Las malas juntas de Stornelli

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Carlos Stornelli es hijo del interventor militar de radio Belgrano y está casado con la hija de un condenado por crímenes durante la dictadura. Fue aliado de la policía bonaerense durante su gestión en la seguridad pública provincial y terminó mal. Se alió a  la barra brava de Boca durante su gestión en la seguridad en el club y definió entonces también como «operación berreta» al millonario fraude con carnets truchos que se descubrió. Su paso por causas escandalosas y el método de «delación o cárcel» en la causa de los cuadernos. Su hábito de morder la mano del que le dio de comer y su deseo fallido de apadrinar la beba prematura de una niña violada en Jujuy.

“Una familia muy importante está interesada en adoptar a la criatura”. Lo dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Se refería al caso de la niña, con un embarazo de 23 semanas, forzada a parir por cesárea el fruto de una violación.

Tal anuncio (que se anticipó en solo horas al fallecimiento de la recién nacida) fue presentado como un “final feliz”. Y sin las trabas propias de la normativa que el sistema de adopciones requiere. Bien a la usanza de otra época (para ser exactos, del período comprendido entre 1976 y 1983). Recién el 8 de febrero Morales reveló que aquella “familia muy importante” era la del fiscal federal Carlos Stornelli. Éste entonces supo reconocer: “El asunto me conmovió”. Esa vaca sagrada del Poder Judicial resultó tener un costado, digamos, “humano”.

Una lástima que justo en ese momento le estallara en la cara la denuncia que lo involucra en las trapisondas de su compinche, el presunto extorsionador Marcelo D’Alessio. ¡Pobre Carlos! No era la primera vez que las malas juntas enlodaban su buen nombre y honor.

Carlitos fiscal

El periodista Enrique Vázquez suele evocar un pasaje de su vida profesional: “En 1983, cuando ingresé a Radio Belgrano, me recibió el interventor militar. Estaba de uniforme y tenía un crucifijo más grande que el de Río de Janeiro”. Se trataba del teniente coronel Atilio Stornelli.

Su hijo Carlos, por entonces un estudiante de la UBA con rostro perruno y sobrepeso, solía visitar al oficial en la emisora.

Éste pasó a retiro una vez restaurada la democracia, aunque regresó al Ejército para prestar servicios administrativos. Hasta 1992, cuando fue echado por el general Martín Balza. Tal osadía no le salió gratis. Tres años más tarde, por la famosa autocrítica en su calidad de comandante en jefe, fue expulsado del Círculo Militar. Eso corrió por cuenta del represor Genero Díaz Bessone y papá Stornelli. Quizás aún hoy Balza recuerde al vástago del teniente coronel.

Ya con diploma de abogado, el joven Carlos se fue labrando una opaca carrera judicial en un tribunal porteño de menores. Pero el gran salto lo dio al desposar a Claudia Reston, hija del general Llamil Reston, el otrora poderoso  ministro del Interior y Trabajo de Videla y Bignone. Ella trabajaba de abogada en el estudio jurídico del ministro Carlos Corach. Y fue él quien colocó a su marido, en junio de 1993, al frente de la Fiscalía Federal Nº 4. Lo cierto es que su  designación contó con el beneplácito de Carlos Menem. El riojano estaba lejos de suponer que un lustro después ese muchacho taciturno le dictaría la prisión preventiva por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Idéntico destino tuvo el general Balza.

Por entonces la vida le sonreía: católico practicante, fanático boquense, padre de tres hijos y ascendente en su labor, ninguna sombra cabalgaba sobre su destino, a no ser por un contratiempo familiar: el suegro Llamil había sido detenido por graves delitos de lesa humanidad. Fue a mediados de la primera década del nuevo siglo. Y él mitigaba ese disgusto concentrándose en el caso Skanska, sobre presuntos sobornos a funcionarios por la construcción de dos gasoductos en el norte del país. También merodeaba –junto con el juez de esa causa, Guillermo Montenegro– la Comisión Directiva macrista del club de la Ribera. Sin embargo, el kirchnerismo veía su figura con buenos ojos.

En aquellos días se hizo pública su amistad con el cabecilla de La Doce, Rafael Di Zeo, cuando asistió a su fastuosa boda en la quinta Los Galpones, de Benavídez. La flamante señora del barrabrava, Soledad Spinetto, después se convirtió en la mano derecha de Stornelli, durante su gestión como ministro de Seguridad bonaerense, designado por Daniel Scioli.

El ministro de Planificación, Julio de Vido, había influido sobre el ex motonauta para ese nombramiento. Y Stornelli se deshizo en agradecimientos.

