Los bastones largos de Macri

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En el último mes se registraron más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los policías entran a las escuelas, hacen inteligencia ilegal, filman y reprimen a los estudiantes. Padres de alumnos denuncian que se trata de una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo. 

Una patota de la Bonaerense entró por la fuerza en una escuela de Banfield: patearon puertas, golpearon a un joven, lo tiraron al piso y lo esposaron. Intentaron cargarlo en un patrullero, en el que ya estaba uno de sus amigos, pero los alumnos y docentes lo impidieron. En Berisso, policías de civil golpearon y ahorcaron a estudiantes secundarios que protestaban frente a la intendencia. Un docente de San Martín terminó preso por defender a los alumnos en una razzia. Con la excusa de “ir al baño”, siete efectivos se metieron en una secundaria del barrio porteño de Monte Castro y sacaron fotos en una olla popular en favor de los docentes. En Villa Urquiza, un grupo de policías revisó a un chico a una cuadra del colegio y le sacó fotos. En el Mariano Acosta, agentes de civil filmaron a los estudiantes en una clase pública en el hall del colegio. En el centro porteño, dos agentes sin identificación pararon a un grupo de alumnos del Pellegrini a los que revisaron y les pidieron documentos.

Si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso— le dijeron a un joven que llevaba un pin del Partido Comunista.

La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. “Es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo. Un modo de adoctrinamiento de la juventud”, explicó a Nuestras Voces Ana, integrante de la Red.

Inteligencia ilegal

El 11 de abril, dos días después de la represión a los docentes en la carpa itinerante, unos 300 jóvenes de diferentes colegios de Capital Federal y el conurbano cortaron las calles en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en Caballito, en repudio a la violencia policial y en apoyo al reclamo salarial docente. Se sumaron un grupo de padres y policías de uniforme y de civil que filmaban y sacaban fotos a los adolescentes. “Nos acercamos para ver por qué estaban grabando y nos dijeron que cumplían órdenes de la fiscalía”, contó a Nuestras Voces Vanina, madre de una chica del colegio Esnaola.

Días después, un grupo de padres y madres, entre los que estaba Vanina, fueron recibidos por la titular de la Fiscalía 35 de la Ciudad, Celsa Victoria Ramírez. “Nos mostró unos papeles, donde estaba la orden que ella había firmado y el informe policial. También había una o dos fotos del día del corte. Lo llamativo es que en la foto había caras redondeadas con fibrón. Están haciendo inteligencia”, denunció Vanina. La fiscal no pudo explicar por qué en las fotos del expediente había algunos adolescentes señalados. Tampoco dijo si el señalamiento lo había hecho la Justicia o los policías que participaron del operativo. “El objetivo es que los jóvenes tengan miedo, que no se metan, que no hagan política; que no sean libres”, sostuvo Vanina.

Vanina: “Nos mostró unos papeles, donde estaba la orden que ella había firmado y el informe policial. También había una o dos fotos del día del corte. Lo llamativo es que en la foto había caras redondeadas con fibrón. Están haciendo inteligencia”.

El trabajo de inteligencia ilegal contra menores es una constante. Según consta en la Orden 1462/2017 de la Policía de la Ciudad, que publicó el portal El Destape, los investigadores policiales tenían “conocimiento” de que “integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Nº 2 (distrito escolar 6) ‘Mariano Acosta’ concentrarían el 20 de abril al mediodía frente a la escuela ‘en defensa de la educación pública’”.

La información era errada: los alumnos sólo realizaron una clase abierta en el hall del colegio. De todos modos, la Policía planificó el operativo: 5 efectivos uniformados de infantería “para ser distribuidos convenientemente en el área del dispositivo de seguridad general y atención a las eventualidades del tránsito” y dos motociclistas “a fin de atender eventuales necesidades del tránsito”. La comisaría 8 aportaría los móviles para “recorrer asiduamente el lugar e inmediaciones”. El Área División Exteriores de Video se encargaría de registrar todas las actividades. La orden lleva las firmas del jefe de División Planificación de Servicios, Marcelo Nogerol, y el director de Operaciones y Servicios Preventivos, Alfredo Zaracho.

Mientras los chicos desarrollaban la actividad en el hall del colegio, cuatro efectivos ingresaron armados. Por las tareas de inteligencia ilegal y el ingreso a la escuela se abrió un expediente en la Fiscalía de Instrucción 43 de la Ciudad, a cargo de Carlos Valverde. El 3 de mayo, el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno presentó una ampliación de la denuncia en la que sostuvo que la Policía “desarrolló conductas directas y deliberadas para provocar temor público a estudiantes y docentes de la escuela”.

Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, cree que la filtración del documento y la presencia visible de efectivos en las actividades de los alumnos no son inocentes. “Son imprudentes a propósito. Es una forma de amedrentamiento e intimidación. Quieren que se sepa que hacen inteligencia para que tengamos temor, para que no cortemos la calle o pasemos al lado de un policía y tengamos miedo”, contó Prieto a Nuestras Voces.

El “grupo de tareas” de la Bonaerense

“La violencia policial en las escuelas es una política que se está implementando tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior. En Banfield la policía actuó como un grupo de tareas”, contó Luis Moreno, padre de una adolescente de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de esa localidad.

El 17 de mayo cuatro alumnos del ENAM de entre 16 y 17 años que habían faltado al colegio estaban en una plaza céntrica de Banfield tomando fernet. “La policía pasó, los vio y ellos se alejaron. Después, en la ronda siguiente, los quisieron parar y corrieron”, explicó Luis. Tres adolescentes lograron escapar y se metieron en la escuela. Uno de ellos se tomó un colectivo y fue hasta la casa de su tío. Lo detuvieron antes de llegar: lo encapucharon y lo metieron en el patrullero. “Ahí lo amenazaron, le dijeron que si no contaba donde estaban sus amigos lo iban a meter en el calabozo donde lo iban a violar los otros presos”, agregó Luis.

Unos minutos después, entre ocho y diez policías llegaron hasta el ENAM. Eran cerca de las 12, hora del recambio del turno mañana y el turno tarde. Al menos cinco efectivos armados, sin identificación ni orden judicial entraron al colegio, mientras los adolescentes y los docentes trataban de frenarlos. A uno de los jóvenes que había estado en la plaza lo tiraron al piso, le pusieron la rodilla en la espalda, le doblaron el brazo y lo esposaron. Un centenar de alumnos impidió que lo cargaran al patrullero y lograron bajar al chico al que la Policía había detenido en la calle. Los dos adolescentes fueron denunciados por resistencia a la autoridad. Cinco efectivos fueron suspendidos en sus funciones mientras la justicia investiga la responsabilidad penal.

Las presiones no cesaron después de aquel operativo. Padres y alumnos denunciaron que la policía les saca fotos en la puerta del colegio y los persiguen a la salida. «Son tres ya los casos de compañeras a las que las sigue un patrullero cuando salen del colegio; las intimidan unas cuadras y se van. A la policía que debería estar para cuidarnos, los chicos no le tenemos confianza, les tenemos miedo», denunció la presidenta del Centro de Estudiantes del ENAM, Sofía Montenegro, en una sesión del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora en la que se debatió un proyecto para exigir a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que den respuestas sobre el accionar policial.

Sin marco legal

La ley de 24.521 de Educación Superior, sancionada en 1995, prohíbe el ingreso sin orden judicial de las fuerzas de seguridad en las universidades nacionales. Sin embargo, no existe ninguna normativa que regule el accionar policial en instituciones educativas primarias y secundarias.

Para cubrir este vacío legal en la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños del bloque del Frente para la Victoria, Paula Penacca y José Cruz Campagnoli, presentaron un proyecto de ley que establece que las fuerzas de seguridad solo pueden ingresar en un colegio si existe una “orden judicial fundada”, un pedido expreso de las autoridades escolares o “cuando implique un grave riesgo para la vida o integridad física” de estudiantes, docentes y personal no docente. En ningún caso “personal de las fuerzas de seguridad puede portar armas y municiones de poder letal dentro de los establecimiento” ni indagar sobre “actividades escolares, de los centros de estudiantes o relacionadas con medidas de fuerza o toda otra actividad que se lleve adelante en la institución educativa”.

No obstante la prohibición de ingreso de las policías sin orden de un juez en las universidades nacionales, el 13 de abril pasado Ignacio García y Joaquín Quispe fueron detenidos violentamente y sin explicación, mientras se encontraban haciendo un asado en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.  El hecho terminó con la renuncia del jefe y subjefe de la policía provincial. Unas horas después de quedar libre, Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, escribió una carta pública donde denunció lo sucedido y aclaró que «aunque esa noche quisieron quitar mis convicciones y doblegar mi pensamiento con violencia, lo único que lograron fue reafirmarlo».

Escalada de violencia

Cada semana, el listado de denuncias que recopila la La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas se agranda. Si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. Como sostienen desde la Red, esta escalada de violencia registrada en los últimos meses forma parte de una política de Estado que busca amedrentar tanto a estudiantes como a docentes.

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