Macri inventó otro freno para nuevos jubilados

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Los mayores de 65 años que no gozan de una jubilación pueden acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Hasta ahora podían seguir trabajando para completar sus años de aportes y jubilarse. Pero ahora ANSES prohibió a los beneficiaros de PUAM seguir trabajando, anulando así su derecho de acceder a una jubilación y de generar ingresos extras. Otro freno a los nuevos jubilados luego haber dado de baja las moratorias.

Con una nueva disposición que restringe aún más el acceso a las jubilaciones, el gobierno de Mauricio Macri continúa con el ajuste a los jubilados: luego de eliminar las moratorias ahora impide que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) puedan acceder a una jubilaciòn.

La circular Nro. 78/18 de ANSES establece las «nuevas pautas» referidas a la prestación de la PUAM. En el punto 7 dice que “el goce de la PUAM es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”.

La PUAM es una prestación que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años que no cuentan con suficientes años de aportes para acceder a una jubilación. El monto de la prestación es el 80% de la jubilación mínima.  Hasta ahora los beneficiarios podían seguir trabajando hasta alcanzar los años requeridos de aportes para jubilarse y de esta manera pasar de ser beneficiarios de la PUAM a jubilados. Pero el gobierno decidió eliminar esta posibilidad, recortando aún más el acceso de personas mayores a este derecho.

En la página de ANSES, al cierre  de esta edición, podemos observar que en la sección Pensión Universal para el Adulto Mayor se afirma: “Pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes que le permitan acceder luego a una jubilación”. Sin embargo, ya no se podrá seguir trabajando.

“La PUAM venía a cubrir las moratorias. El gobierno terminó con las moratorias y las personas mayores accedían a la PUAM, ahora restringen el acceso poniendo requisitos de una pensión no contributiva, esto es, tienen que demostrar pobreza de toda pobreza, y ahora además no los dejan trabajar para poder hacer los aportes que les permitían acceder al 100% de una jubilación”, explica Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social.

Jubilaciones y pensiones, la variable de ajuste

Fernández Pastor agrega que “entre el 8 y el 10% de las mujeres que llegan a la edad de jubilarse no cuentan con los 30 años de servicios con aporte. Esa cifra ronda el 25% en los varones. Por lo tanto con el cambio de las leyes de inclusión jubilatoria por la PUAM y, ahora, las restricciones para acceder a la PUAM, lo que se busca es que la mayoría de los argentinos, pero sobre todo de las argentinas, se queden sin cobertura de la seguridad social”.

“A pesar de la reglamentación restrictiva que se ha establecido para la PUAM tanto en el decreto 110/2018 (de Reglamentación de las Leyes de Reparación Histórica y Reforma Previsional), como en la ley de presupuesto para el año 2019, se espera que el número de beneficiarios se eleve dado la cancelación definitiva de las moratorias previsionales. Esto implica que un número importantísimo de potenciales beneficiarios de la jubilación ordinaria deban conformarse con una prestación degradada, que no genera derechos habientes y que significa un magro 80% de la jubilación mínima, ya muy golpeada por el impacto de la reforma previsional de diciembre de 2017, que hizo que los jubilados perdieran el 21% contra la inflación durante el 2018”, explica la diputada nacional, Luana Volnovich.

El 27 de mayo pasado Nuestras Voces reveló que tras un acuerdo entre AFIP y ANSES, los jubilados debían sortear nuevos y más requisitos para acceder a las moratorias previsionales. Los beneficiarios del derecho debían cumplir con una evaluación patrimonial y socioeconómica lo cual hacía aún más restrictivo el ingreso a las moratorias. Además mediante la Resolución 255/2018 el gobierno puso en funcionamiento el Consejo de Sustentabilidad Previsional a fin de “sentar las bases para la reformulación de la Seguridad Social en la Argentina”.  El objetivo de este Consejo fue elaborar un proyecto de reforma del régimen jubilatorio que debe estar listo para el 2019 y que tiene como premisa que sea “sustentable”. Es decir, avanza directamente sobre el “reemplazo” del actual sistema previsional por uno nuevo. El requisito de “sustentabilidad” no es otra cosa que la reducción del “gasto público”, de esta manera el gobierno avanza en la institucionalización y profundización de las medidas que se llevaron a cabo en los últimos dos años: la disminución del haber de los jubilados (nueva fórmula para el cálculo) y la restricción para acceder a moratorias que impide el ingreso de nuevos beneficiarios.

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Un corte en la corte

Hace un año exacto se aprobaba en el Congreso de la Nación, con mucho conflicto social y represión en las calles, la Ley 27.426 denominada como “Reforma Previsional”, promulgada por el decreto 1096 -ambas normas publicadas en el Boletín Oficial del 28 de diciembre de 2017-, que modificó la ley 24.241 y la ley 26.417 referidas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a la movilidad de las Prestaciones Previsionales, respectivamente.

Pero esta semana la Corte Suprema, que debía expedirse sobre los reclamos y juicios iniciados, le dio un revés al gobierno nacional. Con cuatro votos a favor y uno en contra -el del actual titular Carlos Rosenkrantz-, los jueces del máximo tribunal hicieron lugar a una demanda presentada por un jubilado en 2003, quien reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada ley de “Reparación Histórica”.

Vale recordar que antes de la sanción de esa ley, para calcular la movilidad jubilatoria se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), sin embargo la ANSES comenzó a utilizar el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) modificando aquel otro sistema que se venía aplicando desde el 2009.

Con el fallo del máximo tribunal, el índice de los haberes jubilatorios será tomando en cuenta los salarios de la industria y la construcción y no, como pretendía el gobierno, el de los salarios estatales.

Si bien el fallo favorece hasta aquí a Luis Orlando Blanco, como caso testigo, el texto sienta un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar a la del jubilado mencionado. La decisión de la Corte también podría disparar reclamos para parte de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema y que sus haberes fueron actualizados por el RIPTE, aunque no abarcará los casos de los que ya aceptaron la “Reparación Histórica”.

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