Los calabozos ilegales de Vidal

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La comisaría que se incendió en Esteban Echeverría ya suma 9 internos muertos. Integra el listado de 252 comisarías con prohibición de alojar detenidos por graves falencias edilicias en el distrito de María Eugenia Vidal. No obstante, según la Comisión Provincial por la Memoria, 109 dependencias de la Bonaerense incumplen dicha veda. Con un nuevo fallecido la tragedia muestra otro drama que el Gobierno de Vidal no quiere o no puede resolver. Mientras, los jueces firman pedidos de detención sin aclarar lugar de alojamiento para desligarse de eventuales tragedias.

Muy pragmático y rebosante de sentido común. Así lució el 10 de septiembre por televisión el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, al soltar: “Prefiero delincuentes amontonados y no libres”. Se refería al hacinamiento de presos en las comisarías bajo su órbita.

Nueve semanas más tarde –exactamente, al clarear el 15 de noviembre– se incendió en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría un pequeño calabozo que alojaba a 27 detenidos, y con el agravante de que aquel sitio poseía una orden judicial de inhabilitación. Hubo nueve muertos, incluyendo un detenido que había quedado en grave estado y falleció este martes. Un record en la materia.

Consultado por Nuestras voces sobre su ya famosa frase, Ritondo dijo: “La sigo sosteniendo. Una cosa es que estén amontonados y otra, obviamente, la desgracia que ocurrió”. Y sobre el incumplimiento de la clausura del sector siniestrado, adujo: “Esa es una contradicción de los jueces y fiscales. Porque depositan a los presos en comisarías inhabilitadas por ellos mismos”.

La 3ª de Esteban Echeverría, emplazada en Camino de Cintura al 6000, estaba en aquella situación desde el 3 de marzo por orden del doctor Javier Maffucci Moore, a cargo del Juzgado de Garantías Nº2 de Lomas de Zamora. De modo que integra el listado de 252 comisarías con prohibición (por graves falencias edilicias)  de alojar detenidos, sobre un total de 457 seccionales en el feudo de María Eugenia Vidal. No obstante –según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –, hay en la actualidad 109 dependencias de la Bonaerense que incumplen dicha veda. Una travesura burocrática que, en el plano técnico, convierte a sus forzados huéspedes en detenidos ilegales.

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Por ejemplo, tal era la situación de Miguel Ángel Sánchez, de 31 años. Apenas diez días antes había sido arrojado al calabozo fatal de esa comisaría. Lo cierto es que su vía crucis con el Código Penal se había originado por una circunstancia no menos antojadiza: ser sorprendido en una requisa callejera con un porro. Eso le valió una causa por “tenencia simple de estupefacientes” rematada con la prisión preventiva. ¡Por un porro! Aquel jueves fue llevado, ya agonizante, al Hospital Santamarina. Allí murió unas horas después.

Cabe destacar que el instructor de su procesamiento fue nada menos que el juez Maffucci Moore, que había ordenado la clausura de la comisaría para detenciones. Ahora bien, ¿acaso eso le da la razón a Ritondo, o en realidad los dos son engranajes de un sistema –a todas luces– criminal?

Averiguación de muerte

En el aspecto protocolar, a sabiendas de que el Ejecutivo provincial es remiso a cumplir las resoluciones de clausura en las comisarías, los magistrados –para desligarse de posibles tragedias– ahora suelen firmar prisiones preventivas sin decidir el lugar de arresto, quedando así aquella cuestión bajo el arbitrio de las autoridades ministeriales. Esa práctica, desde luego, deslegitima el argumento de Ritondo sobre la presunta “contradicción de jueces y fiscales”.

Por eso, tanto la Red de Jueces Penales como el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, ambos de la Provincia de Buenos Aires, no dudaron en arremeter con dureza contra el ministro.

Torturar para enseñar a torturar

Con la firma de su presidenta, Adriana Nanni, La Red señala que “este tipo de tragedias no son nuevas, ni van a dejar de repetirse, a menos que los poderes públicos logren revertir las actuales políticas de encarcelamiento en comisarías”. Mientras tanto, el Colegio de Magistrados afirma que “la vocación de eludir la responsabilidad de incumplir una orden judicial destinada a evitar situaciones trágicas como las vividas en la comisaría de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados de un ‘garantismo’ que crearía una ‘puerta giratoria’ por la cual los delincuentes quedan en libertad”.

