Los detenidos ilegales de Horacio Rodríguez Larreta

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Un sistema de reconocimiento facial comprado a una empresa privada sin transparencia está llevando a detenciones arbitrarias de pasajeros en los subtes porteños por «confusiones» del software y errores en la base de datos. La voz en primera persona de los detenidos ilegales de Horacio Rodríguez Larreta, que deben andar con un certificado encima que dice que no son quien el software de reconocimiento facial dice que son. También detienen a testigos nunca notificados de causas prescritas como si fueran delincuentes, ya que el software no hace diferencias a la hora de marcar caras para convertirlos en perseguidos. Según datos oficiales «se identificaron a 329 personas que se pusieron a disposición de la justicia», pero solo 65 fueron detenidas, con los otros 264 ciudadanos no se explica qué pasó: 20% de detenciones versus 80% de datos ocultos son las estadísticas del nuevo sistema larretiano.

Daniel Greco Frey dice que no va a tomar el subte nunca más. Un mes atrás subió a la línea C en Retiro. Se sentó en un vagón y, mientras esperaba que el tren arrancara para ir a hacer un trámite a un banco, cuatro policías uniformados se acercaron hacia el lugar en el que estaba. Escuchaba a una voz que emitía el handy que describía cómo estaba vestido. Los policías a su alrededor ratificaban que era él la persona a la que buscaban. Los otros pasajeros lo empezaron a mirar con desconfianza.

“Pensaba que estaba en una película de terror, que eso no me podía estar pasando a mí. Me pidieron el documento, se los di y me dijeron que tenía que acompañarlos. Les pregunté por qué, les pedía una explicación. Repetían que tenía que ir con ellos y que después me iban a decir. Parecía José López, caminando rodeado de policías”, relató a Nuestras Voces. Lo tuvieron cuatro horas sentado en un banco de la estación, rodeado de agentes de la policía federal y de la ciudad, exponiéndolo a una vergüenza que nunca antes había sentido. “Si cometo un delito, bueno, agacho la cabeza y me la tengo que aguantar, pero no puede ser que por tomar un subte para hacer un trámite me detengan delante de todos por no hacer nada”, se lamentó al recordar la experiencia. A los 43 años tiene que llevar, para circular en la ciudad en la que nació y se crió sin cometer delitos, un certificado en el que dice que no es un delincuente.

Daniel es una de las al menos ocho personas que fueron detenidas por error a través del uso del sistema de identificación facial que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, puso en funcionamiento el 25 de abril. Pueden parecer pocas a primera vista, aunque las cifras también pueden ser más porque no hay datos públicos de los «errores», solo algunas denuncias puntuales que trascienden.

Para quien es privado de su libertad se trata de algo más que un número. Algunas de las personas detenidas por error sufrieron situaciones violentas, en las que fueron esposadas, mientras la gente alrededor las acusaba de delincuentes y agredía. Algunas fueron trasladadas a una comisaría, donde tuvieron que pasar la noche incomunicadas. La implementación de esta tecnología que no se discutió en la Legislatura porteña. La práctica pone en juego no sólo la libertad, sino también las garantías a la privacidad y a la intimidad. ¿Qué se hace con los datos de las personas, qué base de datos se utiliza, por qué se contrató a determinada empresa y no a otra, quién audita el sistema, por qué no se estableció un protocolo de auditoría y de prueba previo a su puesta en funcionamiento? Éstas son algunas de las preguntas que aún hoy no tienen respuesta.

