Los muertos de la Bonaerense

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“Mamá vení rápido que nos mata la policía”, escribió en un mensaje de texto Alan Córdoba minutos antes de morir en la Comisaría 1ª de Pergamino, junto a otros seis detenidos. La policía de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo sigue en la mira de la justicia. Pese a que la Corte Suprema dictó en 2005 la inconstitucionalidad del encierro en las comisarías, según denunció el CELS, la situación en la provincia empeoró en los últimos catorce meses con un 172,8 por ciento de sobreocupación. También aumentaron los c­­asos de violencia institucional.

El 2 de marzo pasado, los bomberos que apagaron el fuego en la Comisaría 1ª de Pergamino encontraron en el baño los cuerpos apilados de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Chilito Claros, Juan Carlos “Noni” Cabrera y Fernando Nahuel Latorre. Los siete detenidos murieron asfixiados por el humo mientras los bomberos lanzaban agua desde afuera de la celda porque los policías no tenían la llave del candado. Uno de los sobrevivientes contó que los guardias encerraron a los presos y “los dejaron morir”. El fiscal Néstor Mastorchio, a cargo del expediente, espera el informe completo de la reconstrucción que hizo la Policía Federal. Con esa última prueba, prevé citar a indagatoria a los seis policías que estaban de servicio ese día. Lo que resta definir es si los imputa por homicidio o por “abandono de persona seguido de muerte”.

La reconstrucción se llevó a cabo en tres etapas: primero se hizo un reconocimiento del lugar, después se evaluaron las posibilidades de circulación de los detenidos y finalmente se hicieron pruebas de incendio con colchones, se midió la temperatura, el monóxido de carbono producido y la capacidad de oxigenación. “Se comprobó que eran colchones de goma espuma, que están prohibidos. Deberían haber tenido colchones ignífugos”, explicó a Nuestras Voces una fuente con acceso al expediente.

Antes de pedir la reconstrucción, el fiscal había tomado declaración a los trece sobrevivientes y a los bomberos voluntarios. Los testigos coincidieron en un punto: los policías que estaban a cargo de los calabozos no tenían la llave para abrir la celda 1 y los bomberos tuvieron que apagar el fuego lanzando agua a través de los barrotes. Los policías sospechados son el comisario Alberto Sebastian Donza, el Sargento Brian Carrizo, el teniente Primero Sergio Rodas, el Oficial Sub Ayudante Alexis Eva, la ayudante de Guardia Carolina Guevara y otros dos efectivos cuyos nombres no trascendieron.

Antes de pedir la reconstrucción, el fiscal había tomado declaración a los trece sobrevivientes y a los bomberos voluntarios. Los testigos coincidieron en un punto: los policías que estaban a cargo de los calabozos no tenían la llave para abrir la celda 1 y los bomberos tuvieron que apagar el fuego lanzando agua a través de los barrotes.

“Nos mata la policía”

Los testigos contaron que el conflicto se inició cuando el jefe de guardia decidió trasladar a Juan Carlos “Noni” Cabrera –un recluso conflictivo que estaba aislado en la celda 6, inhabilitada– junto a los otros detenidos. En la matera (un pequeño patio central), Noni y otro detenido se agarraron a facazos. “Entonces vinieron (los guardias) y nos engomaron”, contó uno de los sobrevivientes. En la jerga carcelaria el engome significa el encierro en las celdas como castigo.

A los dos que se habían peleado a facazos los metieron juntos en la celda 1. La pelea no se repitió: todos los presos se unieron para reclamarle a los guardias que les volvieran a abrir las celdas y que les permitieran recibir la comida que sus familias les llevan cada noche. “No nos querían abrir, entonces los pibes empezaron a prender colchones y a golpear las puertas de la celda 1”, contó uno de los sobrevivientes.

Según relató el testigo, policías del Grupo de Apoyo Departamental entraron con cascos, escudos y palos y empezaron a reprimir. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, le escribió el colombiano Jhon Mario Chilito Claros a su esposa Ana. Ocho minutos después le envió otro mensaje: “Movéle está prendida la comisaría ya venite”. Alan Córdoba pidió ayuda a su madre: “Mamá vení rápido que nos mata la policía”. En la vereda de la seccional se agolparon los familiares. “Me apersoné en la comisaría y me garantizaron que estaba todo en orden. Todavía no habían llegado los bomberos”, explicó Néstor Líber Álvarez, abogado de Córdoba.

Según relató el testigo, policías del Grupo de Apoyo Departamental entraron con cascos, escudos y palos y empezaron a reprimir. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, le escribió el colombiano Jhon Mario Chilito Claros a su esposa Ana.

