Ley de medios: lo que perdimos y lo que nos queda

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Un sistemático repaso de los embates que ha sufrido la Ley de Medios tras la asunción del actual gobierno, indicando qué se derogó, qué sigue vigente y cuáles son los principales desafíos de cara al futuro.

Hace más de un año las urnas anunciaban el regreso de nuestro país al salvajismo económico, mediante la reintroducción de un modelo neoliberal equiparable al de los años noventa.

Siguiendo esta línea, el primer acto de gobierno de Mauricio Macri hizo trizas el espíritu y los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mediante la firma un Decreto de Necesidad y Urgencia (sic). El retorno a la concentración de los medios de comunicación en desmedro de la democratización de la palabra ya era un hecho y representaba un verdadero triunfo para la derecha.

Aquella postal heroica de Martín Sabbatella en la AFSCA, resistiendo un embate dirigido, ya no a un gobierno sino a la propia democracia, será recordado por muchos de nosotros durante las navidades venideras.

Mediante la firma de los D.N.U. Nº 13, 236 y 267 se modificó y derogó una parte sustancial del articulado de la L.S.C.A., hasta volverla prácticamente un cuerpo sin alma. De la misma manera quedaron truncos, en buena medida, sus órganos de aplicación. Ello significó un evidente retroceso hacia a la monopolización de medios, donde se han vuelto a vulnerar los derechos de las audiencias. Es evidente que la comunicación ya no es entendida por quienes nos gobiernan como un Derecho Humano.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar sobre la constitucionalidad de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2013, ya había reconocido que la información es un bien que se difunde a través de los medios de comunicación. Y que de haber concentración, sólo algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando el debate público y la diversidad de opiniones.

Entonces, ¿qué se derogó y qué quedó del articulado de la ley 26.522?

El ataque a la pluralidad de voces

La creación del Ministerio de Comunicaciones, sumado a la remoción incausada de todo el directorio de la AFSCA y la AFTIC, prepararon el terreno sobre el cual el modelo neoliberal instauraría su plan de mercado.

En tal sentido, el decreto 267/2015 vino a desmantelar el sistema que regulaba la concentración de medios mediante la limitación de licencias en el orden tanto nacional como local.

Con la sustitución del tan debatido art. 45 se derribó el límite del 35% (del total de habitantes o abonados, según el caso) que se imponía quienes pretendiesen prestar servicios a nivel nacional mediante la multiplicidad de licencias.

Asimismo, la nueva norma promueve la flexibilización en el sistema de transferencia de licencias, incluso por encima de los parámetros que solía establecer aquel decreto-ley de la dictadura que regía la materia.
La derogación del artículo 44 de la ley 26.522 -que impedía la facultad de delegar la prestación de servicios de comunicación audiovisual a terceros- implicó otro puñetazo al objetivo de democratización de la palabra.

Con esta serie de decretos se ha excluido de la L.S.C.A. al servicio de televisión por cable, por lo que todas estas licencias dejaron de tener un plazo de vencimiento. Pero como si fuera poco, para el resto de las licencias, se establece un sistema en el que se prevén prórrogas automáticas por tiempo ilimitado.

Por último, en cuanto a su ámbito de aplicación, como ya he mencionado, debemos sumar a esta cacería la disolución de los organismos federales que la ley había creado para su implementación.

Resulta evidente que a la luz de esta reforma por decreto –que más tarde fuera convalidad por el Congreso de la Nación- la comunicación volvió a significar una verdadera mercancía y un negocio para pocos. Lejos de la concepción de ‘derecho humano’, sobre la cual circulaba.
Qué sigue vigente, de cara al futuro.

Hay que seguir exigiendo la aplicación del articulado de la ley que no fue modificado en detrimento de los intereses de la ciudadanía y defendiendo el espíritu por el cual la ley fue creada. El Consejo Federal de Comunicaciones –nuevo órgano de aplicación- velará por los intereses de los grandes monopolios, queda más que claro. Y ya nos vamos preparando para una anunciada minimización del rol de la Defensoría del Público.

Ahora bien, el artículo 65 de la Ley de medios continúa promoviendo la producción nacional, tanto en radiodifusión sonora como en televisiva, estableciendo porcentajes mínimos que deben seguir siendo respetados. El siguiente (artículo 66), prevé un sistema de accesibilidad mediante lenguaje de señas para personas que discapacidades auditivas. También se especifica una cuota de pantalla mínima de cine y audiovisuales nacionales (artículo 67) y una adecuación de contenidos con protección de la niñez (artículo 68) en concordancia con los tratados internacionales.

También en vigencia, en el artículo 70 se promueve evitar contenidos que inciten a tratos discriminatorios basados en raza, color, sexo, orientación sexual, religión, orientación política, etc.

Es decir, más allá de pelear por una legislación que retome el espíritu de la ley, todavía subsisten algunos de los derechos conquistados respecto de los cuales cabe seguir exigiendo su cumplimiento.

Por su parte, la Coalición por una Comunicación Democrática presentó 21 nuevos puntos para promover el derecho humano a una radiodifusión democrática, exigiendo que la L.S.C.A. sea considerada piso y no techo de la legislación vigente.

En definitiva, tras el avance de la derecha, lo sustancial de la ley ya no está, quedó vacía. Entonces, nos queda la lucha y la militancia por una comunicación que sea considerada un derecho humano y no una mercancía. No nos podemos permitir renunciar a una ley debatida como nunca en nuestra historia reciente y convalidada por la Corte Suprema por amplia mayoría, escrita con la pluma del pueblo argentino, y sancionada durante la mejor de nuestras democracias.

Publicado en La Mancha

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