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Uno de los problemas centrales de la implementación de la identificación facial tiene que ver con la base de datos que utiliza el sistema. Luis Duacastella, Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó que se utiliza la información que provee el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC) que al 16 de mayo de este año contenía una lista de 46.479 personas. Entre ellas no sólo hay personas buscadas por delitos graves, como la violación, extorsión y homicidio, sino también otros como robos simples. En el 29,5% del total de expedientes no hay información sobre el tipo de delito por el que se busca a la persona. Esa base de datos que actualmente es de acceso público, y en la que consta el nombre de la persona buscada y el de sus padres, se cruza con las fotos que tiene el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Al presentar el sistema, Rodríguez Larreta sostuvo que “es un paso más que estamos dando de incorporar tecnología para cuidar a la gente” y que “nuestro único objetivo en esto es que los vecinos del a Ciudad estén más seguros y no estén en la calle caminando alrededor de delincuentes”. Por su parte Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Mauricio Macri, dijo: “Ahora con estas cámaras inteligentes que buscan específicamente a estos prófugos creo que vamos a tener una capacidad de darle una enorme tranquilidad a la sociedad de que no está caminando al lado de un asesino, al lado de un pederasta o pedófilo, o cualquier tipo de delito, y eso es una manera real de cuidar al a gente”. Ninguno habló de los «falsos positivos» o de los errores en la carga de la base de datos sobre la que se basa el sistema.

Vanesa Novik, del Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI) explicó que dentro de esa base de la CONARC hay prófugos por delitos graves, pero también personas con rebeldía porque no se presentaron a declarar a una causa por alimentos, por ejemplo; otras que nunca fueron citadas o no les llegó la citación porque tenían mal el domicilio; hay otros que están en esa base por causas que ya están prescriptas”. O sea la burocracia del estado, sumado a sus herramientas persecutorias, puede llevar a detenciones arbitrarias presentadas como éxito teconológico.

Ese fue el caso de una mujer arrestada en Constitución. Su empleadora twitteo el minuto al minuto del caso mientras recibía asistencia de distintos abogados y del Cels. “Hace dos horas me llamaron para avisarme que mi empleada doméstica estaba siendo detenida en el subte en Constitución. Logra mandar algunos mensajes por celular, no le explican mucho”. Ana Rapo salió corriendo a la cabecera del Subte C, donde la encontró con la policía. Le informaron que se trataba de una causa por estafa de 2006, pero que no tenían el expediente y que saltaba por el sistema nuevo de imágenes. Le dijeron que se acercara al juzgado. Pero mientras tanto, a la empleada la tenían esposada en la estación. Pedía que le mostraran una orden de arresto. Solo le dijeron que no sacara fotos y la corrieron 3 metros. “Llaman a testigos para leer el acta. Advierto que están firmando un acta en blanco porque al momento no habían establecido a dónde la llevarían”, relató en la red social. “Los testigos firman igual. Más calentura. Mi empleada totalmente desconcertada. Más papeleo”. La llevaron a la Alcaldía 1, pero la dejaron incomunicada. Tras cuatro horas de esperar en la comisaría le dijeron que pasaría allí la noche. Finalmente resultó que la mujer detenida por una causa que estaba prescripta hacía siete años, no era siquiera imputada, sino testigo.

El caso de Daniel fue diferente. Si bien al día de hoy no termina de tener claro por qué lo detuvieron, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad intentan acceder al expediente. Por lo que sabe, se trataría de un error en la carga del documento en el propio juzgado. El caso sería idéntico al de Cecilia, una joven que trabaja en un estudio de abogados y que fue detenida en el subte hace poco más de una semana. Las personas buscadas no eran ni Daniel ni Cecilia, pero en la base de datos del CONARC figuran sus números de documento asociados al de alguien con otro nombre.

El sistema de reconocimiento facial utiliza la foto del RENAPER del número de DNI que figura en el expediente y por eso los detienen. A la hora de contrastar el documento con los otros datos, se reconoce que las personas buscadas tienen un nombre diferente al del DNI. Cecilia sólo perdió 30 minutos de su tiempo y fue llevada amablemente a una oficina mientras corroboraban los datos con el juzgado. Además ella recibió un certificado para poder circular en el mismo momento. Daniel, además de las cuatro horas detenido y expuesto en la estación tuvo que ir al día siguiente al juzgado, donde perdió otras dos horas de su tiempo.

