Los reventados

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La jueza Servini de Cubría procesó al ex agente de la SIDE Raúl Martins por explotación sexual con prisión preventiva. Martins eludirá la detención ya que vive en Cancún. En la ex SIDE, Martins fue hombre cercano a «Jaime» Stiuso, cuyas redes no paran de aparecer en todo lo turbio que combine delitos, dinero, política y operaciones. Los lazos llegan hasta los procesados en Dolores por Ramos Padilla: D’Alessio, Bogoliuk, Barreiro y Degastaldi. El uso político de las fuerzas de seguridad y agencias de espionaje. La sombra de Mike Pompeo, que esta semana visita nuestro país.

El jueves 11 de julio cuando caía la tarde, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex agente de la SIDE, Raúl Martins, a quien acusó de ser el presunto líder de una asociación ilícita de alcance internacional que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres para que ejercieran la prostitución en tres locales de citas y en un hotel alojamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

La causa se inició en 2010 y se unificó con otra conexa tras la denuncia del ex legislador porteño Gustavo Vera de la organización “La Alameda” en 2013, quien dio detalles de los locales donde actuaba la banda en los barrios de Palermo y Recoleta. Para la jueza Servini no se trata de cualquier grupo criminal. En su resolución de más de 50 páginas, la magistrada menciona la caracterización legal que le da la ONU a estos grupos dedicados a la trata de personas y a la explotación sexual. 

“(…) La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU – aprobada por Ley 25.632-, que en su artículo 2, inciso “a” señala que por “grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

La intención que las Naciones Unidas tuvieron al acuñar este concepto fue dar respuesta a las mutaciones que tomó la criminalidad al calor de la globalización y la generalización de los flujos internacionales -de personas, de bienes y de dinero en todas sus formas-, situación que de ninguna manera podía ser aprehendida eficientemente por el paradigma tradicional o clásico del derecho penal”, sostuvo la jueza Servini en su dictamen procesal.  

El hecho de que la jueza federal con más experiencia en el fuero porteño haya señalado directamente como presunto delincuente a un ex agente de la SIDE –radicado en Cancún- e íntimo amigo del temido espía profesional, Antonio Horacio “Jaime” Stiuso no es un episodio menor en esta coyuntura de tercerización del espionaje y contraespionaje, con el falso abogado y presunto agente de la DEA estadounidense, Marcelo Sebastián D’Alessio preso por la investigación que instruye el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores. En ese mismo expediente también están procesados y detenidos los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Hugo Rolando Barreiro, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, éstos dos últimos, además, comisarios retirados de la Bonaerense.  

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En su fallo, la jueza Servini ordenó embargar los bienes del ex espía Martins por diez  millones de pesos. ¿De qué lo acusa? A saber: “Raúl Martins- y miembros de su familia política-, un segundo nivel de mando compuesto por las personas que fueron identificadas como encargadas en varios locales a lo largo del tiempo -“encargados históricos”- y que además desarrollan tareas transversales a todos los locales y que hacen al funcionamiento de esta empresa criminal; que la finalidad de esta organización es la obtención de ganancias tal como se deduce del tipo de actividades que llevan a cabo -explotación de personas para comercio sexual- y de la información contable que surge de los litigios no penales por la distribución de los dividendos; que la realización de delitos graves es evidente puesto que los locales que se dedicaban -o dedican- a la explotación sexual de mujeres, siendo esto uno de los fenómenos delictivos más gravosos por la afectación de los derechos humanos más elementales de las víctimas y por el volumen de ganancias ilícitas que genera y que serían objeto de maniobras típicas de lavado de activos, que este conjunto de hechos solo podría llevarse a cabo a través de la impunidad que a Raúl Martins y los restantes miembros de la organización les garantizaba la protección de funcionarios estatales, situación palmaria por las relaciones que se probaron a lo largo del dictamen con miembros del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y de la ex municipalidad de Buenos Aires -hoy Gobierno de la Ciudad-. Cuadro que no se presenta como llamativo si tenemos en consideración que la máxima autoridad de esta organización integró los servicios de inteligencia del Estado; que la presencia de negocios en más de un país -que estarían vinculados no sólo por integrar el mismo negocio ilegal sino porque, de acuerdo a la información recogida en esta causa, constituyen lugares de acogimiento de víctimas de trata de personas- sumado a la existencia de activos financieros o cuentas bancarias en otros tantos países dan una dimensión trasnacional a esta organización criminal”. 

Como se leyó la jueza con más antigüedad en el fuero federal está diciendo concretamente que Martins contó la protección del Estado para llevar a cabo supuestos actos ilícitos muy graves, entre otros, el presunto lavado de dinero, la trata de personas y la explotación de mujeres. 

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Sin embargo, el denunciante Gustavo Vera, muestra desconfianza. “La jueza Servini sigue jugando a las escondidas en esta causa. Le pidió la prisión preventiva a Raúl Martins, pero no al resto de la banda, con lo cual hay peligro de fuga. Por lo tanto nosotros vamos a pedir la preventiva de todos los involucrados”, dijo Vera a Nuestras Voces.  

En el expediente están imputados al menos tres supuestos asociados de Martins que se habrían dedicado al control y administración de los locales y a la presunta explotación sexual de las víctimas sometidas al ejercicio de la prostitución. 

