Los Supremos y Clarín

Compartir

Las intimidades de las decisiones más importantes de la Corte Suprema son reveladas en el libro Los Supremos, que su autora Irina Hauser presenta este lunes (a las 18 en Sarmiento 2037). Aquí el adelanto exclusivo de su capítulo “Clarín, la ley y la Franja de Gaza”. El lobby de Magnetto. La traición de Lorenzetti. Las reuniones con Néstor y Cristina. El nacimiento de Justicia Legítima.

img-20161210-wa0006— Hay que sacarse esto de encima — reaccionó sin filtro Ricardo Lorenzetti el día que llegó para revisión de la Corte la primera medida cautelar que eximía al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión que había establecido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ldsca). Para él, sacarse el tema de encima significaba ofrecer una respuesta transitoria y dilatar una definición sustancial sobre la validez constitucional de la norma. Entre personas de su confianza, decía con desparpajo que la ley le parecía inconstitucional. Pero que no quería apresurarse. El cronograma electoral pesaba mucho en su agenda. Era determinante. En este caso, las elecciones más próximas eran las presidenciales de 2011.

— No es bueno sentarse a tomar mate en la Franja de Gaza — lo previno con una metáfora ácida Raúl Zaffaroni, cuando la práctica de equilibrista de Lorenzetti ya se había hecho hábito. El penalista le empezó a perder la confianza después de que cambió su voto en el último minuto e inclinó la balanza en contra de Romina Tejerina.

Zaffaroni decodificó enseguida cómo jugaba Lorenzetti cuando, a fines de abril de 2010, abrió de par en par las puertas de su despacho al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. En el encuentro se mezclaron más empresarios: Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor y Sebastián Bagó, entre otros. Néstor Kirchner los escrachó en un acto por el día del trabajador en Paraná, como para mandarle el mensaje a la Corte: «Me preocupa mucho — dijo— la visita que hicieron aparentemente para intentar presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encabezada por Magnetto y otros empresarios, para hablar sobre el tema de la Ley de Medios […] estos sectores de privilegio no se resignan y quieren seguir manejando la cuestión mediática, y si pueden la Argentina, a su antojo».

Zaffaroni decodificó enseguida cómo jugaba Lorenzetti cuando, a fines de abril de 2010, abrió de par en par las puertas de su despacho al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. En el encuentro se mezclaron más empresarios: Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor y Sebastián Bagó, entre otros.

Kirchner venía a explicitar la pelea de fondo: la de los medios de comunicación concentrados por sostener y aumentar su poder no solo económico sino sobre el manejo del ajedrez de la vida política, frente a un gobierno que había entendido el potencial de la maquinaria mediática y se había decidido a desbaratarlo. En ese momento quedaba inaugurada una de las batallas jurídico-políticas más complejas de la historia.

(…)

El 5 de octubre de 2010 la Corte tuvo que opinar directamente y por primera vez acerca de la cautelar a favor de Clarín. Con su teoría de que había que hacer tiempo para que nadie los molestara en época de ebullición política, los cortesanos concluyeron una formalidad: que el Estado no había demostrado que si seguía vigente la cautelar se paralizaría toda la ley ni que hubiera gravedad institucional. Así fue como Lorenzetti logró su cometido inicial de «hacer la plancha», como se dice en la jerga judicial, con la salvedad de que el tribunal advirtió que el juez de primera instancia debía resolver la discusión de fondo sobre la validez de la ley en «un plazo razonable». Frase complicada si las hay, indefinible, suficiente en este caso para llevar el estado de excepción del Grupo Clarín hasta las elecciones presidenciales de 2011.

Lorenzetti logró su cometido inicial de «hacer la plancha», como se dice en la jerga judicial, con la salvedad de que el tribunal advirtió que el juez de primera instancia debía resolver la discusión de fondo sobre la validez de la ley en «un plazo razonable».

(…)

Entre trámites de la burocracia judicial, pasó el tiempo y recién en 2012, ya en la nueva presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y con un dictamen del ex procurador Esteban Righi que proponía revocar la cautelar sin más, el máximo tribunal volvió a firmar un fallo que posponía la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La única diferencia fue que adelantó la fecha de vencimiento de la medida cautelar respecto de lo que había establecido la Cámara, y fijó el 7 de diciembre de ese mismo año. En lo sustancial la Corte olvidó sus propias advertencias sobre el riesgo de prolongar cautelares y convertirlas en sentencias anticipadas.