Aquella etapa de su vida merece ser refrescada.

Carlitos ministro

En 2007, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le concedió la licencia para integrar el Gabinete provincial.

Stornelli asumió tal función con entusiasmo. Tanto es así que sus ideas para el cargo estuvieron moldeadas por una concepción militarista del orden urbano, mediante el férreo control del territorio y el poder de fuego policial. En términos prácticos, su paso por La Plata consistió en restaurar los atributos que la Bonaerense había tenido en sus peores momentos. Entre sus asesores resaltaba el ex comisario Mario “Chorizo” Rodríguez (cuyo legajo chorreaba sangre), el ex jefe de la Federal, Roberto Giacomino (al que Kirchner desplazó por corrupto), el abogado de los barrabravas de Boca, Marcelo Rochetti, y la señora Spinetto de Di Zeo. Un verdadero dream team. Claro que a Stornelli tal vez se lo recuerde por su gran papelón en la búsqueda de la familia Pomar, muerta en un simple accidente vial y a la que tardaron 24 días en encontrar al costado de una ruta. Pero durante su gestión aumentaron sensiblemente los casos de gatillo fácil y torturas en comisarías, a la vez que él accedía a las más antojadizas demandas de los uniformados. Sin embargo eso lo condujo hacia una paradoja: tras otorgarle a la corporación policial mucho más de lo que le pedía, solo le bastó realizar un enroque en Prevención del Delito Automotor (una caja codiciada) para que los Patas Negras le declaren la guerra. Corría el 15 de noviembre de 2009. Y conviene contextualizar tal circunstancia.

Ese asunto coincidió con una denuncia pública del juez platense, Luis Arias, sobre la relación policial con una serie de delitos contra la propiedad, perpetrada mediante la reducción a la esclavitud de menores en conflicto con la ley. Pero tal pronunciamiento causó una indignada desmentida, incluso con acusaciones de desequilibrio emocional, por parte de Stornelli.

Al día siguiente fue asesinada la arquitecta y catequista Renata Toscano, de 43 años, al recibir un tiro en la cara cuando llegaba a su casa de Wilde. A raíz de ello hubo tres arrestos. Durante cuatro días, se efectuaron tumultuosas manifestaciones de vecinos frente a la comisaría local. El 25 de noviembre sucedió un hecho casi calcado: la muerte de la maestra Sandra Almirón, de 37 años, acribillada a quemarropa por tres pibes que querían robarle el vehículo a metros de su domicilio. A raíz del episodio, hubo tres detenidos; entre ellos, el hijo de un policía. Esa escalada delictiva se prolongó el 6 de diciembre con el crimen de la bioquímica Ana María Castro, de 51 años, quien recibió un tiro en la nuca cuando estaba por ingresar a su auto en de Derqui. Sus dos autores lograron escapar.

Recién entonces Stornelli denunció ante el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, que aquellos crímenes “podrían haber sido instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados” para desestabilizar su gestión y, por ende, al gobierno provincial.

En aquella presentación mencionó que el modus operandi consistía en crear una situación de caos a través de hechos sangrientos contra “mujeres con exposición social importante, maestras o profesionales, que automáticamente motorizarían a sus núcleos de pertenencia a marchas con claras infiltraciones”. Para ello –según el funcionario– los instigadores habrían reclutado “a menores en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. De modo que por primera vez reconocía por escrito exactamente lo que había denunciado Arias: el uso por parte de la policía de niños y adolescentes como mano de obra delictiva. Sólo que en esta ocasión la finalidad de los uniformados habría sido la de manifestar su encono hacia Stornelli.

El tipo había entendido el mensaje. Y tras presentar la renuncia, retornó con premura a la Capital. Nunca más puso un pie en La Plata. Un valiente.

Carlitos barrabrava

El regreso de Stornelli a la Fiscalía Federal Nº4 fue con la frente marchita. No obstante pudo sobrellevar su pesadumbre alternando los quehaceres judiciales con la rosca interna en Boca. Eso significó su acercamiento a Macri. Y a otros seres no menos carismáticos.

En abril de 2012 fue designado jefe de Estadio y Seguridad Deportiva del club de sus amores. Una de las primeras órdenes que recibió del presidente Daniel Angelici fue de índole –diríase– diplomática: solucionar la puja entre la facción de la hinchada encabezada por Mauro Martín y la del desplazado Di Zeo. La tensión entre ellos ponía en vilo la gobernabilidad del club.