“Recibimos el llamado a las 18: 40”, contó a Nuestras Voces Hernán Ferreya, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pergamino. El primer autobomba partió con dos bomberos. Según declararon los agentes, los policías no encontraban la llave del candado de la celda 1 y debieron apagar el incendio desde afuera. Además, tenían otro obstáculo: había una malla metálica pegada a los barrotes que detenía el chorro de agua. Los reclusos de las celdas 2 y 3 denunciaron que el sargento Alexis Eva tenía la llave pero no quiso abrir: “¿Cómo entró a engomarnos y (después) no nos pudo abrir? Nos dejó morir”, contó uno de ellos.

Los policías en la mira

El fiscal llegó a la comisaría minutos después de las 19. “Tengo una idea clara y precisa de lo que ocurrió. Jamás me voy a olvidar lo que vi ahí. Es una causa indignante desde cualquier punto de vista humano”, explicó el fiscal, que denunció que recibió amenazas. La primera medida que tomó Mastorchio fue desafectar a la Policía Bonaerense y dar intervención a los bomberos de la Policía Federal, que determinaron que las víctimas estuvieron expuestas a temperaturas mayores a 500 grados. Las autopsias confirmaron que murieron por inhalar el humo y que no presentaban golpes.

La primera medida que tomó Mastorchio fue desafectar a la Policía Bonaerense y dar intervención a los bomberos de la Policía Federal, que determinaron que las víctimas estuvieron expuestas a temperaturas mayores a 500 grados. Las autopsias confirmaron que murieron por inhalar el humo y que no presentaban golpes.

Durante los primeros cinco días, Mastorchio tomó declaración a los sobrevivientes, a los bomberos y a los familiares de las víctimas y ordenó dos allanamientos en la comisaría, en los que se secuestraron ropas de las víctimas, colchones, libros de guardia y registros de inspecciones, entre otros materiales. Además, el funcionario judicial cuenta con el resultado de las autopsias y del peritaje realizado por la Policía Científica y Bomberos de la Federal. También incorporó al expediente los mensajes de texto y el listado de llamadas que hicieron las víctimas.

El jueves 23 de marzo, el fiscal recibió el informe preliminar de la reconstrucción que hizo el cuerpo de Escena del Crimen de la Policía Federal. En base a estas pruebas el fiscal pedirá en los próximos días que se indague a los seis policías que estaban de servicio.

La responsabilidad del Estado

En la comisaría de Pergamino había tres celdas habilitadas para un total de 18 personas. En los calabozos había 20 personas, la mayoría acusados por delitos menores. Uno de ellos había sido aprehendido ese día y fue liberado después del incendio.

“Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que el encierro en comisarías es inconstitucional porque ahí no se pueden garantizar condiciones dignas de detención.

Según denunció el CELS, el hacinamiento en las comisarías bonaerenses empeoró en los últimos catorce meses: en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. “Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8 por ciento de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado”, explicó el organismo en un comunicado.

Según denunció el CELS, el hacinamiento en las comisarías bonaerenses empeoró en los últimos catorce meses: en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a los familiares de tres víctimas, denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo pidió una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal y reclamó la clausura de todos los calabozos de las comisarías. “Ninguno está en condiciones de alojar personas”, plantearon. Además, reclamaron “la inmediata reorientación de la política criminal, de seguridad, penitenciaria y de niñez, pensadas desde una perspectiva integral y de derechos humanos”.

El ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, señalado como uno de los responsables políticos de la masacre, evitó hacer declaraciones. “El caso está en manos de la Justicia. Además se abrió una investigación paralela en Asuntos Internos para determinar las responsabilidades policiales”, indicaron a Nuestras Voces fuentes del Ministerio. También confirmaron que siete policías fueron separados del cargo y que entregaron el arma hasta tanto se resuelva la causa judicial.

Las muertes de la Bonaerense

Desde la Campaña Nacional contra la Violencia institucional denunciaron que desde el 10 de diciembre de 2015 aumentaron los casos de violencia institucional. El legislador del bloque Peronismo para la Victoria y titular de la campaña, Leonardo Grosso, sostuvo que hay “una agudización de la violencia institucional que tiene que ver con la autorización por parte de la ministra (Patricia) Bullrich y el respaldo de (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal a sus fuerzas de seguridad para que cuando pase esto no se aparte a la policía ni se inicien investigaciones de asuntos internos y no se respalde judicialmente con una investigación”.

El diputado hizo referencia al caso de Claudia Ovejero, de 41 años, que murió el martes pasado luego de recibir un disparo en la cabeza. La mujer tomaba mates en la vereda de su casa, en el barrio porteño de La Boca, cuando un patrullero entró al barrio a los tiros en una persecución que se había iniciado en Lanús. En la balacera también resultó herida otra mujer. Cuando los vecinos salieron a la calle a protestar, les cayó la Policía de la Ciudad y los reprimió con balas de goma.

“Vienen persiguiendo a alguien a los tiros y como es un barrio pobre eso no les importa y siguen disparando, y en el medio hay gente y tenemos que lamentar estas víctimas fatales”, sostuvo Grosso.

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