Además de estos casos están los que se conocen como “falsos positivos”. Carolina Arias, a cargo de la subcoordinación operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, explicó: “El sistema encuentra caras coincidentes. Toma de CONARC todos los pedidos de prófugos. La cruza con las fotos de Renaper a través del numero de documento. Paso uno de la calle que coincide con el de la foto en más del 80% entonces van y lo detienen. Cuando llegan se dan cuenta que es una persona con un DNI distinto”. Vanesa Novik analizó: “no todas las fotos de RENAPER tienen la calidad y la tecnología necesarias para que estos sistemas funcionen correctamente, por eso saltan errores”. Quienes no renuevan sus documentos desde hace más de diez años no tienen las fotos actualizadas con los nuevas tecnologías. “Son cosas que hay que implementarlas con un poco mas de tiempo y de cuidado, con una buena etapa de prueba, para ver cómo funciona. Pero ahora son tiempos electorales, hay que mostrar algo efectista en relación con la seguridad y te lo tiran por la cabeza”.

Pocos días atrás, el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, en base a una denuncia que realizó el propio Duacastella ante el organismo  y entrevistas que tuvo con otros funcionarios advirtió: “soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud”. Pero también señaló que «el hecho de que el reconocimiento facial se esté implementando sin el estudio del impacto en la privacidad necesario, así como la consulta deseable y las fuertes salvaguardias, también es motivo de preocupación. El Gobierno ha aprobado una reglamentación de bajo nivel en materia de biometría, pero no una legislación detallada sobre el uso del reconocimiento facial”. “Los funcionarios y funcionarias a los que entrevisté dijeron que estaban seguros de que el derecho a la privacidad no estaba siendo violado por los sistemas existentes y que cumplían los requisitos legales, pero que no podían explicar su necesidad y proporcionalidad. En estos y otros casos similares es esencial que las evaluaciones preliminares de impacto se lleven a cabo inmediatamente y sin demora y que sus recomendaciones sobre salvaguardias y recursos se cumplan de inmediato”, agregó.

Publicidad en el subte, otro kiosko de Larreta

En el mismo sentido Duacastella reclamó que al menos “merecía la discusión en la Legislatura. No la decisión de un ministro interventor por resolución. Esto también lo dice el relator, que carece de una legitimidad porque hubiera sido necesario discutir sobre la afectación del derecho a la libertad y a la intimidad”.

La legisladora porteña Victoria Montenegro, en diálogo con este medio expresó: “la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es si realmente nosotros queremos transitar en una ciudad en la que todo el tiempo el Estado, y no sólo el Estado porque estamos preguntando también qué pasa después con los datos, está monitoreándonos. Que queremos seguridad no se discute, por eso acompañamos la ley de Seguridad de Buenos Aires. Pero, ¿dónde termina tu libertad? ¿Queremos estar todo el tiempo vigilados? ¿Somos todos sospechosos hasta que se demuestra lo contrario? Nos hubiera gustado discutir esto en la legislatura. Y también ver quiénes son las empresas beneficiadas con este sistema, dónde va a parar la base de datos de todos nosotros. No lo sabemos. Hace unos días hubo una denuncia de un periodista por un mensaje que el Jefe de Gobierno le hizo llegar a su hija adolescente al mail de la institución educativa a la que asiste. ¿Vale todo para hacer llegar un mensaje? Y lo que uno piensa es que las empresas de mil maneras buscan hacerse de los datos de las personas y esto lo hace el propio Estado. El propio Estado, ¿que se hace de tus datos?, ¿a quién se los da después? No solo estamos molestos porque no se dio esa instancia de discusión sino porque además hubieron falsos positivos y además hay incertidumbre y nadie responde las preguntas que tenemos. No nos respondieron ninguno de los pedidos de informes”.