En ese fallo, otra vez unánime, la Corte anticipó alguna idea muy general de su postura al decir que Clarín no había demostrado hasta ese momento que estuviera en juego la libertad de expresión y que, por lo pronto, todo se circunscribía a una discusión patrimonial.

* * *

En el corazón del más supremo de los tribunales, se inició un proceso de resquebrajamiento interno por las discusiones que provocaba el caso Clarín. Raúl Zaffaroni se convirtió en el único interlocutor confiable en la Corte para el Gobierno, que tampoco había logrado nunca una estrategia de contacto aceitada con los supremos. Lorenzetti, con quien Cristina se reunía a menudo, despertaba ya desconfianza en la Casa Rosada a pesar de que por mucho tiempo lo habían creído un aliado indiscutido.

El lobby contra la Ley de Medios, inaugurado por Magnetto, continuó con visitas de empresarios que iban diversificando sus intereses en reuniones con el presidente supremo. Estos visitantes ilustres llegaban al Palacio de Justicia de incógnito, entraban por una puerta lateral que lleva a la Alcaidía, donde están los detenidos, en el subsuelo. De allí tomaban el ascensor al cuarto piso. Algunos alentaban a Lorenzetti a hacer política. El principal patrocinador de esa idea fue Gerardo Werthein, ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios.

Una tarde, café de por medio, la Presidenta le preguntó a Zaffaroni por el cuadro de situación: «A vos te puso Néstor, pero con Ricardo la responsabilidad es mía». El juez la tranquilizó y le dijo que ante el menor peligro para la gobernabilidad, él le presentaría la renuncia.

A la espera de lo que se dio en llamar el «7D», plazo que tampoco se cumpliría, el Gobierno denunció que un grupo de jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial, que intervenía en el caso Clarín, había sido invitado a Miami con todo pago por una organización llamada CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones), vinculada con Cablevisión, la empresa de televisión por cable del holding. El tour para los camaristas fue organizado cuando la Cámara debía resolver sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el debate por ese tema estaba en uno de sus momentos más álgidos.

Entre los invitados a Miami, estuvo Francisco de las Carreras, quien firmó todos los fallos de la Cámara a favor de Clarín hasta ese momento. Por eso fue denunciado en la justicia penal y ante el Consejo de la Magistratura. En ese organismo, un secretario de la Cámara reconoció que cinco de los camaristas habían pedido licencia para hacer el viaje en cuestión entre fines de abril y mediados de mayo. Uno de ellos era el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, cuya hija Ana era coordinadora de CERTAL en la Argentina, mientras que el asesor legal de Cablevisión, Sergio Piris, era el presidente local y el secretario era el fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, quien años después tendría un elevado protagonismo en intentos por involucrar al gobierno de Cristina Kirchner en la muerte del fiscal del atentado a la AMIA, Alberto Nisman. Ese entramado de relaciones ponía en evidencia el nivel de intimidad societaria existente entre el Poder Judicial y los grandes medios.

(…)

El Poder Ejecutivo recusó a los jueces un día antes del 7D. En respuesta, el Centro de Información Judicial de la Corte publicó un comunicado de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial que, en un texto atípico e iracundo, acusaba al Gobierno de presionar a los jueces. Le exigía «evitar el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia ». Se quejaba sobre «campañas difamatorias con tra jueces», «la falta de cobertura de cargos» y los «pedidos de intervención de poderes judiciales provinciales». En otro párrafo se dirigía a los «titulares de medios de comunicación públicos y privados» y los invitaba a «ejercer el derecho a la crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias». Por último, reivindicaba la libertad de expresión y en un párrafo sin precedentes, pedía a los canales de TV algún segmento para que se expresaran los jueces.

La Comisión de Independencia estaba a cargo de Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, pero la letra del comunicado fue diseñada en gran parte por Lorenzetti y Maqueda, una dupla que se hizo más fuerte cuando Zaffaroni se distanció del presidente supremo. Esa comisión había sido creada en una de las conferencias de jueces y la integraban también la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura.