Esos pronunciamientos también evocaron el incendio de la comisaría de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, que supo cobrarse la vida de siete presos. Esa vez, la versión policial atribuyó lo ocurrido a una riña entre presos que derivó en un motín. Después se determinó que los policías tardaron 40 minutos en llamar a los bomberos. Y que éstos encontraron puertas cerradas, sin poder acceder a la celda de las víctimas. Los acusados –seis suboficiales y el comisario Alberto Donza– no aguardan ahora el juicio oral en comisarías o penales, sino en la comodidad de sus hogares.

Resulta escalofriante que lo de la 3ª haya tenido un patrón exactamente idéntico: la versión policial atribuyó lo ocurrido a un “intento de fuga” que incluía un motín. Ya se sabe que todo había empezado con una protesta por el hacinamiento. Y que los uniformados cortaron el suministro de agua para así  impedir que los presos extinguieran el fuego. Y que se burlaban de ellos. “Van a morir como ratas que son”, repetían una y otra vez.

Por ahora, algún fiscal de turno caratuló la matanza como “averiguación de causales de muerte”. Y sin detenidos a la vista.

Mientras tanto se conoció la causa que mantuvo tras las rejas al octavo fallecido, Walter Gabriel Barrio, de 21 años; a saber: “encubrimiento simple” (de un hurto). Un pequeño detalle para que los insignes cófrades del Colegio de Magistrados puedan quedarse tranquilos: la acusación de “garantistas” ni por asomo les cabe. Y pese a la ajenidad de jueces y fiscales en la elección del lugar de cautiverio de sus procesados, son ellos –debidamente amaestrados en un submundo que les exige mano dura, acusar por las dudas y condenas sin pruebas– quienes alimentan con carne fresca el afán punitivo del Estado. Los resultados están a la vista.

Factoría de culpables

La prohibición de alojar presos en las comisarías se remonta a 2005, cuando la Corte Suprema de la Nación declaró que tal recurso era inconstitucional (fallo “Verbitsky”). A esto se suman las ya mencionadas inhabilitaciones y clausuras resueltas por jueces de primera instancia.

Sin embargo, la tendencia del Ejecutivo liderado por Vidal por incumplir aquellos fallos y resoluciones –siempre encubierta por la ceguera judicial– está en alza. Tanto es así que hasta fines de 2017 había 3192 alojados en sedes policiales. Casi 12 meses después –según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – se contabilizan 4052 personas en dicha situación. De modo que la faceta hotelera de las sedes policiales se extiende como una mancha venenosa, cuando apenas hay 1020 camastros para tal fin. Y el excedente poblacional apiñado en sus celdas –donde todos se turnan para dormir sobre frazadas y cartones– es casi del 300 por ciento.

Ni Roma ni justicia

Ante tal escenario, Ritondo suele esgrimir una jactancia: “Tenemos un récord de detenidos”. Y lo asiste la verdad. El número de presos bonaerenses es ahora de casi 43 mil. “Estamos arreglando comisarías, se están terminando alcaidías y pabellones nuevos”, guapea el ministro, antes de acotar con notable pesadumbre: “Un preso nos cuesta más de 30 mil pesos por mes”.

En realidad ha aumentado de modo dramático la tasa encarcelamiento; específicamente, un 40 por ciento entre 2012 y 2018 con un incremento total (en comisarías, alcaidías y penales bonaerenses) de casi 13 mil presos. Pero el gran salto se produjo durante los últimos tres años con el arribo de nueve mil personas bajo proceso penal. Eso significa que en 2015 había 210 presos por cada 100 mil habitantes y ahora, no menos que 250. Lo que se dice, inflación penitenciaria. Y un semillero de tragedias.

No es un secreto que la Santa Alianza entre el uniforme y la toga sea el factor decisivo en la fabricación de culpables a escala industrial. Y parecería que su premisa de cabecera es encerrar cada vez a más personas en los peores lugares posibles. Una normativa no escrita de la cual el fatídico calabozo de Esteban Echeverría no es sino un elocuente showroom.

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Ricardo Ragendorfer

Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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