Por el momento se supone que el sistema solo cruza los datos con los registros de la CONARC. Pero, ¿qué garantía pueden tener los ciudadanos que no se recopilan los datos para otros fines? ¿Cómo estar seguros que al ir a una manifestación no están identificando a las personas que asisten a la misma? Si al comenzar a aplicarse la tecnología hubiera estado en funcionamiento una auditoría por parte de un organismo autónomo, podría tenerse alguna garantía, pero lo cierto es que eso por el momento no sucede.

En una entrevista a ANNCOM, la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, señaló que “el sistema avanza directamente sobre la privacidad y la presunción de inocencia de las personas. Todos estamos siendo monitoreados permanentemente en búsqueda de criminales, pero somos inocentes. Si nos pidieran permanentemente el DNI en la calle lo veríamos con malos ojos, como un estado autoritario. También, entra en riesgo el derecho de reunión y de libre circulación. Todas las acciones del espacio público podrían verse de alguna forma desincentivadas, como la movilización en una protesta callejera”. María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría, en ese mismo artículo también señaló que “en la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Comisionados de Privacidad se alertó que el tratamiento de datos biométricos mediante sistemas de inteligencia artificial tiene que ser permanentemente auditado y se debe informar a todos los sujetos involucrados cómo se realiza. Hay en juego libertades individuales, no puede ser que uno no sepa cómo se manejan esos datos. El derecho a la información es uno de los primeros problemas que tenemos acá”.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad fue invitada por resolución a auditar el sistema, pero esto se hizo con la tecnología ya en funcionamiento, de modo que recién ahora el organismo está trabajando en los protocolos de actuación. “Todos estos sistemas requieren previamente una evaluación de impacto, de daños posibles”, explicó Arias. Por el momento, la Defensoría está interviniendo en tres casos de detenciones por error. Uno es el de Daniel, otro el de Cecilia y tienen un tercer caso de un falso positivo.

“Cuando a la persona la paran le tienen que informar los motivos por los cuales la detienen. Si es un falso positivo le tienen que dar una constancia para que después decida si inicia un tipo de acción contra el Estado. En este momento todavía es muy prematuro decir qué acciones se pueden impulsar. Cada situación tendrá que ser evaluada con un profesional para determinar si corresponde algún tipo de acción o no. La persona es primero interceptada, está caminando, en una estación, en el tren o en la calle y de repente le caen encima policías y no sabe cuál es la alerta que le saltó a las fuerzas de seguridad. Además si los policías tienen información que alguien es peligroso, la interceptación no va a ser de la misma forma que si van a detener a una persona que no lo es”, señaló.

Desde la puesta en funcionamiento del sistema hasta el 30 de mayo, se identificaron a 329 personas que se pusieron a disposición de la justicia, según datos del Ministerio de Seguridad de CABA. 65 de ellas fueron detenidas. 21 por robos y hurtos, 9 por lesiones, 6 por estafa, 4 por drogas, 3 por homicidio, 2 por portación de armas, 1 por obstrucción de padre/madre no conviviente, 1 por falsificación,1 por incumplimiento de asistencia familias, 1 por falso testimonio, 1 por encubrimiento, 12 no identificados en los pedidos. De las otras 264 personas no se conocen los motivos. Además tienen registrados solo 5 falsos positivos, aunque entre las denuncias de los trabajadores del Subte que contabilizan 4 casos, más las denuncias que están llevando adelante en la defensoría y otros que salieron en los medios hay más. Muchas veces, las personas detenidas por error no hacen la denuncia o no buscan asistencia.

El sistema que se implementa en 300 de las 7000 cámaras que tiene la Ciudad por un plazo de 17 meses tuvo un costo de 2.300.000 pesos. Según Novik una de las preguntas que hay que hacerse es “cuánto aumentó la seguridad en relación a los derechos que estamos cediendo por la implementación de este sistema. Y a eso hay que sumar lo que pagamos como contribuyentes. “La ecuación me suena a que es a perdida para los ciudadanos y las ciudadanas”, expresó.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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