Larreta lo hizo: constructoras pagan en dólares por violar la ley

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Además de la toma de tierras frente al Río, Horacio Rodríguez Larreta sistematizó un mecanismo por el cual si una empresa paga dólares el Estado la habilita a construir más de lo permitido por el Código de Planeamiento. Esto ocurrirá en la Sastrería Militar de Palermo, donde podrán construir 96 metros de altura en lugar de 12, y en una manzana ferroviaria de Chacarita, que tendrá un centro comercial. Macri vendió las tierras a precio de ganga a privados cuando era presidente. Mediante un «Convenio Urbanístico» refrendado por la mayoría automática de la Legislatura se construirá una mega torres y un centro comercial. Un auténtico negociado de cemento PRO en el que por un par de millones de dólares se puede violar la ley con permiso firmado por Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta logró aprobar en la Legislatura la ratificación de dos «convenios urbanísticos» que permiten ampliar la capacidad constructiva de desarrolladores inmobiliarios a cambio de dólares. Se trata de dos predios situados en los barrios de Villa Crespo y Palermo que fueron vendidos por el Estado Nacional a privados durante la presidencia de Mauricio Macri. El convenio impulsado por la administración de Larreta les permite construir edificios de más metros y locales comerciales a cambio de dinero que, según la ley, será destinado para afrontar la Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus: un monto insignificante en relación al presupuesto ya existente, pero un fin que sirve para la publicidad.

El caso más llamativo es el de la Sastrería Militar en el barrio de Palermo, ubicada en dos terrenos situados entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo. El Gobierno porteño suscribió un acuerdo con las empresas Kilómetros S.A y Arkinver S.A,  dueñas de dos parcelas en la Manzana la 69B de la Sección 033 de la Circunscripción 17 y en la Urbanización Determinada U83 “Sastrería Militar”, por el cual les permite construir una torre de 96 metros de alto a cambio de 2.5 millones de dólares y  la cesión de una de las parcelas en las que deben construir una plaza. De esta manera, las empresas pasan de tener un permiso de construcción de 12 metros de altura a tener 96 metros.

El legislador del GEN Sergio Abrevaya calificó el proyecto como “un desastre”. “Este convenio urbanístico sí que es malo, es un desastre, es un negocio para el que compró las tierras en el 2017. Ellos tenían una capacidad de metros cuadrados totales de construcción en las dos parcelas y ahora proponen ceder una al gobierno y concentrar todos los metros de construcción en la otra, así puede construir dos torres de 30 pisos que valen una fortuna.  Compraron con una norma y ahora dicen: ‘no me gusta, quiero ganar más plata’. Es un negocio inmobiliario que la ciudad le está diciendo, «si, como no, te hago una norma y ganate más plata’.  Ahora pueden construir más alto, el metro cuadrado en el piso 26 vale mucho más que en un edificio de 10 pisos en el mismo lugar por la vista al río que te llega hasta Uruguay con esa altura”, afirmó el diputado a Nuestras Voces.

Caravana contra la toma de tierras de Larreta

Las tierras fueron vendidas entre 2017 y 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri a través de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dirigida en ese momento por Ramón Lanús. La empresa  Arkinver S.A compró el predio de 6.750 metros cuadrados pertenecientes a Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), ubicado en la zona de Las Cañitas, por 18 millones de dólares. Por su parte, Kilómetros S.A pagó 33 millones por las tierras en las que estaba Sastrería Militar

Los fundamentos del proyecto sostienen que “ambas parcelas se encuentran dentro de una zona de riesgo hídrico de la Ciudad, por lo cual resultaría beneficioso la generación de un nuevo espacio público verde adicional en el sector, lo que causaría un impacto hídrico cero”. Sin embargo, aquí también hay críticas. El vicepresidente del bloque del Frente de Todos Javier Andrade, advirtió que esa plaza funcionará como un patio de las torres. “Entiendo que la plaza  va a ser del mismo edificio porque está al lado, imaginate la plata que van a ganar acá. El lugar está a 700 metros del Parque Tres de Febrero con lo cual no es una zona que tenga problema de espacio verde. En la otra parcela van a construir una torre  de 96 metros de altura. Una locura para ese entorno, no hay ningún edificio en la zona. Y el valor aumenta por la Cancha de Polo, que está al lado,  y por la vista al Parque Tres de Febrero. La realidad es que preocupa muchísimo esta situación, es completamente innecesaria una torre de casi 100 metros de altura en este lugar. Es una locura, me indigna”, afirmó el legislador a este medio. 

