporcionar soluciones a problemas como el ciberacoso, la difusión no autorizada de material íntimo, el acoso en plataformas digitales, la suplantación de identidad y otras formas de violencia que se han vuelto cotidianas para los jóvenes.
Nombrada en honor a Ema Bondaruk, una joven de 15 años que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 tras la divulgación no autorizada de un video íntimo por un compañero, la ley fue impulsada por su familia para evitar que otros pasen por semejante tragedia.
“Transformación del dolor en iniciativa”
Para Laura Sánchez, madre de Ema, la aprobación de la ley en Santa Fe representa más que un simple logro legal: “La noticia nos llenó de emoción. Es un inicio, un primer paso, y espero que inspire a otros. Estoy extremadamente satisfecha por la rápida y unánime aprobación de la ley”, expresó a Clarín.
“La problemática atraviesa todos los estratos y no distingue afiliaciones políticas. Es crucial disponer de estas leyes. Estamos intentando seguir el ritmo de un problema que lleva años y que la pandemia exacerbó”, añadió.
Laura enfatiza que el establecimiento de políticas públicas es fundamental para crear “espacios digitales libres de violencia”, ya que “lo que sucede en la vida real también ocurre en lo digital”.
“Logré transformar el dolor y canalizarlo en acción, motivada por el amor a Ema -comenta-. Su amor es mi fuente de energía”.
Un evento que lo cambió todo
El 23 de agosto de 2024, un compañero de Ema difundió en las redes un video íntimo, el cual rápidamente se viralizó entre el alumnado de la escuela.
Tan solo un día después, Ema decidió poner fin a su vida en su hogar en Longchamps, mientras su madre había salido brevemente a comprar algunos dulces.
“Un solo clic había acabado con todo lo que habíamos construido. Un solo clic truncó miles de sueños que Ema tenía ante sí”, recordó Laura meses después, durante la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre violencia digital en escuelas.
Inicialmente, Laura confesó no saber cómo describir lo ocurrido. “La vida me enfrentó con la violencia digital de género, un término que desconocía. Pero en mis noches de insomnio, comencé a investigar para comprender qué era esta forma de violencia digital que había arrebatado la vida de mi hija. Luego, supe que no era un caso aislado”, compartió.
Desde entonces, ha convertido su duelo en una causa. En colaboración con organizaciones especializadas y legisladoras, promovió una guía para instituciones educativas y un proyecto de ley nacional para abordar estas violencias de manera educativa.
“Lo que le sucedió a Ema nos obliga como sociedad a reconocer esta problemática. Lo virtual es una realidad que nos afecta a todos. Sabemos que los adolescentes son el grupo más vulnerable. Urgimos por políticas públicas que aseguren derechos en ambientes digitales”, insiste.
Una obligación estatal por ley
Celia Arena, diputada provincial y promotora de la iniciativa, sostiene que la transformación del proyecto en ley busca asegurar que estas herramientas persistan independientemente de los cambios de gobierno.
“Hemos trabajado arduamente para legislar sobre este tema porque una ley transforma una buena intención en una obligación estatal. Aquello que depende únicamente de una gestión puede fácilmente cambiar o desaparecer”, detalla a Clarín.
Arena destaca que la norma proporciona un soporte institucional que anteriormente no existía: “Con la ley, tanto las escuelas como el ámbito educativo tienen derecho a acceder a estas herramientas. El Ministerio de Educación está obligado a implementarlas, y las familias pueden exigir que se cumpla”.
La legisladora subraya que la violencia digital “no es un fenómeno temporal” y recuerda que la Ley Olimpia, adoptada nacionalmente en 2025, ya reconoció la violencia digital como una modalidad específica de violencia de género.
“Es una necesidad contar con políticas públicas persistentes. Las leyes reflejan las prioridades de una sociedad, y que Santa Fe haya aprobado una ley significa que reconocemos la violencia digital como un problema real”, asevera.
“Con esta ley, las escuelas, las familias y los jóvenes no estarán solos al enfrentar este desafío. La normativa garantiza continuidad, asigna responsabilidades y crea derechos que perduran más allá de cualquier gobierno”, añade Arena.
Un desafío que ya alcanzó las aulas
Aunque muchos incidentes ocurren fuera del horario escolar y en plataformas sociales, sus repercusiones afectan directamente la convivencia y a la comunidad educativa.
Por esta razón, la ley pretende fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo a través de la formación docente, la inclusión de temáticas sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y uso responsable de la tecnología, así como guías de actuación para intervenir en situaciones de violencia.
“La ley no establece un protocolo rígido, pues en el ámbito tecnológico un protocolo puede quedar obsoleto rápidamente. Lo que propone son guías de actuación: dónde acudir, qué hacer y cómo apoyar”, aclara Arena.
La diputada subraya que la intención no es cargar toda la responsabilidad en las escuelas: “Al contrario. Se trata de proporcionarles herramientas para enfrentar una problemática que ya es parte de la vida cotidiana de los estudiantes y que inevitablemente llega a las aulas”.
Un aspecto resaltante es el consenso político amplio. La propuesta fue aprobada por unanimidad y contó con aportes tanto del gobierno como de la oposición.
Arena explica que el proyecto se trabajó de manera transversal en las comisiones, se unificó con una propuesta del Senado y se elaboró junto al Poder Ejecutivo para asegurar su implementación efectiva: “El Ministerio de Educación es quien debe implementarla. Sin este trabajo conjunto, una ley podría quedar simplemente como una expresión de deseo. Por ello, colaboramos con todos los sectores”.
Un precedente para el país
La promulgación de la Ley Ema se inscribe en un proceso más amplio de reconocimientos de las violencias digitales en Argentina. En 2025, se puso en vigor la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como una forma de violencia de género dentro de la Ley 26.485, permitiendo acciones judiciales para eliminar contenidos que vulneren derechos.
Paralelamente, sigue en marcha el impulso de la llamada Ley Belén, la cual propone incorporar estos incidentes al Código Penal. Este proyecto recuerda a Belén San Román, oficial de policía que también se suicidó tras la difusión no consentida de un video íntimo.
Ahora, Santa Fe establece un precedente al ser el primero diseñado especialmente para el ámbito educativo.