El CIJ presentaba el texto como si fuera la queja compartida por toda la comunidad judicial. Pero adentro mismo del sistema de justicia se gestó la reacción de un grupo de jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales y académicos que no se veían representados por el texto de aquella comisión y que publicaron un documento crítico que empezaba con esta frase: «La independencia del Poder Judicial no debe entenderse como limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan», decía el texto que publicaron en una solicitada. Aparecían allí las firmas de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, el juez de Casación Penal Alejandro Slokar, el fiscal Félix Crous, el camarista de La Plata Carlos Rozanski, la defensora Stella Maris Martínez, el camarista federal Eduardo Freiler, el camarista del crimen Gustavo Bruzzone, el fiscal Jorge Auat, el fiscal Javier de Luca, entre cientos de nombres.

Así nació la agrupación crítica Justicia Legítima, la única que desde adentro de la estructura judicial se animaba a denunciar la relación obscena entre el Poder Judicial y los poderes fácticos que se disfrazaba de defensa de la independencia judicial.

* * *

Un día antes del 7D, otra vez la Sala I de la Cámara Civil con las firmas de Najurieta y De las Carreras extendió la cautelar que protegía a Clarín de la obligación de desprenderse de licencias «hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa». Cuatro días después el Estado nacional presentó un per saltum ante la Corte, para que tratara el caso de una vez, pero fue rechazado por «improcedente».

Para esa altura, como pasaba el tiempo, el juez Carbone ya se había jubilado y quien quedó a cargo fue Horacio Alfonso. Después de tres años de juicio, Alfonso fue el primer juez que levantó la medida cautelar que le había dado oxígeno a Clarín y afirmó que lejos de afectar la libertad de expresión, la Ley de Medios la promovía y era íntegramente constitucional. Fue el primer fallo que definió la cuestión de fondo y que ordenaba al multimedios a desconcentrarse y adaptarse a la nueva ley.

El holding apeló, y como era previsible, la Cámara en lo Civil y Comercial le dio la razón en lo sustancial: declaró la inconstitucionalidad de los puntos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ponían límites a la concentración de licencias de televisión por cable, al número de abonados y que impedían tener un servicio de cable y un canal de aire en la misma zona. Decía que los artículos 45 y 48 generaban «inseguridad económica», amenazaban su rentabilidad y su capacidad competitiva. Avalaba, en cambio los artículos 41 y 161. Esa sentencia le permitía a Clarín conservar lo que más le importaba, que eran 237 licencias de cable, Canal 13 y Cablevisión, cuatro canales de aire y usuarios ilimitados. Estaba firmada por Najurieta, De las Carreras y Ricardo Guarinoni.

El viernes 14 de junio de 2013 llegó a la Corte el expediente, con el recurso del Estado. Ya no quedaban excusas para volver a postergar una decisión sobre la constitucionalidad de la ley.

De las Carreras llamó por teléfono a su hijo Matías, quien era secretario de Carlos Fayt. «Este tema ya va para allá», le avisó. Guarinoni invitó a sus secretarios a tomar un trago a su despacho para celebrar que se habían sacado el tema de encima. Fayt iba a ser, meses más tarde, el único supremo que coincidió en sus argumentos con la Cámara y votó la inconstitucionalidad de la ley.

Cuando se inició la pelea judicial, en 2009, la preocupación de Clarín era quién gobernaría en 2011. De pronto, pasaban los años sin resolución, y 2013 ya estaba encima con sus elecciones legislativas, y a un paso quedaba 2015. La apuesta del grupo empresario siempre fue estirar los plazos hasta que un buen día el kirchnerismo ya no estuviera en el poder y llegara alguien afín.

Antes de tomar una decisión final, la Corte convocó a una audiencia pública. Fue planificada por Lorenzetti, con la idea de que beneficiaría a Clarín, que tendría la posibilidad de consolidar su posición en un evento público. Pero los supremos se llevaron una sorpresa y la posibilidad que recibieron las partes en pugna, Clarín y el Estado, de exponer públicamente su posición, tuvo una influencia determinante en la decisión que adoptaron. La audiencia, con su alto componente de teatralidad y dramatismo, permitió que quedara expuesta con claridad cuál era la pelea. El multimedios perseguía un fin económico y patrimonial y el Estado, la libre comunicación y expresión.