En ese mismo sentido se manifestó Abrevaya: “Es 100% beneficioso para el desarrollador inmobiliario. Va a ser la plaza de las 60 o 120 familias que vivan ahí, no sé si serán pisos o semipisos, van a tener una plaza exclusiva”.

Legisladoras y legisladores defendieron la iniciativa porque consideran que el dinero obtenido por el acuerdo ayuda a afrontar los gastos que genera la pandemia del coronavirus. “El pago está destinado a solventar los gastos erogados como consecuencia de la Emergencia sanitaria con motivo del coronavirus (COVID-19), en el marco de la Emergencia Económica y Financiera declarada por la Ley ° 6.301”, sostiene el texto.

El segundo convenio urbanístico aprobado fue el del predio polígono delimitado por las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín en el barrio de Villa Crespo. Fue suscripto el 9 de septiembre de este año y amplía la superficie de construcción de 40 mil a 51 mil metros cuadrados con una altura de 37, 60 metros. Además, habilita la ocupación de toda la  parcela con un basamento y una torre en el medio. Como contraprestación la empresa Koolhaas S.A, pagará un 1 millón de dólares y deberá entregar una parcela para espacio verde de alrededor de 1200 metros cuadrados. El legislador Javier Andrade también planteó sus disidencias con este proyecto. “Una de las particularidades  es que habilitan que se construya en la parcela un basamento de hasta 6 metros de altura y en el medio va a salir una torre por encima de ese basamento. Como contraprestación plantea una construcción de espacio público, no dice espacio verde, que va a estar a costa del constructor que incluye la provisión de infraestructura desagüe pluvial,  la construcción de veredas y también incluye las calles. Esto nos preocupa porque entendemos que esa calle va a  ser la entrada al emprendimiento. Finalmente lo que dicen que es para aportar a la Ciudad de Buenos Aires como público va a ser el ingreso al mismo emprendimiento. Hablan de canteros inmobiliarios, pero ni siquiera van a plantar árboles”, indicó. 

Este convenio también destina al pago a la Emergencia Sanitaria. El terreno fue vendido por el Estado Nacional a 13.600.000 dólares en marzo de 2017, autorizada por el expresidente Macri a través del Decreto N° 952/2016.

El legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña le reprochó al gobierno de Rodríguez Larreta que usé los convenios urbanísticos con un fin diferente al que fueron creados. “Están usando una herramienta que es para otra cosa, que es para levantar un lugar degradado a través de una asociación público- privada, como podría ser en la zona sur de la ciudad. En este caso lo usan para el acuerdo con dueño de dos terrenos que además en los tres convenios urbanísticos son tierras que el Estado Nacional, durante el gobierno de Macri, vendió a un privado.  Ahora ellos hacen un convenio para cambiarle la normativa y permitirle construir más pisos a cambio de que ceda un terreno para una plaza. Si era un terreno necesario para hacer una plaza, ¿Para qué lo vendieron? ¿Por qué no hicieron la plaza cuando era terreno público?  No tiene ningún sentido lo que se está haciendo de transferir directamente a los privados. Como no pueden aprobar más ventas porque no les dan las mayorías buscan sobre los que ya tienen y les permiten construir más metros cuadrados y esa manera obtener mayor ganancia. Están haciendo un negocio para un privado a cambio de ningún beneficio público que es lo que un convenio urbanístico debería tener”, le dijo el diputado a Nuestras Voces.

El tercer convenio urbanístico no fue tratado en la Legislatura, el oficialismo decidió retirarlo. Se trataba de un acuerdo por un lote en la calle Juana Manso en Puerto Madero  para elevar la altura hasta 140 metros en la construcción. 

Estos convenios se enmarcan en un proceso de fuerte desprendimiento de tierras públicas por parte del gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires que se potenció durante los cuatro años de Cambiemos en el Estado Nacional. Según un informe realizado por el equipo de Barroetaveña, entre 2009 y 2019, el Gobierno porteño vendió aproximadamente 150 hectáreas de tierra a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura con mayoría oficialista y aliados radicales. En esa línea, el Estado Nacional vendió un total de 78 hectáreas que tenía en la Capital Federal

La coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) , María Eva Koutsovitis indicó que “la ciudad  ha ido progresivamente descapitalizando  su su patrimonio urbano. “En la última década se vendieron, concesionaron y privatizaron 500 hectáreas de suelo urbano, el equivalente a 250 Plazas de Mayo. Y si analizamos cuántas hectáreas de superficies verdes fueron privatizadas en esta década, se privatizaron 150, 75 Plazas de Mayo fueron las superficies verdes privatizadas”, detalló a este medio. 

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