Los dinosaurios reclaman derechos humanos

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Las organizaciones que apoyan a los genocidas condenados por secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos y robos de bebés tendrán una reunión privada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reclamarán prisión domiciliaria por vejez y enfermedad. El Estado argentino envía un representante. Actualmente, el 64 por ciento de quienes cometieron crímenes aberrantes y cumplen alguna modalidad de arresto no está en la cárcel.

Fotos: Facebook “Puentes para la legalidad”

Los abogados de represores consiguieron algo que hace mucho estaban buscando: ser escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según difundieron en comunicados, llevarán la situación de la situación de los genocidas presos mayores de 65. Desde la CIDH explicaron a Nuestras Voces que será solo una reunión de trabajo privada para escucharlos y que no tendrá ningún efecto.

Según trascendió, de la reunión con la CIDH participarán Justicia y Concordia –la agrupación que reúne a abogados de represores– y Puentes para la Legalidad, un grupo mayoritariamente compuesto por hijos y nietos de genocidas que denuncian los juicios por delitos de lesa humanidad. También estará presente un representante del Estado nacional durante el encuentro que este miércoles se realizará en la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

La reunión se ceñirá a la situación de las personas mayores privadas de su libertad, que viene siendo un caballito de batalla por parte de las organizaciones de defensa de los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Durante la reunión que mantuvieron dos semanas atrás con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), estos grupos explicaron que estaban buscando el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria directamente desde los 65 años, cuando el Código Penal lo establece como una posibilidad para mayores de 70.

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“A sabiendas, pues, de que nuestra ponencia no podrá agotar el repertorio de los gravísimos ilícitos cometidos por el Estado argentino en perjuicio de las personas vilmente sometidas a los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, hemos entendido que aun así es conveniente no dejar pasar esta oportunidad para ser escuchados”, escribieron Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, y Carlos Bosch, su secretario, en un comunicado distribuido entre familiares y amigos de genocidas.

Sin mucha suerte

Desde la CIDH explicaron que habían decidido esta modalidad de reunión privada luego de haber rechazado una audiencia pública –como habían solicitado las organizaciones. “En lugar de otorgar una audiencia, la CIDH decidió otorgar una reunión privada con el fin de escuchar sus planteamientos. En todo caso es de aclarar que, las reuniones privadas convocadas por la CIDH no tienen efecto resolutivo, ni político y no implica prejuzgamiento sobre alguna posición”, dijeron.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también trataron de bajarle el tono al asunto e informaron que quien representará al Estado en esa reunión es Ramiro Badía, director de asuntos jurídicos internacionales de la repartición que comanda Claudio Avruj. Badía no tiene poder decisión: aunque quisiera llegar a algún tipo de compromiso con los denunciantes, no podría.

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Según Justicia y Concordia, hace diez años que piden audiencia con la CIDH, un organismo fundamental en la denuncia de los crímenes cometidos por sus defendidos durante el terrorismo de Estado.

El año pasado, cuando la CIDH sesionó en Buenos Aires, los grupos de defensa de los represores habían solicitado una audiencia, que les fue negada. Una de las actividades de la Comisión fue visitar el sitio de memoria ESMA, donde se vio a varios de sus integrantes visiblemente emocionados mientras recorrían el excentro clandestino por el que pasaron 5000 detenidos-desaparecidos y el que la CIDH había visitado en 1979 mientras investigaba los crímenes de la dictadura.

Los abogados de los acusados por delitos de lesa humanidad intentaron participar de un encuentro de la Unidad Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH que se realizó en octubre del año pasado en Montevideo, pero su presencia fue rechazada a pedido de referentes de organismos de derechos humanos de la región. A contramano de sus intereses, la CIDH emitió un comunicado el año pasado expresando su preocupación por el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, sosteniendo que, de generalizarse, Argentina estaría distanciándose de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos.

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Datos

En la reunión, los defensores de los represores no podrán abordar otro tema que no sea la situación de personas mayores privadas de su libertad. Entre los insumos que tendrá el representante del Estado argentino para responder están las estadísticas que difundió días atrás la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad que muestra un crecimiento exponencial de la prisión domiciliaria para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Hasta el 20 de septiembre, los registros indicaban que eran 641 los represores que estaban en sus casas en un universo de 1004 detenidos. Es decir, el 64 por ciento de quienes cometieron crímenes aberrantes y cumplen alguna modalidad de arresto no está en la cárcel. Un análisis de los datos producidos por la Procuraduría permite ver que, hasta diciembre de 2015, predominaba la prisión efectiva para la mayoría de los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. Esa ecuación se invirtió después de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, desde cuando también los grupos pro-impunidad fueron considerados interlocutores válidos por las autoridades del Ministerio de Justicia y las de la Secretaría de Derechos Humanos.

El Ministerio Público Fiscal basa su división en mayores y menores de 70 años.  Los represores de hasta 69 años son un 29 por ciento, mientras que los que superan los 70 representan el 70 por ciento, si se computa a los detenidos en penales y a los que están en sus casas.  La forma en la que se llevó adelante el proceso de justicia en la Argentina – con casi 20 años de vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como los indultos – explica por qué tanto los genocidas como sus víctimas ya son personas de edad avanzada.

Aun así, solo un 23 por ciento de los mayores de 70 se encuentran en establecimientos penitenciarios, según los datos de la Procuraduría, lo que muestra que el planteo que escuchará la CIDH será, al menos, desproporcionado.

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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