Este hecho se suma a la revelación periodística sobre las presuntas mafias de “la inteligencia local” y “el espionaje estatal”, que realizó el programa ADN el mismo jueves 11 a las 22 en el canal de noticias C5N. En el programa del que este cronista es integrante, se pudieron ver por primera vez los mensajes intimidatorios del ex agente de la AFI, Eduardo Miragaya al propietario del Canal América, Daniel Vila, con el objetivo de acallar el trabajo del periodista Jorge Rial, quien afirmó que la fallecida actriz Natasha Jaitt asistió al programa de Mirtha Legrand en el marco de una presunta “operación de inteligencia”, que habría tenido el padrinazgo de Miragaya. Aquí se pueden visualizar los mensajes del fiscal en cuestión desde su teléfono celular y el rol del comisario retirado de la Policía Federal y ex jefe de Contraterrorismo de la AFI, Julián Sidrás –ambos mencionados en la causa D’Alessio que instruye el juez federal Ramos Padilla- por sus presuntos contactos con Jaitt –quien jamás  declaró en la causa porque murió luego de presentarse en televisión-, el productor de Legrand, Ignacio Viale y otros agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, como el caso de la falsa periodista Ana Poledo. Ver el programa ADN del jueves 11 de julio completo: 

Centuriones 

Qué curioso. Un día después de ser emitido el programa conducido por Tomás Méndez en C5N y a menos de 24 horas del fallo de la jueza Servini, el ex jefe de la Aduana macrista, Juan José Gómez Centurión –otra víctima del grupo paraestatal de D’Alessio y ferviente militante del pañuelo celeste y del golpismo carapintada- tenía que declarar en la sede del Juzgado Federal de Dolores. ¿Por qué? Su nombre apareció el listado del falso abogado y fue mencionado por Stiuso en su presentación reclamando ser parte querellante. La situación podría explicarse de la siguiente manera: el espía y lobbista D’Alessio operaba para la legisladora libertadora del ’55, Elisa Carrió, su socia política y colega de la matrícula, Paula Oliveto, y la recientemente divorciada en pésimos términos, Mariana Zuvic. Todos usaban las carpetas de D’Alessio que incluyeron a Gómez Centurión y tuvieron la horrenda idea de rozar un territorio histórico de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso. La Aduana, los contenedores y la zona de Ezeiza. O sea: D’Alessio hizo todo mal. Encima lo nombró en uno de sus tantos audios recolectados como prueba fáctica en su escalera de pánico.

Voto uniformado 

En un reportaje con Roberto Caballero en Radio Colonia, el analista Rosendo Fraga –nadie puede decir que se trata de un militante K- explicó cómo es la base del voto militar. Escuchar el audio aquí.

Entre otros aspectos destacó que el kirchnerismo en sus dos variantes ganó la provincia de Tierra del Fuego por una diferencia de varios puntos sobre el Pro y que entre las tropas militares de la Antártida el macrismo viró del 83% de los votos al 40%. El voto militar suma un millón de votos en total. Si se tiene en cuenta el llamado voto uniformado, es decir, sumando todas las fuerzas policiales federales, provinciales, gendarmes y prefectos, ese colectivo armado llega a tres millones de personas. De allí la desesperación macrista en el desfile del pasado 9 de Julio. No tuvieron más remedio que permitir el paso de Aldo Rico y algunos de sus colegas que se precipitan sobre la sexta década de sus vidas con el atropello de las boinas en las cabezas. Lo cual resulta contradictorio. Veamos. 

Un estudio realizado por la Fiscalía Criminal y Correccional Número 1, a cargo de Jorge Di Lello, concluyó en 2018, con la participación de ex ministros del área como Agustín Rossi, Horacio Jaunarena, Nilda Garré, y el general Martín Balza, entre otros, que este gobierno emplea las fuerzas federales de la siguiente forma: el 60% de los prefectos están en zonas urbanas de CABA y solo el 24% se dedica al resguardo de nuestro litoral fluvial y marítimo. Lo propio sucede con la Gendarmería Nacional. Una fuerza dedicada a la represión con el 65% de sus integrantes diversificados en CABA, Gran Buenos Aires y Córdoba para reprimir manifestaciones gremiales y apalear a los pobres en las villas de los márgenes del hambre. Poco y nada de cuidado y protección de nuestras fronteras. No existe la fabricación de radares estratégicos y se abandonó el fomento de la ciencia.  Entre 2017 y 2018 renunciaron 45 de nuestros mejores pilotos de la Fuerza Aérea. ¿El motivo? Los salarios de miseria. Como se ve no se trata de una gestión apegada a la Patria. En 2040 vence el Tratado Antártico firmado por Argentina en 1959. ¿Cómo vamos a defender nuestros recursos marítimos, energéticos y territoriales al Sur de Malvinas, si al ministro Oscar Aguad se le estrelló un submarino con todos sus tripulantes en el Atlántico Sur? ¿Cómo vamos a defender la soberanía de la Nación si el Estado con Mauricio Macri a la cabeza no fue capaz de resguardar la vida de los tripulantes del ARA San Juan y abandonó a sus familiares? ¿Cuál es el proyecto de Defensa Nacional que tiene Macri, además de potenciar los grandes negocios de sus amigos y asociados de los bancos extranjeros, los fondos buitres, y los empresarios responsables del apagón que dejó sin luz a 50 millones de personas en cuatro países del Cono Sur?

Quizá algunas respuestas estén en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el 18 de julio. ¿El temario? Declarar como grupo “terrorista” al partido libanés Hezbollah y anunciar la “ciberseguridad”. 

No son capaces de cuidar el mar argentino, pero anunciarán un plan de seguridad informática. El cotillón del macrismo se desparrama por los bordes. Con una base norteamericana cerca del yacimiento de Vaca Muerta y extraños ensayos de tropas foráneas en la región del Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Hay que agregar un “emprendimiento” chino en la Patagonia a mitad de camino del magnate inglés Joe Lewis. 

¿Continuará? 

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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