(…)

La segunda audiencia trajo una revelación. La presencia de la abogada del Estado, Graciana Peñafort, quien había sido una de las redactoras de la ley en juego y mostró conocer hasta el más ínfimo detalle. La Corte la bombardeó a preguntas. La primera, bastante obvia para la ocasión:

— ¿Por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la ley 26.522 en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones?

— Por la magnitud tiene posición dominante, marca precios, condiciones de competencia, tiene prácticas predatorias y excluyentes, además de que compra competidores para cerrarlos.

Sus respuestas siguieron con la misma contundencia. Plantada ella sobre su cuerpo robusto, su piel blanca destellante, su pelo lacio recogido, rubio ceniza, lentes colorados y un traje con flores celestes. Peñafort tenía en ese momento 36 años y la tonada sanjuanina intacta. Los jueces, al principio, la habían mirado con cierto aire de tedio. Al rato se transformaron sus caras. Sus ojos se abrieron. Su modo de argumentar resultó cautivante.

En la pregunta número 12, el secretario de la Corte leyó:

— Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, concedidas por el decreto 527/05, ¿por qué no se utilizó la misma vía, un decreto, para dejarlas sin efecto?

A Peñafort se le desorbitaron los ojos. Reparó en la palabra reducir que le daba a la pregunta una connotación favorable a Clarín.

— Debo notar que en su pregunta hay un error — le dijo la abogada directo a Lorenzetti— . No se desea reducir al Grupo Clarín, sino que lo que busca esta ley es un mercado desconcentrado.

Además, la mención del decreto era una provocación que solía agitar el holding, porque era el que había otorgado las licencias con la firma de Néstor Kirchner y sobre el cual hubo marcha atrás.

— Le hago la última pregunta — la miró Lorenzetti.

A Graciana Peñafort, que estaba extenuada, como si hubiera rendido toda la carrera de abogacía en dos horas, se le escapó un «¡Menos mal!».

Las noticias que reproducía el portal del diario Clarín intentaban destacar la participación de sus abogados, el pelirrojo Damián Cassino, la constitucionalista María Angélica Gelli y Alejandro Carrió. Ellos alegaban que la pérdida de licencias de radio y TV afectaba la libertad de expresión. En esta oportunidad, la transmisión de la audiencia que hizo el CIJ fue de vital importancia para que toda la sociedad pudiera contemplar cuál era la verdadera discusión.

* * *

Después de la audiencia, ocurrió algo infrecuente: los jueces supremos empezaron a discutir en los acuerdos. Primero los ejes del fallo. Luego, el foco de la polémica pasó a ser cuándo firmaban la sentencia. Había elecciones legislativas el 27 de octubre. Zaffaroni pedía por favor que el fallo saliera antes. «¡Es una vergüenza seguir postergando esto!», estalló un día también Petracchi. Maqueda les contestó enojado — algo extraño en él— que la tradición en la Corte era no emitir fallos antes de una elección nacional. Lorenzetti, que definía la agenda y llevaba el timing de los expedientes, se hacía el distraído. Era ostensible que no quería en ese momento fallar a favor del oficialismo, al que no le había ido muy bien en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En la elección, el Frente para la Victoria obtuvo 33 por ciento de los votos, seis puntos más que en las PASO, y se mantuvo como la primera minoría parlamentaria, pero no mejoró su situación. Había una oposición, aunque heterogénea, creciente. La sorpresa fue Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, que en la provincia de Buenos Aires obtuvo más del 43 por ciento.

Veinticuatro horas después de la elección, Lorenzetti puso a circular su voto favorable a la Ley de Medios, al que se sumaría Highton. El supremo pregonaba en esos días que fallar en ese momento poselectoral era necesario para sostener la gobernabilidad, tras una mala elección y una oposición en ascenso, como si la Corte ofreciera el sostén político.