En tal contexto mantuvo una seria discusión con Santiago “El Gitano” Lancry, un histórico de la tribuna que en tal época reportaba a Martín. En una oportunidad, cuando Stornelli se dirigía hacia el bar La Imprenta, de Belgrano, para reunirse con Di Zeo, Lancry apareció por sorpresa y le aplicó un sonoro y humillante cachetazo en el oído izquierdo. “Si querés, meteme preso, pero yo hace 35 años que voy a la cancha, y vos no me vas a cagar, ¡puto!”, le gritó, antes de tirarle otro golpe, esta vez en la oreja derecha. Stornelli, dolorido y al borde de las lágrimas, imploraba clemencia.

Pero la política es el arte de lo posible.

El 19 de diciembre de ese año, cuando Carlos Bianchi salió a la cancha para su nueva presentación como entrenador de Boca, en la tribuna estaba Mauro Martín, quien tenía prohibido entrar al estadio. En ese mismo instante, en el anillo interno de La Bombonera, dos personas departían amigablemente. Eran Maximiliano Mazzaro –un lugarteniente de Marín– y el doctor Stornelli. Ambos caminaron con ostensible parsimonia hacia el despacho de este último, donde prosiguieron la plática con una botella de J&B.

Poco antes, el jefe de Estadio y Seguridad había incluido en la lista de admitidos a la plana mayor de Martín, incluido el “Gitano” Lancry.

Los lazos del fiscal con La Doce hasta poseen proyección planetaria. En un documental producido en 2012 por la TV española, Di Zeo, entrevistado en la penumbra de un tugurio, de pronto interrumpe sus respuestas para atender su celular. En aquel instante exhibe ante la cámara la pantallita del aparato, donde consta el nombre del autor de la llamada. Era nada menos que Stornelli. Ante ello, no sin asombro, el periodista Jon Sistiaga, explica en off. “A él, que tiene prohibido estar en la tribuna, lo llama el jefe de Seguridad del estadio”. Di Zeo, mientras tanto, esboza una sonrisa jactanciosa.

Por aquel entonces, un incidente extradeportivo lo mantenía a Martín en capilla. Poco antes un tal Ernesto Cirini había sido asesinado a golpes en una calle de Mataderos. El crimen fue atribuido a Martín. Lo notable es que aquel hecho no fue fruto de un ajuste mafioso sino que su factor desencadenante fue la mascota de la víctima, un caniche toy, cuyos hábitos intestinales irritaban a los familiares del capo de La Bombonera. Otro de los acusados era Mazzaro, quien permaneció prófugo hasta el 7 de junio de 2013. Pero su figura desató de manera involuntaria otra pesquisa, puesto que las escuchas ordenadas por el juez Manuel de Campos para dar con su paradero revelaron la existencia de una millonaria maniobra con carnets falsos que se alquilaban para presenciar los partidos del Xeneize. Por tal razón, durante un partido con Newell’s fueron detenidos en La Bombonera 52 barrabravas, junto con un empleado jerárquico del club y el dirigente Carlos Michetti, quien tenía a su cargo el Departamento de Socios. A su vez, Stornelli quedó comprometido en el expediente.

Consultado en aquellos días sobre este tema por un movilero de CN23, soltó: “Es una operación berreta”. ¿Les suenan esas palabras?

Al final el asunto no pasó a mayores. Y según dicen, gracias a gestiones de insignes consocios; a saber: el juez federal Ariel Lijo, los fiscales Gerardo Pollicita y Raúl Plée, además de Montenegro y, desde luego, Angelici.

Stornelli mantuvo el cargo en Boca hasta mediados 2015, sin desatender los expedientes que se acumulaban en su fiscalía.

Ya entonces se perfilaba como un alfil de la llamada lawfare, tal como se le dice a la judicialización de la política Y recientemente, la causa de las fotocopias fue la gran oportunidad de le dio la vida.

Stornelli, en tándem con el juez Claudio Bonadío, supo idear un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisición española destinada a privar de su libertad a todo imputado que no declare lo que ellos pretenden oír. Así nació el festival de los arrepentidos. Pero el fiscal habría tensado la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia presuntas cuentas bancarias a su nombre.

Aquel hombre solía ufanarse en rueda de amigos por haber propiciado el encarcelamiento del ex ministro De Vido, a quien le debía su integración al gabinete de Scioli. Tuvo menos piedad con él que con Menem. Según parece, Stornelli tiene el hábito de morder las manos de quienes alguna vez le dieron de comer. Hasta le habrían advertido a Macri que se cuidara de él. Pero quizás eso ahora ya no sea necesario. Todo indica que Stornelli acaba de emprender un camino sin retorno.

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Ricardo Ragendorfer

Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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