El «chino» Carlos Zannini, secretario legal y técnico del Gobierno, fue el primero en recibir la noticia, que le transmitió a la ex presidenta. «La Corte fallará a favor de un gobierno derrotado», ironizaba las semanas previas el funcionario. El portal del CIJ hizo una publicación culposa y con algo de trampa. El título decía que la Corte había declarado la constitucionalidad de la Ley de Medios. Hasta ahí, correcto. El siguiente párrafo, que debía resumir la noticia, decía: «Deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciata rios mediante una indemnización»; «deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial» y «los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes »; «la AFSCA debe ser independiente».

La realidad es que nada de eso era la sentencia, sino un agregado que se había permitido hacer Lorenzetti en su voto. Se llama, en Derecho, obiter dictum, que quiere decir «dicho de paso». Es un agregado que no hace a la esencia de la decisión pero que a la larga podía ser utilizado por Clarín para nuevos reclamos.

Lo que la Corte dijo, con su mayoría integrada por todos excepto por Fayt (que declaró la inconstitucionalidad de la ley), es que las restricciones a las licencias del Grupo Clarín no ponían en riesgo su sustentabilidad y solo podrían ser eventuales pérdidas de rentabilidad. El fallo avalaba la base antimonopólica de la ley como garantía de libertad de expresión y acceso a la información que, consideraba, no estaban afectadas para el holding. Decía que no implicaba «expropiación ni revocación de actos administrativos» sino «un sistema de desinversión».

Para Argibay las limitaciones de la ley eran constitucionales, pero la forma de implementarla, no. Consideró inconstitucionales los artículos 48 y 161. Para ella había derechos adquiridos. Para Maqueda también: sostuvo que ni el legislador ni el juez pueden arrebatar un derecho patrimonial.

El voto de Zaffaroni comparte los argumentos centrales con Petracchi y agrega una dimensión al análisis, la dimensión cultural. «Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios y oligopolios», decía. «Los medios audiovisuales tienen una incidencia decisiva en nuestros comportamientos, en los miedos, en los prejuicios, en toda la vida de relación de los seres humanos […] hasta determinan proyectos existenciales de la población.» «La homogeneización de nuestra cultura a través de la monopolización de los medios audiovisuales sería la destrucción de nuestro pluralismo, como lo es cualquier uniformización, por definición antípoda de la igualdad republicana y democrática», escribió Zaffaroni, sin delegar esta vez la tarea a ningún secretario.

Clarín sabe de todo eso. Lo que explica que los días posteriores al fallo, las páginas de su diario estuvieran plagadas de críticas a Lorenzetti, a quien consideraron un traidor. Esperaban que cuanto menos hiciera un voto más cercano al de Maqueda, pero no sucedió. De todos modos el obiter dictum le dejó una puerta abierta que empezaría a aprovechar más adelante. En la interna del holding, Jorge Rendo, director de relaciones externas, pedía calmar los ánimos y ver que la AFSCA, a cargo de Martín Sabbatella, tampoco podría aplicar la ley a su antojo. Pablo Cassey, otro personaje de peso, sobrino de Magnetto, estaba furioso y veía en la sentencia un golpe y un mensaje general. Les ordenó a todos los medios del grupo que no le dieran espacio al presidente supremo para que explicara el fallo. Los primeros lugares donde Lorenzetti consiguió micrófono fueron Infobae, Perfil y Radio Continental.

Al final, Clarín también aplicó la estrategia de buscar nuevas cautelares, que consiguió, y con las que logró seguir burlando el sistema de adecuación. Por más que presentó su esquema societario, nunca se le aplicó la ley. Un decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri borró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de un plumazo, disolvió la AFSCA y creó un nuevo organismo llamado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El DNU (267/15) fue convalidado por la Cámara de Diputados en una votación a mano alzada. El mapa de medios se retrotrajo a 2008, cuando no había obstáculo alguno para la concentración de medios. El único canal de discusión que lograron abrir algunas organizaciones no gubernamentales fue con una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este punto, queda en evidencia que los cuatro años de gracia que le dio la Corte al multimedios Clarín y el hecho de que Lorenzetti manejara el gran duelo judicial como quien se sienta en la Franja de Gaza (diría Zaffaroni) fueron más determinantes en la práctica que el contenido de una sentencia ejemplar a favor de la libertad de expresión.

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones
Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 20/10/2019 - Todos los derechos reservados
Contacto